Actos Indocumentados.
En
todo este quilombo de las hipotecas, entre el freno y marcha atrás del Supremo
y la manifestación a sus puertas de los socorridos orquesta y coros de Podemos
e islas adyacentes de desahuciados que a muchos, como a Inmaculada Colau, les
sirvieron para llegar a la alcaldía de Barcelona, nos hemos olvidado de lo
principal: que se trataba del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD);
de averiguar a quién le tocaba la
partitura de su pagagini. A las autonomías,
que, como en las herencias, son las que ponen la mano. Con lo fácil que hubiera sido que ese presidente
al que se le está poniendo cara de decreto-ley
hubiera suprimido de un plumazo el
dichoso AJD. Hubiera sido una decisión
jurídica bastante documentada en las aspiraciones de quienes hasta hace poco
Iglesias llamaba "la gente", que eran los que pedían la cabeza del
presidente del Tribunal Supremo, sin tener idea del pacto por debajo de la mesa
sobre el Consejo del Poder Judicial al que ya habían llegado PP y PSOE. Donde
curiosamente el partido que más escaños tiene, el PP, haciendo el carajote como
siempre y actuando una vez más contra sus votantes, le ha brindado la
oportunidad de la "mayoría progresista" al PSOE, para que quede bien
con todos los que mantienen al Okupa de la Moncloa en su encantado de haberse
conocido: "Yo soy el presidente del Gobierno" e incluso "Madame
Bovary c'est moi".
Para
que las autonomías puedan seguir derrochando el dinero y colocando a
paniaguados adictos al partido que las gobierna, es fundamental que se embolsiquen el AJD. Por eso no lo pueden quitar. Yo
tengo la solución, y la brindo, como decía
mi maestro Beni de Cádiz, "sin
trincá": establecer el Impuesto de
Actos Jurídicos Indocumentados. En este
caso, todos los iba a tener que pagar el Gobierno. Sánchez desde que llegó al
poder de aquella manera que dijimos, apoyado, lagarto, lagarto, por los que
sabemos, se está hartando de adoptar decisiones propias de indocumentados. O
algo peor que me callo, porque estamos en horario infantil. ¿No es acaso un
Acto Jurídico Indocumentado echar la última paletada al entierro de Montesquieu
que ya anunció Alfonso Guerra y culminar la desaparición virtual de la
constitucional separación de poderes con la anulación mediante un decreto-ley
de una sentencia no del Juez de Paz de Villanueva del Trabuco, sino del mismísimo Tribunal Supremo? Yo no sé a ustedes, pero
desde los fundamentos del Estado de Derecho a mí me ha extrañado que no se haya levantado España entera ante esta
conculcación de la constitucional separación de poderes que, como un indocumentado, ha perpetrado
Sánchez con su decreto-ley a menos de horas veinticuatro de la decisión de toda
una sala del Supremo sobre el lío
hipotecario.
¿No
es acaso un Acto Jurídico Indocumentado que
tras los escándalos de las tesis "copia y pega" y de los másteres de
la Señorita Pepis salga el Gobierno y diga, pero completamente en serio, que darán el título de Bachillerato a quien tenga una
asignatura suspendida, que eso no importa? Y digo yo: si con un cate te hacen bachiller, ¿por qué no
puedes coger el coche aunque te hayan quitado los 12 puntos del carné? Un
suspenso en Matemáticas o que te pillen al volante hablando por el teléfono
móvil, ¿no es acaso lo mismo? Pero como dependemos de estos Actos Jurídicos
Indocumentados desde la propia moción de censura que mandó a su Registro al
cobardón de Rajoy, que nos largó este mochuelo que hace peligrar a España misma
y donde ahora van a por la Corona y a por Su Majestad...
¿No
es acaso un Acto Jurídico Indocumentado que el PSOE apoye que en el Estatuto de
La Rioja el vascuence sea equiparado a la Lengua Española? Vivimos
gobernados por unos indocumentados. Si tuvieran que
pagar el impuesto de Actos Jurídicos Indocumentados por cada salida de pata de
banco, se acababa el déficit. Vamos que si se acababa...
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