- La Guardia Civil solicitó en mayo de 2016 la información sobre las cajas con dinero en metálico que, dos años y cinco meses después, todavía no ha recibido
- La juez Núñez guardó en un cajón la petición de la UCO y no le dio trámite hasta noviembre del año pasado
- Los datos sobre las 13 cajas son claves para confirmar si hubo una simulación contable para enmascarar los pagos en los prostíbulos.
- El ex director de la Faffe admite las juergas con las 'black': "Estoy arrepentido, es impresentable"
El Gobierno de Susana Díaz oculta a la juez los
movimientos de las 13 cajas de efectivo de la Faffe
- La Guardia Civil solicitó en mayo de 2016 la información sobre las cajas con dinero en metálico que, dos años y cinco meses después, todavía no ha recibido
- La juez Núñez guardó en un cajón la petición de la UCO y no le dio trámite hasta noviembre del año pasado
- Los datos sobre las 13 cajas son claves para confirmar si hubo una simulación contable para enmascarar los pagos en los prostíbulos
- El ex director de la Faffe admite las juergas con las 'black': "Estoy arrepentido, es impresentable"
La socialista Susana Díaz trata de desvincularse por
completo de las tarjetas blackde la fundación pública Faffe, que sirvieron para costear 13 juergas en prostíbulos, con la excusa de
que este escándalo ocurrió "hace diez años", mucho antes de que ella
alcanzara la presidencia de la Junta de Andalucía en 2013.
Sin embargo, el Gobierno de Susana Díaz es actualmente el responsable directo de la escasa información que la Administración andaluza le está suministrando al Juzgado de
Instrucción 6 de Sevilla y a los investigadores de la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil, que tratan de determinar si hubo malversación con las subvenciones
millonarias que cada año recibía la Fundación Andaluza Fondo de Formación y
Empleo (Faffe) para impartir cursos de formación a los parados.
La Junta de Andalucía lleva once
meses -todo el periodo en la etapa de Susana Díaz como
presidenta- ocultando a la juez que investiga este caso una información clave:
los movimientos de las 13
cajas con dinero en metálico -algunas
de ellas eran cajas fuertes, como se recoge en la declaración de varios
testigos- que guardaba la Faffe en su sede central de Sevilla y en las
gerencias del resto de provincias andaluzas.
El
contenido de las cajas fuertes es fundamental para aclarar qué ocurrió con el
dinero público en la fundación de la Junta destinada a formar parados, pero que
terminó convertida en una auténtica agencia de colocación para familiares
y allegados a dirigentes del PSOE, en la que parte de las subvenciones se
empleaban en comilonas, hoteles y prostíbulos. Entre 2004 y 2010, se abonaron
casi 32.000 euros en 13 juergas en burdeles con las tarjetas black de
la Faffe.
Este
ente público, en el que la plantilla se acercó a los 2.000 trabajadores, manejó
presupuestos millonarios procedentes en gran parte de las subvenciones
concedidas por la Unión Europea para cursos de formación. De hecho, las cuentas
corrientes asociadas a las tarjetas black que se usaron en los prostíbulos tuvieron un
saldo de 828 millones de euros.
La UCO de la Guardia Civil, que está investigando a la Faffe en el marco de las pesquisas que tramita
la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, pidió, a través de un oficio fechado el 23 de mayo de 2016 y reiterado el
pasado 23 de mayo de 2018, los movimientos de las cajas con dinero en efectivo.
Sin embargo, "a fecha de hoy, no se ha obtenido ninguna información al respecto" por parte de la Junta, remarca el último atestado
de la Guardia Civil, en el que se detallan las 13 juergas en cinco prostíbulos de
Sevilla, Cádiz y Córdoba costeadas con dinero público, exactamente 31.969
euros.
La Guardia Civil pidió los movimientos de las 13 cajas de la Faffe con dinero en efectivo
hace ya dos
años y cinco meses, pero la juez Núñez Bolaños mantuvo su solicitud en un cajón y no le dio curso
hasta el pasado 27 de noviembre de 2017, y después de que insistieran en este
asunto tanto la Fiscalía como el PP, personado como acusación en la causa.
Núñez Bolaños, conocida como la juez que paró máquinas en los casos de
corrupción que investigaba su antecesora la magistrada Mercedes Alaya, ha protagonizado
varias polémicas, al dar carpetazo a la trama principal del fraude de la
formación y ralentizar o paralizar algunas de las
macrocausas que afectan a la Junta de
Andalucía, como le ha reprochado hasta la Fiscalía. A principios de octubre,
Núñez abrió a regañadientes varias piezas de los ERE después de que Anticorrupción le advirtiera del riesgo de que los delitos
quedaran impunes.
"Ofíciese a la Dirección General
de Formación para el Empleo [de la Junta] a fin de que", conforme "al
oficio de 13 de julio de 2016, se facilite a la UCO la operativa sobre los
pagos con tarjeta de los ingresos contables en efectivo de la mencionada
caja", recoge la providencia de terminó dictando la juez Núñez el 27 de
noviembre de 2017, en la que pide -más de un año después de la solicitud de la Guardia Civil- al Gobierno andaluz los movimientos de
las cajas de efectivo de la Faffe.
Además de los movimientos de las cajas,
la Guardia Civil pidió a la juez que reclamara toda la documentación relacionada con
la gestión de estos fondos, desde tickets a facturas pasando por estadillos o
saldos. Había cuatro cajas en la sede
central de la Faffe en Sevilla y las
otras nueve en sus correspondientes gerencias provinciales. Nada de ello ha
entregado la Junta a la juez.
La información que el Gobierno de Susana Díaz está ocultando desde hace casi
un año a los investigadores es clave para poder determinar si hubo una "simulación contable" destinada a enmascarar los casi 32.000 euros que el entonces director
gerente de la Faffe, Fernando Villén, gastó en cinco prostíbulos: La Casita, Don Angelo y Top Show Girls (los
tres en Sevilla), el Club Bahía 2 de la localidad gaditana de Chiclana de la
Frontera y la Sala Delux de Córdoba.
Los asientos contables en el libro
diario de la Faffe dan a entender que el máximo responsable de esta fundación
habría devuelto el dinero que empleó en las 13 juergas en locales de alterne,
ya que aparecen anotaciones como "devol. Visa F. Villén". Sin
embargo, los investigadores de la UCO no creen que el dinero gastado en prostíbulos haya regresado a las arcas
públicas. Existen "lógicas dudas" sobre el
"ingreso dinerario a favor de la Faffe", advierte la Guardia Civil.
Las presunta devolución de los casi
32.000 euros gastados en cinco burdeles se hizo, precisamente, a través de la "caja central" de la Faffe, cuyos movimientos está ocultando la Junta desde hace casi un
año. Además, en las cuentas de la fundación no figura "ningún ingreso que
se corresponda con este supuesto abono", remarca el último atestado de la
UCO.
La Faffe fue creada en enero de 2003,
durante la etapa del enjuiciado por los ERE José Antonio Viera como consejero de Empleo. Se extinguió en el año 2011, pero todos los
trabajadores quedaron integrados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Pasó
de tener una plantilla de 120 empleados a 1.700. Durante los ocho años que
mantuvo la actividad gestionó más de 300 millones de euros.
Tres millones de registros
Aunque la Guardia Civil ha puesto al descubierto
las grietas de la supuesta colaboración del Gobierno de Susana Díaz en la investigación sobre
la Faffe, la Consejería andaluza de Empleo, Empresa y Comercio Empleo afirma
que ha remitido al juzgado "más de 3 millones de registros contables
correspondientes a los años 2003 a 2011 -fecha de su liquidación y extinción de
la Faffe-, en papel y en CD, ordenada por años, así como las comunicaciones
mantenidas a través de cuentas concretas de correo electrónico de la
entidad".
"Se ha entregado a la UCO acceso
completo y sin restricciones a los programas de contabilidad usados por este organismo (SAP y Navision), así como un equipo informático,
y se les ha brindado la formación técnica necesaria para utilizarlos
convenientemente", afirma la Junta.
Igualmente, "se han atendido las
peticiones de libros y anotaciones de registro de entrada" del periodo comprendido entre los años 2003 y
2011, según la Consejería de Empleo, que remarca que ha sido ella quien ha
solicitado a las entidades bancarias los extractos de las cuentas.
Empleo ha remarcado que el Gobierno
andaluz es el "primer interesado" en saber si hubo
algún tipo de irregularidad en el funcionamiento de la Faffe, para lo cual el
Gabinete Jurídico de la Junta "está personado como acusación particular,
en defensa de los intereses de la ciudadanía, y realizando o requiriendo todas
las actuaciones que estime oportunas". Para Susana Díaz, la declaración de Villén, en la que admite el uso de las tarjetas black en los
prostíbulos, es "repugnante".
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...