Junta de Andalucía, la casa de los fantasmas
JAVIER CARABALLO.
No debe haber otra administración pública en el mundo que haya generado una
actividad paranormal que se parezca a la de la Junta
- Lo excepcional es que los fondos fantasma también generan intermediarios fantasma. Ese es el gran descubrimiento de la Cámara de Cuentas.
- ¿Cuántos funcionarios dependen de la Junta de Andalucía, incluyendo Sanidad y Educación? ¿250.000? ¿270.000? ¿Más o menos?
Era la ‘Segunda Modernización’ lo que los gobernantes
socialistas le prometieron a los andaluces, pero, pasados años, la realidad de
la administración andaluza se parece más al ‘cuarto milenio’, fenómenos
paranormales, misteriosos o inexplicables. Esto, por ejemplo: “Descubren
fantasmas en edificios de la Junta de Andalucía”. Si ese titular aparece en un
medio de comunicación en cualquier otro lugar del mundo, lo único que puede
esperarse el lector es que se refiera a almas perdidas, que vagan de noche por
los pasillos, muebles se mueven de sitio, psicofonías sobrecogedoras. En
Andalucía, cuando aparece una noticia con ese titular no se refiere a ese tipo
de fantasmas, sino a otro tipo: un fantasma en Andalucía es alguien o algo que
no existe formalmente pero que se nutre de dinero público.
Los fantasmas de la Junta de Andalucía han nacido
con la autonomía y, en estos cuarenta años de hegemonía socialista, han
proliferado por todos los campos y sectores. Por eso es tan fácil ver titulares
en la prensa andaluza que hablan de “fondos fantasma”, de
“empleados fantasma”, de “altos cargos fantasmas”, de “empresas fantasmas” y
hasta de “edificios fantasmas”. No debe haber otra administración pública en el mundo que
haya generado una realidad paranormal que se parezca a la de la Junta de
Andalucía.
Unos de los últimos fantasmas que han aparecido en la Junta de Andalucía,
los encontró la Cámara de Cuentas cuando se puso fiscalizar la gestión del año 2016. La
fiscalización de toda cuenta pública es a los fantasmas administrativos lo que
el exorcismo a los fantasmas reales; acaba con ellos. Pues bien, en este caso
lo que descubrió la Cámara de Cuentas es que el Gobierno andaluz, después de
que estallaran los escándalos de los ERE y los cursos de Formación, decidió
paralizar los fondos que se destinaban en los presupuestos a ese tipo de
programas. En ese año de 2016 (Susana Díaz ya llevaba tres años en la
Presidencia andaluza), los presupuestos de la Junta de Andalucía consignaron
935 millones de euros para ayudar a los emprendedores pero dejó sin invertir
casi el 70 por ciento de esa cantidad. Es decir, los fondos existían, estaban
en el presupuesto, pero decenas o cientos de emprendedores o de empresas no
pudieron acceder a ellos porque no se concedían. Fondos fantasma, por tanto:
existen los fondos pero no se ejecutan supuestamente por miedo a que, dentro
del descontrol administrativo, acabasen en los tribunales, como ocurrió con los
ERE.
Lo excepcional es que los fondos fantasma también
generan intermediarios fantasma. Ese es el gran descubrimiento de la Cámara de
Cuentas
¿Cuántos funcionarios dependen de la Junta de Andalucía, incluyendo Sanidad
y Educación? ¿250.000? ¿270.000? ¿Más o menos?
ADMINISTRACIÓN.
La Junta de Andalucía tiene una fundación con un solo trabajador y un
directivo desde hace años
- La Consejería de Justicia justifica la existencia del Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía y atribuye a los recortes la escasez de personal
FONDOS PÚBLICOS. La Junta amplió los privilegios a sus altos cargos para que disfruten de
'casa gratis' un mes después del cese
- Podemos pide en el Parlamento la supresión de las indemnizaciones por vivienda que reciben los altos cargos de hasta 1.300 euros al mes.
- El Gobierno de Susana Díaz gasta al mes 60.000 euros en pagar las 'casasgratis' de sus altos cargos .
Matacán
Junta de Andalucía, la casa de los fantasmas
- No debe haber otra administración pública en el mundo que haya generado una actividad paranormal que se parezca a la de la Junta
Era la ‘Segunda Modernización’ lo
que los gobernantes socialistas le prometieron a los andaluces, pero, pasados
años, la realidad de la administración andaluza se parece más al ‘cuarto
milenio’, fenómenos paranormales, misteriosos
o inexplicables. Esto, por ejemplo: “Descubren fantasmas en
edificios de la Junta de Andalucía”. Si ese titular aparece en un medio de comunicación en
cualquier otro lugar del mundo, lo único que puede esperarse el lector es que
se refiera a almas perdidas, que vagan de noche por los pasillos, muebles se
mueven de sitio, psicofonías sobrecogedoras. En Andalucía, cuando aparece una
noticia con ese titular no se refiere a ese tipo de fantasmas, sino a otro
tipo: un fantasma en Andalucía es alguien o algo que no
existe formalmente pero que se nutre de dinero público.
Los fantasmas de la Junta de Andalucía han nacido con la
autonomía y, en estos cuarenta años de hegemonía socialista, han proliferado
por todos los campos y sectores. Por eso es tan fácil ver titulares en la
prensa andaluza que hablan de “fondos
fantasma”, de “empleados fantasma”, de “altos
cargos fantasmas”, de “empresas fantasmas” y hasta de “edificios fantasmas”. No
debe haber otra administración pública en el mundo que haya generado una realidad
paranormal que se parezca a la de
la Junta de Andalucía.
Unos de los últimos fantasmas que han
aparecido en la Junta de Andalucía, los encontró la Cámara de Cuentas cuando se puso fiscalizar la gestión del año 2016.
La fiscalización de toda cuenta pública es a los fantasmas administrativos lo
que el exorcismo a los fantasmas reales; acaba con ellos. Pues bien, en este
caso lo que descubrió la Cámara de Cuentas es que el Gobierno andaluz, después
de que estallaran los escándalos de los ERE y los cursos de Formación, decidió paralizar los fondos que se destinaban
en los presupuestos a ese
tipo de programas. En ese año de 2016 (Susana Díaz ya llevaba tres años en la Presidencia andaluza),
los presupuestos de la Junta de Andalucía consignaron 935 millones de euros
para ayudar a los emprendedores pero dejó sin invertir casi el 70 por ciento de
esa cantidad. Es decir, los fondos existían, estaban en el presupuesto, pero
decenas o cientos de emprendedores o de empresas no pudieron acceder a ellos porque
no se concedían. Fondos fantasma, por tanto: existen los fondos pero no se
ejecutan supuestamente por miedo a que, dentro del descontrol administrativo,
acabasen en los tribunales, como ocurrió con los ERE.
Lo excepcional es que los fondos fantasma también
generan intermediarios fantasma. Ese es el gran descubrimiento de la Cámara de
Cuentas
Lo excepcional, en cualquier caso,
es que los fondos fantasma también generan intermediarios fantasma, ese es el
gran descubrimiento de la Cámara de Cuentas: aunque el dinero no llegó a los
emprendedores y empresas que se te tendrían que haber beneficiado de ellos, existe un pago a intermediarios por valor de cinco millones de euros. ¿Cómo va a haber intermediarios ni no había nada que
intermediar? Ese es el fenómeno de política paranormal. Tampoco es nuevo:
cuando lo de los ERE, llegó a salir un titular de prensa que daba cuenta de una
‘empresa fantasma’, que no tenía actividad, y que había recibido hasta nueve
expedientes de regulación de empleo. ¡Nueve!
Todo esto ocurre, como se puede imaginar, cuando una
administración pública crece, como la andaluza, de forma exponencial y
descontrolada durante decenios hasta alcanzar el estatus de ingobernable, magma
inabarcable. Tanto es así que la misma Cámara de Cuentas se mostró impotente
hace un par de años para determinar cuánta gente trabajaba en la Junta de Andalucía.
Es literal, decía así: “No resulta posible conocer ni
cuantificar los efectivos reales de la Junta de Andalucía al final de cada
ejercicio a partir de la información contenida en las memorias de cumplimiento
de los programas presupuestarios ni en la memoria, ambos estados incluidos en la Cuenta General rendida cada
año”. ¿Cuántos funcionarios dependen de la Junta de Andalucía, incluyendo
Sanidad y Educación? ¿250.000? ¿270.000? ¿Más o menos? Por ahí debe andar la
cifra, pero nadie puede precisarla. Según los cálculos que ha hecho el Partido
Popular, en uno de los últimos ejercicios
fiscalizados había 13.000 empleados de los que figuraban en el Capítulo de
Personal de los Presupuestos autonómicos; “13.000 empleados fantasma”, dijeron en una
rueda de prensa y todo el mundo aceptó el término como si fuera algo normal,
corriente y comprensible.
¿Cuántos
funcionarios dependen de la Junta de Andalucía, incluyendo Sanidad y Educación?
¿250.000? ¿270.000? ¿Más o menos?
Pueden encontrarse infraestructuras
fantasma, edificios fantasma, maestros fantasma, hospitales fantasma y trenes
fantasma, pero los fantasmas más célebres son aquellos cargos públicos que se
designan, que reciben su mensualidad y nunca se pasan por el despacho. Por
ejemplo, un día aparece en el orden del dia del Consejo de Gobierno que se ha nombrado un nuevo director para un servicio concreto, dentro de Salud o de Educación, que, al cabo de los
meses, se descubre que en realidad ya no existía. Pasó no hace demasiado con los directores de unos
Laboratorios de Salud Pública que ya estaban desmantelados.
El
sindicato de funcionarios CSIF explicó
entonces, tras la denuncia, que se trata “de un proceder frecuente de la
administración autonómica, que utiliza estos puestos que
solo existen 'en los papeles' para
'compensar' a determinados funcionarios que consiguen, de esta forma,
consolidar una categoría superior u otro tipo de derechos vinculados al
destino, creando una 'red de destinos virtuales' sin correlación real con los
trabajos realizados”.
Fantasmas, fantasmas, fantasmas… Lo
mejor de todo, en cualquier caso, es que lo que sí es verdad es que en las
instituciones andaluzas existen fantasmas reales, de los de verdad, que han
sido suplantado por estos otros fantasmas administrativos. En el Parlamento
andaluz, por ejemplo, como saben todos los cronistas parlamentarios de
Andalucía, es famoso el
fantasma de Sor Úrsula, una monja del siglo XVII que sigue recorriendo los pasillos de este edificio
majestuoso que fue el Hospital de las Cinco Llagas. Y en Granada, hasta Iker
Jiménez se ha mostrado sorprendido por la existencia del fantasma del Padre Benito en un antiguo edificio de la Diputación. De hecho, del Padre Benito hay una psicofonía famosa en
la que se le oye decir: “¡Os arrepentiréis!”. ¿Mira que si el fantasma,
ofendido, se refiere a los otros fantasmas?
ADMINISTRACIÓN
La Junta de Andalucía tiene una
fundación con un solo trabajador y un directivo desde hace años
- La Consejería de Justicia justifica la existencia del Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía y atribuye a los recortes la escasez de personal.
Un único empleado y una directiva al mando con rango de
alto cargo. A estos efectivos se reduce desde su puesta en marcha la plantilla
de la Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de
Andalucía(Mediara), un ente público con personalidad jurídica propia
constituido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 3
de noviembre de 2009.
Los estatutos le asignan la misión de difundir la
Justicia «entre los andaluces y andaluzas» y «la promoción de la
mediación y el arbitraje como formas de resolución de conflictos
complementarias a la jurisdiccional y la realización de actividades que
posibiliten un marco institucional en el que se realice la mediación y el
arbitraje privados en la comunidad autónoma de Andalucía».
Dada la escasez de personal asalariado, que se limita
a un técnico adjunto a la gerencia, casi todos los trabajos de esta
entidad sin ánimo de lucro son adjudicados bajo la figura legal del contrato
menor. Este instrumento permite encargar servicios y suministros directamente,
sin necesidad de solicitar ofertas ni mediar ningún concurso. La nueva Ley de
Contratos del Sector Público que entró en vigor el pasado marzo restringe el
uso de esta fórmula de contratación directa al encargo de servicios que no
superen los 15.000 euros.
Todo
lo contrata fuera
La fundación Mediara lo externaliza todo a través de
contratos que se repiten de forma cíclica. Se recurre a personal ajeno a la
Administración para contratar asesoramiento laboral, para la gestión de
la contabilidad o para el pago de impuestos. También contrata la
supervisión de las campañas de divulgación, uno de los fines previstos en los
estatutos, y las llamadas «guías de recursos de mediación». Un nombre se repite
en la mayoría de contratos de redacción de las guías, informes y memorias de
actividades: Rosario Aguilera Santos, mediadora que recibe encargos específicos
durante uno, dos y hasta cuatro meses.
Desde la Consejería de Justicia e Interior, a la que está
adscrito este ente público, justifican la existencia de un solo
trabajador por los recortes de los últimos años y las restricciones
para contraer gastos que impuso la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy durante
2012.
Para la facilitar la resolución extrajudicial de
conflictos menores, suscribe acuerdos de colaboración con asociaciones
profesionales, con el objetivo de aliviar la sobrecarga de casos que llegan a
los juzgados civiles, mercantiles y laborales.
Este organismo público se sostiene con las subvenciones
que anualmente le inyecta la Consejería que dirige Rosa Aguilar y aumentó
su dotación en 50.000 euros en 2018. Los presupuestos consignan una
partida de 201.500 euros para el funcionamiento de la fundación.
El 58 por ciento del dinero se dedica al capítulo de
personal. A los 42.77,28 euros que cobra el único asalariado del
organismo, según el último catálogo de puestos de trabajo actualizado en
diciembre de 2017, se suman los 47.855,96 euros que cobra la alto cargo Pilar
Catalayud Pérez por dirigir esta fundación con tan sólo un subordinado a su
cargo.
Puntos
de información
El resto del presupuesto se dedica a campañas de
difusión, la realización de actividades formativas a jueces y fiscales y el
funcionamiento de los puntos de información que promueven la mediación,
un procedimiento voluntario y contemplado en la legislación española para
resolver conflictos sin necesidad de llegar a juicio. Actualmente cuenta con
doce espacios habilitados en los juzgados que son atendidos por profesionales
de 80 colegios profesionales y colectivos especializados.
Como entidad pública que es con personalidad jurídica
propia, cuenta con un patronato que preside la propia consejera, con nueve
representantes de la administración y siete patronos procedentes de
organizaciones como la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Asociación
de Universidades Públicas y colegios profesionales de economistas, abogados,
psicólogos y cámaras de comercio. Su desempeño es gratuito, aunque el órgano de
gobierno se reserva la posibilidad de contratar servicios retribuidos con los
patronos.
Aparte del patronato,
como todo organismo público que se precie, la fundación Mediara cuenta con
otros órganos para desarrollar sus funciones: una comisión permanente que actúa
por delegación del patronato se encarga de «la coordinación, impulso y ejecución» de
sus actividades, y la dirección gerencia, cuyo primer cometido es «dirigir al
personal de la fundación, dictando para ello las instrucciones precisas» a la
única persona que tiene a su cargo, según especifican los estatutos de este
ente que, pese a su reducida estructura, tiene un patrimonio neto valorado en
1,77 millones de euros, según los presupuestos de la Junta de 2018.
¿Para qué se
crea?
La Fundación
Pública Andaluza Centro para la Mediación y Arbitraje de Andalucía justifica
así su creación en el año 2009: «La sociedad actual requiere fórmulas participativas
que den respuesta a los problemas de siempre». A este respecto, destaca la
«necesidad de implantar sistemas alternativos y complementarios de resolución
de conflictos, eficaces y eficientes para la ciudadanía». En 2017 la fundación realizó 1.001 actividades
de mediación. Para la
Consejería se trata de una «cifra elevada» para un sector complicado, que tiene
todavía una limitada implantación en la sociedad.
La Junta amplió los privilegios a sus altos cargos
para que disfruten de 'casa gratis' un mes después del cese
- Podemos pide en el Parlamento la supresión de las indemnizaciones por vivienda que reciben los altos cargos de hasta 1.300 euros al mes.
- El Gobierno de Susana Díaz gasta al mes 60.000 euros en pagar las 'casasgratis' de sus altos cargos .
La Junta de
Andalucía amplió los privilegios de sus altos cargos e impulsó una reforma
legal para que éstos pudieran disfrutar de 'casa gratis' un mes después de abandonar el cargo, según consta
en la normativa a la que ha tenido acceso EL MUNDO.
El
22 de enero de 2008, el año que empezó la crisis, el Gobierno andaluz, entonces presidido por Manuel Chaves, aprobó en
Consejo de Gobierno un acuerdo para que los altos cargos con derecho a que la
Administración autonómica les costeara el alquiler de sus viviendas siguieran
disfrutando de esa indemnización "durante un plazo máximo de un mes posterior a la fecha de cese definitivo".
Como informó este diario, el
Gobierno de Susana Díaz gasta mensualmente 59.929 euros en costear las 'casas gratis' de las que disfrutan 58 altos cargos, entre los que figuran el
vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, y los consejeros Felipe López,
Rodrigo Sánchez Haro, María José Sánchez Rubio y Javier Carnero, según se
desprende del último listado de beneficiarios actualizado el 30 de junio pasado
y colgado en la 'web' de la Junta a mediados de julio pasado.
Se trata de la cantidad más alta que ha pagado nunca el Gobierno andaluz desde que en 2015
empezó a informar sobre este asunto, obligado por la Ley de Transparencia. Este
gasto mensual supone un desembolso anual para el Ejecutivo andaluz de 719.148 euros.
La modificación legal que amplió un
mes el derecho de los altos cargos a que la Junta les pagara el alquiler de sus
viviendas nunca se publicó en la 'web' en la que se recogen los acuerdos del Consejo de
Gobierno. También se mantuvo en secreto el acuerdo aprobado el 31 de octubre de
2000 en el que se fijó el derecho a la 'casa gratis' para los "consejeros,
viceconsejeros, secretarios generales, secretarios generales técnicos,
directores generales, delegados del Gobierno, delegados provinciales y otros
cargos asimilados nombrados por decreto" que "tuvieran su domicilio
habitual en un municipio que se encuentre a más de 60 kilómetros de la sede del órgano del que sean titulares".
La "cantidad máxima"
fijada en la norma del año 2000 es el equivalente al 2,5% de las retribuciones
brutas anuales establecidas para los directores generales en la Ley de
Presupuesto de la comunidad andaluza, excluida la productividad. Ese porcentaje
se materializa en 'sobresueldos' mensuales de hasta 1.371,30 euros que actualmente están cobrando 58 altos cargos del
Gobierno de Susana Díaz para que paguen el alquiler de las viviendas en las que
residen y también para que puedan hacer frente a los impuestos que Hacienda les
reclame por esta "indemnización mensual por vivienda", según la
terminología acuñada por la Administración andaluza.
Parlamento andaluz.
El grupo parlamentario de Podemos es muy crítico con estos 'sobresueldos' y aboga por
"la eliminación de todo privilegio o trato diferenciado sin justificar de
las personas que ostentan cargos públicos, ya que supone un agravio comparativo
con el resto de la ciudadanía y un derroche de recursos
públicos",
recoge en una proposición no de ley registrada en la
Cámara andaluza el pasado 5 de septiembre.
La iniciativa, firmada por la
portavoz del grupo parlamentario de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, plantea que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno de
la Junta a suprimir la
indemnización específica por gastos de vivienda y alojamiento a cargos públicos
y autoridades de Andalucía, derogando para ello los acuerdos del Consejo de
Gobierno de 31 de octubre de 2000, de 22 de enero de 2008 (la que amplió un mes
este privilegio) y de 28 de diciembre de 2010.
La última modificación de la norma
sobre las 'casas gratis' de los altos cargos, la de 2010, que fue aprobada
durante la etapa de José Antonio Griñán como presidente del Gobierno andaluz, supuso una
"novedad importante", recoge la proposición no de ley de Podemos.
Desde diciembre de 2010, se concede
la indemnización por vivienda también a las personas titulares de la
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y de la
Fiscalía Superior de Andalucía. El cambio legal coincidió con el nombramiento
de Lorenzo del Río como
presidente del TJSA el 28 de octubre de 2010.
Como informó en 2016 este diario,
Lorenzo del Río ha recibido 90.099,20 euros desde diciembre de 2010
hasta octubre de 2016, como ha reconocido la Consejería de Justicia e Interior
a este diario en una respuesta a través del Portal de Transparencia. De la
cantidad percibida por el presidente del TSJA en seis años, 60.148,30 euros son
en concepto de alquiler y los restantes 29.950,90 euros para pagar impuestos.
Los 'sobresueldos' que perciben los
altos cargos andaluces para que abonen el alquiler de sus viviendas incluyen
las cantidades que Hacienda les pueda reclamar por esta indemnización. Por ello, son libres de impuestos.
“Es justo”
La ex consejera de Hacienda y
Administración Pública, María Jesús Montero, justificó en septiembre del año pasado en el
Parlamento que el Gobierno andaluz les abone un dinero extra para que paguen el
alquiler de sus viviendas. "Es justo el sobrecoste añadido por hacer su
trabajo", indicó la consejera, quien ve adecuado "compensar el gasto
que ocasiona ostentar una representación institucional".
Montero defendió que los altos cargos
desplazados perciban un dinero extra para pagar el alquiler de su vivienda al
estar fuera de su lugar de origen, ya que, "de lo contrario, sólo estarían
representadas personas que viven en el entorno de las
instituciones, y eso no se puede permitir", con lo cual la
situación conlleva que exista "un gasto asociado".
Además, Montero rechazó que siempre
que se hable de altos cargos de la Junta "se abra un debate
descontextualizado", en el que "da la sensación de que todos los
parlamentarios y altos cargos somos unos caras, cuando es lo contrario, las personas que conozco
estrechamente perdemos retribuciones por el servicio que prestamos". Por
ello, pidió "dignificar el sentido de la política" y subrayó que
"el alto cargo es necesario", ya que "gracias a los altos cargos
funcionan las administraciones".
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