Los peritos judiciales afirman que las ayudas del caso ERE fueron a las
empresas, no a los trabajadores.
- El experto de Griñán, en cambio, defiende que se concedieron ayudas para atender situaciones de crisis y despidos.
CASO ERE ANDALUCÍA Las defensas
estallan en el juicio contra los peritos que culpan a la Junta del «sistema
perverso» del caso ERE
- Los abogados de ex altos cargos cuestionan en el juicio la imparcialidad de los interventores del Estado y afirman que actúan como peritos de la acusación.
Este sistema, que
consistía en que la Consejería de Empleo concedía las ayudas, y el IFA/IDEA las
abonaba, provocaba que el destino del dinero «quedaba al margen del control
previo de la Intervención de la Junta de Andalucía», ha indicado el perito
judicial amparándose en tres sentencias dictadas por el Tribunal de Cuentas que
ponían de manifiesto el uso inadecuado de las transferencias de financiación.
Es más, Turrión, autor junto con otros tres peritos del
Estado de 275 informes periciales del caso ERE, ha declarado que entre
2002 y 2009 «la Junta de Andalucía tuvo la posibilidad» de realizar una
modificación presupuestaria para «disponer del sistema adecuado» y «no lo
hizo».
La larga
intervención del perito del Estado, en la que enumeró más de 40 leyes que
determinaban cómo se podían usar las transferencias de financiación, incomodó a
algunas defensas, que no dudaron en tomar la palabra en la sala para expresar
su protesta.
Los destinos "pintorescos" del 70% de las
ayudas de los ERE
- Sólo el 30% de las ayudas de los ERE fue para trabajadores en empresas en crisis, según los peritos de la Intervención del Estado.
Entre esas ha citado subvenciones otorgadas para fiestas o ferias de
muestras de ayuntamientos, un curso a personal directivo de la Junta, un máster
de la Universidad de Sevilla sobre gestión de entidades sin ánimo de lucro (entre cuyos alumnos figura el diputado socialistaCarmelo Gómez que ha declarado que nunca lo cursó), el pago de
nóminas atrasadas o de subidas salariales para evitar una huelga, servicios de
consultoría y minutas de despachos.
"Sin olvidar que en
numerosas ocasiones no tienen objeto definido, digamos que se conciedero porque
sí", ha concluido
Turrión.
Revés judicial al
PSOE andaluz: el líder de Huelva procesado por soborno y tráfico de influencias
- La juez envía a juicio a Ignacio Caraballo, secretario general del PSOE onubense y presidente de la Diputación.
- Le acusa de la 'compra' de dos concejales en Aljaraque para parar una moción de censura el año pasado.
.....Así lo relata en el auto por el que
transforma las diligencias en procedimiento del tribunal del jurado y en el que
incluye, como imputados, al presidente de la Diputación y máximo responsable
del PSOE de Huelva. Junto a él aparecen los dos concejales supuestamente
comprados, Pedro Escalante y Francisco José Martín, así como José Luis
Rodríguez, miembro de CCOO que negoció en nombre del PSOE, y José Manuel
Márquez, director jurídico y de recursos humanos de Aguas de Huelva.
Contra todos
ellos, la juez en la resolución firmada el pasado 6 de septiembre, hay inicios más que suficientes de que pudieron
cometer un delito de tráfico de influencias y otro de cohecho, que es como
recoge el Código Penal el soborno.
El escándalo, y la
consiguiente investigación judicial, tienen su raíz en las grabaciones que de
las negociaciones entre los concejales
de Aljaraque Sí Se Puede y el PSOE hizo el asesor de comunicación de la
formación afín a Podemos. Registró, a partir de cierto momento, todas las
conversaciones a las que él mismo asistía y las puso a disposición del juzgado.
En una de esas grabaciones se escucha decir al representante
del PSOE: El partido «mete
a tu mujer, pero no se firma. Es ilegal y me meten en la cárcel». El
autor sería José Luis Rodríguez y su interlocutor, el denunciante a quien le
explica cómo se iba a pagar a Francisco Martín, cuya esposa fue llamada al poco
tiempo por la empresa de aguas que le ofreció un contrato de obras y servicio
para realizar tareas administrativas.
Los peritos judiciales afirman que las ayudas del caso
ERE fueron a las empresas, no a los trabajadores
- El experto de Griñán, en cambio, defiende que se concedieron ayudas para atender situaciones de crisis y despidos.
El perito del Estado
Ángel Turrión advirtió este lunes en el juicio del caso ERE que todas las
ayudas fueron a parar a las empresas, «ninguna va a los
trabajadores directamente», incluidas aquellas que se destinaron a prejubilaciones de
empleados afectados por ERE. «Fueron subvenciones a empresa no a los
trabajadores», esgrimió.
Juan Zornoza, perito de
la defensa de Griñán, expresó una opinión contraria. Las ayudas «se concedieron
para atender la situación de los trabajadores sin liberar a las empresas de
sus obligaciones con ellos», dijo. Añadió que «no se puede decir que son ayudas
a empresas, son ayudas a los trabajadores».
Así lo sostiene también
Juan Antonio Carrillo que tuvo un encontronazo con el fiscal Manuel Fernández
al que instó a decir «toda la verdad» al preguntar por sus
informes. Pidió disculpas después de que el juez censurara su tono: «Señor
Carrillo, dirígase con correción». El fiscal recurrió a la ironía para
responderle que su labor «no es suplir» la documentación que no le han aportado
las defensas para elaborar sus informes de parte.
El fondo de la
Consejería de Empleo para financiar prejubilaciones derivadas de los
expedientes de regulación de empleo (ERE) y ayudas a empresas en crisis se
convirtió con el tiempo en un cajón de sastre donde todo o casi todo tenía
cabida: desde el pago de fiestas de pueblo hasta el mantenimiento de los
trabajadores en empresas que no los tenían o el montaje de una supuesta granja
avícula vinculada al exchófer del exdirector de Trabajo Javier Guerrero que
nunca vio la luz.
Éstos y otros destinos
dispares, «cuando no pintorescos», que tuvieron los fondos públicos fueron
recordados ayer en el juicio de la pieza política del caso ERE por el jefe del equipo de peritos
judiciales de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Ángel Turrión defiende
que el 70 por ciento de las 270 ayudas concedidas (unas 190) con cargo al
programa presupuestario 31L, conocido como «fondo de reptiles», no tenían «ninguna
relación» con la tramitación de un ERE o un plan de jubilación. A preguntas del fiscal, declaró que las ayudas «no tienen
regulación ninguna que conozcamos» en el proceso que ha sentado en el banquillo
a dos expresidentes andaluces (Manuel Chaves y José Antonio Griñán) y a 20 ex
altos cargos autonómicos más por la creación y mantenimiento de un
procedimiento de reparto de 855 millones de euros en ayudas entre 2001 y 2011.
Los peritos
discuten si se dieron fondos sin destino definido o por «compromiso político»
Turrión, que firmó
junto a otros tres peritos del Estado los 275 informes que han servido de
sostén jurídico a las acusaciones, enumeró algunos de los usos que tuvieron las
ayudas: el pago
para fiestas de un ayuntamiento, un curso a personal de alta dirección de la Junta, un
máster para organizaciones sin ánimo de lucro, gratificaciones a directivos de
Santana Motor, nóminas atrasadas en 53 casos, eventos y ferias de pueblos, «una
granja de pollos que nunca llegó a realizarse» y el mantenimiento de
trabajadores de empresas que no tenían a ningún asalariado. Mencionó que la
Junta «convirtió una subvención en un préstamo sin plazo de devolución ni
interés» después de que un juzgado notificara el embargo de las ayudas
concedidas por la Dirección de Trabajo a la empresa.
El experto no soslayó
que, «en numerosas ocasiones, las ayudas no tuvieron un
destino definido,
sino que se dieron
porque sí, asimilándose más a una liberalidad que a una ayuda».
El catedrático Juan
Ramallo, perito propuesto por la defensa de la exconsejera de Economía y
Hacienda Magdalena Álvarez endosó la responsabilidad al interventor
general de la Junta entre 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, encausado en este
juicio. Así, advirtió que «en esa enumeración de subvenciones pintorescas debió
haber la autorización o consentimiento por parte de laIntervención».
El perito José Ignacio
López, propuesto por la defensa del exconsejero Antonio Fernández, precisó que
el 70 por ciento de las ayudas representan el 30 por ciento del gasto de la
Junta con cargo al programa de los ERE. Además, argumentó que en el proceso es
«más importante» la normativa aplicable que «los usos extramuros de la Dirección de Trabajo» de las ayudas. Este perito afirmó que desde 2004, cuando
se crea la Consejería de Innovación, no se dieron nuevas ayudas a empresas.
Rectificó cuando el fiscal le exhibió en la sala resoluciones de subvenciones
posteriores a esa fecha.
Situaciones de crisis
Otro perito de parte,
Juan Zornoza, propuesto, entre otros, por Griñán, advirtió que ante situaciones
de crisis «no cabe hacer uso de convocatorias públicas de ayudas». También criticó «el
peligro de algunas generalizaciones» en las que, a su juicio, caen los peritos
del Estado. En este sentido, dijo que el Tribunal de Cuentas reconoció que
algunas ayudas concedidas «hay memorias justificativas» que avalarían la
finalidad pública e interés social y económico de los fondos.
En la sesión número
cien del juicio, el profesor Juan Antonio Carrillo defendió que la línea de
ayudas «responde a un compromiso político de todas las fuerzas sociales y la Junta que hace suyo el Parlamento» y que está
vinculada a los acuerdos de concertación social suscritos por el Gobierno
andaluz con la patronal y los sindicatos.
CASO ERE ANDALUCÍA
Las defensas protestan contra
los peritos que culpan al Gobierno andaluz del «sistema perverso» del caso ERE
- Los abogados de ex
altos cargos cuestionan en el juicio la imparcialidad de los interventores del
Estado y afirman que actúan como peritos de la acusación.
La rotunda
censura a la actuación de la Junta de Andalucía en el caso ERE que están
realizando en el juicio de la pieza política los peritos de la Administración
General de la Intervención de Estado (IGAE) ha provocado el enfado y una
protesta ante el tribunal de varias de las defensas de los 22 ex altos cargos autonómicos acusados de
prevaricación y/o malversación de fondos públicos. Los abogados de
los encausados han cuestionado la imparcialidad de los peritos al asegurar que
en lugar de practicar una prueba están emitiendo un informe de la parte
acusatoria.
La reacción
airada de los abogados de la bancada de la defensa se produjo justo después de
que el jefe del equipo de la IGAE, Ángel Turrión, afirmara que la Junta de
Andalucía pudo
corregir «el perverso sistema de los ERE» que tuvo «efectos indeseados», basado en el uso inadecuado de una figura, las transferencias de
financiación, que no podía utilizarse para pagar subvenciones a prejubilados y
empresas en crisis, como se hizo, sino para cubrir las pérdidas del ente público que pagaba
las ayudas, la agencia IFA/IDEA.
Este sistema,
que consistía en que la Consejería de Empleo concedía las ayudas, y el IFA/IDEA
las abonaba, provocaba que el destino del dinero «quedaba al margen del control
previo de la Intervención de la Junta de Andalucía», ha indicado el perito judicial
amparándose en tres sentencias dictadas por el Tribunal de Cuentas que ponían
de manifiesto el uso inadecuado de las transferencias de financiación.
Es más, Turrión, autor junto con otros tres peritos del Estado de 275
informes periciales del caso ERE, ha declarado que entre 2002 y 2009 «la Junta
de Andalucía tuvo la posibilidad» de realizar una modificación presupuestaria
para «disponer del sistema adecuado» y «no lo hizo».
La larga intervención del perito del
Estado, en la que enumeró más de 40 leyes que determinaban cómo se podían usar
las transferencias de financiación, incomodó a algunas defensas, que no dudaron
en tomar la palabra en la sala para expresar su protesta.
La iniciativa
partió de Pedro Apalategui, abogado del exviceconsejero de Empleo Agustín
Barberá, quien advirtió de que la prueba practicada por los peritos del Estado «excede de una pericial para
convertirse en casi en un informe de
parte, de parte de la acusación».
A esta protesta
se han adherido los abogados que defienden al exconsejero de Innovación
Francisco Vallejo; el exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro; el expresidente José Antonio
Griñán; el exdirector general de Presupuestos
Antonio Vicente Lozano; el exsecretario general técnico de Empleo Francisco
Javier Aguado, y el exviceconsejero de Empleo Jesús María Rodríguez Román.
Juan Zornoza,
perito de parte de Griñán y Lozano, ha expresado su desacuerdo con el
interventor del Estado al asegurar que hubo un uso inadecuado de las transferencias
de financiación pero no una presupuestación incorrecta de estos fondos dado que el
legislador, es decir, el Parlamento andaluz, «es el que decide el destino del
gasto».
En respuesta a
Turrión, Zornoza replicó que «ya puede citar usted tres millones de disposiciones legales, que es la Ley General de Presupuestos
de la Junta de Andalucía la que decide el destino de las transferencias»
ateniéndose a lo que establecen el Estatuto de Autonomía y la Constitución
Española.
Los destinos "pintorescos" del 70% de las
ayudas de los ERE
- Sólo el 30% de las ayudas de los ERE fue para trabajadores en empresas en crisis, según los peritos de la Intervención del Estado.
El interventor estatal (IGAE) Ángel Turrión, ha enumerado hoy los "pintorescos" objetivos de
muchas de las ayudas de los ERE, a lo que el perito citado por la defensa Juan
Ramallo le ha replicado que para ellas "debió haber la autorización y el
consentimiento por parte de la Intervención de la Junta".
El juicio de la pieza política del caso EREcontra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz ha celebrado hoy su sesión número 100 continuando con la
prueba pericial conjunta en la que los expertos de la IGAE, cuyos informes son
la prueba clave para la Fiscalía y las acusaciones, y los de las defensas de
varios de los acusados han continuado contraponiendo sus argumentos sobre la
legalidad o ilegalidad del sistema usado por la Junta para dar las ayudas.
Turrión ha insistido en que de las
270 ayudas concedidas entre 2001 y 2010 con cargo al programa 31L de la Dirección General de Trabajo, sólo un 30 % eran ayudas sociolaborales para trabajadores
afectados por crisis empresariales mientras que "190 son ayudas que tienen
un objeto dispar cuando no pintoresco".
Entre esas ha citado subvenciones
otorgadas para fiestas o ferias de muestras de ayuntamientos, un curso a
personal directivo de la Junta, un máster de la Universidad de Sevilla sobre
gestión de entidades sin ánimo de lucro (entre cuyos alumnos figura el diputado socialista Carmelo Gómez que ha declarado que nunca lo
cursó), el pago de nóminas atrasadas o de subidas salariales para evitar una
huelga, servicios de consultoría y minutas de despachos.
"Sin olvidar que en numerosas
ocasiones no tienen objeto definido, digamos que se conciedero porque sí",
ha concluido Turrión.
La réplica se la ha dado el catedrático Juan Ramallo, perito solicitado por la defensa de la exconsejera de
Hacienda Magdalena Álvarez, quien le ha recordado que "estamos hablando de
subvenciones que se dieron en la Dirección General de Trabajo donde estuvo o
debería haber estado la Intervención de la Junta" para su
"autorización y el consentimiento".
Una réplica que ataca directamente
al papel de este órgano de control de la administración andaluza, cuyo máximo
responsables en esos años Manuel Gómez es uno de los
acusados, y tras el que se parapetan varios ex altos cargos para defender que
sin su reparo a las ayudas no tenían por qué haber actuado y paralizado las
mismas.
Revés judicial al PSOE
andaluz: el líder de Huelva procesado por soborno y tráfico de influencias
- La juez envía a juicio a Ignacio Caraballo, secretario general del PSOE onubense y presidente de la Diputación.
- Le acusa de la 'compra' de dos concejales en Aljaraque para parar una moción de censura el año pasado.
A principios del año pasado, en
enero de 2017, todo apuntaba a que el PSOE iba a ser desalojado del
Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva) gracias a un pacto entre el Partido Popular
y el grupo municipal Aljaraque Sí Se Puede. Pero, de forma sorprendente
(entonces), los ediles de esta última formación se descolgaron de la moción de censura que ya habían presentado y la alcaldesa socialista,
Yolanda Rubio, pudo conservar el bastón de mando.
Un año y medio después, la juez
María José Fernández da por hecho que detrás del fracaso de aquella moción
estuvo la mano del PSOE onubense y de su líder en la provincia, Ignacio Caraballo, además
presidente de la Diputación.
Según la tesis de la magistrada
titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva, los socialistas compraron a
los dos concejales de Aljaraque Sí Se Puede por medio de un pacto secreto que
contemplaba que uno de ellos fuera incluido en la Junta de Gobierno Local -con
las indemnizaciones y dietas correspondientes- mientras que al otro se le
ofrecía un puesto de trabajo para su esposa en la empresa municipal Aguas de
Huelva, controlada por el Partido Socialista.
Así lo relata en el auto por el que
transforma las diligencias en procedimiento del tribunal
del jurado y en el que incluye, como
imputados, al presidente de la Diputación y máximo responsable del PSOE de
Huelva. Junto a él aparecen los dos concejales supuestamente comprados, Pedro
Escalante y Francisco José Martín, así como José Luis Rodríguez, miembro de
CCOO que negoció en nombre del PSOE, y José Manuel Márquez, director jurídico y
de recursos humanos de Aguas de Huelva.
Contra todos ellos, señala la juez
en la resolución firmada el pasado 6 de septiembre, hay indicios más que suficientes de que pudieron cometer un delito de
tráfico de influencias y otro de cohecho, que es como recoge el Código Penal el
soborno.
El escándalo, y la consiguiente
investigación judicial, tienen su raíz en las grabaciones que de las negociaciones entre los
concejales de Aljaraque Sí Se Puede y el PSOE hizo el asesor de comunicación de
la primera formación. Registró, a partir de cierto momento, todas las
conversaciones a las que él mismo asistía y las puso a disposición del juzgado.
En una de esas grabaciones se escucha
decir al representante del PSOE: El partido
«mete a tu mujer, pero no se firma. Es ilegal y me meten en la cárcel». El
autor sería José Luis Rodríguez y su interlocutor, el denunciante a quien le
explica cómo se iba a pagar a Francisco Martín, cuya esposa fue llamada al poco
tiempo por la empresa de aguas que le ofreció un contrato de obras y servicio para realizar tareas
administrativas.
Rodríguez acudía a las reuniones como el «enviado político de Ignacio Caraballo», según decía en su denuncia el asesor que
destapó el caso y grabó a sus protagonistas. Aunque el papel del presidente de
la Diputación no sólo fue secreto. Igualmente, él fue el que presidió la firma
del acuerdo que desactivó la moción de censura y alabó públicamente la labor
que había desarrollado el dirigente local de CCOO. «La buena relación entre
nosotros y CCOO nos ha servido para limar todas las asperezas que había entre
los distintos grupos», destacó Caraballo el 12 de enero de 2017.
La juez Fernández concluye que la
investigación «resulta verosímil» y detalla cómo el soborno de gestó en varias reuniones, una en un bar del municipio
onubense y otra en el propio Ayuntamiento con la alcaldesa presente, en la que
se concretaron los términos del acuerdo.
Esos términos preveían, de acuerdo
con la tesis que sostiene el juzgado, la contratación de la mujer de Francisco
Martín, que se hizo realidad el 230 de enero con la intermediación de una empresa de trabajo temporal. Y el
nombramiento del otro edil, Escalante, como integrante de la Junta de Gobierno
el 12 de enero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...