FUNCIÓN PÚBLICA. La Junta de Andalucía
subirá los sueldos y hará fijos a temporales de su «administración paralela»
- Pacta con los sindicatos crear un grupo de trabajo para consolidar su «administración paralela» y limar los flecos que dejó la polémica «ley del enchufismo»
El Gobierno andaluz quiere hacer extensivas
sus concesiones a los funcionarios también a buena parte de los 23.899 empleados
que trabajan en el conjunto de agencias, sociedades, fundaciones y consorcios
que componen su administración paralela. El acuerdo marco de la mesa general de negociación común del personal
funcionario, estatutario y laboral de la
Administración de la Junta de Andalucía, suscrito el pasado viernes en el
Palacio de San Telmo por el consejero de Economía, Hacienda y Administración
Pública, Antonio Ramírez de Arellano, y los sindicatos CSIF, UGT Y CCOO,
encierra un artículo que ha pasado inadvertido, eclipsado por la ampliación a
20 semanas de los permisos por paternidad y maternidad de los empleados
públicos.
La cláusula novena del documento, aprobado
este martes por el Consejo de Gobierno, contempla la creación de un grupo de trabajo
entre los firmantes del pacto para aumentar al menos un 8,79 por ciento los
sueldos del personal de las entidades públicas entre 2018 y 2020, homologar la
jornada laboral y las condiciones de trabajo, e incluye como plato fuerte «la
estabilización del empleo temporal en el sector público instrumental»……
……Los presupuestos de la Junta para 2018 reservan la mayor partida de la
historia para sueldos en dichos entes: 969,7 millones. La «administración
paralela» no ha parado de engordar desde que Susana Díaz llegó a la
Presidencia. Mantener esta estructura a través de subvenciones y transferencias cuesta 3.449 millones
de euros, según
la cuentas autonómicas.
Anatomía del 'procés TRIBUNA, por ELISA DE LA NUEZ
......Es
cierto que las instituciones españolas también han sido tradicionalmente
ocupadas por los partidos políticos de
turno, lo que ha supuesto un grado de
politización importante con las
consiguientes ineficiencias. Contar con instituciones neutrales y profesionales es un requisito
fundamental de un Estado democrático moderno y una garantía muy importante para
la economía de mercado. La
profesionalización de la función pública tiene precisamente ese objetivo; los
funcionarios sirven con objetividad los intereses generales, que son los de todos los ciudadanos, y que no pueden
confundirse con los intereses de un partido. Claro
que, en la práctica, hay zonas grises máxime cuando hay demasiados funcionarios
que entran en política y cuando las carreras funcionariales dependen más del
favor político que del mérito y la capacidad. Pero en Cataluña la ocupación institucional es absoluta y
total -quizás porque siempre mandan los
mismos-, lo que representa un salto
cualitativo, en la medida en que se
presupone que la mitad de los catalanes sencillamente no tienen derecho a sus
propias instituciones.
De la urnofobia al
emoticono, por Jorge Bustos.
......El presidente del Gobierno es un hombre audaz, pues hace falta audacia
para llegar a presidente como ha llegado, pero a cambio padece dos miedos
paralizantes: a los periodistas y a
los votantes. De los primeros teme las preguntas, y
para eso envía a las ruedas de prensa a sus ministras, y de los segundos teme la intención de voto, y para eso coloca en los fogones del CIS a don Tezanos, que llega con el mandil puesto y el carné en la boca. A
este síndrome sanchista del pánico electoral lo ha bautizado Hughes como urnofobia, contra la cual solo se conoce un
tratamiento: el dinero público, que ya se sabe que no es de nadie. El plan es comprar
en el mínimo tiempo posible el máximo número de voluntades con cargo al
bolsillo del contribuyente. Puede
intentarlo porque recibe una España que crece al 3% y porque Calviño ha rogado a sus colegas bruselenses que hagan la vista
gorda mientras engrasa con más déficit la campaña de las autonómicas. Y así es como, Sánchez,
gobernando con los Presupuestos del centro-derecha, rinde tributo a la
sentencia de Josep Pla, que advirtió que el socialismo es un lujo pagado por el capitalismo.
El despilfarro de
Sánchez costará 1.230 euros a cada
trabajador ocupado
- Los nuevos objetivos de déficit suponen un aumento de la deuda equivalente a 23.400 millones.
Nada
más llegar al gobierno, el presidente Pedro Sánchez anunció que cumpliría los
compromisos adquiridos con Bruselas en materia presupuestaria. El nombramiento
de Nadia Calviño como ministra de Economía fue interpretado como una señal en
esta dirección, dada la dilatada carrera de la tecnócrata gallega en las
instituciones comunitarias. Sin embargo, los planes de Moncloa han cambiado en menos de un mes de gobierno.
Así,
la pasada semana conocíamos los nuevos planes fiscales que maneja el Gobierno
socialista. Según explicó María Jesús Montero, responsable del ministerio de
Hacienda, el plan del
gabinete de Pedro Sánchez es elevar el objetivo de déficit planteado para los
próximos cuatro ejercicios: 2018, 2019, 2020 y 2021......
......Para
2021, el objetivo fijado por la
Administración Rajoy apuntaba a un tímido superávit del 0,1% del PIB, mientras que Sánchez se compromete a cerrar el año con
un déficit del 0,4% del PIB.
En
total, hablamos de un desfase fiscal
adicional equivalente al 2,1% del PIB. Si
tomamos como referencia las cifras del INE sobre la producción bruta de nuestra
economía, el peso real de dicha
magnitud sería de 23.400 millones de euros. Y,
en la medida en que dichos recursos serán financiados vía emisiones del Tesoro,
la deuda pública va a experimentar un
aumento muy superior al esperado.
La
situación resulta especialmente sangrante porque, como acredita el Día de la
Deuda que publican Foro Regulación Inteligente e Instituto Económico Molinari,
España es el segundo país de la UE-28 que cubre
un mayor número de días de gasto fiscal con emisiones de nuevas obligaciones
financieras en vez de con recursos
propios.
Para
poner esos 23.400 millones de euros en perspectiva, podríamos comparar dicha
magnitud con dos variables. Si los oponemos al número de asalariados, vemos que cada trabajador soportaría 1.230
euros más de carga fiscal
como consecuencia del deterioro de los objetivos de déficit. Si los comparamos con el número total de habitantes, la
cifra a la que llegamos es de 540 euros por español.
FUNCIÓN PÚBLICA
La Junta de Andalucía
subirá los sueldos y hará fijos a temporales de su «administración paralela»
- Pacta con los sindicatos crear un grupo de trabajo para consolidar su «administración paralela» y limar los flecos que dejó la polémica «ley del enchufismo»
El Gobierno andaluz quiere hacer extensivas
sus concesiones a los funcionarios también a buena parte de los 23.899 empleados
que trabajan en el conjunto de agencias, sociedades, fundaciones y consorcios
que componen su administración paralela. El acuerdo marco de la mesa general de negociación común del personal
funcionario, estatutario y laboral de la
Administración de la Junta de Andalucía, suscrito el pasado viernes en el
Palacio de San Telmo por el consejero de Economía, Hacienda y Administración
Pública, Antonio Ramírez de Arellano, y los sindicatos CSIF, UGT Y CCOO,
encierra un artículo que ha pasado inadvertido, eclipsado por la ampliación a
20 semanas de los permisos por paternidad y maternidad de los empleados
públicos.
La cláusula novena del documento, aprobado
este martes por el Consejo de Gobierno, contempla la creación de un grupo de trabajo
entre los firmantes del pacto para aumentar al menos un 8,79 por ciento los
sueldos del personal de las entidades públicas entre 2018 y 2020, homologar la
jornada laboral y las condiciones de trabajo, e incluye como plato fuerte «la
estabilización del empleo temporal en el sector público instrumental».
En una
declaración de intenciones extremadamente retórica y difusa fija como objetivo
«contribuir a la
racionalización y sostenibilidad del sector público instrumental, y promover la defensa global y el desarrollo armónico de los
recursos humanos en este ámbito». Sin perjuicio de la posterior negociación
colectiva que se realice en cada caso, el acuerdo se marca como prioridad hacer
fijos a los interinos de los entes instrumentales ofertando un número de plazas
que todavía está por concretar.
CSIF, CCOO y UGT han pactado subir al menos un 8,79%
los sueldos del personal del sector público
La intención, compartida por la
Junta y los sindicatos firmantes, es que los empleos temporales nunca superen la tasa del 8%.
Se da la paradoja de que en la mesa general de negociación, que promueve este
plan de estabilización, no tiene representación el personal de estos organismos
satélites.
El documento contempla que todo el
personal de dichas entidades disfrute de los mismos permisos que los funcionarios
regulados en el Texto de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
a excepción de las jornadas de asuntos particulares que se establecerán según
la antigüedad.
Este acuerdo busca la
reconciliación definitiva con los funcionarios, con los que el Ejecutivo
socialista ha mantenido
sonados encontronazos en los últimos años por la pérdida de pagas y
derechos durante la crisis.
¿Segunda reordenación?
El Gobierno se apunta otro tanto
con el personal de la «administración paralela» a través de la que podría ser
la segunda gran revisión que lleva a cabo tras la Ley de Reordenación del Sector Público
Andaluz, aprobada en 2011 entre las
manifestaciones de los funcionarios autonómicos que la bautizaron como «ley del
enchufismo».
La norma, que acabó avalando el Tribunal Constitucional en
2015, supuso la integración en la Administración de unos 25.000
trabajadores del entramado de agencias, empresas y fundaciones. Muchos
de los cuales accedieron a
la condición de empleados públicos después de superar procesos selectivos
opacos, según
ha constatado la Cámara de Cuentas en sucesivos informes de fiscalización, y
cobran sueldos muy dispares debido a la distinta procedencia del personal
subrogado.
Aquella ley sacó a la calle a los
sindicatos más beligerantes, incluido el CSIF, en vísperas de las elecciones
autonómicas de 2012, las únicas que perdió el PSOE en Andalucía aunque conservó
el gobierno pactando con IU. Los
nuevos «caramelos» presupuestarios para funcionarios, laborales y
empleados del sector público llegan cuando soplan vientos electorales.
La posibilidad de que la
presidenta de la Junta de Andalucía convoque los comicios autonómicos antes de
tiempo -tocan en 2019- cobra cada día más fuerza. A ese relato contribuye el distanciamiento creciente con su
socio parlamentario, Ciudadanos, con el que pactó reducir sus entes
instrumentales en el acuerdo que facilitó su investidura, al cuarto intento, en
junio del año 2015.
La realidad dista mucho de las
intenciones. Los presupuestos de la Junta
para 2018 reservan la mayor partida de la historia para sueldos en dichos
entes: 969,7 millones. La «administración
paralela» no ha parado de engordar desde que Susana Díaz llegó a la
Presidencia. Mantener esta estructura a través
de subvenciones y transferencias cuesta 3.449 millones de euros, según la
cuentas autonómicas.
Anatomía del 'procés
TRIBUNA. ELISA DE LA NUEZ
TRIBUNA. ELISA DE LA NUEZ
17 JUL. 2018 01:27
Hace
unos días tuve la oportunidad de coincidir con un conjunto de expertos
(sociólogos, politólogos, juristas, economistas, historiadores, diplomáticos,
periodistas, empresarios e incluso psicólogos) en el curso que con el nombre
Anatomía del procés se celebró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
El nivel del curso y la atención que despertó en la audiencia fue altísimo, y
no es para menos. Probablemente -como dijo Manuel Valls, también presente en el
seminario- en Cataluña nos
jugamos muchas cosas a la vez: el futuro de la democracia liberal (o de la
única democracia conocida hasta ahora salvando el breve experimento de la
Atenas del siglo V antes de Cristo), el del Estado de derecho y hasta el del proyecto
europeo. Nos jugamos la modernidad,
en suma. Por eso es un fenómeno tan fascinante desde un punto de vista
intelectual y moral. Pero, sobre todo, no hay que olvidar a las personas
concretas que sufren día a día la ruptura de la convivencia en Cataluña, más
acusada en los núcleos de población pequeños y cerrados pero que se va
extendiendo también a las grandes ciudades. Muchos de los ponentes catalanes de
Santander contaban historias no muy diferentes de las que hemos oído o leído
acerca de otros países donde se ha producido una fractura civil: se extiende la
espiral del silencio, se señala al que no piensa igual y las instituciones ya
no protegen a una parte muy importante de la ciudadanía. Son instituciones de
parte, solo de y para los independentistas.
Conviene
recordarlo después de los acontecimientos de los últimos días, la reunión entre
el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat, y la decisión del
Tribunal alemán de Sleschwig-Holstein sobre la extradición de Puigdemont y de su
torticera utilización por
parte del Gobierno de la Generalitat. Como
es lógico, esta decisión no supone nada parecido a una convalidación de las
tesis independentistas de los "presos políticos" ni una
deslegitimación de la instrucción del juez español ni mucho menos una
"humillación" de los españoles en su conjunto. Los juristas sabemos
que los jueces discrepan muchas veces y que las decisiones contradictorias
abundan. El Estado de derecho tiene sus mecanismos para resolver esos
problemas, incluso en el caso de la euroorden, aunque son un poco más complejos
que los del Derecho nacional.
Es
cierto que las instituciones españolas también han sido tradicionalmente
ocupadas por los partidos políticos de
turno, lo que ha supuesto un grado de
politización importante con las
consiguientes ineficiencias. Contar con instituciones neutrales y profesionales es un requisito
fundamental de un Estado democrático moderno y una garantía muy importante para
la economía de mercado. La
profesionalización de la función pública tiene precisamente ese objetivo; los
funcionarios sirven con objetividad los intereses generales, que son los de todos los ciudadanos, y que no pueden
confundirse con los intereses de un partido. Claro
que, en la práctica, hay zonas grises máxime cuando hay demasiados funcionarios
que entran en política y cuando las carreras funcionariales dependen más del
favor político que del mérito y la capacidad. Pero en Cataluña la ocupación institucional es absoluta y
total -quizás porque siempre mandan los
mismos-, lo que representa un salto
cualitativo, en la medida en que se
presupone que la mitad de los catalanes sencillamente no tienen derecho a sus
propias instituciones.
Efectivamente,
en otras partes de España
no es posible la imagen de funcionarios del Estado recibiendo en la puerta de
un edificio público a su nuevo ministro del PSOE, agitando banderines con las siglas del partido. O el logo
del PP luciendo en la fachada de una Diputación o de una Consejería de Castilla
y León. En Cataluña sí es posible. Algo parecido cabe decir de los medios de
comunicación públicos; es cierto que a los partidos políticos les cuesta mucho
renunciar a controlarlos y ahí tenemos el último ejemplo en RTVE. Ya sabemos
que el camino hacia la neutralidad institucional es largo y tortuoso. Pero al
menos hay una demanda creciente de
neutralidad tanto por parte de los
trabajadores como de la ciudadanía. Y es que no es razonable pagar con el dinero de todos las
instituciones de unos cuantos. Pero la
ocupación de TV3 no se ha discutido hasta hace relativamente poco y solo se
empieza a hacer muy tímidamente. Lo mismo cabe decir de todas y cada una de las
instituciones catalanas, desde el Síndic de Greuges hasta el Parlament.
El
problema que subyace es sencillamente la resistencia a reconocer contrapesos o check and
balances (que en democracia son
consustanciales al ejercicio de poder)
por parte de unas élites muy acostumbradas a hacer y a deshacer a su antojo
desde hace muchos años. Como decía
Montesquieu, es sabido desde siempre que todo hombre con poder tiende a abusar
de él. Con el agravante de que en una sociedad relativamente pequeña, como es
la catalana, este ejercicio
del poder político prácticamente sin cortapisas y sin rendición de cuentas
puede volverse muy asfixiante si se extiende, como ha ocurrido, a prácticamente
todos los ámbitos de la vida -económico,
cultural y social- y se impulsa desde las instituciones y con dinero público.
El que este ejercicio prácticamente incontrolado del poder político (y en gran
parte económico y social) se hiciera en clave nacionalista facilitaba que
cualquier tipo de oposición se tachase de "anticatalana", lo que
coloca en una posición muy incómoda a los ciudadanos que pedían más
profesionalidad, más transparencia, menos corrupción y menos impunidad.
Durante
muchos años el discurso ideológico dominante
prometía que la cesión de este enorme poder
Cataluña a sus élites tradicionales era lo que aseguraba la inclusión y el
progreso económico y social de todos los ciudadanos, tanto de los catalanes de
origen, es decir, descendientes de padre y madre catalanes que tenían el
catalán como lengua materna, como de los catalanes de residencia, es decir, los
descendientes de los inmigrantes de otras regiones españolas cuya lengua
materna era el español. Indudablemente el segundo grupo contaba, al menos
inicialmente, con menos recursos económicos y educativos que el primero, y
además se movilizaba mucho menos en las elecciones autonómicas. El abandono por parte de las
instituciones españoles del espacio público en Cataluña gracias a una serie de pactos con los nacionalistas
catalanes para asegurarse la mayoría en el Parlamento nacional completó el
panorama.
Este
es el discurso y este es el modelo que ha enterrado el procés definitivamente.
La exclusión del poder político, social y económico que sufría una buena parte
de los catalanes no nacionalistas se ha manifestado de forma muy evidente, lo
mismo que el componente xenófobo e identitario del independentismo. En ese
sentido, la elección del presidente Torra visibiliza perfectamente esa ruptura.
En definitiva, lo
que estamos viendo en el independentismo es la nostalgia por un pasado
donde el sol poble -o, para ser más exactos, sus
élites- hacían y deshacían sin que nadie protestase demasiado y menos que nadie
los catalanes venidos de fuera. En ese sentido, la añoranza de una pequeña
patria identitaria recuerda a la de los brexiteers por el imperio perdido o a
la de los votantes de Trump por una América fuerte, masculina y blanca. Nada de
eso va a volver porque la historia avanza en una dirección distinta.
Afortunadamente, la nueva sociedad catalana es más abierta y más diversa y los
catalanes de diversas procedencias reclaman el espacio político que les
corresponde. En eso, al menos, el nacionalismo sí ha tenido éxito aunque quizás
no de la forma en que lo imaginó.
El
problema, claro está, es que el hecho de que el pasado no pueda volver no
garantiza que el futuro vaya a ser mejor. En sociedades diversas, plurales y
abiertas como son ya las nuestras en Occidente, la única forma de resolver los conflictos
entre ciudadanos que consideran -sin muchas razones objetivas, para qué nos
vamos a engañar- que tienen pocas cosas
en común es a través de los mecanismos de las viejas democracias liberales,
más necesarios hoy que nunca. Si una comunidad
intenta imponer su voluntad a la otra (y más, si como ocurre en Cataluña, las
dos representan más o menos la mitad de la población) la única posibilidad de
hacerlo es recurriendo al modelo de las llamadas democracia iliberales
eufemismo para referirnos a autocracias con elecciones, del tipo de Hungría,
Turquía, Polonia y otros discípulos aventajados. En estos modelos la pluralidad
y la diversidad real de sus sociedades tienen que ser eliminadas o, al menos,
silenciadas porque no se ajustan al modelo ideal que les gustaría a sus
gobernantes. Cabría también renunciar a la imposición de las preferencias de
una comunidad sobre la otra y optar por el modelo de dos comunidades
diferenciadas cada una con sus propias instituciones al que tienden -más o
menos explícitamente- países como Bélgica.
Lo
que está claro es que cualquiera de esos dos modelos es infinitamente peor que
el que todavía tenemos hoy en unos cuantos países afortunados, incluida España.
Nuestras democracias y las instituciones que las acompañan pueden ser
imperfectas y mejorables pero son también enormemente valiosas. Representan la mejor fórmula que los
seres humanos hemos podido diseñar para no confundir los errores intelectuales
con errores morales ni a los adversarios políticos con los enemigos.
Y es que, parafraseando a David Rieff, siempre
será preferible una diversidad desmoralizadora que una falsedad unificadora.
Elisa
de la Nuez es abogada del Estado, coeditora de ¿Hay derecho? y miembro del
consejo editorial de EL MUNDO.
SESIÓN DE CONTROL
De la urnofobia al emoticono
JORGE BUSTOS
Mes
y medio después de la moción donde debió hacerlo, Pedro
Sánchez presentó en el Congreso su programa de Gobierno, o su programa
electoral. Eligió para ello el Día Mundial del Emoticono, y en eso nadie va a
discutirle la coherencia: el emoticono es un invento de los ingenieros de Silicon Valley para
ahorrarnos el esfuerzo del lenguaje articulado y el sanchismo es un invento de los spin doctors de
Moncloa para ahorrarse el trámite de gobernar con escaños. ¿Estamos ante un
Gobierno corto o ante un spot largo? ¿Vale la pena indignarse por las amenazas
a la enseñanza concertada o a la industria del diésel? ¿Cuántas de las reformas
anunciadas se llevarán finalmente a término? Es la pregunta que en estos
momentos se están haciendo la momia de Franco en
la huesa de Cuelgamuros y los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal en el
confortable anonimato del que Sánchez ya no quiere sacarles.
El presidente del Gobierno es un hombre audaz, pues hace falta audacia
para llegar a presidente como ha llegado, pero a cambio padece dos miedos
paralizantes: a los periodistas y a
los votantes. De
los primeros teme las preguntas, y para eso envía a las ruedas de prensa a sus
ministras, y de los segundos teme la intención de voto, y para eso coloca en
los fogones del CIS a don Tezanos, que
llega con el mandil puesto y el carné en la boca. A este síndrome sanchista del
pánico electoral lo ha bautizado Hughes como
urnofobia, contra la cual solo se conoce un tratamiento: el dinero público, que
ya se sabe que no es de nadie. El plan es comprar en el mínimo tiempo posible el
máximo número de voluntades con cargo al bolsillo del contribuyente. Puede intentarlo porque recibe una
España que crece al 3% y porque Calviño ha
rogado a sus colegas bruselenses que hagan la vista gorda mientras engrasa con
más déficit la campaña de las autonómicas. Y así es como, Sánchez, gobernando con los Presupuestos
del centro-derecha, rinde tributo a la sentencia de Josep Pla, que advirtió que el socialismo es un
lujo pagado por el capitalismo.
He
notado que la política
sanchista se escribe con efe, de Ferraz. Y de Franco, feminismo, fiscalidad, favores,
filtraciones, flashes, farsa. Sus filias se dirigen a populistas y nacionalistas,
aunque a veces no atinen todos juntos a
aprobar un decretazo como el de RTVE (el monstruo de Frankenstein nunca fue un
dechado de coordinación). Las fobias están más definidas: el enemigo no es el
PP, con el que siempre se puede pastelear un consejo de jueces o uno de medios,
sino el "señor Rivera", aquel con el que firmó un pacto de gobierno
hace dos años y al que ahora tilda de extrema derecha, lo que convertiría a
Susana Díaz en la Salvini del sur. Atacando a Ciudadanos el Gobierno reconoce quién lidera la oposición, pues el PP está ocupado en renovarse con una quijada de
burro y Podemos apenas encuentra en la inmigración y en la monarquía espacio
para diferenciarse del PSOE. Casado y Santamaría entraban y salían del
hemiciclo, pero siempre por separado, y cuando trascendió su reunión supimos
que más bien se trató de un encontronazo. Parece que pelearán hasta el final, y
es lo suyo, porque si pactaran ahora estarían burlándose del militante. Que por
otra parte es lo que se ha hecho toda la vida y lo que explica el raquitismo
del censo.
El
mejor aliado de Sánchez será el verano, que siempre nos baja las defensas.
Luego vendrá el otoño, hosco como el ceño de Rafa Hernando, tórrido
como el amor de Torra. Y veremos entonces quién abandona este chat de contactos
promiscuos donde lo real se encripta y lo fingido se airea y que solo un exagerado puede llamar ya
legislatura.
El despilfarro de Sánchez costará 1.230 euros a cada trabajador
ocupado
• Los nuevos objetivos de déficit suponen un aumento de la
deuda equivalente a 23.400 millones.
Nada
más llegar al gobierno, el presidente Pedro Sánchez anunció que cumpliría los
compromisos adquiridos con Bruselas en materia presupuestaria. El nombramiento
de Nadia Calviño como ministra de Economía fue interpretado como una señal en
esta dirección, dada la dilatada carrera de la tecnócrata gallega en las
instituciones comunitarias. Sin embargo, los planes de Moncloa han cambiado en menos de un mes de gobierno.
Así,
la pasada semana conocíamos los nuevos planes fiscales que maneja el Gobierno
socialista. Según explicó María Jesús Montero, responsable del ministerio de
Hacienda, el plan del gabinete de Pedro
Sánchez es elevar el objetivo de déficit planteado para los próximos cuatro
ejercicios: 2018, 2019, 2020 y 2021.
La
senda de reducción del descuadre fiscal que el gobierno de Mariano Rajoy había
pactado con los socios europeos arrojaba un déficit del 2,2% del PIB en 2018.
Sin embargo, este objetivo pasa ahora a ser del 2,7% del PIB, cinco décimas por encima. Algo similar ocurre con las cuentas para 2019: aunque el
Ejecutivo popular contemplaba un déficit del 1,3% del PIB, el nuevo gobierno pretende saldar dicho ejercicio con
un descuadre del 1,8% del PIB
También
hay diferencias planteadas para los dos siguientes cursos. En 2020 se esperaba
un descuadre del 0,5% del PIB que ahora pasa a ser del 1,1% del PIB, un aumento
de seis décimas. Para 2021, el objetivo fijado por la Administración Rajoy apuntaba a un
tímido superávit del 0,1% del PIB, mientras
que Sánchez se compromete a cerrar el año con un déficit del 0,4% del PIB.
En
total, hablamos de un desfase fiscal
adicional equivalente al 2,1% del PIB. Si
tomamos como referencia las cifras del INE sobre la producción bruta de nuestra
economía, el peso real de dicha
magnitud sería de 23.400 millones de euros. Y,
en la medida en que dichos recursos serán financiados vía emisiones del Tesoro,
la deuda pública va a experimentar un
aumento muy superior al esperado.
La
situación resulta especialmente sangrante porque, como acredita el Día de la
Deuda que publican Foro Regulación Inteligente e Instituto Económico Molinari,
España es el segundo país de la UE-28 que cubre un mayor número de días de gasto fiscal con emisiones de nuevas obligaciones financieras en vez de con recursos
propios.
Para
poner esos 23.400 millones de euros en perspectiva, podríamos comparar dicha
magnitud con dos variables. Si los oponemos al número de asalariados, vemos que cada trabajador soportaría 1.230
euros más de carga fiscal
como consecuencia del deterioro de los objetivos de déficit. Si los comparamos con el número total de habitantes, la
cifra a la que llegamos es de 540 euros por español.
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