miércoles, 18 de julio de 2018

Importante. La Junta de Andalucía subirá los sueldos y hará fijos a temporales de su «administración paralela» +Anatomía del 'procés, Elisa de la nuez, contar con instituciones neutrales y profesionales es un requisito esencial de un Estado democrático moderno.... + ¿Qué ocurre en la Fiscalía andaluza? Por Cornelia Cinna, sin desperdicio, ver enlace ya publicado + De la urnofobia al emoticono, por Jorge Bustos; Pedro Sánchez "El plan es comprar en el mínimo tiempo posible el máximo número de voluntades con cargo al bolsillo del contribuyente" + El despilfarro de Sánchez costará 1.230 euros a cada trabajador ocupado= Hay dos Régimenes, el andaluz y el catalan, donde las instituciones están al servicio de los partidos y no de los ciudadanos; el uso partidista del dinero público, los mantiene a ambos, con ello compran votos y paga a sus "clientelas" y con ello consiguen su objetivo, que es seguir gobernando; no tienen límites, carecen de escrúpulos y viven del erario público. En Andalucía y en Cataluña siempre han gobernado los mismos. Pedro Sanchez, el aprendiz, está haciendo lo mismo, su objetivo es mantenerse en el poder al precio que sea; la cuenta la pagan los españoles. Su plan es idéntico al de los sociolistos andaluces y al de los secesionistas catalanes; "comprar en el mínimo tiempo posible el máximo número de voluntades con cargo al bolsillo del contribuyente", su deriva la pagaremos todos....Es ineludible poner punto final a la colonización partidista de las instituciones, y al uso del dinero público para comprar votos y clientelas, como instrumento y forma de seguir en el poder. Poner límites a la corrupción institucional, es cosa de todos, no cabe ya mirar hacia otro lado, se han roto todos los límites. La imparcialidad, la legalidad y el interés general de los ciudadanos, es la razón de ser de las instituciones públicas, y el pago de los impuestos solo se justifican si los servicios públicos y las intituciones mejoran la vida de los ciudadanos. Los funcionarios y servidores públicos, los profesionales, tienen que dar un paso al frente y preservar la actuación pública, tienen el mérito y la capacidad necesaria para ello, puesto que han accedido al empleo publico en concurrencia competitiva, art. 23.2 Constitución española y se deben al servicio de los ciudadanos y del interés general, ejemplos de ello son, el juez Llarena, la Sra. Alaya, el juez de los cursos de formación, todos se han posicionado y defienden el interés general de los ciudadanos......... Ya lo estamos sufriendo, cuando el acceso al empleo público, se desvirtúa y se politiza, y se laxan los controles, como ha ocurrido en Andalucía y en Cataluña y en numerosas parte de las instituciones publicas , y nos gobierna una clase pólitica mediocre y sin valores, degeneramos todos, la corrupción institucional nos asola, estamos en un camino sin retorno ….El uso del dinero de los impuestos de todos, con fines partidistas y la colonización de las instituciones de todos, no es de recibo; hay que poner límites, estos "gogernantes", sociolistos andaluces, catalanes secesionistas y los sociolistos de Pedro Sanchez y sus apoyos, podemitas, proetarras o separatistas, lo están destrozando todo....


FUNCIÓN PÚBLICA. La Junta de Andalucía subirá los sueldos y hará fijos a temporales de su «administración paralela»


Susana Díaz charla con el presidente de CSIF Andalucía, en presencia de su consejero Ramírez de Arellano

  • Pacta con los sindicatos crear un grupo de trabajo para consolidar su «administración paralela» y limar los flecos que dejó la polémica «ley del enchufismo»



El Gobierno andaluz quiere hacer extensivas sus concesiones a los funcionarios también a buena parte de los 23.899 empleados que trabajan en el conjunto de agencias, sociedades, fundaciones y consorcios que componen su administración paralela. El acuerdo marco de la mesa general de negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, suscrito el pasado viernes en el Palacio de San Telmo por el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, y los sindicatos CSIF, UGT Y CCOO, encierra un artículo que ha pasado inadvertido, eclipsado por la ampliación a 20 semanas de los permisos por paternidad y maternidad de los empleados públicos.

La cláusula novena del documento, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, contempla la creación de un grupo de trabajo entre los firmantes del pacto para aumentar al menos un 8,79 por ciento los sueldos del personal de las entidades públicas entre 2018 y 2020, homologar la jornada laboral y las condiciones de trabajo, e incluye como plato fuerte «la estabilización del empleo temporal en el sector público instrumental»…

……Los presupuestos de la Junta para 2018 reservan la mayor partida de la historia para sueldos en dichos entes: 969,7 millones. La «administración paralela» no ha parado de engordar desde que Susana Díaz llegó a la Presidencia. Mantener esta estructura a través de subvenciones y transferencias cuesta 3.449 millones de euros, según la cuentas autonómicas.

Anatomía del 'procés TRIBUNA, por ELISA DE LA NUEZ



......Es cierto que las instituciones españolas también han sido tradicionalmente ocupadas por los partidos políticos de turno, lo que ha supuesto un grado de politización importante con las consiguientes ineficiencias. Contar con instituciones neutrales y profesionales es un requisito fundamental de un Estado democrático moderno y una garantía muy importante para la economía de mercado. La profesionalización de la función pública tiene precisamente ese objetivo; los funcionarios sirven con objetividad los intereses generales, que son los de todos los ciudadanos, y que no pueden confundirse con los intereses de un partido. Claro que, en la práctica, hay zonas grises máxime cuando hay demasiados funcionarios que entran en política y cuando las carreras funcionariales dependen más del favor político que del mérito y la capacidad. Pero en Cataluña la ocupación institucional es absoluta y total -quizás porque siempre mandan los mismos-, lo que representa un salto cualitativo, en la medida en que se presupone que la mitad de los catalanes sencillamente no tienen derecho a sus propias instituciones.

De la urnofobia al emoticono, por Jorge Bustos.


......El presidente del Gobierno es un hombre audaz, pues hace falta audacia para llegar a presidente como ha llegado, pero a cambio padece dos miedos paralizantes: a los periodistas y a los votantes. De los primeros teme las preguntas, y para eso envía a las ruedas de prensa a sus ministras, y de los segundos teme la intención de voto, y para eso coloca en los fogones del CIS a don Tezanos, que llega con el mandil puesto y el carné en la boca. A este síndrome sanchista del pánico electoral lo ha bautizado Hughes como urnofobia, contra la cual solo se conoce un tratamiento: el dinero público, que ya se sabe que no es de nadie. El plan es comprar en el mínimo tiempo posible el máximo número de voluntades con cargo al bolsillo del contribuyente. Puede intentarlo porque recibe una España que crece al 3% y porque Calviño ha rogado a sus colegas bruselenses que hagan la vista gorda mientras engrasa con más déficit la campaña de las autonómicas. Y así es como, Sánchez, gobernando con los Presupuestos del centro-derecha, rinde tributo a la sentencia de Josep Pla, que advirtió que el socialismo es un lujo pagado por el capitalismo.

El despilfarro de Sánchez costará 1.230 euros a cada trabajador ocupado



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  • Los nuevos objetivos de déficit suponen un aumento de la deuda equivalente a 23.400 millones.
Nada más llegar al gobierno, el presidente Pedro Sánchez anunció que cumpliría los compromisos adquiridos con Bruselas en materia presupuestaria. El nombramiento de Nadia Calviño como ministra de Economía fue interpretado como una señal en esta dirección, dada la dilatada carrera de la tecnócrata gallega en las instituciones comunitarias. Sin embargo, los planes de Moncloa han cambiado en menos de un mes de gobierno.

Así, la pasada semana conocíamos los nuevos planes fiscales que maneja el Gobierno socialista. Según explicó María Jesús Montero, responsable del ministerio de Hacienda, el plan del gabinete de Pedro Sánchez es elevar el objetivo de déficit planteado para los próximos cuatro ejercicios: 2018, 2019, 2020 y 2021......


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......Para 2021, el objetivo fijado por la Administración Rajoy apuntaba a un tímido superávit del 0,1% del PIB, mientras que Sánchez se compromete a cerrar el año con un déficit del 0,4% del PIB.

En total, hablamos de un desfase fiscal adicional equivalente al 2,1% del PIB. Si tomamos como referencia las cifras del INE sobre la producción bruta de nuestra economía, el peso real de dicha magnitud sería de 23.400 millones de euros. Y, en la medida en que dichos recursos serán financiados vía emisiones del Tesoro, la deuda pública va a experimentar un aumento muy superior al esperado.

La situación resulta especialmente sangrante porque, como acredita el Día de la Deuda que publican Foro Regulación Inteligente e Instituto Económico Molinari, España es el segundo país de la UE-28 que cubre un mayor número de días de gasto fiscal con emisiones de nuevas obligaciones financieras en vez de con recursos propios.

Para poner esos 23.400 millones de euros en perspectiva, podríamos comparar dicha magnitud con dos variables. Si los oponemos al número de asalariados, vemos que cada trabajador soportaría 1.230 euros más de carga fiscal como consecuencia del deterioro de los objetivos de déficit. Si los comparamos con el número total de habitantes, la cifra a la que llegamos es de 540 euros por español.









FUNCIÓN PÚBLICA
La Junta de Andalucía subirá los sueldos y hará fijos a temporales de su «administración paralela»


Susana Díaz charla con el presidente de CSIF Andalucía, en presencia de su consejero Ramírez de Arellano


  • Pacta con los sindicatos crear un grupo de trabajo para consolidar su «administración paralela» y limar los flecos que dejó la polémica «ley del enchufismo»
El Gobierno andaluz quiere hacer extensivas sus concesiones a los funcionarios también a buena parte de los 23.899 empleados que trabajan en el conjunto de agencias, sociedades, fundaciones y consorcios que componen su administración paralela. El acuerdo marco de la mesa general de negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, suscrito el pasado viernes en el Palacio de San Telmo por el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Antonio Ramírez de Arellano, y los sindicatos CSIF, UGT Y CCOO, encierra un artículo que ha pasado inadvertido, eclipsado por la ampliación a 20 semanas de los permisos por paternidad y maternidad de los empleados públicos.

La cláusula novena del documento, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, contempla la creación de un grupo de trabajo entre los firmantes del pacto para aumentar al menos un 8,79 por ciento los sueldos del personal de las entidades públicas entre 2018 y 2020, homologar la jornada laboral y las condiciones de trabajo, e incluye como plato fuerte «la estabilización del empleo temporal en el sector público instrumental».

En una declaración de intenciones extremadamente retórica y difusa fija como objetivo «contribuir a la racionalización y sostenibilidad del sector público instrumental, y promover la defensa global y el desarrollo armónico de los recursos humanos en este ámbito». Sin perjuicio de la posterior negociación colectiva que se realice en cada caso, el acuerdo se marca como prioridad hacer fijos a los interinos de los entes instrumentales ofertando un número de plazas que todavía está por concretar.

CSIF, CCOO y UGT han pactado subir al menos un 8,79% los sueldos del personal del sector público

La intención, compartida por la Junta y los sindicatos firmantes, es que los empleos temporales nunca superen la tasa del 8%. Se da la paradoja de que en la mesa general de negociación, que promueve este plan de estabilización, no tiene representación el personal de estos organismos satélites.

El documento contempla que todo el personal de dichas entidades disfrute de los mismos permisos que los funcionarios regulados en el Texto de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, a excepción de las jornadas de asuntos particulares que se establecerán según la antigüedad.

Este acuerdo busca la reconciliación definitiva con los funcionarios, con los que el Ejecutivo socialista ha mantenido sonados encontronazos en los últimos años por la pérdida de pagas y derechos durante la crisis.

¿Segunda reordenación?

El Gobierno se apunta otro tanto con el personal de la «administración paralela» a través de la que podría ser la segunda gran revisión que lleva a cabo tras la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, aprobada en 2011 entre las manifestaciones de los funcionarios autonómicos que la bautizaron como «ley del enchufismo».

La norma, que acabó avalando el Tribunal Constitucional en 2015, supuso la integración en la Administración de unos 25.000 trabajadores del entramado de agencias, empresas y fundaciones. Muchos de los cuales accedieron a la condición de empleados públicos después de superar procesos selectivos opacos, según ha constatado la Cámara de Cuentas en sucesivos informes de fiscalización, y cobran sueldos muy dispares debido a la distinta procedencia del personal subrogado.

Aquella ley sacó a la calle a los sindicatos más beligerantes, incluido el CSIF, en vísperas de las elecciones autonómicas de 2012, las únicas que perdió el PSOE en Andalucía aunque conservó el gobierno pactando con IU. Los nuevos «caramelos» presupuestarios para funcionarios, laborales y empleados del sector público llegan cuando soplan vientos electorales.

La posibilidad de que la presidenta de la Junta de Andalucía convoque los comicios autonómicos antes de tiempo -tocan en 2019- cobra cada día más fuerza. A ese relato contribuye el distanciamiento creciente con su socio parlamentario, Ciudadanos, con el que pactó reducir sus entes instrumentales en el acuerdo que facilitó su investidura, al cuarto intento, en junio del año 2015.

La realidad dista mucho de las intenciones. Los presupuestos de la Junta para 2018 reservan la mayor partida de la historia para sueldos en dichos entes: 969,7 millones. La «administración paralela» no ha parado de engordar desde que Susana Díaz llegó a la Presidencia. Mantener esta estructura a través de subvenciones y transferencias cuesta 3.449 millones de euros, según la cuentas autonómicas.



Anatomía del 'procés



TRIBUNA. ELISA DE LA NUEZ
17 JUL. 2018 01:27

Hace unos días tuve la oportunidad de coincidir con un conjunto de expertos (sociólogos, politólogos, juristas, economistas, historiadores, diplomáticos, periodistas, empresarios e incluso psicólogos) en el curso que con el nombre Anatomía del procés se celebró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El nivel del curso y la atención que despertó en la audiencia fue altísimo, y no es para menos. Probablemente -como dijo Manuel Valls, también presente en el seminario- en Cataluña nos jugamos muchas cosas a la vez: el futuro de la democracia liberal (o de la única democracia conocida hasta ahora salvando el breve experimento de la Atenas del siglo V antes de Cristo), el del Estado de derecho y hasta el del proyecto europeo. Nos jugamos la modernidad, en suma. Por eso es un fenómeno tan fascinante desde un punto de vista intelectual y moral. Pero, sobre todo, no hay que olvidar a las personas concretas que sufren día a día la ruptura de la convivencia en Cataluña, más acusada en los núcleos de población pequeños y cerrados pero que se va extendiendo también a las grandes ciudades. Muchos de los ponentes catalanes de Santander contaban historias no muy diferentes de las que hemos oído o leído acerca de otros países donde se ha producido una fractura civil: se extiende la espiral del silencio, se señala al que no piensa igual y las instituciones ya no protegen a una parte muy importante de la ciudadanía. Son instituciones de parte, solo de y para los independentistas.

Conviene recordarlo después de los acontecimientos de los últimos días, la reunión entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat, y la decisión del Tribunal alemán de Sleschwig-Holstein sobre la extradición de Puigdemont y de su torticera utilización por parte del Gobierno de la Generalitat. Como es lógico, esta decisión no supone nada parecido a una convalidación de las tesis independentistas de los "presos políticos" ni una deslegitimación de la instrucción del juez español ni mucho menos una "humillación" de los españoles en su conjunto. Los juristas sabemos que los jueces discrepan muchas veces y que las decisiones contradictorias abundan. El Estado de derecho tiene sus mecanismos para resolver esos problemas, incluso en el caso de la euroorden, aunque son un poco más complejos que los del Derecho nacional.

Es cierto que las instituciones españolas también han sido tradicionalmente ocupadas por los partidos políticos de turno, lo que ha supuesto un grado de politización importante con las consiguientes ineficiencias. Contar con instituciones neutrales y profesionales es un requisito fundamental de un Estado democrático moderno y una garantía muy importante para la economía de mercado. La profesionalización de la función pública tiene precisamente ese objetivo; los funcionarios sirven con objetividad los intereses generales, que son los de todos los ciudadanos, y que no pueden confundirse con los intereses de un partido. Claro que, en la práctica, hay zonas grises máxime cuando hay demasiados funcionarios que entran en política y cuando las carreras funcionariales dependen más del favor político que del mérito y la capacidad. Pero en Cataluña la ocupación institucional es absoluta y total -quizás porque siempre mandan los mismos-, lo que representa un salto cualitativo, en la medida en que se presupone que la mitad de los catalanes sencillamente no tienen derecho a sus propias instituciones.

Efectivamente, en otras partes de España no es posible la imagen de funcionarios del Estado recibiendo en la puerta de un edificio público a su nuevo ministro del PSOE, agitando banderines con las siglas del partido. O el logo del PP luciendo en la fachada de una Diputación o de una Consejería de Castilla y León. En Cataluña sí es posible. Algo parecido cabe decir de los medios de comunicación públicos; es cierto que a los partidos políticos les cuesta mucho renunciar a controlarlos y ahí tenemos el último ejemplo en RTVE. Ya sabemos que el camino hacia la neutralidad institucional es largo y tortuoso. Pero al menos hay una demanda creciente de neutralidad tanto por parte de los trabajadores como de la ciudadanía. Y es que no es razonable pagar con el dinero de todos las instituciones de unos cuantos. Pero la ocupación de TV3 no se ha discutido hasta hace relativamente poco y solo se empieza a hacer muy tímidamente. Lo mismo cabe decir de todas y cada una de las instituciones catalanas, desde el Síndic de Greuges hasta el Parlament.

El problema que subyace es sencillamente la resistencia a reconocer contrapesos o check and balances (que en democracia son consustanciales al ejercicio de poder) por parte de unas élites muy acostumbradas a hacer y a deshacer a su antojo desde hace muchos años. Como decía Montesquieu, es sabido desde siempre que todo hombre con poder tiende a abusar de él. Con el agravante de que en una sociedad relativamente pequeña, como es la catalana, este ejercicio del poder político prácticamente sin cortapisas y sin rendición de cuentas puede volverse muy asfixiante si se extiende, como ha ocurrido, a prácticamente todos los ámbitos de la vida -económico, cultural y social- y se impulsa desde las instituciones y con dinero público. El que este ejercicio prácticamente incontrolado del poder político (y en gran parte económico y social) se hiciera en clave nacionalista facilitaba que cualquier tipo de oposición se tachase de "anticatalana", lo que coloca en una posición muy incómoda a los ciudadanos que pedían más profesionalidad, más transparencia, menos corrupción y menos impunidad.

Durante muchos años el discurso ideológico dominante prometía que la cesión de este enorme poder Cataluña a sus élites tradicionales era lo que aseguraba la inclusión y el progreso económico y social de todos los ciudadanos, tanto de los catalanes de origen, es decir, descendientes de padre y madre catalanes que tenían el catalán como lengua materna, como de los catalanes de residencia, es decir, los descendientes de los inmigrantes de otras regiones españolas cuya lengua materna era el español. Indudablemente el segundo grupo contaba, al menos inicialmente, con menos recursos económicos y educativos que el primero, y además se movilizaba mucho menos en las elecciones autonómicas. El abandono por parte de las instituciones españoles del espacio público en Cataluña gracias a una serie de pactos con los nacionalistas catalanes para asegurarse la mayoría en el Parlamento nacional completó el panorama.

Este es el discurso y este es el modelo que ha enterrado el procés definitivamente. La exclusión del poder político, social y económico que sufría una buena parte de los catalanes no nacionalistas se ha manifestado de forma muy evidente, lo mismo que el componente xenófobo e identitario del independentismo. En ese sentido, la elección del presidente Torra visibiliza perfectamente esa ruptura. En definitiva, lo que estamos viendo en el independentismo es la nostalgia por un pasado donde el sol poble -o, para ser más exactos, sus élites- hacían y deshacían sin que nadie protestase demasiado y menos que nadie los catalanes venidos de fuera. En ese sentido, la añoranza de una pequeña patria identitaria recuerda a la de los brexiteers por el imperio perdido o a la de los votantes de Trump por una América fuerte, masculina y blanca. Nada de eso va a volver porque la historia avanza en una dirección distinta. Afortunadamente, la nueva sociedad catalana es más abierta y más diversa y los catalanes de diversas procedencias reclaman el espacio político que les corresponde. En eso, al menos, el nacionalismo sí ha tenido éxito aunque quizás no de la forma en que lo imaginó.

El problema, claro está, es que el hecho de que el pasado no pueda volver no garantiza que el futuro vaya a ser mejor. En sociedades diversas, plurales y abiertas como son ya las nuestras en Occidente, la única forma de resolver los conflictos entre ciudadanos que consideran -sin muchas razones objetivas, para qué nos vamos a engañar- que tienen pocas cosas en común es a través de los mecanismos de las viejas democracias liberales, más necesarios hoy que nunca. Si una comunidad intenta imponer su voluntad a la otra (y más, si como ocurre en Cataluña, las dos representan más o menos la mitad de la población) la única posibilidad de hacerlo es recurriendo al modelo de las llamadas democracia iliberales eufemismo para referirnos a autocracias con elecciones, del tipo de Hungría, Turquía, Polonia y otros discípulos aventajados. En estos modelos la pluralidad y la diversidad real de sus sociedades tienen que ser eliminadas o, al menos, silenciadas porque no se ajustan al modelo ideal que les gustaría a sus gobernantes. Cabría también renunciar a la imposición de las preferencias de una comunidad sobre la otra y optar por el modelo de dos comunidades diferenciadas cada una con sus propias instituciones al que tienden -más o menos explícitamente- países como Bélgica.

Lo que está claro es que cualquiera de esos dos modelos es infinitamente peor que el que todavía tenemos hoy en unos cuantos países afortunados, incluida España. Nuestras democracias y las instituciones que las acompañan pueden ser imperfectas y mejorables pero son también enormemente valiosas. Representan la mejor fórmula que los seres humanos hemos podido diseñar para no confundir los errores intelectuales con errores morales ni a los adversarios políticos con los enemigos. Y es que, parafraseando a David Rieff, siempre será preferible una diversidad desmoralizadora que una falsedad unificadora.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado, coeditora de ¿Hay derecho? y miembro del consejo editorial de EL MUNDO.



SESIÓN DE CONTROL

De la urnofobia al emoticono

JORGE BUSTOS
Mes y medio después de la moción donde debió hacerlo, Pedro Sánchez presentó en el Congreso su programa de Gobierno, o su programa electoral. Eligió para ello el Día Mundial del Emoticono, y en eso nadie va a discutirle la coherencia: el emoticono es un invento de los ingenieros de Silicon Valley para ahorrarnos el esfuerzo del lenguaje articulado y el sanchismo es un invento de los spin doctors de Moncloa para ahorrarse el trámite de gobernar con escaños. ¿Estamos ante un Gobierno corto o ante un spot largo? ¿Vale la pena indignarse por las amenazas a la enseñanza concertada o a la industria del diésel? ¿Cuántas de las reformas anunciadas se llevarán finalmente a término? Es la pregunta que en estos momentos se están haciendo la momia de Franco en la huesa de Cuelgamuros y los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal en el confortable anonimato del que Sánchez ya no quiere sacarles.

El presidente del Gobierno es un hombre audaz, pues hace falta audacia para llegar a presidente como ha llegado, pero a cambio padece dos miedos paralizantes: a los periodistas y a los votantes. De los primeros teme las preguntas, y para eso envía a las ruedas de prensa a sus ministras, y de los segundos teme la intención de voto, y para eso coloca en los fogones del CIS a don Tezanos, que llega con el mandil puesto y el carné en la boca. A este síndrome sanchista del pánico electoral lo ha bautizado Hughes como urnofobia, contra la cual solo se conoce un tratamiento: el dinero público, que ya se sabe que no es de nadie. El plan es comprar en el mínimo tiempo posible el máximo número de voluntades con cargo al bolsillo del contribuyente. Puede intentarlo porque recibe una España que crece al 3% y porque Calviño ha rogado a sus colegas bruselenses que hagan la vista gorda mientras engrasa con más déficit la campaña de las autonómicas. Y así es como, Sánchez, gobernando con los Presupuestos del centro-derecha, rinde tributo a la sentencia de Josep Pla, que advirtió que el socialismo es un lujo pagado por el capitalismo.

He notado que la política sanchista se escribe con efe, de Ferraz. Y de Franco, feminismo, fiscalidad, favores, filtraciones, flashes, farsa. Sus filias se dirigen a populistas y nacionalistas, aunque a veces no atinen todos juntos a aprobar un decretazo como el de RTVE (el monstruo de Frankenstein nunca fue un dechado de coordinación). Las fobias están más definidas: el enemigo no es el PP, con el que siempre se puede pastelear un consejo de jueces o uno de medios, sino el "señor Rivera", aquel con el que firmó un pacto de gobierno hace dos años y al que ahora tilda de extrema derecha, lo que convertiría a Susana Díaz en la Salvini del sur. Atacando a Ciudadanos el Gobierno reconoce quién lidera la oposición, pues el PP está ocupado en renovarse con una quijada de burro y Podemos apenas encuentra en la inmigración y en la monarquía espacio para diferenciarse del PSOE. Casado y Santamaría entraban y salían del hemiciclo, pero siempre por separado, y cuando trascendió su reunión supimos que más bien se trató de un encontronazo. Parece que pelearán hasta el final, y es lo suyo, porque si pactaran ahora estarían burlándose del militante. Que por otra parte es lo que se ha hecho toda la vida y lo que explica el raquitismo del censo.

El mejor aliado de Sánchez será el verano, que siempre nos baja las defensas. Luego vendrá el otoño, hosco como el ceño de Rafa Hernando, tórrido como el amor de Torra. Y veremos entonces quién abandona este chat de contactos promiscuos donde lo real se encripta y lo fingido se airea y que solo un exagerado puede llamar ya legislatura.




El despilfarro de Sánchez costará 1.230 euros a cada trabajador ocupado




    Los nuevos objetivos de déficit suponen un aumento de la deuda equivalente a 23.400 millones.

Nada más llegar al gobierno, el presidente Pedro Sánchez anunció que cumpliría los compromisos adquiridos con Bruselas en materia presupuestaria. El nombramiento de Nadia Calviño como ministra de Economía fue interpretado como una señal en esta dirección, dada la dilatada carrera de la tecnócrata gallega en las instituciones comunitarias. Sin embargo, los planes de Moncloa han cambiado en menos de un mes de gobierno.

Así, la pasada semana conocíamos los nuevos planes fiscales que maneja el Gobierno socialista. Según explicó María Jesús Montero, responsable del ministerio de Hacienda, el plan del gabinete de Pedro Sánchez es elevar el objetivo de déficit planteado para los próximos cuatro ejercicios: 2018, 2019, 2020 y 2021.

La senda de reducción del descuadre fiscal que el gobierno de Mariano Rajoy había pactado con los socios europeos arrojaba un déficit del 2,2% del PIB en 2018. Sin embargo, este objetivo pasa ahora a ser del 2,7% del PIB, cinco décimas por encima. Algo similar ocurre con las cuentas para 2019: aunque el Ejecutivo popular contemplaba un déficit del 1,3% del PIB, el nuevo gobierno pretende saldar dicho ejercicio con un descuadre del 1,8% del PIB

También hay diferencias planteadas para los dos siguientes cursos. En 2020 se esperaba un descuadre del 0,5% del PIB que ahora pasa a ser del 1,1% del PIB, un aumento de seis décimas. Para 2021, el objetivo fijado por la Administración Rajoy apuntaba a un tímido superávit del 0,1% del PIB, mientras que Sánchez se compromete a cerrar el año con un déficit del 0,4% del PIB.

En total, hablamos de un desfase fiscal adicional equivalente al 2,1% del PIB. Si tomamos como referencia las cifras del INE sobre la producción bruta de nuestra economía, el peso real de dicha magnitud sería de 23.400 millones de euros. Y, en la medida en que dichos recursos serán financiados vía emisiones del Tesoro, la deuda pública va a experimentar un aumento muy superior al esperado.

La situación resulta especialmente sangrante porque, como acredita el Día de la Deuda que publican Foro Regulación Inteligente e Instituto Económico Molinari, España es el segundo país de la UE-28 que cubre un mayor número de días de gasto fiscal con emisiones de nuevas obligaciones financieras en vez de con recursos propios.

Para poner esos 23.400 millones de euros en perspectiva, podríamos comparar dicha magnitud con dos variables. Si los oponemos al número de asalariados, vemos que cada trabajador soportaría 1.230 euros más de carga fiscal como consecuencia del deterioro de los objetivos de déficit. Si los comparamos con el número total de habitantes, la cifra a la que llegamos es de 540 euros por español.



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