Segarra, una fiscal general del Estado enemiga de la juez Alaya ¿¿¿????
Artículo
de Mara Mago
- El PP la acusó dos veces de guardar en un cajón unas grabaciones que dieron pie al caso Mercasevilla, origen del caso ERE, en el que la fiscal jefe apoyó la recusación de su instructora, la juez Alaya.
- "Estos jueces y fiscales de esas asociaciones progresistas son tan activistas que subordinan su profesión a un criterio subjetivo que considera que la aplicación social de la ley exige una interpretación ideológica y flexible. Como en la ranchera, ellos SON LA LEY...y Garzón su capitán"
...Segarra era desde 2004 fiscal
jefe de Sevilla, donde siempre ha cuidado de los intereses del PSOE,
especialmente en la Junta de Andalucía, ante la avalancha de casos de
corrupción que se producen en su seno. El PP la acusó dos veces de guardar en
un cajón unas grabaciones que dieron pie al caso Mercasevilla, origen del caso
ERE, en el que la fiscal jefe apoyó la
recusación de su instructora, la juez Alaya. No tuvo éxito en este primer intento de quitarla de en medio. Y
ahí comenzó su enemistad. Algunos medios informativos lo
cuentan siempre al revés.
…..Además, y entre otras, Segarra
recibió críticas por el caso de Mari Luz Cortés y de Marta del Castillo. Fue denunciada por encubrimiento en un caso de
tráfico de menores. Y, más recientemente, Jesús Candel, el médico granadino que preside la
Asociación Justicia por la Sanidad, ha cuestionado
también su gestión tras el archivo de continuas denuncias presentadas por su
organización contra la Junta de Andalucía y está
incluida en la denuncia de la Asociación arriba mencionada.
El papel de la Fiscalía en la
macrocausa de los ERE
El papel que ha jugado la Fiscalía
sevillana en el caso de los Expedientes fraudulentos de Regulación de Empleo (ERE falsos) y en otras muchas causas de
corrupción en las que está implicado el socialismo andaluz, sólo o en compañía de otros, nos puede indicar cuál va ser el sello que imprima
María José Segarra a la Fiscalía General del Estado.
Gracias a la intervención de la
Fiscalía, la actual presidenta de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz,
Susana Díaz, no ha declarado en el juicio de los ERE, en el que están acusados
22 ex altos cargos de la cúpula del PSOE y del Gobierno andaluz durante la
década 2000-2011.
Gracias a la Fiscalía, los expresidentes de la Junta y del PSOE, Manuel Chaves y
José Antonio Griñán, no están acusados
de asociación ilícita en la pieza política del caso ERE que se juzga en la Audiencia de Sevilla desde diciembre
de 2017 y que se prolongará hasta finales de este año.
Gracias a una estrategia
combinada de la Junta de Andalucía y la Fiscalía, no se podrá reclamar la devolución de los cientos de
millones extravíados de las arcas públicas autonómicas en este caso concreto.
Gracias a la Fiscalía, algunas de
las penas solicitadas para los acusados son irrisorias.
Gracias al requerimiento de la
Fiscalía, en noviembre de 2015, la macrocausa se desgajó en 270 piezas. De ellas, sólo se ha instruido una mínima parte. Y
juzgado, aún menos. Es más, se ha enredado
tanto y por parte de tantos con dilaciones múltiples, cuestiones previas y
actuaciones contradictorias, que ha derivado en un galimatías jurídico donde los verdaderos culpables están cada día más prestos
a irse de rositas.
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Una estructura piramidal para un sistema ilegal paralelo a la trama Gürtel
Mercedes Alaya, la juez que inició
la investigación en enero de 2011, siempre se opuso al despiece de la causa
porque, en su opinión, los responsables últimos son los mismos. “En cada expediente de subvenciones podría derivarse
responsabilidad criminal para las mismas personas: los diferentes cargos políticos y
técnicos de la Junta que, en estructura piramidal, serían los promotores de un
sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas que ha permanecido vigente
más de diez años” (Auto
fechado en 2014).
Blanco y en Botella.
Segarra, una fiscal general del Estado enemiga de la juez
Alaya
Artículo
de Mara Mago
- El PP la acusó dos veces de guardar en un cajón unas grabaciones que dieron pie al caso Mercasevilla, origen del caso ERE, en el que la fiscal jefe apoyó la recusación de su instructora, la juez Alaya.
- "Estos jueces y fiscales de esas asociaciones progresistas son tan activistas que subordinan su profesión a un criterio subjetivo que considera que la aplicación social de la ley exige una interpretación ideológica y flexible. Como en la ranchera, ellos SON LA LEY...y Garzón su capitán"
Como adelantamos en esta página, se ha confirmado - y no podía
ser de otra manera- que María José Segarra Crespo será la nueva Fiscal General
del Estado.
Segarra era desde 2004 fiscal jefe de Sevilla, donde siempre ha
cuidado de los intereses del PSOE, especialmente en la Junta de Andalucía, ante
la avalancha de casos de corrupción que se producen en su seno. El PP la acusó
dos veces de guardar en un cajón unas grabaciones que dieron pie al caso
Mercasevilla, origen del caso ERE, en el que la fiscal jefe apoyó la recusación de su
instructora, la juez Alaya. No tuvo
éxito en este primer intento de quitarla de en medio. Y ahí comenzó su
enemistad. Algunos medios informativos lo cuentan siempre al revés.
Aunque, en teoría, la Fiscalía anticorrupción depende directamente
de Madrid, Segarra ha mantenido continuos contactos con sus colegas en este
ámbito y con la jueza Núñez Bolaños, desde que sustituyó a Alaya en la
instrucción de la macrocausa de los ERE. Casualmente, la Fiscalía no encuentra
motivos para recusar a Bolaños, a pesar de su estrecha amistad con el
exconsejero de Justicia, el fiscal Emilio de Llera, famoso por sus dardos
envenenados contra Alaya; ni porque su marido tenga un puesto destacado en la
misma consejería, entre otras vinculaciones familiares con la Administración
andaluza. Por su parte, la jueza ha seguido al pie de la letra el criterio de
la Fiscalía descuartizando el caso en 270 piezas procesales. Algunas ya han
prescrito. Otras se han cerrado sin instruir. En muchas se han desgajado como acusados
altos cargos de la Junta. La mayoría decaerá en el olvido. Tiempo al tiempo.
Además, y entre otras, Segarra recibió críticas por el caso de
Mari Luz Cortés y de Marta del Castillo. Fue denunciada por encubrimiento en un caso de
tráfico de menores. Y, más recientemente, Jesús Candel, el médico granadino
que preside la Asociación Justicia por la Sanidad, ha cuestionado también su
gestión tras el archivo de continuas denuncias presentadas por su organización
contra la Junta de Andalucía y está incluida en la denuncia de la Asociación
arriba mencionada.
Elegida por Pumpido y apadrinada por Villarejo
María José Segarra fue designada para el cargo que ha ostentado
durante 14 años en Sevilla por designación de Cándido Conde Pumpido, el fiscal
general del Estado del Gobierno Zapatero. La elección contó con la oposición
mayoritaria del Consejo Fiscal, que había votado a otro candidato, Antonio
Ocaña (7 votos frente a 5). También ha contado siempre con el rechazo de la
Asociación de Fiscales. Sin embargo, ha sido renovada en el puesto dos veces.
La última, en 2015, por el Gobierno del PP. Poco después, el Consejo General
del Poder Judicial apartó definitivamente a Mercedes Alaya del caso EREs. Por
qué y cómo ocurrió lo ha contado la magistrada en una reciente entrevista
concedida a ABC.
Segarra contó en 2004 para aquel polémico nombramiento inicial
con el aval de su maestro, el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo. Ahora, para
este segundo nombramiento decisivo en su carrera, ha contado con la amistad de
la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Compañera de la nueva ministra de Justicia
Ambas coincidieron en su etapa universitaria en Madrid. Fueron
compañeras en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. También
coincidieron en sus comienzos profesionales en Barcelona. Allí trabajaron a las
órdenes del controvertido Jiménez Villarejo, quien ha tenido, junto a Borrell,
un papel protagonista en las tres últimas manifestaciones organizadas por
Sociedad Civil Catalana contra el independentismo.
Villarejo es tío de Trinidad Jiménez, la ex ministra de Zapatero
y, entre sus excentricidades figura haber sido durante un mes eurodiputado de
Podemos, partido al que impulsó en sus inicios y por el que concurrió a las
elecciones europeas en 2014. En marzo de 2016 se desvinculó completamente de
Podemos por no apoyar la investidura de Pedro Sánchez. En las elecciones
catalanas celebradas en diciembre de 2017, tras la aplicación del artículo 155
por el Gobierno de Rajoy a raíz de la sublevación independentista, su nombre
cerraba la lista del Partido Socialista.
Muchos años atrás, a comienzos de la década de los ochenta,
Carlos Villarejo había interpuesto una querella contra Jordi Pujol por el caso
Banca Catalana, que terminó con un rápido sobreseimiento judicial. En 1987, fue
nombrado fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona y, en 1995, fiscal especial
anticorrupción. En 2003, José María Aznar lo cesó y optó por la jubilación.
Desde entonces, ha sido un firme defensor de la Ley de Memoria Histórica,
ámbito en el que ha coincidido con el juez Garzón.
Vocal de la Unión Progresista en el Consejo Fiscal
Volviendo al personaje que nos ocupa, la nueva fiscal general
del Estado también ha coincidido con la nueva ministra de Justicia en la Unión
Progresista de Fiscales (UPF), organización profesional a la que representan
ambas en el Consejo Fiscal desde las elecciones del pasado mes de marzo. El
órgano consultivo de la Fiscalía del Estado, que elabora los criterios
generales del Ministerio Público para facilitar su unidad de actuación, fue
renovado en abril, hace apenas dos meses. Está integrado por doce miembros. De
los nueve electos, cinco representan a la Asociación de Fiscales y cuatro a la
UPF. Entre los tres miembros natos por razón de su cargo está la persona titular
que ocupa la Fiscalía general del Estado. Sin duda, este nombramiento tendrá
importantes repercusiones en la composición definitiva del organismo, así como
en la actuación futura de los profesionales del Ministerio Público.
El papel de la Fiscalía en la macrocausa
de los ERE
El papel que ha jugado la Fiscalía
sevillana en el caso de los Expedientes fraudulentos de Regulación de Empleo (ERE falsos) y en otras muchas causas de
corrupción en las que está implicado el socialismo andaluz, sólo o en compañía de otros, nos puede indicar cuál va ser el sello que imprima
María José Segarra a la Fiscalía General del Estado.
Gracias a la intervención de la
Fiscalía, la actual presidenta de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz,
Susana Díaz, no ha declarado en el juicio de los ERE, en el que están acusados
22 ex altos cargos de la cúpula del PSOE y del Gobierno andaluz durante la
década 2000-2011.
Gracias a la Fiscalía, los expresidentes de la Junta y del PSOE, Manuel Chaves y
José Antonio Griñán, no están acusados
de asociación ilícita en la pieza política del caso ERE que se juzga en la Audiencia de Sevilla desde diciembre
de 2017 y que se prolongará hasta finales de este año.
Gracias a una estrategia
combinada de la Junta de Andalucía y la Fiscalía, no se podrá reclamar la devolución de los cientos de
millones extravíados de las arcas públicas autonómicas en este caso concreto.
Gracias a la Fiscalía, algunas de
las penas solicitadas para los acusados son irrisorias.
Gracias al requerimiento de la
Fiscalía, en noviembre de 2015, la macrocausa se desgajó en 270 piezas. De ellas, sólo se ha instruido una mínima parte. Y
juzgado, aún menos. Es más, se ha enredado
tanto y por parte de tantos con dilaciones múltiples, cuestiones previas y
actuaciones contradictorias, que ha derivado en un galimatías jurídico donde los verdaderos culpables están cada día más prestos
a irse de rositas.
Una estructura
piramidal para un sistema ilegal paralelo a la trama Gürtel
Mercedes Alaya, la juez que inició
la investigación en enero de 2011, siempre se opuso al despiece de la causa
porque, en su opinión, los responsables últimos son los mismos. “En cada expediente de subvenciones podría derivarse
responsabilidad criminal para las mismas personas: los diferentes cargos políticos y técnicos
de la Junta que, en estructura piramidal, serían los promotores de un sistema
ilegal de concesión de subvenciones públicas que ha permanecido vigente más de
diez años” (Auto fechado en
2014).
Alaya se vió obligada en junio de 2015 a dejar el caso porque el
Consejo General del Poder Judicial no le autorizó una comisión de servicio tras
conseguir una plaza de magistrada en la Audiencia sevillana que le ofrecieron
como caramelo envenenado.
Por el contrario, el mismo CGPJ no sólo concedió una comisión de
servicio al juez Pablo Ruz cuando sustituyó, en junio de 2010, a Baltasar
Garzón en el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, sino que le
otorgó sucesivas prórrogas, hasta abril de 2015, que le permitieron concluir la
instrucción del caso Gürtel.
Así que, mientras la juez Alaya era desalojada del caso EREs, en
contra de la práctica habitual en estos casos, se permitía finalizar al juez
Ruz la instrucción del caso cuya sentencia ha posibilitado el ascenso de María
José Segarra a la Fiscalía General del Estado. Para ello, se ha tenido que
producir el desalojo previo del PP del Gobierno de la nación por una moción de
censura de Pedro Sánchez. Y el nombramiento posterior como ministra de Justicia
de una fiscal progresista, íntima amiga de Baltasar Garzón, el primer
instructor del caso Gürtel.
Como avancé en mi anterior artículo sobre el Gobierno Sánchez,
al margen del escaparate y los fuegos de artificio, la escrupulosa selección de
los nominados auténticos se sustenta en tal número de coincidencias,
casualidades y antecedentes de la historia reciente de España que resulta
imposible no deducir que todo lo acontecido en las últimas dos semanas lleva
mucho tiempo gestándose. Como mínimo, tantos años como los personajes que son
sus hilos conductores han estado fuera de foco.
La venganza se sirve fría.
Y es en este punto cuando descubro entre los miles de
comentarios que recogen los medios digitales uno que me llama mucho la
atención:
“Es que hay un sector de la fiscalía que se llaman así mismos progresistas
("Unión de Fiscales Progresistas") y que corresponde en la judicatura
con la" Asociación de juezas y jueces para la democracia". Son un sector minoritario pero muy ideologizado,
al punto de que consideran que la justicia debe
filtrarse conforme a una ideología progresista que la suponen debe ser su
objetivo último. Estos jueces y fiscales de esas asociaciones progresistas son tan activistas que subordinan su profesión a un
criterio subjetivo que considera que la aplicación social de la ley exige una
interpretación ideológica y flexible. Como
en la ranchera, ellos SON LA LEY...y
Garzón su capitán. De ahí que todo un
juez condenado por el peor delito que puede cometer en su profesión, la prevaricación, se
ha paseado como una estrella por los medios españoles, lo que dice muy poco a
favor de la calidad democrática de estos”.
Continuará …….
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