INFORME
POLICIAL "La
trama criminal" del 'capo' andaluz de los cursos: desvió el 50% de nóminas
de docentes
- El exconsejero daba instrucciones a su cuñada, ex alto cargo, recibía información privilegiada y hacía tratos con el directivo de la Faffe imputado en las tarjetas 'black', según la policía.
La antigua cúpula de la patronal andaluza se repartía con la familia fondos públicos para la formación
- Un correo del ex consejero desvela cómo se repartían las ayudas públicas ex cargos de la patronal andaluza.
- La UDEF constata una «trama criminal» encabezada por Ángel Ojeda con el fin de enriquecerse.
La
«garganta profunda» del exconsejero Ojeda en la Junta: «Os van a conceder un
buen pico»
- Una técnico de la extinta Faffe pasaba a la trama «información privilegiada» sobre los expedientes de ayudas para cursos
La juez
ordena investigar a 66 mandos y técnicos de la Faffe, la fundación para formar
parados de la Junta
- La juez Núñez ordena a la UCO revisar los correos corporativos de la cúpula y decenas de cargos.
- Declara el secreto de las actuaciones para no perjudicar la investigación.
Y que me dicen sobre lo que estamos viendo con la Junta y la Sra Bolaños.
La Junta tendrá que pagar cuatro millones en ayudas bajo sospecha por no revisar los expedientes
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/05/05/5aedeb7d268e3ed0648b461d.html
- El gobierno de Susana Díaz acumula 28 sentencias por subvenciones irregulares que ahora va a tener que abonar
- El ex consejero Ojeda, principal imputado del caso, recibirá 2,3 millones de euros y aún tiene pleitos pendientes.
Ver algunos enlaces ilustrativos....
- 28-3-2018. La juez Bolaños paraliza el 'caso Avales', otra causa por corrupción contra laJunta- La Fiscalía advierte que desde que Mercedes Alaya abandonó la instrucción "el avance de la investigación ha sido prácticamente inexistente".Triple varapalo de la Audiencia a la juez Bolaños en casos de corrupción de la Junta.
- 16-3-2018 La juez Núñez Bolaños no investiga cientos dedocumentos abandonados de los cursos. Podrían afectar al exconsejero de la Junta Ángel Ojeda, uno de los acusados.
- 29-4-2018 La juez Núñez devuelve sin investigar cientos deexpedientes de cursos de formación. La documentación estaba abandonada en un calabozo de San Fernando desde 2014.
INFORME
POLICIAL
"La
trama criminal" del 'capo' andaluz de los cursos: desvió el 50% de nóminas
de docentes
- El exconsejero daba instrucciones a su cuñada, ex alto cargo, recibía información privilegiada y hacía tratos con el directivo de la Faffe imputado en las tarjetas 'black', según la policía.
El exconsejero andaluz Ángel
Ojeda está en “la
cúspide de la organización que dirige y controla (...) todo un entramado
empresarial ideado por él con la única finalidad de obtener el mayor número
posible de subvenciones de la Junta” y
para “enriquecerse por métodos irregulares e ilícitos”. Es la primera y rotunda conclusión del informe que la Unidad
de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha entregado en el juzgado de María Núñez Bolaños, que investiga el entramado de los cursos de formación en
Andalucía.
Ojeda, exconsejero de Hacienda en
Andalucía entre 1987 y 1990, captó 52,6 millones de euros
de
fondos públicos gestionados por la Junta y destinados a formación para los
parados andaluces. Sobre sus empresas recayeron los cursos a los extrabajadores
de Delphi, en Cádiz. Aunque
muchas de las piezas de formación están siendo cerradas por la actual titular
del juzgado número 6 de Sevilla, la sustituta de Mercedes Alaya, hay dos focos que siguen muy vivos. Uno es este, el
entramado empresarial de Ojeda. El otro, todo lo que ocurría en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y
Empleo (Faffe), donde un
funcionario, testigo protegido, relató que se
hacía "el negocio del siglo" con los cursos. Ahora se investiga el
pago de servicios de un puticlub con una tarjeta de un directivo de esa
fundación. Ese directivo, Fernando Villén, también aparece bien retratado en los correos electrónicos
de Ojeda intervenidos por la policía.
Los correos de Ojeda desvelan sus tratos directos para
captar cursos con el exdirectivo de la Faffe, que pagó con una tarjeta pública
en un puticlub
El informe policial, de 274 páginas, avanzado en parte por ‘ABC’,
analiza toda la información extraída de los equipos informáticos intervenidos en los registros efectuados en las empresas de Ojeda, con especial
importancia de la información obtenida de Grupo Prescal, su principal firma.
Según toda esta documentación, a la que ha tenido acceso El Confidencial, Ojeda
montó una empresa, Serpro, “con la que principalmente estaría desviando los fondos
públicos asignados a los gastos de los docentes”. El exconsejero utilizó,
según la Policía Nacional, a personas de su confianza y familiares para
intentar desvincular a su persona de las empresas con las que captaba los
fondos públicos. “Nos encontramos ante una organización criminal
perfectamente estructurada”, concluye el informe de la UDEF, registrado en el juzgado el pasado
5 de junio.
Así lo describió el propio
Ángel Ojeda, que se identificaba como AOE, en un correo electrónico: “El
despegue comienza cuando habiendo visto que la forma de conseguir más
cursos de
la Junta era a través de asociaciones, creé varias de ellas” o “era una estrategia para poder
acceder a un mayor número de cursos desde
las distintas entidades y evitar así el riesgo de que se cruzaran los NIF”.
Contrafacturación
de servicios ficticios
El informe policial “constata
nuevamente” y “de manera abrumantemente (sic) manifiesta” que Serpro SL era
“una pieza más del Grupo Prescal” ideada por Ojeda y sus colaboradores, “con el
asesoramiento legal de Fernando Yélamos”, para “la
contrafacturación
a docentes de los cursos impartidos por servicios ficticios,
logrando con ello el desvío de más del 50% de
los fondos públicos que deberían haber ido destinados a docencia”, indica la
policía. El 40% de la cuantía destinada a subvenciones públicas debía ir
destinado a docencia, recuerdan, según la normativa entonces vigente.
Ojeda montó un sistema que obligaba a los
profesores a devolver a sus empresas parte de lo que él facturaba a la Junta
como nóminas
Los profesores debían
devolver
parte del dinero que cobraban y
que Ojeda facturaba como gastos en nóminas de docencia a la Junta de Andalucía
a la hora de captar las subvenciones. En un expediente concreto analizado el
año 2010, la policía nacional concluye que la organización de Ojeda obtuvo
“ilícitamente el retorno del 54,41% (71.194,40 euros) del total del gasto en
docencia”. Para ello, sobrefacturaban y obligaban después a los profesores a
hacer las devoluciones.
Colocando
sobrinos, amigos, familiares
“Es llamativo y muy destacable
un correo sobre las irregularidades en la
realización de los cursos, las falsedades en los mismos y en los documentos
justificativos, asistencia, realización total o parcial, y la concesión de
títulos de los mismos”, señala
el informe. Pone de manifiesto también “un posible tráfico
de influencias” con algunos empleados o cargos de la Junta de Andalucía,
algunos de ellos con capacidad de decisión dentro del Servicio Andaluz de
Empleo y otros organismos públicos.
¿Cómo se ganaba Ojeda el favor
de esos cargos o trabajadores de Empleo? La forma más común era contratar a
familiares o amigos, cuyo currículo habían enviado estos trabajadores, y que
después ‘pagaban’ con información puntual sobre los concursos públicos. También
hay correos de agradecimiento por regalos. La propia ex directora general de
Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía Teresa Florido,
cuñada de Ojeda, le pide que contrate a su hermana y al sobrino de
quien era delegada de Empleo en Sevilla, Aurora Cosano. Otro de los socialistas
que envían su currículo es Raúl Perales, que
fue director del Instituto Andaluz de la Juventud.
"Lo miraremos con cariño", "Nos vendría
muy bien"... Cargos y trabajadores de Empleo mandaban CV a Ojeda para
colocar a familiares y amigos
En esa carpeta de AOA, Ángel Ojeda Avilés, con personas que
piden colocar a alguien, figuran quienes fueron jefe de servicio de Formación
Profesional Ocupacional, jefe de la delegación del Servicio
Andaluz de Empleo en Córdoba, secretaria general
del Instituto Andaluz de Administración
Pública o un inspector de
la Junta. "Lo tomamos con mucho cariño", "Es inspector de la
Junta y nos vendría muy bien" son algunas de las notas de Ojeda y sus
directivos a esas peticiones.
Otro de los puntos más llamativos del informe entregado por
la policía, que fuentes judiciales creen que “marcará un antes y un después en
el caso de Ojeda”, son los tejemanejes que utiliza el exconsejero de Hacienda
para tratar de influir en su cuñada, entonces alto cargo de Empleo. Hasta el
punto de que trata de manipular a Teresa Florido para que modifique los
criterios de baremación en beneficio propio.
"Querida
Tere"... El exconsejero andaluz dio instrucciones directas a su cuñada, ex
alto cargo de la Junta, e incluso le sugirió cómo baremar
En los intercambios de correos
electrónicos se lee con claridad cómo Florido da instrucciones a su cuñado
para que no utilice su correo
oficial de la Junta de Andalucía sino otro privado. Ojeda intercambia
información con sus colaboradores que le señalan los criterios de baremación
que más beneficiarían a sus empresas, y este responde: “Está muy bien. Ahora debemos darle forma para que
tenga apariencia de objetividad total y sea análogo a los anteriores y a los de otras CCAA
utilizando una terminología similar”.
Ojeda critica a su cuñada por
el reparto de fondos de formación por parte de las delegaciones
provinciales, que
considera le ha perjudicado, y le advierte de que es ella la responsable del
“desaguisado”. “Prescal, Qualitaire y la Agrupación de Empresas Aeronáuticas
que el año pasado 2010 recibieron 3,5 millones de euros para desarrollar cursos
en Sevilla (y que lo han ejecutado a la perfección...) van a recibir este año
tan solo 400.000 euros. El 11% del año pasado!!!!! Cómo ha podido ocurrir
esto!!!”, escribe a su cuñada, entonces alto cargo de la Consejería de Empleo.
Contra la
patronal andaluza
Hay otro correo donde el
empresario critica con mucha dureza el reparto de fondos con
la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Ojeda comenta a Florido
—"querida Tere”— que la delegada de Sevilla ha defendido el reparto de
fondos a las empresas de formación y que si hubieran querido beneficiar a
alguna entidad “amiga”, sería prevaricación. A raíz de ahí, desgrana en dos
folios de mensaje “el emporio de los Muela” y
“de la familia de Juan Salas”,
ambos entonces dirigentes de la patronal andaluza, con los fondos de formación.
“La CEA se lleva ella solita un tercio del total y directamente, sin tener que
competir con las empresas del sector. Después de recibirla, se la reparten
entre los
Muela y los Salas”,
se queja a su cuñada, aportando datos de numerosas subvenciones.
Respecto a Delphi, el informe
policial detalla una “confidencial reunión” con quien fue viceconsejero de
Empleo, hoy imputado en los ERE, Justo Mañas, y con quien fue director general de la
extinta Fundación
Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén, que
está siendo investigado en otra pieza por el supuesto pago de servicios de un
prostíbulo en Sevilla con una tarjeta bancaria de este organismo público. Con
ambos, según la documentación, resuelve colocar en otras de sus empresas a
algunos de los trabajadores que debieron impartir cursos en Delphi. También con
Villén, el exdirectivo de la Faffe, acuerda que una de sus empresas, la
Fundación Forpe, “realice los cursos de formación de Aeronáutica y del
Proteja”.
"Solo para tus ojos. Destruir después"
"Solo
para tus ojos!!!! Destruir después", firmado por AOA, Ángel Ojeda Avilés. Es el asunto de
un correo que envía a uno de los responsables de sus empresas y donde da cuenta
de una carta recibida, cuidándose mucho de no desvelar quién le da la información,
que podría ser, según la policía, un miembro de alguna mesa de contratación.
Este
informante misterioso alerta a Ojeda de que su empresa compite por una
adjudicación con otras tres empresas y que Prescal podría perder el concurso.
De hecho, desvela qué ofrece la otra empresa, Ambulancias Barbate, para
explicar por qué tienen ventaja e insta a modificar la oferta de su firma,
Prescal. "Ojo, cuidado con ofrecer lo mismo porque sería muy
sospechoso", deja escrito Ojeda. "Goza de una información privilegiada, de primera mano", subraya
la policía.
El
informe de la Policía Nacional analizando el material informático de las
empresas del empresario Ángel Ojeda deja entrever también lo que pasaba dentro
de la extinta fundación de Empleo Faffe, un organismo público creado en 2003 y hasta 2011, que
tuvo más de 200 millones de euros de presupuesto.
Es una trabajadora de este organismo público quien da
información importante a Ojeda y su entramado empresarial. A cambio, el
empresario contrata
todos los seguros de sus empresas y los cursos,
porque ella, ante la precariedad de su contrato en la Faffe, explica, se dedica
por la tarde a cerrar contratos para Mapfre. En una de las ocasiones en las que
les resuelve un problema, hay un 'mail' que dice: "Ves, hay que portarse
bien con ella".
La «garganta profunda» del exconsejero Ojeda en la Junta:
«Os van a conceder un buen pico»
- Una técnico de la extinta Faffe pasaba a la trama «información privilegiada» sobre los expedientes de ayudas para cursos.
El exconsejero Ángel Ojeda Avilés contaba con una «garganta
profunda» dentro del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Sevilla que
suministraba a sus
subordinados «información privilegiada sobre la situación» de los expedientes de subvenciones para cursos de
formación de sus empresas del Grupo Prescal.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la
Policía Nacional asegura que Federico Díaz, gerente financiero del «entramado empresarial» dirigido por el ex alto
cargo de la Junta de Andalucía intercambiaba
numerosos correos con N. R. M., técnico de formación del Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) en Sevilla, para obtener información interna sobre la tramitación
de los expedientes e incluso «un trato de favor en la baremación de sus
solicitudes» para la adjudicación de cursos.
En el informe policial avanzado por ABC y entregado a la juez
María Núñez Bolaños, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos por parte de Ojeda, la UDEF identifica a N. R. M. como su informante, una
antigua empleada de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe)
disuelta en 2011, cuyo personal fue absorbido por el SAE, que gestiona los
gestiona los programas de formación.
A cambio de contratos
La Policía destaca que la información facilitada por esta
técnico es «de relevancia e interés» para la «organización criminal perfectamente estructurada», como define al grupo dirigido por el consejero de
Hacienda entre 1987 y 1990, que recibió 52,6 millones de euros en subvenciones
entre 2008 y 2011. Así lo admite Federico Díaz en un correo enviado a otro de
los administradores de Ojeda: «Ves, hay que portarse bien con ella».
La trabajadora «aprovecha esta
relación para conseguir que Federico contrate los
seguros de responsabilidad civil de los cursos y de sus empresas» con una
aseguradora con la que colabora a cambio de un «sobresueldo», aparte de su
nómina en la Junta. La Policía sostiene que la trama buscaba «enriquecerse
mediante métodos ilícitos»y acaparando el máximo de ayudas.
En los correos electrónicos analizados por la Policía, que
fueron extraídos de los discos duros intervenidos durante los registros
policiales, la técnico del SAE le informa al gerente financiero del grupo de
que «respecto a los dos expedientes que me
comentabas de 2010, ya están firmados por Alfredo
(los he visto con mis propios ojos) y los portafirmas para pasarlos esta misma
mañana a la firma del secretario», añade. En otro correo, Federico Díaz asegura
que había hablado con un superior de su informante, que «pudiera ser» Alfredo
Bolaños Ruiz, jefe de Incentivos a la Contratación entre 2005 y 2012, según la
UDEF.
El directivo también contactó con la técnico para ver «si puedes
hacer alguna averiguación sobre cómo están resultando las
baremaciones» de un plan formativo
sobre acciones de investigación. Ésta le dice que ha dado «buenas referencias»
de su empresa a la empleada que puntúa las ofertas.
La trabajadora comenta en otro email que «tengo por delante la
propuesta de mayores de 45 años y también se os ha concedido un buen pico... jejeje, olé!!! no puedo decirte mucho más de momento». «P.D. borra este correo que al final me echan a mí de
aquí!!», acaba.
«Estar bien informado no es un delito»
Ángel Ojeda, dueño del grupo Prescal y exconsejero, considera
que no hay nada irregular en obtener información sobre el estado de los
expedientes de ayudas. El atestado de la UDEF considera de que estas prácticas
confirman la existencia de
«favores personales». Ojeda, en
declaraciones a ABC, lo niega de forma categórica. Asegura que «no hay nada
penal» en este comportamiento y que no ha influido en absoluto en la
tramitación de ayudas. «En un sitio u otro tienes que estar bien informado para
saber por dónde van los tiros», afirma el empresario, que quita hierro a estos
correos.
La antigua cúpula de la patronal andaluza se repartía con
la familia fondos públicos para la formación
- Un correo del ex consejero desvela cómo se repartían las ayudas públicas ex cargos de la patronal andaluza.
- La UDEF constata una «trama criminal» encabezada por Ángel Ojeda con el fin de enriquecerse.
La investigación policial por el fraude de la formación ha terminado por salpicar, de lleno, a la patronal andaluza. En concreto, a la antigua cúpula de la Confederación Empresarial de Andalucía (CEA), cuya gestión de los fondos públicos que recibía para impartir cursos está también bajo sospecha ahora.
El principal imputado por el fraude, el ex consejero de Hacienda
Ángel Ojeda, ha
destapado una trama en la que implica a ex altos directivos de la CEA, a los
que acusa directamente de repartirse entre ellos y entre empresas creadas ad
hoc por familiares las cuantiosas subvenciones que recibía la organización de
la Administración autonómica para impartir ellos mismos formación.
El correo, en poder de EL MUNDO y reproducido junto a estas
líneas, forma parte del último atestado elaborado por la UDEF y remitido a la
juez instructora, María Núñez Bolaños. En ese informe, los investigadores
hablan de una «organización
criminal perfectamente estructurada» a la
cúspide de la cual sitúan al ex consejero.
Correo enviado por Ángel Ojeda a su cuñada en diciembre de
2011.
Ojeda, según este atestado, creó una red de tráfico
de influencias con cargos de la
Administración andaluza a los que hacía favores -fundamentalmente
contrataciones de parientes- a
cambio de información privilegiada o trato de favor en las adjudicaciones.
Entre esos ex altos cargos estaba su propia cuñada,
Teresa Florido, ex directora general de Formación.
La UDEF ha rastreado los correos electrónicos de Ojeda y sus colaboradores
y en uno de ellos hace alusión a la gestión de las ayudas por parte de la CEA.
En concreto, al papel que jugaban los hermanos Muela, Federico (que llegó a ser
vicepresidente de la CEA) y Nicolás (ex responsable de comunicación, ya
fallecido), así como Juan Salas, también ex vicepresidente de la organización.
El 'modus operandi'
En este correo, el principal imputado en el fraude de la
formación disecciona el modus operandi de los ex directivos de la CEA, que
«reparten», dice, el dinero que llega desde la Junta de Andalucía para la
formación.
«La CEA se lleva solita 1/3 del total y directamente, sin tener
que competir con las empresas del sector. Después de recibirla se la reparten
entre los Muela y los Salas», escribe Ojeda a su cuñada, la ex directora de
Formación de la Junta.
Señala a Federico y
Nicolás Muela, pero también a quien fuera
encargada de Formación en la organización empresarial, Patricia Morón, esposa
de otro Muela, Rafael. «Por ella pasan todas las subvenciones y ella las reparte»,
le cuenta el ex consejero a su cuñada, Teresa
Florido
Otro eslabón de la cadena es Baltasar Fernández, esposo de
Rosario Muela. De él dice que ha creado un «emporio» de empresas de formación
al frente del cual ha situado a un hijo de su mujer y del que forman parte
sociedades como Grupo GDT, Formación Digital, Descartes Multimedia o Core
Networks. Asimismo, la Junta les había adjudicado los cursos en el centro de
turismo de la Costa del Sol, el CIO Mijas.
El entramado de los Muela habría recibido, siempre según los
datos aportados por Ojeda en este correo, casi cuatro millones de euros entre
2007 y 2011 a través de las diferentes sociedades vinculadas a la familia.
En cuanto a los Salas, el dinero habría acabado en empresas
controladas por el hijo de Juan Salas, José María Salas, director general de
Hispalis Formación. Hay otras sociedades vinculadas, señala Ojeda, como Centro
Andaluz de Formación Empresarial, Hisca Elaboración Material Didáctico, Previsa
Asesores, Y-Zeta Sevilla e Inix Consultores.
A este entramado empresarial habrían llegado, al menos, 270.000
euros en fondos públicos. «Aparte de esto, la principal fuentes de ingresos de
estas empresas proviene de lo que les reparte la CEA», apostilla el ex
consejero.
Tanto Salas como los hermanos Muela formaron parte de las
directivas de los dos presidentes de la Confederación Empresarial de Andalucía
que precedieron al actual, Rafael Álvarez Colunga y Santiago Herrero, y
salieron de la organización cuando llegó Javier González de Lara.
La juez
ordena investigar a 66 mandos y técnicos de la Faffe, la fundación para formar
parados de la Junta
- La juez Núñez ordena a la UCO revisar los correos corporativos de la cúpula y decenas de cargos.
- Declara el secreto de las actuaciones para no perjudicar la investigación.
La juez que investiga las irregularidades en la fundación de la Junta de Andalucía para formar a los parados, la Faffe, ha dado un impulso a las diligencias al ordenar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revise los correos electrónicos de 66 directivos de la organización, incluidos sus máximos responsables, con Fernando Villén, el director gerente, a la cabeza. Lo hace un mes después de que se destapara el uso de tarjetas black por parte de algunos de esos cargos, incluido Villén, que la empleó, entre otras cosas, en un prostíbulo de Sevilla.
En un auto fechado el pasado día 12, la titular del Juzgado de
Instrucción 6 de Sevilla da instrucciones a los agentes de la UCO para que
procesen los cientos de
correos que la Junta de Andalucía entregó a
finales del mes de mayo.
Es toda la correspondencia digital que emitieron y recibieron 66
altos cargos y directivos de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo y
entre ellos están algunos de los enchufados
en la entidad, como el hermano del director gerente
o su cuñada.
Asimismo, la juez incluye en su auto los correos corporativos de
los gerentes provinciales de la Faffe. Y todo ello relativo al periodo
comprendido entre el 2009 y la extinción de la fundación, a mediados de 2011, y
aún más allá en el caso de los que al desaparecer la Faffe fueron recolocados
en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Sobre estas 66 personas, entre las que hay igualmente algunos
técnicos, pone ahora la juez el foco de la investigación, ante la sospecha de que
de uno u otra forma pudieran estar implicados en la trama por la que
se adjudicaban irregularmente contratos y se desviaba buena parte de los fondos
públicos de los que se nutría la entidad.
La magistrada justifica esta medida «grave» ante los indicios «racionales y bastantes» de que en el seno de la Faffe se cometieron los presuntos
delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y argumenta,
además, que es una medida proporcionada y con un «fin legítimo», «obtener
elementos para la comprobación de los delitos referidos, así como la posible
implicación de las personas investigadas u otras personas en la comisión de los
mismos».
Pieza separada
De todo ello da cuenta en la resolución a la que ha tenido
acceso este periódico y en la que, además, acuerda abrir una pieza separada
dentro del procedimiento judicial exclusivamente para las investigaciones de
los correos electrónicos. Una pieza que, por otro lado, ha declarado secreta al objeto
de impedir a las partes personadas el acceso a datos personales y sensibles y
que se pueda, además, perjudicar la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción, en la pieza separada de los cursos
de formación que investiga las irregularidades en la extinta Faffe, considera
que esta entidad realizó contratos «indiciariamente irregulares» por importe de
9.465.332 euros, contratos que «supondrían una quiebra a los principios de
libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando de este
modo la competencia y convirtiéndolos en procedimientos con un determinado
grado de opacidad y, por tanto, con mayor índice de riesgo y conductas
irregulares».
La Fiscalía considera que estos hechos podrían ser constitutivos
de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y el importe
total de los contratos presuntamente irregulares superaría esos nueve millones
de euros, repartidos entre diversas empresas.
Además, según los investigadores de la UCO, la Faffe fue el instrumento del
que se valió la Consejería de Empleo, de la que dependía, para saltarse los
controles y normativas en materia de contratación pública y beneficiar a
empresas afines.
En el último atestado remitido al Juzgado de Instrucción 6, la
UCO sostiene que la Faffe era un «sistema paralelo»
de la Consejería de Empleo, que la
utilizó «para cubrir sus propias necesidades» aprovechándose de que la
fundación estaba sujeta a menos límites
y controles a la hora de adjudicar
contratos.
Tanto la Consejería de Empleo como el Servicio Andaluz de Empleo
eludieron de esta forma la faja normativa que, en materia de contratación, les
sujetaba como administración pública. Y, añade la UCO, se aseguraban que el
contrato iba a parar al «proveedores previamente designados». Para afirmar todo
lo anterior, los investigadores de la Guardia Civil han constatado cómo altos
cargos de Empleo daban indicaciones
expresas a los técnicos y responsables de la
Faffe acerca de cómo y con quién trabajar y señalan, con nombre y apellidos, a
un ex director general, Antonio Toro, y a un jefe de servicio, Francisco José Lama.
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