La Junta pidió conocer el informe sobre
los ERE de la Cámara de Cuentas por interés electoral.
- Una auditora admite que el documento sufrió variaciones y se suavizó el término «fraude de ley» por «uso inadecuado»
Los auditores apuntalan la acusación en el 'caso ERE'
- Rechazan que la orden ministerial del 95 ampare las ayudas de la Junta, como sostienen algunos acusados, y confirman que vieron «claro riesgo de menoscabo»
Aunque en esos años la Intervención
«no advirtió de riesgo de menoscabo», a diez años vista y ante «las situaciones
excepcionales que se pusieron de manifiesto» -explicó la auditora-, en su caso sí observaron «claramente
riesgo de menoscabo». Por ello, lo pusieron en
conocimiento del Gabi-nete Jurídico de la Cámara de Cuentas y del Tribunal
de Cuentas, «que es el único que tiene
ju-risdicción para determinar si lo hubo o no lo hubo».
De hecho, el Tribunal de Cuentas ya ha dictado
seis condenas, exigiendo
a ex cargos de la Junta hacer frente a cantidades defraudadas con los ERE. El menoscabo, por lo tanto, es una «responsabilidad contable»,
que se analiza en el marco del Tribunal de Cuentas, y
es distinta a la responsabilidad penal que se está enjuiciado en la Audiencia.
Los interventores echan por tierra la tesis exculpatoria
de los 22 ex altos cargos de la Junta en los ERE
La
Junta pidió conocer el informe sobre los ERE de la Cámara de Cuentas por
interés electoral
- Una auditora admite que el documento sufrió variaciones y se suavizó el término «fraude de ley» por «uso inadecuado»
En marzo de 2012, como era inminente la celebración de
elecciones autonómicas en Andalucía, la Junta de Andalucía quiso conocer las conclusiones del informe que
estaba elaborando la Cámara de Cuentas sobre la fiscalización de las ayudas
fraudulentas entre los años 2000 y 2010. Así lo ha admitido en la mañana de
este lunes, Nuria Mendoza, una de las interventoras de la Cámara de Cuentas en el
juicio de los ERE que sigue su curso en la Audiencia de Sevilla.
Durante la sesión número
71 del juicio que llevó al banquillo a los expresidentes de la Junta de
Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a 22 exaltos cargos de la
Junta, la testigo ha explicado que, en marzo de 2012, cuando el Caso ERE estaba
en plena fase de investigación, la Consejería de Empleo quiso conocer
las conclusiones de ese informe de fiscalización porque «estaban previstas unas elecciones». La auditora, cuyo testimonio en el juicio se prolongará durante al menos
dos jornadas, ha dicho que ese informe sufrió «algunas variaciones en el cuerpo
del informe pero no en las conclusiones» y ha admitido que no ha habido «un
informe tan complejo en la historia de la Cámara de Cuentas de Andalucía».
En el transcurso de su comparecencia, una jornada muy técnica en la que
el fiscal anticorrupción sigue interrogando, las respuestas de la auditora ha
vuelto a poner de manifiesto el descontrol en la Junta a la hora de
repartir el dinero público y que los expedientes eran «una anarquia». La auditora ha dicho que
las ayudas «no respondían absolutamente a ningún criterio» que cada una era
distinta, que no había requisitos para pedirlas, ya que, de hecho, de 102
esxpedientes de ayudas sólo habia solicitudes en seis.
«Le pusimos el paraguas que había para las subvenciones excepcionales porque no había norma», ha explicado insistiendo también en ratificar el menoscabo de fondos públicos. Posteriormente ha admitido que hubo un «fraude de ley» en el uso de la transferencias de financiación y que esa palabra, que figuraba en los borradores, se sustituyó por «uso inadecuado» porque siempre en los informes intentaban «ser mas comedidos» y porque el pleno de la Cámara le quiso dar otra redacción. En esta línea ha recalcado que los expedientes tenían «muchas anomalías» y que el director general de Trabajo no tenía competencia para conceder esas subvenciones.
Pese a esas afirmaciones, la auditora ha testificado en otro momento que no hubo «ninguna directriz»
a la hora de realizar el informe de fiscalización de las ayudas de la Junta de Andalucía
entre los años 2000 y 2010 y que éste no tuvo «ninguna modificación». En este
sentido ha recalcado que los cuatro consejeros de la Cámara de Cuentas con los
que trabajó se limitaban a contrastar el citado texto y luego elevarlo al
pleno. Según ha testificado en ningún caso hubo «ningún tipo de interferencia»
en el informe que hicieron.
La auditora de la Cámara de Cuentas, que realizaba los informes de
fiscalización especificas del sector instrumental de la Junta de Andalucía,
empresas y fundaciones y consorcios, ha ratificado su declaración ante el
juzgado y ha dicho que «en ningún caso» en su
trabajo tuvo que advertir al gabinete jurídico de la Junta porque detectara un supuesto de responsabilidad penal en las
cuentas auditadas, como era preceptivo en esos supuestos.
Según su testimonio, lo que hacían eran informes que consistían en «una revisión
formal de la rendición de cuentas realizadas por la Junta» y en el caso del que
elaboraron sobre las ayudas de los ERE, se decidió formar un equipo «lo mas multidisciplinar
posible».
Durante su comparecencia la auditora ha dicho que tenia la sensación de
que estaban defendiendo las actuaciones de este periodo auditado ya que
analizaron diez años de ayudas. Y que había muchos pagos que ni siquiera tenían
expedientes. «Era una situación que estaba mantenida en el tiempo y que tenía que
haber sido objeto de regulación específica», ha dicho. Además la testigo ha
insistido en que la Consejería de Empleo decidió seguir pagando en el año 2011, cuando ya se habia conocido el escándalo de corrupción, y refinanciar las
pólizas pese a que no habian seguido el procedimiento debido. En este punto la
auditora ha cuantificado en 592 millones de euros la deuda de la Junta de
Andalucía con las compañías de seguro. El juicio continúa.
Los auditores apuntalan la acusación en el 'caso ERE'
- Rechazan que la orden ministerial del 95 ampare las ayudas de la Junta, como sostienen algunos acusados, y confirman que vieron «claro riesgo de menoscabo»
Los auditores de la Cámara de Cuentas de Andalucía que están
declarando como testigos en el juicio de los ERE que se celebra en la Audiencia de Sevilla están apuntalando
las tesis de las acusaciones contra los 22 ex altos cargos del Gobierno
andaluz, ejercidas por la Fiscalía
Anticorrupción y las dos acusaciones populares personadas en este
caso: el Partido Popular y Manos Limpias.
La pieza principal
de los ERE que se está juzgando desde el pasado diciembre dirime la
responsabilidad por presuntos delitos de prevaricación y malversación de los
dos ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la ex ministra y ex consejera Magdalena Álvarez, los ex consejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera, Carmen
Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, además de otros 15 ex altos cargos, en el diseño de un
procedimiento opaco con el que se repartieron 850 millones de euros en ayudas
sociolaborales.
Uno de los principales argumentos de defensa de los ex altos
cargos es que las ayudas concedidas por el Gobierno andaluz contaban con el
respaldo legal de una orden ministerial del año 1995. La Fiscalía Anticorrupción defiende, por el
contrario, que no había norma legal que amparase las subvenciones que salieron
del conocido como fondo de reptiles y que éstas se otorgaron de forma arbitraria y
eludiendo los controles.
En la sesión de
este martes del juicio de los ERE, el auditor de la Cámara de Cuentas Santos Rodríguez, que formó parte del equipo que en 2011 revisó los
expedientes de las ayudas investigadas al estallar el escándalo, rechazó que la
orden estatal de 1995 de ayudas excepcionales para empleados afectados por
crisis empresariales amparase las que daba la Junta.
Este testigo
precisó que fue la Consejería de Empleo la que aludió a esa orden del
Ministerio de Trabajo en las alegaciones al informe provisional de la Cámara de Cuentas que reseñaba la falta de normativa reguladora de las ayudas
de la Junta y dijo que, en su opinión, esa orden no servía de marco legal de
referencia para las mismas.
No fue el único
testigo que respaldó la tesis de la acusación contra los 22 ex altos cargos. El
pasado lunes, la también auditora de la Cámara de Cuentas Nuria Mendoza subrayó que «no
había un marco legal» ni norma reguladora de la concesión de las ayudas de los ERE de la Junta y en ninguno de los expedientes analizados se
aludía a las órdenes estatales de 1994 y 1995 sobre ayudas excepcionales para
trabajadores y empresas afectadas por procesos de reestructuración que ahora
esgrimen las defensas de algunos acusados como base legal.
Quince
informes con las irregularidades.
Otro argumento de las defensas
que tumbaron estos testigos fue el relativo al menoscabo de fondos públicos
del caso ERE. Los abogados de los ex altos cargos enjuiciados se
agarran a que ningún interventor de la Junta alertó de menoscabo en los quince
informes que hablan de irregularidades. De esta forma, quieren hacer ver que,
si no hay menoscabo, tampoco hubo delito. Y no es así.
La auditora Nuria Mendoza
declaró este martes que, al revisar los expedientes de las ayudas investigadas
en los ERE, por encargo del Gobierno andaluz tras abrirse la causa
judicial en 2011, observaron «claramente
riesgo de menoscabo» de
fondos públicos.
Esta auditora coordinó la
revisión de las ayudas otorgadas por la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Empleo entre 2001 y 2011 para realizar un informe que encargó el
Consejo de Gobierno al estallar el escándalo y surgir los primeros «intrusos» en los ERE subvencionados.
Aunque
en esos años la Intervención «no advirtió de riesgo de menoscabo», a diez años
vista y ante «las situaciones excepcionales que se pusieron de manifiesto»
-explicó la auditora-, en su caso sí observaron «claramente riesgo de
menoscabo». Por ello, lo pusieron en conocimiento del Gabinete Jurídico de la
Cámara de Cuentas y del Tribunal
de Cuentas, «que
es el único que tiene jurisdicción para determinar si lo hubo o no lo hubo».
De
hecho, el Tribunal de Cuentas ya ha dictado seis condenas, exigiendo a ex
cargos de la Junta hacer frente a cantidades defraudadas con los ERE. El
menoscabo, por lo tanto, es una «responsabilidad contable», que se analiza en el marco del
Tribunal de Cuentas, y es distinta a la responsabilidad penal que se está
enjuiciado en la Audiencia.
Un monstruo
Santos Rodríguez, auditor
desde el año 2000 de la Cámara de Cuentas de Andalucía, a la que pertenece
desde 1991, describió este martes en en el juicio que se está celebrando en la
Audiencia de Sevilla la singularidad de las ayudas de
los ERE que tuvieron que analizar cuando estalló el escándalo.
«Cuando tuvimos idea del monstruo al que nos enfrentábamos y su tamaño», en referencia a los 102
expedientes que debían analizar como muestra, y en ausencia de normativa que
regulara las subvenciones, «tuvimos que fijar unos criterios de análisis y
comunes», dijo el testigo.
El letrado del PP, Luis García Navarro, le preguntó si se ratifica en
una conclusión que aparece en el informe provisional de la Cámara de Cuentas,
pero no en el definitivo, que indica que las consejerías de Empleo y Hacienda y
la Intervención General de la Junta no adoptaron las medidas para corregir las
deficiencias apuntadas por los interventores en sucesivos informes.
El testigo se ratificó, si
bien, a preguntas de la defensa del ex viceconsejero de Hacienda José Salgueiro, matizó
que hay que quedarse con las conclusiones del informe definitivo.
Los interventores echan por tierra la tesis
exculpatoria de los 22 ex altos cargos de la Junta en los ERE
Los interventores de la Junta de Andalucía que
han prestado declaración como testigos en el juicio de la pieza principal de
los ERE que se
está celebrando en la Audiencia de Sevilla han echado por tierra la tesis
exculpatoria que han mantenido los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz que
están siendo enjuiciados, entre ellos los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y la ex ministra y ex consejera Magdalena Álvarez.
En sus declaraciones, los 22 ex altos
cargos enjuiciados por
prevaricación y malversación han coincidido al tratar de eludir su responsabilidad en el reparto arbitrario y sin control de 850 millones de euros en ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas
en crisis. Sin embargo, los interventores que han declarado esta semana en el
juicio como testigos han apuntado en la dirección contraria.
Estos funcionarios de la Junta han resaltado el cúmulo de irregularidades que detectaron, año tras año, en el reparto de las ayudas
sociolaborales, ya que se concedían a través de un sistema "opaco
al control", que constituía un "fraude
de ley". Y de todo ello
alertaron a las Consejerías de Empleo, Hacienda e Innovación.
Entre los 22 ex altos cargos enjuiciados por los ERE, el mayor número de enjuiciados (8) estuvo vinculado a la
Consejería de Empleo: hay dos ex consejeros de Empleo: Antonio Fernández y José Antonio Viera; un ex viceconsejero, Agustín Barberá; dos ex directores generales de Trabajo, Javier Guerrero y Juan
Márquez; y tres ex
secretarios generales.
El interventor adjunto al interventor general Ignacio García Revilla ha declarado este miércoles en el juicio que desde este
cuerpo de control se comunicó a Empleo que había "un
fraude de ley", al estar dando subvenciones sin fiscalización previa pagadas por la agencia IDEA con transferencias de
financiación.
La alerta "se repite año a año", según ha precisado este interventor, quien ha llegado a
preguntarse "¿cuántas veces hay que decirlo?". Estas advertencias se
incluían en los informes de Control Financiero Permanente de la agencia IDEA,
que se enviaban a este ente, a la Consejería a la que estaba adscrito (Empleo hasta el 2004 e Innovación desde ese año) y a la de Hacienda (de la que dependía la Intervención).
Sin embargo, el ex
consejero de Innovación Francisco Vallejo, durante su declaración en el juicio, se ha declarado
totalmente ajeno a las ayudas de los ERE. "Yo estaba
con otros problemas y nunca,
tajantemente nunca, he dado una orden" relacionada con ellos, dijo el pasado
6 de marzo cuando testificó en el juicio.
A pesar de que los
interventores remitieron los informes con las irregularidades de los ERE a la
Consejería de la que dependen, Hacienda, la consejera Magdalena Álvarez ha subrayado en el juicio que ella jamás tuvo
control alguno sobre las ayudas
de los ERE. "Es un error pensar que en la
Consejería de Hacienda se controla todo", dijo categóricamente el pasado
26 de febrero.
Uno de los
ex altos cargos que más salpicado se ha visto por las testificales de los
interventores esta semana ha sido el ex presidente de la Junta y ex consejero
de Hacienda Griñán. Este martes el
interventor Ignacio García Revilla ha señalado que está "completamente de
acuerdo" con que Griñán pudo parar el sistema usado por la Junta para dar y pagar las ayudas de los ERE,
"incluso sin informe del interventor".
Las seis negativas.
No obstante, en su declaración ante el tribunal el pasado 11
de abril, Griñán se esforzó en desvincularse por completo de los ERE. Durante las aproximadamente siete horas que duró
su interrogatorio, insistió en que "nunca" negoció con el consejero de Empleo sobre la partida presupuestaria
31L de la que salían las ayudas sociolaborales; "nunca" despachó ni
se reunió con el principal acusado de la trama el ex director general de
Trabajo Javier Guerrero; "nunca" recibió ni conoció los quince
informes de la Intervención que alertaban sobre las irregularidades; y
"nunca" actuó porque el interventor no se lo pidió ni emitió el
informe de actuación que le hubiera obligado a intervenir como consejero de
Hacienda.
El interventor García Revilla no fue el único que ha testificado esta semana en el juicio
de los ERE. Este lunes ha declarado la interventora Teresa Arrieta, quien ha explicado que la Dirección General de Trabajo
"sabía" que estaba concediendo ayudas sin expediente de gasto
sometido a fiscalización previa, un sistema que era "opaco
al control".
Fuera del circuito.
Para Arrieta, "las subvenciones se estaban concediendo
fuera de todo circuito" ya que la Dirección General de Trabajo "en ningún momento somete a
fiscalización de la Intervención un expediente de gasto de las
subvenciones que concedía", pese a que "debe conocer sus
obligaciones".
A preguntas del
fiscal sobre si se pueden conceder como subvenciones excepcionales ayudas idénticas durante
diez años, la testigo ha respondido que "poder se puede, no se debe, lo
lógico hubiera sido una regulación", pero al no haberla sólo cabe
considerarlas excepcionales, si bien éstas también tienen sus propios
procedimientos y requisitos.
El ex director
general Javier Guerrero, uno de los principales acusados del caso que ocupó el cargo
entre 1999 y 2008, mantiene que el sistema para conceder y pagar las ayudas
investigadas no lo montó
él, lo hizo la Junta de Andalucía, y su
"poder de decisión" era dar o no una ayuda "pero cómo darlas,
no". En el juicio, sólo quiso responder a su abogado.
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