Los hechos hablan.
El PP exige la dimisión de Luis Planas, ministro de Agricultura,
por estar imputado por un caso de robo de agua en Doñana
Sánchez se olvidó su código ético de no incluir imputados. El ministro de Agricultura, Luis Planas se encuentra imputado.
MEDIO AMBIENTE. El ministro Luis Planas, a punto de ser desimputado en un caso de
robo de agua en Doñana
- La Fiscalía no ve delito en su actuación y no presentará acusación contra él, con lo que dejará de estar investigado
La juez instructora de la
Palma del Condado (Huelva) encargada del caso le acusa de
un delito medioambiental por haber consentido supuestamente las
captaciones de agua ilegales cuando fue consejero de Agricultura en Andalucía,
entre 2012 y 2013.
La instructora ha acusado
durante este tiempo a Planas de tener "conocimiento de la falta de
regularización de los pozos" y de haber "consentido" el uso
irregular del agua.
La Fiscalía es la única acusación en
este caso,
con lo que su postura es determinante cuando se llega a la
fase del juicio.
El ministro de Agricultura de Pedro Sánchez, Luis Planas, está imputado por
consentir robos de agua en Doñana
figura desde 2016 como investigado (antigua imputación) en una causa sobre el robo de agua en Doñana
- El presidente ha nombrado ministro a un imputado en una causa judicial por un delito medioambiental.
- Se anuncia la próxima desimputación de Planas
Según El País, la
Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva, que
prepara ya el escrito de acusación para el juicio y que durante la instrucción
había mostrado dudas sobre la imputación del ahora ministro, no aprecia delito
en su actuación por lo que será desimputado. Pero
ello no anula el hecho de que cuando fue nombrado ministro lo estaba.
En los próximos días, anuncia el diario de Prisa, el ministerio
público presentará ese escrito, no acusará a Planas y la causa en su contra se
archivará, según avanzan fuentes de la Fiscalía. No ocurrirá así con los
agricultores implicados y con dos exalcaldes socialistas de Almonte —Francisco
Bella y José Antonio Domínguez—, a los que sí acusará el ministerio
público e irán a juicio. La Fiscalía es la única acusación en este caso, con lo que
su postura es determinante cuando se llega a la fase del juicio.
En torno al fiscal
Fernández Arévalo rondan algunas otras coincidencias. La primera de ellas es que su esposa, Pilar Sepúlveda García de la Torre, fue
propuesta por el PSOE – según algunas fuentes directamente por Susana Díaz -, como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fue,
además y durante años, presidenta de la
Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales de Andalucía
(AMUVI), una asociación de mujeres sin ánimo de lucro de ámbito andaluz cuya
misión es la lucha contra la violencia y la discriminación que sufren las
personas o colectivos más vulnerables. A esa asociación han llegado centenares
de miles de euros en subvenciones procedentes de diversas fuentes de apoyo
económico.
Por si fuera poco, su
cuñada, María de los Ángeles Sepúlveda García de la
Torre, doctora por la Universidad de Sevilla, licenciada en Medicina y Cirugía,
especialista en Medicina Legal y Forense y experta en malos tratos y violencia
de género, victimología y mediación familiar, fue nombrada en 2015 directora
general de Violencia de Género, tras una larga carrera que había comenzado con la gestión de la
empresa cooperativa agrícola Hermanos Sepúlveda (1988-1994). Luego fue la secretaria de AMUVI
que presidía su hermana.
El
fiscal provincial de Huelva, Fernández Arévalo, saltó
a los medios de comunicación por su insólita decisión de comunicar al juez del
caso el fraude de la formación que solicitaba el archivo que él mismo decidió apoyar instruir durante años y que
afectaba a personas próximas al PSOE de Huelva y
especialmente, al número 2 de Susana Díaz en el Parlamento andaluz, Mario
Jiménez.
Hasta tal punto fue escandalosa su decisión que el Juzgado
de Instrucción número 5 de Huelva acordaba remitir la causa de los cursos de
formación al superior jerárquico del fiscal para que
informara si finalmente sostiene o no la acusación en la pieza principal, ya
que consideraba "injustificado" que el fiscal pida el archivo "cuando meses antes había solicitado la
confirmación del auto que especificaba los indicios de delito contra los
acusados".
Alaya cree que el
«clientelismo político» ha favorecido que sólo haya gobernado el PSOE en
Andalucía
- La juez instructora de los ERE pide endurecer las penas para los delitos corrupción «para que el que la haga, la pague»
Sobre las fianzas que impuso como instructora para garantizar las
responsabilidades penales, ha expresado su estupor por el hecho de que el
Gobierno andaluz haya renunciado en el procedimiento penal de los ERE a
recuperar los 850 millones de euros de subvenciones públicas dadas
presuntamente de forma irregular. «¿Cómo se quedan ustedes al
saber esto? Igual que me quedé yo».
La magistrada de la sección séptima de la Audiencia Provincial de
Sevilla ha recordado que a elección del Fiscal
General del
Estado es elegido directamente por el Gobierno y, «en este caso, no eligen a
personas por su excelencia profesional, sino personas por afinidades políticas, a
personas que estén dispuestas a cumplir las directrices de los partidos
políticos de turno». La instructora de los ERE ha añadido que el Fiscal General del Estado es el que nombra a todos los fiscales jefes y
es el que le puede dar directrices directamente impartidas por el Gobierno», lo que -a su juicio- puede afectar a cualquier procedimiento judicial en
marcha.
María Jesús Montero: la primera factura pendiente en la frente de Pedro Sánchez
En efecto, fue María Jesús Montero – viceconsejera de Sanidad de la Junta de Andalucía(o Salud, que los nombres de este Departamento han cambiado desde el año 2002) y luego consejera de Salud hasta el año 2013 -, la que dio origen a una reordenación de la sanidad andaluza y de aplicar unos recortes sobre los servicios y el personal sanitario que no se aplicaban, por ejemplo, sobre el personal de la administración paralela de la Junta.
Todo ello condujo en 2014 a la decisión de fusionar hospitales en Granada y Huelva que dio origen al movimiento de protesta más popular y extendido que ha tenido el gobierno de Susana Díaz. De hecho, la conmoción social llegó a tal nivel que su gobierno tuvo que suspender la anunciada fusión hospitalaria en Granada ante el peligro de un crecimiento del movimiento de Spiriman. Luego comenzó la tarea de desgastar la figura y el prestigio del médico granadino.
La ministra de Hacienda está denunciada por prevaricación en nombramientos irregulares en Andalucía
La ministra de Hacienda está denunciada por prevaricación en nombramientos irregulares en Andalucía
La ministra de Hacienda del Gobierno diseñado por Pedro Sánchez, la hasta ahora consejera andaluza María Jesús Montero, está denunciada por “prevaricación continuada” en la realización de “nombramientos ilegales” en la Sanidad autonómica. En concreto, ha sido la Asociación Justicia por la Sanidad, presidida por el médico Jesús Candel, más conocido como Spiriman, quien ha llevado a Montero a los tribunales por la comisión de presuntas irregularidades desde el año 2007 durante su etapa al frente de la Consejería de Salud (2004-2012).
Se premia a los corruptos!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=4YwR43Wc7v4&app=desktop
Esta es la gestión de la Sra, Montero; sin desperdicio: quiebra de la Sanidad pública andaluza, recortes, presión fiscal, incumplimiento sistemático de sentencias.... y la Sra. Segarra, dice que no, que no pasa na de na......
https://www.youtube.com/watch?v=4YwR43Wc7v4&app=desktop
Montero por Montoro
.jpg)
No es casualidad; es causalidad....
¿Es usted un ciudadano normal o todavía piensa?
El PP exige la
dimisión de Luis Planas, ministro de Agricultura, por estar imputado por un
caso de robo de agua en Doñana
Menos
de 24 horas después de que Màxim Huerta, ya ex
ministro de Cultura y Educación, se viera forzado a dimitir tras
conocerse que defraudó a Hacienda, un
nuevo fuego se abre en el Gobierno de Pedro Sánchez. El PP pide la
dimisión de Luis Planas, ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación, tras conocerse que está imputado en un
caso de robo de agua en el entorno de Doñana.
"Hoy
sabemos que Sánchez nombró a Luis Planas ministro de agricultura estando
imputado. Sólo
hay una salida: Planas debe dimitir y Sánchez dar explicaciones", ha expuesto Teodoro
García Egea,
portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.
El
PP apela a unas palabras del propio presidente del Gobierno,
que en un mensaje en las redes sociales en agosto de 2016 aseguró:
"No incluimos imputados en listas. Nuestro código ético y el convenio con
Transparencia Internacional lo impiden".
Sánchez se olvidó su código ético de no incluir imputados. El ministro de Agricultura, Luis Planas se encuentra imputado.
El
caso en cuestión, según recoge Europa Press, se remonta a 2016, año
desde el que el actual ministro está investigado (imputado) en una causa sobre el robo de agua en Doñana. La
juez instructora encargada del caso le acusa de un delito medioambiental por
haber consentido supuestamente las captaciones de agua ilegales cuando fue
consejero de Agricultura en Andalucía, entre
2012 y 2013. Sin embargo,
la Fiscalía de
Medio Ambiente de Huelva estaría
preparando ya el escrito en el que se desimputa al ministro al no apreciar
delito en su actuación.
"Ya
di mi versión, y ni yo era competente, ni he tenido intervención alguna ni
tenía conocimiento", ha dicho Planas en la sede del Ministerio de Agricultura, con motivo de una reunión con los consejeros
autonómicos del ramo para hablar de agricultura y pesca. Asimismo, ha afirmado
que confía "plenamente" en que el proceso judicial termine con su
desimputación.
Eso
sí, el ministro ha confirmado que el caso es "absolutamente
fidedigno", intentando exculparse al señalar que él "no estaba en la
Consejería" cuando se produjeron los hechos delictivos. Además, ha
argumentado que en los años 90 la Junta "transfirió" al Ayuntamiento de Almonte la concesión de permisos
para sacar agua. "Ha habido al parecer unos expedientes en relación con
riegos sin autorización".
La Fiscalía no ve motivos
para imputarle
El
ministro tiene una potente baza en su defensa. Desde el inicio de la investigación
la Fiscalía ha mantenido que no había motivos para imputarle. De hecho, en
varios escritos remitidos al juzgado -el último el pasado diciembre- el fiscal
delegado de Medio Ambiente en Huelva, Alfredo
Flores Prada,
ha anunciado que no presentará acusación contra él. "El
Ministerio Fiscal no formulará acusación contra el investigado", decía el
dictamen del pasado 17 de diciembre.
Puesto
que no hay ninguna otra parte acusadora en el caso, eso implicará que no se
llegará a abrir juicio oral contra el ministro y que no se sentará en el
banquillo. La juez tiene la potestad de mantener la
imputación sin el respaldo de una acusación, pero concluida la fase de
investigación es el fiscal u otras acusaciones si las hay, quien tiene que
decir a quién acusa.
La
Fiscalía tiene previsto presentar la semana que viene el escrito de acusación
sobre el caso. Se dirigirá contra los agricultores y empresarios implicados,
pero no contra los ex cargos de la Junta investigados, entre ellos el hoy
ministro.
Ciudadanos pide su
comparecencia
Por
su parte, José Manuel Villegas, secretario general
de Ciudadanos,
ha anunciado, en relación a la imputación de Planas, que su formación ha
solicitado "su comparecencia porque lo mínimo que debe hacer es venir al
Congreso y dar explicaciones". Asimismo, ha recordado que el presidente
Sánchez afirmó: 'Si soy elegido presidente no abriré los despachos
ministeriales a imputados', y no es que reciba a imputados, sino que tiene ministros
imputados".
"Estaría
bien que Pedro Sánchez saliera de su escondite y nos explicase a los españoles
qué programa de gobierno tiene y qué quiere hacer", ha criticado el número dos de la formación liberal, quien ha
apuntado que "está bien que quiera ser presidente sin que los españoles
voten, pero otra cosa es que no dé explicaciones de su programa ni de los
problemas que rodean a su Gobierno".
El
ministro Luis Planas, a punto de ser desimputado en un caso de robo de agua en
Doñana
- La Fiscalía no ve delito en su actuación y no presentará acusación contra él, con lo que dejará de estar investigado
En la mesa del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez se
sienta un ministro imputado. Aunque en breve dejará de estarlo. El titular de
Agricultura, Luis Planas, figura desde 2016 como investigado (antigua imputación) en una causa
sobre el robo de agua en Doñana a través de pozos
ilegales que pinchan el acuífero del que vive este espacio protegido. La juez instructora de la Palma del Condado (Huelva)
encargada del caso le acusa de un delito medioambiental por haber consentido
supuestamente las captaciones de agua ilegales cuando fue consejero de
Agricultura en Andalucía, entre 2012 y 2013.
Pero la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva,
que prepara ya el escrito de acusación para el juicio y que durante la
instrucción había mostrado dudas sobre la imputación del ahora ministro, no
aprecia delito en su actuación.
En los próximos días el ministerio público
presentará
ese escrito, no acusará a Planas y la causa en su contra se archivará,
según avanzan fuentes de
la Fiscalía. No ocurrirá así con los agricultores implicados y
con dos exalcaldes socialistas de Almonte —Francisco
Bella y José Antonio Domínguez—, a los que sí acusará el ministerio público e
irán a juicio. La Fiscalía es
la única acusación en este caso, con lo que su postura es determinante cuando
se llega a la fase del juicio.
Robo de agua
Doñana tiene desde
hace años un problema con las captaciones de agua ilegales.
Desde cientos de pozos se extrae sin control el agua del Acuífero
27. En 2015 el Seprona de la Guardia Civil desarrolló la Operación Vernum en busca de pozos. Uno de los casos detectados fue el
de una finca pública en la zona de Matalagrana, en Almonte. Esos terrenos,
donde los agentes encontraron captaciones ilegales, eran explotados por unos
agricultores a través de un convenio con el Ayuntamiento, que a su vez había
recibido la cesión de los suelos por parte de la Junta.
La instructora ha acusado durante este tiempo a Planas de
tener "conocimiento de la falta de regularización de los pozos" y de
haber "consentido" el uso irregular del agua.
Pero
la Fiscalía, en su escrito de diciembre pasado —al que ha tenido acceso EL
PAÍS—, ya señalaba que no existía la "mínima seguridad jurídica" que
pudiera "determinar" que Planas o cualquier miembro de la
Administración regional hubieran "colaborado de forma activa y relevante
con los agricultores" o que hubieran cometido "una omisión grave y
reiterada". La Fiscalía ya avanzaba entonces lo que ocurrirá ahora:
"El ministerio fiscal no formulará acusación contra el investigado".
El ministro de Agricultura de Pedro Sánchez, Luis Planas, está imputado
por consentir robos de agua en Doñana
El presidente ha nombrado ministro a un imputado en una causa judicial
por un delito medioambiental.
El pasado 10 de julio de 2017, Europa Press daba la noticia de que una juez de la
Palma del Condado (Huelva) acusaba de un delito medioambiental a dos exalcaldes
de Almonte —uno del PP y otro del PSOE— y al exconsejero andaluz de Agricultura, hoy ministro del mismo ramo, Luis Planas,
por el robo del agua en el entorno de Doñana.
Dado que Luis Planas sigue imputado hasta el
momento, como ha contado El País, Pedro
Sánchez, que llegó a exigir la dimisión de cualquier
imputado, decisión que afectó especialmente a las de
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha
nombrado a un imputado en causa judicial ministro de su nuevo gobierno.
Fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número dos de La Palma del Condado (Huelva) el que dictó auto de procedimiento
abreviado contra dos exalcaldes de Almonte, el socialista Francisco Bella y el
popular José Antonio Domínguez Iglesias, a los que atribuyó ser partícipes en
un delito contra los recursos
naturales y el medio ambiente.
Asimismo, también procesó al exconsejero de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta Luis Planas por supuestamente consentir desde 2009 a 2012 el uso de agua de las
parcelas del paraje Matalagrana de la que es titular
dicha consejería con "conocimiento de la falta de autorización de los
pozos y de la falta de autorización tanto del Ayuntamiento de Almonte como de
los agricultores como cesionarios para utilizar agua de los pozos
construidos".
En
el auto, la jueza les atribuía a los alcaldes "el consentimiento del uso
indebido del agua de las parcelas de las que eran cesionarios, y a su vez,
cedentes a los agricultores, con conocimiento de que en ese acuerdo no se
incluía el uso de los pozos construidos en el marco del plan Almonte-Marismas".
Además, añadía "sin haber procedido a
iniciar gestiones para instar al titular de éstos a regularización,
"colaborando igualmente a la degradación del medio ambiente natural
del Parque Nacional de Doñana".
El País, en la misma fecha, concretaba que también se
procesaba en el auto, fechado en el mes de mayo, a dos ex altos cargos de la
Junta: María Isabel Salinas García, exsecretaria general de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural; y Judit Anda Ugarte, exdirectora general de la Producción
Agraria. Además, resultaron procesados doce agricultores de la zona. Asimismo,
a todos los imputados se les atribuye un presunto delito contra los recursos
naturales y el medio ambiente.
En
el caso de los empresarios agrícolas el auto señalaba que se infieren indicios
de que han venido llevando a cabo labores de cultivo de frutos rojos en las
tierras correspondientes al paraje conocido como Matalagrana, en Almonte desde
mediados de los años 90, y en lo que afecta a la causa desde 2009 a 2012,
haciendo "un uso indebido de los recursos hídricos disponibles en la
zona".
En
concreto, indica que se firmaron varios convenios con el Ayuntamiento de
Almonte, tras acuerdos con el ya extinto Instituto Andaluz de Reforma Agraria
(IARA) propietario de los terrenos, para la realización de experiencias de
introducción de cultivos de fresas compatibles con el medio ambiente. De este
modo, como explica, se le cedían los terrenos a cambio de un canon, "sin
hacer mención al uso del agua al que pudieran tener derecho tales
parcelas".
Así
las cosas, el juzgado consideró que habían llevado a cabo extracciones de agua
"no autorizadas ni autorizables de los mismos en estas parcelas",
incluidas en el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD),
donde "no es posible autorizar nuevas captaciones por afectar las mismas
al acuífero 27 que alimenta de agua al Parque Nacional de Doñana".
En
definitiva, remarca "se ha venido provocando un perjuicio irreparable al
medio ambiente de una zona especialmente protegida al provocar la reducción de
cantidad de agua disponible para la supervivencia de animales y flora natural
del espacio protegido".
Se anuncia la próxima
desimputación de Planas
Según El País, la
Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva, que
prepara ya el escrito de acusación para el juicio y que durante la instrucción
había mostrado dudas sobre la imputación del ahora ministro, no aprecia delito
en su actuación por lo que será desimputado. Pero ello no anula el hecho
de que cuando fue nombrado ministro lo estaba.
En los próximos días, anuncia el diario de Prisa, el ministerio
público presentará ese escrito, no acusará a Planas y la causa en su contra se
archivará, según avanzan fuentes de la Fiscalía. No ocurrirá así con los
agricultores implicados y con dos exalcaldes socialistas de Almonte —Francisco
Bella y José Antonio Domínguez—, a los que sí acusará el ministerio
público e irán a juicio. La
Fiscalía es la única acusación en este caso, con lo que su postura es
determinante cuando se llega a la fase del juicio.
En torno al fiscal
Fernández Arévalo rondan algunas otras coincidencias. La primera de ellas es que su esposa, Pilar Sepúlveda García de la Torre, fue
propuesta por el PSOE – según algunas fuentes directamente por Susana Díaz -, como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fue,
además y durante años, presidenta de la
Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales de Andalucía
(AMUVI), una asociación de mujeres sin ánimo de lucro de ámbito andaluz cuya
misión es la lucha contra la violencia y la discriminación que sufren las
personas o colectivos más vulnerables. A esa asociación han llegado centenares
de miles de euros en subvenciones procedentes de diversas fuentes de apoyo
económico.
Por si fuera poco, su
cuñada, María de los Ángeles Sepúlveda García de la
Torre, doctora por la Universidad de Sevilla, licenciada en Medicina y Cirugía,
especialista en Medicina Legal y Forense y experta en malos tratos y violencia
de género, victimología y mediación familiar, fue nombrada en 2015 directora
general de Violencia de Género, tras una larga carrera que había comenzado con la gestión de la
empresa cooperativa agrícola Hermanos Sepúlveda (1988-1994). Luego fue la secretaria de AMUVI
que presidía su hermana.
El fiscal provincial de
Huelva, Fernández Arévalo, saltó a los medios de
comunicación por su insólita decisión de comunicar al juez del caso el fraude
de la formación que solicitaba el archivo que él mismo
decidió apoyar instruir durante años y que afectaba a personas próximas al PSOE
de Huelva y especialmente, al número 2 de Susana
Díaz en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez.
Hasta tal punto fue escandalosa su decisión que el Juzgado
de Instrucción número 5 de Huelva acordaba remitir la causa de los cursos de
formación al superior jerárquico del fiscal para que informara si finalmente sostiene
o no la acusación en la pieza principal, ya que consideraba
"injustificado" que el fiscal pida el archivo "cuando meses antes había solicitado la
confirmación del auto que especificaba los indicios de delito contra los
acusados".
Alaya cree que el «clientelismo político» ha
favorecido que sólo haya gobernado el PSOE en Andalucía
- La juez instructora de los ERE pide endurecer las penas para los delitos corrupción «para que el que la haga, la pague»
La juez Mercedes
Alaya se ha referido este lunes, en una almuerzo-coloquio en el
Club Siglo XXI, al caso de los ERE y de los cursos de formación recordando que
en sus resoluciones judiciales ya denunció la presunta existencia de
«clientelismo político con independencia de lo que se hayan llevado o no
personalmente. Esto es una manera de que en Andalucía no hayamos conocido
ningún gobierno diferente del socialista».
Sobre los rumores que
circulan sobre su hipotética entrada en la política, la juez lo ha negado con
rotunidad al decir que tiene vocación de servicio público. Asimismo, ha
criticado «las puertas giratorias» que usan jueces para entrar en política.
«Deberían limitarse y que al menos esos jueces no volvieran a la jurisdicción
penal o contencioso administrativa», ha puntualizado.
Sobre su posible ascenso a la Audiencia Nacional, la juez ha dicho «que no sé por dónde irán mis derroteros
en mi cabeza, pero no me lo he planteado». A preguntas del público sobre las
repercusiones que tendrá en su carrera las denuncias hechas, ha admitido que
«seguro que sí» pero anuncia que «continuará» para intentar cambiar las cosas.
Caso Gürtel
En lo que respecta al caso Gürtel, no ha querido pronunciarse al conocer el procedimiento
sólo por la Prensa. Tampoco ha querido compararlo con el caso de los ERE,
aunque ha precisado que el caso de la Gürtel en la que se habla de
responsabilidad a título lucrativo del PP «no es un tema penal».
«La corrupción que yo he
instruido es importantísima numéricamente y afecta a alto, bajos y medios
estamentos de la sociedad andaluza. ¿Que Andalucía no
tiene la trascendencia de Madrid? Eso es evidente y no trasciende al resto de
España como el caso de la Gürtel».
Sobre
las fianzas que impuso como instructora para garantizar las responsabilidades
penales, ha expresado su estupor por el hecho de que el Gobierno andaluz haya
renunciado en el procedimiento penal de los ERE a recuperar los 850 millones de euros de subvenciones públicas dadas presuntamente de forma irregular. «¿Cómo se
quedan ustedes al saber esto? Igual que me quedé yo».
La magistrada ha reconocido
que los casos de corrupción son tan numerosos en este país «que necesitamos un
endurecimiento de las penas para que los ciudadanos tengamos la garantía del
que la hace, la paga».
Independencia judicial
Asimismo, ha censurado que
los vocales del Consejo General del Poder
Judicial son ahora elegidos por los
distintos partidos políticos, por cuotas, «con lo que tenemos el poder político metido dentro del poder judicial». A ello se une, ha indicado Alaya, que el Consejo General
del Poder Judicial depende económicamente del poder ejecutivo porque no tiene
autonomía presupuestaria.
En su opinión, «los altos
cargos de la cúspide judicial se eligen por afinidad política. A mí me consta
que a los miembros del Supremo les preguntan qué harían en determinados
procedimientos judiciales. Esto es muy grave que ocurra en España». En este sentido, ha manifestado haber sufrido y comprobado
absolutamente esa injerencia del poder político en sus instrucciones cuando se
ha criticado sus resoluciones judiciales en la Prensa por políticos, entre
ellos Alfonso Guerra.
Incluso, se ha atrevido a
decir que el poder político siempre le va a interesar poner a «personajes
débiles» al frente de altos tribunales, como el Supremo, las audiencias o los
tribunales superiores de justicia. Entre el público atenta la escuchaba Clara Martínez de Careaga, vocal del CGPJ a propuesta del PSOE y magistrado del
Tribunal Supremo.
La magistrada de la sección
séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha recordado que a elección del Fiscal General del Estado es elegido directamente por el Gobierno y, «en este caso,
no eligen a personas por su excelencia profesional, sino personas por
afinidades políticas, a personas que estén dispuestas a cumplir las directrices
de los partidos políticos de turno». La instructora de los ERE ha añadido que
el Fiscal General del Estado es el que nombra a todos los
fiscales jefes y es el que le puede dar directrices directamente impartidas por
el Gobierno», lo que -a su juicio- puede afectar a cualquier procedimiento
judicial en marcha.
Fiscal General del Estado
Sobre la obediencia debida de
los fiscales al Fiscal General del Estado, ha indicado que «los fiscales no tienen la
culpa, sólo están sometidos al sistema», aunque ha recordado «la gran
valentía mostrada por fiscales que llevaron el tema de la investigación del
expresidente de la comunidad de Madrid y que se negaron a seguir las
instrucciones del Fiscal General del Estado, algo absolutamente excepcional».
Sin embargo, donde más ha
cargado las tintas Alaya es sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal que se ha intentado por el
PSOE y el PP, y que permitirá dejar la instrucción de los casos judiciales en
manos de los fiscales, «una persona dependiente de las directrices del
Gobierno. En un procedimiento judicial ordinario no se notaría, pero -advierte-
en un procedimiento contra la corrupción es como
si tuviéramos metido al lobo dentro del gallinero».
Además, la magistrada ha
advertido que con esa reforma lo que llegue al órgano de enjuiciamiento serían
los documentos que quieran los fiscales y no todos los existentes en la causa,
como interrogatorios a imputados o el atestado judicial. «Esto es lo que se
hace en países neoliberales como Estados Unidos, Alemania o Francia», según la
juez, pero su puesta en marcha sería «el gran hachazo a la independencia
judicial», de modo que se investigaría sólo lo que interesara. «Yo y muchos
jueces no queremos esto para nuestro país», ha dicho Alaya.
Tareas para Pedro Sánchez
A Mercedes Alaya le gustaría
que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez reformara el sistema de
elección de los vocales del CGPJ «pero -ha dicho- ahora mismo tendrá que
atender asuntos de mayor urgencia» y además «las condiciones políticas no son
las más favorables». No obstante, ha indicado que el nuevo ministro de Justicia
«tendría que tomar nota de lo que exigen los jueces y magistrados para que se
refuerce la independencia judicial porque es un mandato constitucional».
La que fuera instructora de
los casos de corrupción de los ERE o los cursos de formación, propone varias actuaciones para
acabar con esa situación de injerencias del poder político en el judicial: que
al menos 12 de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces y no por el
Parlamento; autonomía presupuestaria del CGPJ para decidir los medios
necesarios; un pacto de Estado por la Justicia que impida que los partidos
políticos se pongan de acuerdo para no imputar a una persona por unos hechos cometidos,
«algo -ha dicho- que yo he visto en Andalucía», y que el Fiscal General del
Estado sea elegido por las principales fuerzas políticas en lugar del Gobierno.
Asimismo, recomienda que «a
la mayor urgencia» se elija a un Fiscal General del Estado absolutamente
imparcial, ya que suele ser en la mayoría de las ocasiones el principio
acusatorio, salvo que haya acusación popular en casos de corrupción. Por ello,
recomienda que si no se encuentra otra manera de elección de una persona
independiente para ese cargo, el Fiscal General del Estado podría ser nombrado
por el Gobierno, como dice la Constitución, «pero elegido por las principales
fuerzas políticas, que son tan dispares, que al final tendrían que ponerse de
acuerdo en una persona imparcial».
Sobre la sentencia de la
Manada y la crítica del ministro de Justicia realizó a la misma, ha dicho que
«cualquier crítica que se haga a las resoluciones judiciales no es que está
mal, es que es una deslealtad institucional». Ha confesado que «las
manifestaciones de Rafael Catalá me incendiaron. Espero que no se vuelva a
producir algo así».
El baño de los políticos
La falta de medios económicos
y personales que padece el poder judicial han sido puestos de nuevo sobre la
mesa por esta combativa juez, que ha traído a colación la falta de medios que
sufre ella misma, ya que tiene que trabajar con otros cuatro magistrados de la
Audiencia «metidos» en una sala de apenas 12 metros cuadrados. «Sin embargo
-matiza- la única reforma que se ha realizado en la Audiencia ha sido para
reformar los baños para que los políticos que iban a declarar hicieran sus
necesidades en unos baños en condiciones».
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...