El interventor declara que alertó a Empleo de que había "fraude de ley" en las ayudas de los ERE.
- Interventora dice que la Dirección Trabajo "sabía" que el sistema de los ERE era "opaco al control".
El interventor adjunto al interventor general Ignacio García Revilla ha dicho este miércoles que desde este cuerpo de control se comunicó a la Consejería de Empleo que había "un fraude de ley" al estar dando subvenciones sin fiscalización previa pagadas por la agencia IDEA con transferencias de financiación.
El interventor declara que alertó a Empleo de que
había "fraude de ley" en las ayudas de los ERE
- Interventora dice que la Dirección Trabajo "sabía" que el sistema de los ERE era "opaco al control".
El interventor adjunto al interventor
general Ignacio García Revilla ha dicho este miércoles que
desde este cuerpo de control se comunicó a la Consejería de Empleo que
había "un fraude de ley" al estar dando
subvenciones sin fiscalización previa pagadas por la agencia IDEA con
transferencias de financiación.
García Revilla ha testificado en la pieza
política del caso ERE contra
22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán-,
acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un
"procedimiento específico" con el que durante una década el Gobierno
andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a
empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la
Fiscalía.
Ese "procedimiento específico"
consistía en que las ayudas eran pagadas por la empresa pública IDEA con fondos
que le enviaba la Consejería de Empleo -que las concedía- mediante
transferencias de financiación, un instrumento que la Intervención alertó
reiteradamente que era "inadecuado" ya
que es una herramienta financiera que no puede tener un fin concreto sino
financiar actividades propias de los entes públicas y equilibrar sus cuentas.
El testigo ha señalado que la advertencia de
ese uso inadecuado de las transferencias de financiación para pagar ayudas de
la Consejería de Empleo "se repite año a año" en
los informes de Control Financiero Permanente de la agencia IDEA, por lo que ha
cuestionado "¿cuántas veces hay que decirlo?".
Esos informes se enviaban a IDEA, la
Consejería a la que estaba adscrita la agencia (Empleo hasta el 2004 e
Innovación desde ese año) y a la de Hacienda (de la que dependía la
Intervención), si bien en el 2005 se hizo un informe adicional al de
cumplimiento del ejercicio 2003 de IDEA en el que se analizaron una veintena de
expedientes de concesión de las ayudas pedidos a Empleo concluyendo que la Dirección
de Trabajo estaba dando ayudas "prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
Ese informe adicional fue "una forma de
comunicar a la Consejería de Empleo qué medidas debe tomar, qué es lo que
consideramos inadecuado" ante una "situación que la Intervención se
encuentra" de irregularidades que
afectan a un órgano ajeno al ente controlado (IDEA).
El ex interventor general
A preguntas de la defensa del exconsejero de
Empleo Antonio Fernández sobre si las conclusiones de ese
informe adicional no se elevaron a Hacienda por el interventor general al no
considerarlas aspectos relevantes, el testigo ha dicho que eso "lo tiene
que contestar el interesado" -el exinterventor general Manuel Gómez es uno de los acusados-.
Igualmente ha eludido responder a las
"razones de fondo por las que el inteventor general pudiendo o debiendo
hacerlo decidió no ponerlo en conocimiento del Consejo de Gobierno", pero
ha insistido en que los reparos sobre el sistema inadecuado aparecían
cada año en los informes de control financiero de IDEA y podían llegar al
Consejo de Gobierno "sin necesidad de que el interventor se
pronuncie".
Previamente, el abogado de Griñán le ha
preguntado si los informes de control financiero de IDEA conllevan alguna "obligación legal" para el consejero de
Hacienda -cargo que ocupó Griñán antes de presidir la Junta- y ha respondido
que "obligación legal no", si bien ayer señaló que coincidía con lo
declarado por el interventor general en fase de instrucción sobre que éste "podía
parar" el sistema de las ayudas incluso sin informe de la Intervención.
Al pagar las ayudas vía IDEA, se omitía la fiscalización previa a la que según
el testigo "la Consejería de Empleo debió someter la concesión de esas
ayudas a terceros" antes de su pago por IDEA pues "es su obligación
porque es un gasto sometido a fiscalización previa".
Sin embargo, en Empleo sólo se fiscalizó el
traspaso de fondos a IDEA pero no había expediente de gasto porque éste se
hacía en la agencia pública, donde el control es a posteriori.
García Revilla ha subrayado que el interventor
de Empleo fiscaliza con base a la documentación que le aporta la consejería y
"el responsable del envío de esa información es el responsable de ese
gasto", por lo que si no se reparó es porque la información remitida se
limitaba a la transferencia de financiación a IDEA sin especificar que su
destino no era como esta establecido para esta herramienta cuadrar sus cuentas
sino pagar ayudas de Empleo.
"De haber sabido que detrás de lo que se
estaba fiscalizando había una subvención excepcional lo haría reparado por
presupuestación inadecuada", ha subrayado en respuesta al abogado Alfonso Martínez del Hoyo.
Este letrado ha aprovechado el inicio de su
interrogatorio para mostrar al tribunal su "máxima consideración y
respeto" y presentar sus "sinceras excusas" si
"en algún momento en el ejercicio de la defensa nos hemos excedido en las
formas", después de el lunes el juez Juan Antonio Calle le
reprendiera por hacer "observaciones" a su labor tras interrumpirle
por hacer comentarios en sus preguntas a otra testigo.
La anécdota de la jornada ha sido la
advertencia inicial del magistrado a las partes de que está prohibida cualquier grabación no oficial de las sesiones,
al señalar que este martes "saltó algo que parecía como una
grabación" y pese a no tener "la certeza de lo que pudiera ser"
ha estimado oportuno "recordar" esa norma.
Críticas a la defensa de Fernández
Por su parte, el exinterventor general Manuel Gómez se ha quejado, en declaraciones a EL
MUNDO, de que la defensa de Antonio Fernández está consistiendo,
"exclusivamente, en desviar sus responsabilidades hacia el exinterventor
general de la Junta".
"Esto es algo parecido al alcalde que decide apagar todos los semáforos de
la avenida y culpa a la Policía Municipal por los muertos provocados en los accidentes. Realmente,
más que una defensa, parece una acusación más, pero contra un único acusado. Es
vergonzoso", ha criticado Gómez, uno de los 22 ex altos cargos enjuiciados
en la pieza principal de los ERE.
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