viernes, 15 de junio de 2018

El interventor declara que alertó a Empleo de que había "fraude de ley" en las ayudas de los ERE = En Andalucía, la corrupción es el sistema, sin Estado de Derecho y sin Justicia; un clima irrespirable.


El interventor declara que alertó a Empleo de que había "fraude de ley" en las ayudas de los ERE.



El interventor adjunto al interventor general Ignacio García Revilla ha dicho este miércoles que desde este cuerpo de control se comunicó a la Consejería de Empleo que había "un fraude de ley" al estar dando subvenciones sin fiscalización previa pagadas por la agencia IDEA con transferencias de financiación.


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El interventor declara que alertó a Empleo de que había "fraude de ley" en las ayudas de los ERE





El interventor adjunto al interventor general Ignacio García Revilla ha dicho este miércoles que desde este cuerpo de control se comunicó a la Consejería de Empleo que había "un fraude de ley" al estar dando subvenciones sin fiscalización previa pagadas por la agencia IDEA con transferencias de financiación.

García Revilla ha testificado en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.

Ese "procedimiento específico" consistía en que las ayudas eran pagadas por la empresa pública IDEA con fondos que le enviaba la Consejería de Empleo -que las concedía- mediante transferencias de financiación, un instrumento que la Intervención alertó reiteradamente que era "inadecuado" ya que es una herramienta financiera que no puede tener un fin concreto sino financiar actividades propias de los entes públicas y equilibrar sus cuentas.

El testigo ha señalado que la advertencia de ese uso inadecuado de las transferencias de financiación para pagar ayudas de la Consejería de Empleo "se repite año a año" en los informes de Control Financiero Permanente de la agencia IDEA, por lo que ha cuestionado "¿cuántas veces hay que decirlo?".

Esos informes se enviaban a IDEA, la Consejería a la que estaba adscrita la agencia (Empleo hasta el 2004 e Innovación desde ese año) y a la de Hacienda (de la que dependía la Intervención), si bien en el 2005 se hizo un informe adicional al de cumplimiento del ejercicio 2003 de IDEA en el que se analizaron una veintena de expedientes de concesión de las ayudas pedidos a Empleo concluyendo que la Dirección de Trabajo estaba dando ayudas "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

Ese informe adicional fue "una forma de comunicar a la Consejería de Empleo qué medidas debe tomar, qué es lo que consideramos inadecuado" ante una "situación que la Intervención se encuentra" de irregularidades que afectan a un órgano ajeno al ente controlado (IDEA).

El ex interventor general

A preguntas de la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández sobre si las conclusiones de ese informe adicional no se elevaron a Hacienda por el interventor general al no considerarlas aspectos relevantes, el testigo ha dicho que eso "lo tiene que contestar el interesado" -el exinterventor general Manuel Gómez es uno de los acusados-.

Igualmente ha eludido responder a las "razones de fondo por las que el inteventor general pudiendo o debiendo hacerlo decidió no ponerlo en conocimiento del Consejo de Gobierno", pero ha insistido en que los reparos sobre el sistema inadecuado aparecían cada año en los informes de control financiero de IDEA y podían llegar al Consejo de Gobierno "sin necesidad de que el interventor se pronuncie".

Previamente, el abogado de Griñán le ha preguntado si los informes de control financiero de IDEA conllevan alguna "obligación legal" para el consejero de Hacienda -cargo que ocupó Griñán antes de presidir la Junta- y ha respondido que "obligación legal no", si bien ayer señaló que coincidía con lo declarado por el interventor general en fase de instrucción sobre que éste "podía parar" el sistema de las ayudas incluso sin informe de la Intervención.

Al pagar las ayudas vía IDEA, se omitía la fiscalización previa a la que según el testigo "la Consejería de Empleo debió someter la concesión de esas ayudas a terceros" antes de su pago por IDEA pues "es su obligación porque es un gasto sometido a fiscalización previa".

Sin embargo, en Empleo sólo se fiscalizó el traspaso de fondos a IDEA pero no había expediente de gasto porque éste se hacía en la agencia pública, donde el control es a posteriori.

García Revilla ha subrayado que el interventor de Empleo fiscaliza con base a la documentación que le aporta la consejería y "el responsable del envío de esa información es el responsable de ese gasto", por lo que si no se reparó es porque la información remitida se limitaba a la transferencia de financiación a IDEA sin especificar que su destino no era como esta establecido para esta herramienta cuadrar sus cuentas sino pagar ayudas de Empleo.

"De haber sabido que detrás de lo que se estaba fiscalizando había una subvención excepcional lo haría reparado por presupuestación inadecuada", ha subrayado en respuesta al abogado Alfonso Martínez del Hoyo.

Este letrado ha aprovechado el inicio de su interrogatorio para mostrar al tribunal su "máxima consideración y respeto" y presentar sus "sinceras excusas" si "en algún momento en el ejercicio de la defensa nos hemos excedido en las formas", después de el lunes el juez Juan Antonio Calle le reprendiera por hacer "observaciones" a su labor tras interrumpirle por hacer comentarios en sus preguntas a otra testigo.

La anécdota de la jornada ha sido la advertencia inicial del magistrado a las partes de que está prohibida cualquier grabación no oficial de las sesiones, al señalar que este martes "saltó algo que parecía como una grabación" y pese a no tener "la certeza de lo que pudiera ser" ha estimado oportuno "recordar" esa norma.

Críticas a la defensa de Fernández

Por su parte, el exinterventor general Manuel Gómez se ha quejado, en declaraciones a EL MUNDO, de que la defensa de Antonio Fernández está consistiendo, "exclusivamente, en desviar sus responsabilidades hacia el exinterventor general de la Junta".

"Esto es algo parecido al alcalde que decide apagar todos los semáforos de la avenida y culpa a la Policía Municipal por los muertos provocados en los accidentes. Realmente, más que una defensa, parece una acusación más, pero contra un único acusado. Es vergonzoso", ha criticado Gómez, uno de los 22 ex altos cargos enjuiciados en la pieza principal de los ERE.


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