Huelga
de jueces y fiscales: "Nos han mareado y al final hemos tenido que hacer
algo"
Entre las "medidas para reforzar la independencia judicial" se incluye garantizar la elección de vocales del CGPJ "por los jueces y magistrados", así como la "objetivación" del sistema de nombramiento de altos cargos. Las asociaciones también reclaman la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.
Por
su parte, las asociaciones fiscales reclaman un "refuerzo de la
independencia" y con una "autonomía presupuestaria" que les libere del Ministerio y facilite lo anterior. También solicitan paralizar el sistema de plazos de
investigación y la implantación de la justicia digital mientras no se pongan
medios suficientes para que funcionen.
Mercedes Alaya: «Susana Díaz podría
malversar si no reclama los 850 millones de los ERE»
- La juez sevillana subraya que «los políticos no pueden renunciar jamás a recuperar dinero que es público»
Por
tanto, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, podría incurrir en mi opinión en un
delito de malversación si no
reclama ese dinero. Los políticos tienen que actuar siempre en favor del
interés general de la ciudadanía y no pueden renunciar jamás a recuperar un
dinero que es público. Con independencia de que sea delito o no, ese dinero hay que reclamarlo porque se ha concedido bajo un
procedimiento ilegal. Se está debatiendo
actualmente en el juicio de los ERES si esa ilegalidad es penal, pero lo que está claro es que
era un procedimiento administrativo ilegal. De hecho fueron muy numerosas la resoluciones de la Sala de lo
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que nos remitían a
la causa de los ERE, copias de reclamaciones hechas a la Junta de Andalucía por
empresarios para reclamar sus subvenciones, afirmando los magistrados de dicha sala que el
expediente y la resolución administrativa de concesión suponía un absoluto
desprecio por el Derecho.
Mercedes
Alaya: «La prevaricación debería castigarse con cárcel. Es la madre de todos
los delitos de corrupción»
- La magistrada pide modificar el Código Penal «porque la prevaricación es la madre de todos los delitos de corrupción»
Sí,
para incrementar las penas en determinados delitos de dicha naturaleza que
ahora no tienen pena de prisión. La corrupción en muchos casos sale casi
gratis en nuestro país, en cuanto a penas se refiere. Así tenemos el supuesto de la
prevaricación, resolución administrativa manifiestamente injusta a sabiendas de que sustituye el cumplimiento de la ley por la
voluntad personal de la autoridad o funcionario que la dicta. Este delito es la madre de todos
los delitos de corrupción, y está castigado sólo con penas de inhabilitación.
Además, con la reciente reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, por no tener pena de
prisión de al menos tres años en los delitos de prevaricación no se pueden autorizar intervenciones telefónicas o
telemáticas para su investigación. El
ejemplo clásico de prevaricación, como ocurre supuestamente en el caso de los
ERE, es prevaricar para malversar. Eso ocurre en
casi todos los delitos de corrupción, que habitualmente se inician con una
prevaricación, con
una resolución injusta. Si comparamos la
prevaricación administrativa con la judicial están en absoluta desigualdad, porque la prevaricación judicial sí está castigada con penas de
uno a cuatro años de prisión.
…. Bueno,
Griñán sí está imputado por prevaricación y malversación, pero Chaves sólo por
prevaricación, cuando presuntamente, y de lo que se deduce de la instrucción,
habría cometido la misma actividad que el señor Griñán, sin olvidar que fue en su
etapa como presidente cuando dio comienzo a la actividad presuntamente ilícita.
Habrá seguro mucho que hablar sobre los entresijos políticos, por aquellos quienes los conozcan, entre los cuales no me
sitúo, que han
hecho que la acusación haya sido sólo por prevaricación. Por ello abogo por un Pacto de Estado por la Justicia para que todos los partidos
políticos acuerden que no se utilizará nunca como moneda de cambio en un pacto
político la acusación o no acusación por un determinado delito o la acusación
por un delito menos grave.
Huelga de jueces y fiscales: "Nos han mareado y
al final hemos tenido que hacer algo"
Jueces y fiscales van hoy a la huelga tras meses de negociaciones de resultado "decepcionante". Lo hacen para reclamar
una variada lista de reivindicaciones que reúnen peticiones estrictamente
laborales y otras dirigidas al corazón de la Justicia: la independencia
judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal.
"Hoy muchos fiscales, jueces y juezas hemos
decidido hacer huelga. Con ella queremos expresar nuestro profundo malestar con
los responsables en materia de Justicia ante la dejación y abandono en el que
se encuentra este servicio público. Reclamamos
una Administración de Justicia del siglo XXI, de calidad y con medios e
independiente", afirma el comunicado conjunto emitido este martes por
las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales. No es la
primera huelga de jueces y fiscales, pero sí la primera que respaldan
unánimemente sus asociaciones.
"Hemos llevado nuestras propuestas a donde
teníamos que llevarlas y han hecho caso omiso. Nos han mareado y al final hemos
tenido que hacer algo. El desencanto en máximo", resumía anoche María Jesús del Barco, de la mayoritaria Asociación Profesional de la
Magistratura (APM), en un coloquio previo
al comienzo de la huelga en el Club Siglo XXI.
La mayoría de los reproches van dirigidos al
Ministerio que dirige Rafael
Catalá. No está, sin embargo, solo. Los documentos de los
huelguistas y los actos de reivindicación con los que se ha ido calentando la
movilización apuntan también a los partidos políticos, que no han sido capaces
de pactar mejoras, y a un Consejo General del Poder Judicial que no ha actuado
como su interlocutor ante el Ministerio.
Las reclamaciones que no han conseguido sacar adelante
se recogen en un documento denominado "14
propuestas para la mejora de la Justicia" que fue firmado en junio del año pasado. "Dichas
propuestas", explica el comunicado, "comprenden desde el
reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la
Administración de Justicia: calidad y eficacia así como la mejora de las
condiciones profesionales de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal".
Los convocantes aseguran haber intentado llegar a
acuerdos en varios ámbitos. "El balance no puede ser más decepcionante en
todos estos meses que llevamos de negociaciones. No hay siquiera un compromiso
firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la
Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto", sostienen
tanto las asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura,
Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y
Foro Judicial Independiente) como las de fiscales (Asociación de Fiscales,
Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de
Fiscales).
La primera huelga de jueces de España la padeció el
socialista Mariano Fernández Bermejo en 2009. Meses después volvía a haber
huelga (con otros convocantes), ya con Camaño de ministro. El 2013 la huelga
fue contra el popular Alberto Ruiz-Gallardón. En esta segunda, como
ahora, pararon los fiscales. La huelga de este martes es la primera que aúna a
las siete asociaciones de ambas carreras y llega después de varias jornadas de
paros ante los centros de trabajo y, finalmente, una concentración ante el
Ministerio de Justicia en la que fiscales y jueces corearon contra el ministro
(Catalá dimisión), el presidente del CGPJ ("Lo mismo da Lesmes que
Catalá") y la portavoz socialista, la magistrada Margarita Robles
("Margarita, cállate").
Desde el Ministerio de Justicia defienden que en torno
a un 70% de las reclamaciones ya han sido atendidas, si bien dependen de que
finalmente se aprueben los Presupuestos o se culmine la tramitación
parlamentaria necesaria para las reformas legislativas.
Esa lista de reivindicaciones incluye, entre otros
puntos, la ampliación de las plantillas, la recuperación de los salarios y permisos
y vacaciones al nivel previo a la crisis, la fijación de la carga laboral o la
racionalización de la planta judicial y fiscal.
Entre las "medidas
para reforzar la independencia judicial" se incluye garantizar la elección de
vocales del CGPJ "por los jueces y magistrados", así como la
"objetivación" del sistema de nombramiento de altos cargos. Las asociaciones también reclaman la supresión de los
magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.
Por su parte, las asociaciones fiscales reclaman un
"refuerzo de la independencia" y con una "autonomía
presupuestaria" que les libere del Ministerio y facilite lo anterior.
También solicitan paralizar el sistema de plazos de investigación y la
implantación de la justicia digital mientras no se pongan medios suficientes
para que funcionen.
Mercedes Alaya: «Susana Díaz
podría malversar si no reclama los 850 millones de los ERE»
- La juez sevillana subraya que «los políticos no pueden renunciar jamás a recuperar dinero que es público»
Actualmente se desarrolla en la
Audiencia Provincial de Sevilla el juicio por la financiación de ERE con ayudas
concedidas por la agencia IDEA, de la Junta de Andalucía, sin acogerse presuntamente a la
normativa ni con un control posterior. Más de 22 exaltos cargos de la Junta
están acusados, entre ellos dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José
Antonio Griñán, así como varios exconsejeros de la Junta. El caso de los ERE fue destapado por la jueza
Mercedes Alaya, que
asegura que lo dejó prácticamente instruido antes de ocupar una plaza de
magistrado en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.
La Junta ha renunciado a la acusación particular en el
caso de los ERE, así como al ejercicio de la acción civil, que supone renunciar
a recuperar los 850 millones de euros de las ayudas sociolaborales. ¿Qué
opinión le merece?
La renuncia al ejercicio de la acción civil en dicho
procedimiento penal me parece una
actuación desleal con el patrimonio público que gestiona la Junta, contraria a
los intereses generales y a la Constitución y demás normativa nacional y
autonómica, y que además podría ser constitutivo de un nuevo delito de
malversación, lo cual podría generar responsabilidades penales. Ello está establecido
específicamente en el nuevo artículo del Código Penal de la malversación, que
se titula «administración desleal del patrimonio público». Y hay que tener en
cuenta que el tiempo para ejercer esa acción de restitución por parte de la
Administración son cinco años desde que pudo recuperarse el dinero.
Por tanto, la presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, podría incurrir en mi opinión en un delito de malversación si no
reclama ese dinero. Los políticos tienen que actuar siempre en favor del interés
general de la ciudadanía y no pueden renunciar jamás a recuperar un dinero que
es público. Con independencia de que sea
delito o no, ese dinero hay que reclamarlo porque se ha concedido bajo un
procedimiento ilegal. Se está debatiendo actualmente en el juicio de los ERES si esa ilegalidad es penal, pero lo que está claro es que era un
procedimiento administrativo ilegal. De
hecho fueron muy numerosas la resoluciones de la Sala de lo Contencioso del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que nos remitían a la causa de los
ERE, copias de reclamaciones hechas a la Junta de Andalucía por
empresarios para reclamar sus subvenciones, afirmando los magistrados de dicha sala que el
expediente y la resolución administrativa de concesión suponía un absoluto
desprecio por el Derecho.
¿Es bueno acotar el tiempo de instrucción de las
macrocausas?
No. Todas las asociaciones de jueces y fiscales, y yo
misma, estamos en contra. De hecho, se está elaborando un anteproyecto para
eliminar ahora esa limitación que nunca debió existir. ¡Quién va a tener más
ganas de terminar una instrucción que el propio juez o el fiscal! Los jueces y
fiscales de las distintas asociaciones han hecho un comunicado, para reclamar
precisamente la derogación del sistema de los plazos de instrucción.
¿Está en contra de despiezar las macrocausas?
Divide y vencerás. No es que esté en desacuerdo, al
contrario estoy absolutamente a favor para agilizar el trabajo siempre que ello
sea posible, como yo misma lo he hecho siempre que podido. Pero hay
determinados temas que no pueden verse por separado porque están absolutamente
entrelazados. Difícilmente te puedes enterar de las ayudas socioalaborales si
no ves al mismo tiempo cómo se concedían, presuntamente sin documentos, ni
solicitud alguna, aparentemente sin control ni seguimiento de la Ley de
Subvenciones. Hay macrocausas que no pueden dividirse porque puedes llegar a la
disyuntiva de absolver en la pieza política a los imputados y, sin embargo, que se condene a los empresarios y funcionarios menores en
los juicios posteriores que se van a
celebrar en las piezas de las ayudas sociolaborales, juicios que tendrán que
celebrarse antes de la firmeza de la sentencia de la pieza principal y que
podrán dar lugar a sentencia contradictorias. No
obstante esta decisión de dividir no ha venido motivada por una elección
personal, sino más bien impuesta por la reciente reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, con la decidida intención de acabar con los
macroprocesos. Al menos en la fase de investigación judicial no podrán acabar
con dicha medida.
¿Por qué no despiezar la causa de los cursos de
formación?
Creo que en la actualidad están divididas por piezas.
No obstante antes de mi marcha planteé al CGPJ dividir la causa de los Cursos
de formación en el plan estratégico que me pidió para abordar la conclusión en
determinados plazos de las diferentes macrocausas. También propuse antes de la
reforma aludida de la Ley de Enjuiciamiento Criminal separar de
la causa de los ERE el tema de los sindicatos y las mediadoras.
Mercedes Alaya:
«La prevaricación debería castigarse con cárcel. Es la madre de todos los
delitos de corrupción»
- La magistrada pide modificar el Código Penal «porque la prevaricación es la madre de todos los delitos de corrupción»
Mercedes Alaya, instructora de numerosas
macrocausas como los ERE o los cursos de formación, aboga por la creación juzgados
especializados en corrupción, así como por una reforma del Código Penal para
esos delitos «porque -argumenta- muchas veces en España la corrupción sale gratis».
Pero si hay algo que
le preocupa a esta
magistrada, que pasó del Juzgado de Instrucción 6 a la Audiencia de Sevilla, es que la prevaricación, «la madre
de todos los delitos de corrupción», no esté castigada con pena de
cárcel.
Los casos de corrupción se suceden en España. Vamos de
los ERE a la Púnica, de Palau a Nóos, de Bárcenas al 3%... y tiro porque me
toca. A estas alturas, ¿cree en los políticos?
No puedo considerar que toda la clase política sea de la misma manera.
¿Vota
usted o ya está descreída?
Hace tiempo que ya no voto, lo cual refleja mucho la
decepción política que sentimos los ciudadanos. Confío en ciertos políticos y
en otros nada.
¿Deberían crearse juzgados especializados en
corrupción en España?
Hay casos, como el de los ERE, Avales, Invercaria...
que no pueden ir a la Audiencia Nacional, por lo que considero necesario la creación de juzgados
dedicados a temas de corrupción en la capital donde esté ubicada la sede
política de cada comunidad autónoma porque son asuntos muy complejos. Estos juzgados deberían estar
dotados de los medios necesarios y personal cualificado, de expertos en auxilio juridiscional,
como funcionarios de Hacienda, de la Intervención.... Sería suficiente con que hubiera
uno o dos juzgados en cada Comunidad, dependiendo de su tamaño.
¿Es necesaria una reforma del Código Penal para
incrementar las penas por delitos de corrupción?
Sí, para incrementar las penas en determinados delitos
de dicha naturaleza que ahora no tienen pena de prisión. La corrupción en
muchos casos sale casi gratis en nuestro país, en cuanto a penas se refiere. Así tenemos el supuesto de la prevaricación, resolución administrativa
manifiestamente injusta a sabiendas de que sustituye el cumplimiento de la ley
por la voluntad personal de la autoridad o funcionario que la dicta. Este delito es la madre de todos los delitos de
corrupción, y está castigado sólo con penas de inhabilitación. Además, con la reciente reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, por no tener pena de prisión de
al menos tres años en los delitos de prevaricación no se pueden autorizar
intervenciones telefónicas o telemáticas para su investigación. El ejemplo clásico de
prevaricación, como ocurre supuestamente en el caso de los ERE, es prevaricar
para malversar. Eso ocurre en casi todos los
delitos de corrupción, que habitualmente se inician con una prevaricación, con
una resolución injusta. Si
comparamos la prevaricación administrativa con la judicial están en absoluta
desigualdad,
porque la prevaricación judicial sí está castigada con penas de uno a cuatro
años de prisión.
También deberían contemplarse penas de cárcel para la
autoridad o funcionario público que reclame aranceles, derechos o tarifas que
no existan o sean superiores a las existentes, así como para el funcionario que
asesore a personas o entidades privadas de las que dependa que luego tengan
relación con su propia actividad en la función Pública. También debería
castigarse con prisión a quien falsifique las cuentas de una entidad pública, ya que normalmente se falsifican para maquillarlas y sólo se castiga con pena de
prisión cuando se le cause un daño a dicha entidad. De hecho, en el delito societario sí se
contemplan penas de cárcel para ese mismo hecho cuando por parte del administrador de una sociedad
mercantil se falsean las cuentas de la misma.
Eso que está diciendo remite directamente a las
imputaciones de los expresidentes Chaves y Griñán en el caso de los ERE.
Bueno, Griñán sí está imputado por prevaricación y
malversación, pero Chaves sólo por prevaricación, cuando presuntamente, y de lo
que se deduce de la instrucción, habría cometido la misma actividad que el
señor Griñán, sin olvidar que fue en su etapa como presidente cuando dio
comienzo a la actividad presuntamente ilícita. Habrá seguro mucho que hablar
sobre los entresijos políticos, por aquellos quienes los conozcan, entre los
cuales no me sitúo, que han hecho que la acusación haya sido sólo por
prevaricación. Por ello abogo por un Pacto de Estado por la Justicia para
que todos los partidos políticos acuerden que no se utilizará nunca como moneda
de cambio en un pacto político la acusación o no acusación por un determinado
delito o la acusación por un delito menos grave.
¿Debería modificarse la regulación sobre financiación
de partidos políticos?
Sí, por supuesto. Habría que modificar el artículo del
Código Penal dedicado a la financiación ilegal de los partidos políticos porque
es una norma en blanco que remite a la Ley de Financiación de los Partidos
Políticos. Merece crítica el actual y reciente delito de financiación ilegal de
los partidos políticos porque se ha introducido no en los delitos de corrupción
o contra la Administración, sino en los de blanqueo de dinero. Está penado
recibir donaciones anónimas, revocables y finalistas de 500.000 euros, pero no
cuando se reciben cantidades inferiores a ese dinero. Además, ahora es
perfectamente lícito recibir inmuebles por parte de partidos políticos siempre
que se acredite quién los dona y el documento de transmisión. Por el principio
de transparencia, de igualdad de oportunidades entre los diferentes partidos
políticos y de lucha contra la corrupción, la financiación de los partidos
políticos se debería limitar a las asignaciones públicas y limitar las
asignaciones privadas a herencias y legados pues obviamente en las mismas no
hay ninguna finalidad directa.
«En
el Caso Betis las acusaciones particulares pactaron con Lopera por un evidente
ánimo de lucro»
-Usted instruyó el Caso Betis. A pesar de que el
investigado, Manuel Ruiz de Lopera, se declaró culpable, después fue
absuelto. ¿Se siente decepcionada?
-Me
siento decepcionado pero no por la resolución judicial. El caso Betis está sub
judice porque está pendiente de un recurso de casación ante el Supremo. No me
siento decepcionada en absoluto por la resolución judicial porque sé que no
tuvieron otro remedio. Me siento decepcionada por las acusaciones particulares,
salvo la parte que ha recurrido, ya que por un evidente ánimo de lucro llegaron a un
acuerdo con el investigado, que se declaró culpable, y tiraron por tierra el ingente trabajo que realizamos
los inspectores de Hacienda y yo en un tema tan extremadamente complicado.
El tema tiene mucha
enjundia. No había ningún interés acusatorio en el caso, pese a que la causa se inició en virtud de
querella de Ministerio Fiscal y mantuvo su acusación.
-Ocurrió lo mismo con el
juicio por la venta de los suelos de Mercasevilla, donde fueron absueltos los
imputados, entre ellos empresarios y exconcejales.
-Como
sucedió en el caso de los ERE, el Caso Mercasevilla se desarrolló en un momento
en el que había mucho interés por parte del PP de ir en contra de cualquier
infracción al Código Penal por parte del PSOE, que entonces regentaba esa
empresa municipal. De hecho, el Ministerio fiscal estuvo avalando la
instrucción judicial durante años. Cuando tuvo que formular escrito de
acusación, las cosas habían cambiado porque se habría producido esa pinza
PP-PSOE, que yo veía en todas las macrocausas, y el Ministerio Fiscal suavizó
su acusación. Cuando llegó el juicio,
personas muy próximas al mismo afirmaron que por parte del fiscal no hubo
interés de justificar probatoriamente los términos de su escrito de acusación.
Sin embargo, estoy muy contenta de haber instruido esa
causa, ya que de ella devino otra, tirando del hilo, lo que permitió destapar
un cohecho muy importante presuntamente cometido por uno de los principales
miembros de Mercasevilla, mano derecha del Alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín,
así como cientos de cohechos en temas de parques y jardines, diputaciones y
otras entidades públicas repartidas por diferentes territorios de nuestro país
por parte de la empresa Fitonovo. Se trata del Caso Enredadera, que se está
llevando con mucho éxito en la Audiencia Nacional. En apenas 15 días tomamos
declaración a 90 imputados y la Audiencia Nacional admitió la causa desde el
primer momento.
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