viernes, 25 de mayo de 2018

Máxima difusión. La justicia se activa : Huelga de jueces y fiscales: "Nos han mareado y al final hemos tenido que hacer algo".+ Mercedes Alaya: «Susana Díaz podría malversar si no reclama los 850 millones de los ERE» + Mercedes Alaya: «La prevaricación debería castigarse con cárcel. Es la madre de todos los delitos de corrupción» = Gracias, Sra. Magistrada; habla alto y claro. La politización de la Justicia (No conceden la comisión de servicios a la Ilma. Sra. Magistrada Doña Mercedes Alaya), de la Administración Pública (Administración paralela de Andalucía, clientelar y digital = “ingeniería jurídica ad hoc” para hacer lo inadmisible; ¿ejercicio de potestades públicas sin ser funcionario ni estar habilitado para ello, es usurpación de funciones públicas y posible prevaricación? ), de la Sanidad (Unidades de Gestión Pública de Andalucía), Educación (Inspección educativa y aprobados de despacho de la junta)…… hace que los ciudadanos estemos indefensos ante la colonización política de las instituciones que nos protegen y al interés general; ningún partido político vendrá a cambiar las cosas, sus intereses partidistas, obtener votos para alcanzar el poder. Es hora de que los profesionales, que trabajan para el servicio público, alcen la voz y defiendan los bienes públicos colectivos, sanidad, justicia, educación, administración pública. Basta de impunidad política, no al despilfarro y la corrupción institucional. Con esto perdemos todos.


Huelga de jueces y fiscales: "Nos han mareado y al final hemos tenido que hacer algo" 




Entre las "medidas para reforzar la independencia judicial" se incluye garantizar la elección de vocales del CGPJ "por los jueces y magistrados", así como la "objetivación" del sistema de nombramiento de altos cargosLas asociaciones también reclaman la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.

Por su parte, las asociaciones fiscales reclaman un "refuerzo de la independencia" y con una "autonomía presupuestaria" que les libere del Ministerio y facilite lo anterior. También solicitan paralizar el sistema de plazos de investigación y la implantación de la justicia digital mientras no se pongan medios suficientes para que funcionen.

Mercedes Alaya: «Susana Díaz podría malversar si no reclama los 850 millones de los ERE»


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  • La juez sevillana subraya que «los políticos no pueden renunciar jamás a recuperar dinero que es público»
La renuncia al ejercicio de la acción civil en dicho procedimiento penal me parece una actuación desleal con el patrimonio público que gestiona la Junta, contraria a los intereses generales y a la Constitución y demás normativa nacional y autonómica, y que además podría ser constitutivo de un nuevo delito de malversación, lo cual podría generar responsabilidades penales. Ello está establecido específicamente en el nuevo artículo del Código Penal de la malversación, que se titula «administración desleal del patrimonio público». Y hay que tener en cuenta que el tiempo para ejercer esa acción de restitución por parte de la Administración son cinco años desde que pudo recuperarse el dinero.


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Por tanto, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, podría incurrir en mi opinión en un delito de malversación si no reclama ese dinero. Los políticos tienen que actuar siempre en favor del interés general de la ciudadanía y no pueden renunciar jamás a recuperar un dinero que es público. Con independencia de que sea delito o no, ese dinero hay que reclamarlo porque se ha concedido bajo un procedimiento ilegal. Se está debatiendo actualmente en el juicio de los ERES si esa ilegalidad es penal, pero lo que está claro es que era un procedimiento administrativo ilegal. De hecho fueron muy numerosas la resoluciones de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que nos remitían a la causa de los ERE, copias de reclamaciones hechas a la Junta de Andalucía por empresarios para reclamar sus subvenciones, afirmando los magistrados de dicha sala que el expediente y la resolución administrativa de concesión suponía un absoluto desprecio por el Derecho.


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Mercedes Alaya: «La prevaricación debería castigarse con cárcel. Es la madre de todos los delitos de corrupción»



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  • La magistrada pide modificar el Código Penal «porque la prevaricación es la madre de todos los delitos de corrupción»

Sí, para incrementar las penas en determinados delitos de dicha naturaleza que ahora no tienen pena de prisión. La corrupción en muchos casos sale casi gratis en nuestro país, en cuanto a penas se refiere. Así tenemos el supuesto de la prevaricación, resolución administrativa manifiestamente injusta a sabiendas de que sustituye el cumplimiento de la ley por la voluntad personal de la autoridad o funcionario que la dicta. Este delito es la madre de todos los delitos de corrupción, y está castigado sólo con penas de inhabilitación. Además, con la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por no tener pena de prisión de al menos tres años en los delitos de prevaricación no se pueden autorizar intervenciones telefónicas o telemáticas para su investigación. El ejemplo clásico de prevaricación, como ocurre supuestamente en el caso de los ERE, es prevaricar para malversar. Eso ocurre en casi todos los delitos de corrupción, que habitualmente se inician con una prevaricación, con una resolución injusta. Si comparamos la prevaricación administrativa con la judicial están en absoluta desigualdad, porque la prevaricación judicial sí está castigada con penas de uno a cuatro años de prisión.

…. Bueno, Griñán sí está imputado por prevaricación y malversación, pero Chaves sólo por prevaricación, cuando presuntamente, y de lo que se deduce de la instrucción, habría cometido la misma actividad que el señor Griñán, sin olvidar que fue en su etapa como presidente cuando dio comienzo a la actividad presuntamente ilícita. Habrá seguro mucho que hablar sobre los entresijos políticos, por aquellos quienes los conozcan, entre los cuales no me sitúo, que han hecho que la acusación haya sido sólo por prevaricación. Por ello abogo por un Pacto de Estado por la Justicia para que todos los partidos políticos acuerden que no se utilizará nunca como moneda de cambio en un pacto político la acusación o no acusación por un determinado delito o la acusación por un delito menos grave.





Huelga de jueces y fiscales: "Nos han mareado y al final hemos tenido que hacer algo"




Jueces y fiscales van hoy a la huelga tras meses de negociaciones de resultado "decepcionante". Lo hacen para reclamar una variada lista de reivindicaciones que reúnen peticiones estrictamente laborales y otras dirigidas al corazón de la Justicia: la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal.

"Hoy muchos fiscales, jueces y juezas hemos decidido hacer huelga. Con ella queremos expresar nuestro profundo malestar con los responsables en materia de Justicia ante la dejación y abandono en el que se encuentra este servicio público. Reclamamos una Administración de Justicia del siglo XXI, de calidad y con medios e independiente", afirma el comunicado conjunto emitido este martes por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales. No es la primera huelga de jueces y fiscales, pero sí la primera que respaldan unánimemente sus asociaciones.

"Hemos llevado nuestras propuestas a donde teníamos que llevarlas y han hecho caso omiso. Nos han mareado y al final hemos tenido que hacer algo. El desencanto en máximo", resumía anoche María Jesús del Barco, de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en un coloquio previo al comienzo de la huelga en el Club Siglo XXI.

La mayoría de los reproches van dirigidos al Ministerio que dirige Rafael Catalá. No está, sin embargo, solo. Los documentos de los huelguistas y los actos de reivindicación con los que se ha ido calentando la movilización apuntan también a los partidos políticos, que no han sido capaces de pactar mejoras, y a un Consejo General del Poder Judicial que no ha actuado como su interlocutor ante el Ministerio.

Las reclamaciones que no han conseguido sacar adelante se recogen en un documento denominado "14 propuestas para la mejora de la Justicia" que fue firmado en junio del año pasado. "Dichas propuestas", explica el comunicado, "comprenden desde el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia: calidad y eficacia así como la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal".

Los convocantes aseguran haber intentado llegar a acuerdos en varios ámbitos. "El balance no puede ser más decepcionante en todos estos meses que llevamos de negociaciones. No hay siquiera un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto", sostienen tanto las asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) como las de fiscales (Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales).

La primera huelga de jueces de España la padeció el socialista Mariano Fernández Bermejo en 2009. Meses después volvía a haber huelga (con otros convocantes), ya con Camaño de ministro. El 2013 la huelga fue contra el popular Alberto Ruiz-Gallardón. En esta segunda, como ahora, pararon los fiscales. La huelga de este martes es la primera que aúna a las siete asociaciones de ambas carreras y llega después de varias jornadas de paros ante los centros de trabajo y, finalmente, una concentración ante el Ministerio de Justicia en la que fiscales y jueces corearon contra el ministro (Catalá dimisión), el presidente del CGPJ ("Lo mismo da Lesmes que Catalá") y la portavoz socialista, la magistrada Margarita Robles ("Margarita, cállate").

Desde el Ministerio de Justicia defienden que en torno a un 70% de las reclamaciones ya han sido atendidas, si bien dependen de que finalmente se aprueben los Presupuestos o se culmine la tramitación parlamentaria necesaria para las reformas legislativas.

Esa lista de reivindicaciones incluye, entre otros puntos, la ampliación de las plantillas, la recuperación de los salarios y permisos y vacaciones al nivel previo a la crisis, la fijación de la carga laboral o la racionalización de la planta judicial y fiscal.

Entre las "medidas para reforzar la independencia judicial" se incluye garantizar la elección de vocales del CGPJ "por los jueces y magistrados", así como la "objetivación" del sistema de nombramiento de altos cargos. Las asociaciones también reclaman la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.

Por su parte, las asociaciones fiscales reclaman un "refuerzo de la independencia" y con una "autonomía presupuestaria" que les libere del Ministerio y facilite lo anterior. También solicitan paralizar el sistema de plazos de investigación y la implantación de la justicia digital mientras no se pongan medios suficientes para que funcionen.


Mercedes Alaya: «Susana Díaz podría malversar si no reclama los 850 millones de los ERE»

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  • La juez sevillana subraya que «los políticos no pueden renunciar jamás a recuperar dinero que es público»

Actualmente se desarrolla en la Audiencia Provincial de Sevilla el juicio por la financiación de ERE con ayudas concedidas por la agencia IDEA, de la Junta de Andalucía, sin acogerse presuntamente a la normativa ni con un control posterior. Más de 22 exaltos cargos de la Junta están acusados, entre ellos dos expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como varios exconsejeros de la Junta. El caso de los ERE fue destapado por la jueza Mercedes Alayaque asegura que lo dejó prácticamente instruido antes de ocupar una plaza de magistrado en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.

La Junta ha renunciado a la acusación particular en el caso de los ERE, así como al ejercicio de la acción civil, que supone renunciar a recuperar los 850 millones de euros de las ayudas sociolaborales. ¿Qué opinión le merece?

La renuncia al ejercicio de la acción civil en dicho procedimiento penal me parece una actuación desleal con el patrimonio público que gestiona la Junta, contraria a los intereses generales y a la Constitución y demás normativa nacional y autonómica, y que además podría ser constitutivo de un nuevo delito de malversación, lo cual podría generar responsabilidades penales. Ello está establecido específicamente en el nuevo artículo del Código Penal de la malversación, que se titula «administración desleal del patrimonio público». Y hay que tener en cuenta que el tiempo para ejercer esa acción de restitución por parte de la Administración son cinco años desde que pudo recuperarse el dinero.
Por tanto, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, podría incurrir en mi opinión en un delito de malversación si no reclama ese dinero. Los políticos tienen que actuar siempre en favor del interés general de la ciudadanía y no pueden renunciar jamás a recuperar un dinero que es público. Con independencia de que sea delito o no, ese dinero hay que reclamarlo porque se ha concedido bajo un procedimiento ilegal. Se está debatiendo actualmente en el juicio de los ERES si esa ilegalidad es penal, pero lo que está claro es que era un procedimiento administrativo ilegal. De hecho fueron muy numerosas la resoluciones de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que nos remitían a la causa de los ERE, copias de reclamaciones hechas a la Junta de Andalucía por empresarios para reclamar sus subvenciones, afirmando los magistrados de dicha sala que el expediente y la resolución administrativa de concesión suponía un absoluto desprecio por el Derecho.
¿Es bueno acotar el tiempo de instrucción de las macrocausas?

No. Todas las asociaciones de jueces y fiscales, y yo misma, estamos en contra. De hecho, se está elaborando un anteproyecto para eliminar ahora esa limitación que nunca debió existir. ¡Quién va a tener más ganas de terminar una instrucción que el propio juez o el fiscal! Los jueces y fiscales de las distintas asociaciones han hecho un comunicado, para reclamar precisamente la derogación del sistema de los plazos de instrucción.
¿Está en contra de despiezar las macrocausas?

Divide y vencerás. No es que esté en desacuerdo, al contrario estoy absolutamente a favor para agilizar el trabajo siempre que ello sea posible, como yo misma lo he hecho siempre que podido. Pero hay determinados temas que no pueden verse por separado porque están absolutamente entrelazados. Difícilmente te puedes enterar de las ayudas socioalaborales si no ves al mismo tiempo cómo se concedían, presuntamente sin documentos, ni solicitud alguna, aparentemente sin control ni seguimiento de la Ley de Subvenciones. Hay macrocausas que no pueden dividirse porque puedes llegar a la disyuntiva de absolver en la pieza política a los imputados y, sin embargo, que se condene a los empresarios y funcionarios menores en los juicios posteriores que se van a celebrar en las piezas de las ayudas sociolaborales, juicios que tendrán que celebrarse antes de la firmeza de la sentencia de la pieza principal y que podrán dar lugar a sentencia contradictorias. No obstante esta decisión de dividir no ha venido motivada por una elección personal, sino más bien impuesta por la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la decidida intención de acabar con los macroprocesos. Al menos en la fase de investigación judicial no podrán acabar con dicha medida.
¿Por qué no despiezar la causa de los cursos de formación?

Creo que en la actualidad están divididas por piezas. No obstante antes de mi marcha planteé al CGPJ dividir la causa de los Cursos de formación en el plan estratégico que me pidió para abordar la conclusión en determinados plazos de las diferentes macrocausas. También propuse antes de la reforma aludida de la Ley de Enjuiciamiento Criminal separar de la causa de los ERE el tema de los sindicatos y las mediadoras.
Mercedes Alaya: «La prevaricación debería castigarse con cárcel. Es la madre de todos los delitos de corrupción»
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  • La magistrada pide modificar el Código Penal «porque la prevaricación es la madre de todos los delitos de corrupción»
Mercedes Alaya, instructora de numerosas macrocausas como los ERE o los cursos de formación, aboga por la creación juzgados especializados en corrupción, así como por una reforma del Código Penal para esos delitos «porque -argumenta- muchas veces en España la corrupción sale gratis». Pero si hay algo que le preocupa a esta magistrada, que pasó del Juzgado de Instrucción 6 a la Audiencia de Sevilla, es que la prevaricación, «la madre de todos los delitos de corrupción», no esté castigada con pena de cárcel.

Los casos de corrupción se suceden en España. Vamos de los ERE a la Púnica, de Palau a Nóos, de Bárcenas al 3%... y tiro porque me toca. A estas alturas, ¿cree en los políticos?

No puedo considerar que toda la clase política sea de la misma manera.

¿Vota usted o ya está descreída?

Hace tiempo que ya no voto, lo cual refleja mucho la decepción política que sentimos los ciudadanos. Confío en ciertos políticos y en otros nada.
¿Deberían crearse juzgados especializados en corrupción en España?

Hay casos, como el de los ERE, Avales, Invercaria... que no pueden ir a la Audiencia Nacional, por lo que considero necesario la creación de juzgados dedicados a temas de corrupción en la capital donde esté ubicada la sede política de cada comunidad autónoma porque son asuntos muy complejos. Estos juzgados deberían estar dotados de los medios necesarios y personal cualificado, de expertos en auxilio juridiscional, como funcionarios de Hacienda, de la Intervención.... Sería suficiente con que hubiera uno o dos juzgados en cada Comunidad, dependiendo de su tamaño.
¿Es necesaria una reforma del Código Penal para incrementar las penas por delitos de corrupción?

Sí, para incrementar las penas en determinados delitos de dicha naturaleza que ahora no tienen pena de prisión. La corrupción en muchos casos sale casi gratis en nuestro país, en cuanto a penas se refiere. Así tenemos el supuesto de la prevaricación, resolución administrativa manifiestamente injusta a sabiendas de que sustituye el cumplimiento de la ley por la voluntad personal de la autoridad o funcionario que la dicta. Este delito es la madre de todos los delitos de corrupción, y está castigado sólo con penas de inhabilitación. Además, con la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por no tener pena de prisión de al menos tres años en los delitos de prevaricación no se pueden autorizar intervenciones telefónicas o telemáticas para su investigación. El ejemplo clásico de prevaricación, como ocurre supuestamente en el caso de los ERE, es prevaricar para malversar. Eso ocurre en casi todos los delitos de corrupción, que habitualmente se inician con una prevaricación, con una resolución injusta. Si comparamos la prevaricación administrativa con la judicial están en absoluta desigualdad, porque la prevaricación judicial sí está castigada con penas de uno a cuatro años de prisión.
También deberían contemplarse penas de cárcel para la autoridad o funcionario público que reclame aranceles, derechos o tarifas que no existan o sean superiores a las existentes, así como para el funcionario que asesore a personas o entidades privadas de las que dependa que luego tengan relación con su propia actividad en la función Pública. También debería castigarse con prisión a quien falsifique las cuentas de una entidad pública, ya que normalmente se falsifican para maquillarlas y sólo se castiga con pena de prisión cuando se le cause un daño a dicha entidad. De hecho, en el delito societario sí se contemplan penas de cárcel para ese mismo hecho cuando por parte del administrador de una sociedad mercantil se falsean las cuentas de la misma.
Eso que está diciendo remite directamente a las imputaciones de los expresidentes Chaves y Griñán en el caso de los ERE.

Bueno, Griñán sí está imputado por prevaricación y malversación, pero Chaves sólo por prevaricación, cuando presuntamente, y de lo que se deduce de la instrucción, habría cometido la misma actividad que el señor Griñán, sin olvidar que fue en su etapa como presidente cuando dio comienzo a la actividad presuntamente ilícita. Habrá seguro mucho que hablar sobre los entresijos políticos, por aquellos quienes los conozcan, entre los cuales no me sitúo, que han hecho que la acusación haya sido sólo por prevaricación. Por ello abogo por un Pacto de Estado por la Justicia para que todos los partidos políticos acuerden que no se utilizará nunca como moneda de cambio en un pacto político la acusación o no acusación por un determinado delito o la acusación por un delito menos grave.
¿Debería modificarse la regulación sobre financiación de partidos políticos?

Sí, por supuesto. Habría que modificar el artículo del Código Penal dedicado a la financiación ilegal de los partidos políticos porque es una norma en blanco que remite a la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. Merece crítica el actual y reciente delito de financiación ilegal de los partidos políticos porque se ha introducido no en los delitos de corrupción o contra la Administración, sino en los de blanqueo de dinero. Está penado recibir donaciones anónimas, revocables y finalistas de 500.000 euros, pero no cuando se reciben cantidades inferiores a ese dinero. Además, ahora es perfectamente lícito recibir inmuebles por parte de partidos políticos siempre que se acredite quién los dona y el documento de transmisión. Por el principio de transparencia, de igualdad de oportunidades entre los diferentes partidos políticos y de lucha contra la corrupción, la financiación de los partidos políticos se debería limitar a las asignaciones públicas y limitar las asignaciones privadas a herencias y legados pues obviamente en las mismas no hay ninguna finalidad directa.
«En el Caso Betis las acusaciones particulares pactaron con Lopera por un evidente ánimo de lucro»
-Usted instruyó el Caso Betis. A pesar de que el investigado, Manuel Ruiz de Lopera, se declaró culpable, después fue absuelto. ¿Se siente decepcionada?

-Me siento decepcionado pero no por la resolución judicial. El caso Betis está sub judice porque está pendiente de un recurso de casación ante el Supremo. No me siento decepcionada en absoluto por la resolución judicial porque sé que no tuvieron otro remedio. Me siento decepcionada por las acusaciones particulares, salvo la parte que ha recurrido, ya que por un evidente ánimo de lucro llegaron a un acuerdo con el investigado, que se declaró culpable, y tiraron por tierra el ingente trabajo que realizamos los inspectores de Hacienda y yo en un tema tan extremadamente complicado. El tema tiene mucha enjundia. No había ningún interés acusatorio en el caso, pese a que la causa se inició en virtud de querella de Ministerio Fiscal y mantuvo su acusación.
 -Ocurrió lo mismo con el juicio por la venta de los suelos de Mercasevilla, donde fueron absueltos los imputados, entre ellos empresarios y exconcejales.

-Como sucedió en el caso de los ERE, el Caso Mercasevilla se desarrolló en un momento en el que había mucho interés por parte del PP de ir en contra de cualquier infracción al Código Penal por parte del PSOE, que entonces regentaba esa empresa municipal. De hecho, el Ministerio fiscal estuvo avalando la instrucción judicial durante años. Cuando tuvo que formular escrito de acusación, las cosas habían cambiado porque se habría producido esa pinza PP-PSOE, que yo veía en todas las macrocausas, y el Ministerio Fiscal suavizó su acusación. Cuando llegó el juicio, personas muy próximas al mismo afirmaron que por parte del fiscal no hubo interés de justificar probatoriamente los términos de su escrito de acusación.
Sin embargo, estoy muy contenta de haber instruido esa causa, ya que de ella devino otra, tirando del hilo, lo que permitió destapar un cohecho muy importante presuntamente cometido por uno de los principales miembros de Mercasevilla, mano derecha del Alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, así como cientos de cohechos en temas de parques y jardines, diputaciones y otras entidades públicas repartidas por diferentes territorios de nuestro país por parte de la empresa Fitonovo. Se trata del Caso Enredadera, que se está llevando con mucho éxito en la Audiencia Nacional. En apenas 15 días tomamos declaración a 90 imputados y la Audiencia Nacional admitió la causa desde el primer momento.

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