El PP denuncia los vínculos del auditor de la Faffe con el PSOE y con las 'black' .
- Alejandro Martínez, auditor de la fundación para formar a los parados, "intentó exculpar al PSOE" en el caso Filesa y asesoró a Virgilio Zapatero
La Faffe = Administración paralela de la Junta.
764 contratados 'a dedo' en una fundación de la Junta
- La Cámara de Cuentas afirma que no se respetó "la igualdad, el mérito, la capacidad y la publicidad"
- La Consejería de Economía responde que no hay que hacer una «traslación absoluta» de esos principios
Descubiertos 764
‘enchufados’ en un solo ente de la Junta de la señora Díaz
- El 80% de la plantilla llevaba al menos una década trabajando a dedo en uno de los innumerables entes de la gigantesca administración paralela
Un
juez criticó el «dineral» que cuesta la fundación. El dinero que cuesta la
mayor fundación de la Junta dejó asombrado al juez de lo Social número 2 de
Córdoba, Manuel Oteros Fernández, quien en una sentencia expresó su desconcierto
por el «dineral» (así lo calificaba) que cuesta «al sufrido contribuyente»
Andalucía Emprende. «No cabe imaginar empresa pública con menos control y más
ineficiente», advertía en su resolución. El juez avaló el despido de un técnico
por compaginar el trabajo en Andalucía Emprende con su representación como
abogado en 60 pleitos contra la Junta.
La
mayor fundación de la Junta de Andalucía se gasta en sueldos las subvenciones
millonarias que recibe
- La Cámara de Cuentas cuestiona que Andalucía Emprende cumpliera los principios de igualdad, capacidad y publicidad en la selección del personal
Los
ex consejeros Viera y Fernández "succionaron el alma" al IFA, dice un
testigo en el juicio de los ERE
- Un ex director general de Trabajo rechazó pedir un informe jurídico al cambiar sistema ayudas
…..expresidentes
Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación
por crear o
mantener un "procedimiento específico" con el que la Junta repartió
durante una década 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis
de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.
Bajo el
mandato de Rivera (exculpado
de la pieza política del caso ERE), la Consejería de Empleo modificó el sistema de pago de las ayudas
sociolaborales y a empresas en crisis a través de la agencia pública IDEA, al
dejar de utilizar transferencias de financiación como herramienta para enviar los fondos a IDEA con los que pagarlas y aprobar
una encomienda de gestión para seguir encargado al ente público su abono.
La Intervención de la Junta advirtió en varios informes del
"uso inadecuado" de transferencias de financiación para que IDEA
pagara las ayudas pero ante la orden para cambiar el sistema por una encomienda de gestión,
también comunicó a Cortés que "iba a hacer reparos
porque no era el procedimiento correcto"
-para las acusaciones de este juicio el cambio no resolvió las presuntas
irregularidades en la concesión y pago de las ayudas-.La funcionaria que ha declarado este miércoles, Silvia Patricia Cortés, se lo dijo a Daniel Rivera y le pidió que solicitara un
informe al Gabinete Jurídico de la Junta porque "existía un conflicto
sobre cuál era el procedimiento correcto", pero
él le contestó que "para qué si ya tenían
un informe de un despacho externo".
Presiones.
Ha asegurado que se sintió "presionada"
por Rivera para tramitar la orden de encomienda de gestión y ante su negativa le llegó a decir que "estaba pensando en
prescindir de mí" y ella respondió que no
sería necesario porque renunciaba a su puesto ya que "no iba a
hacer algo que ya me estaban diciendo que no era correcto".
Crónica de Mara Mago. La Guardia Civil insiste en el juicio de los ERE falsos de Andalucía: el Consejo de Gobierno conocía el sistema “irregular” de adjudicación de las ayudas ·
- “No encontramos norma reguladora para la concesión de las ayudas ·
- “No había solicitudes de los trabajadores ni de las empresas, ni documentación que las justificara” ·
- “No había estudios de mercado para elegir a las aseguradoras con las que se firmaban las pólizas para el pago de las ayudas” ·
- “Nos llamó la atención las relaciones familiares o la afinidad al PSOE”
«Un
alto cargo no puede estar años y años firmando papeles sin enterarse de nada»
- Miguel Ángel del Arco Torres es Juez instructor jubilado. Acaba de publicar su segundo libro de memorias y analiza el fraude de la Alhambra, el caso ERE y el fallo contra La Manada.
….Dentro
de la defensa que hace un político ante un tribunal lo más fácil es decir que no conoce los hechos o no le
informaron.Ya
tiene su tanto de culpa que un alto cargo ignore los hechos o no haya tratado
de informarse. Ya es bastante vergonzoso que en hechos graves un
político o cualquier persona desconozca los hechos o las obligaciones legales
que imponen un cargo o la concesión de ayudas. Un alto cargo no puede estar años y años firmando papeles sin
enterarse de nada. ¿Y los mecanismos de control? ¿No
funcionan? Pero el juicio de los ERE no lo conozco.
…..Ha
habido una instrucción, unos escritos de acusación y formalmente todo es
perfecto. Que hay indicios de criminalidad lo ha dicho un juez del
Supremo. Hay mucho de teatralidad en esto, aunque evidentemente la
situación de un acusado es dramática. También hay una tendencia a la exculpación. Se le quiere quitar importancia a la prevaricación diciendo
que no se ha robado. Es ya lo que faltaba. Muchas veces es más vergonzosa
una prevaricación que haber malversado. La
prevaricación constituye el mayor abuso de superioridad de políticos o
funcionarios que han jurado la Constitución
¿Y como y porque crean la Administración paralela clientelar y juntera? Esa donde el dinero publico de todos desaparece y vuela?
764 contratados 'a dedo' en una fundación de la Junta
- La Cámara de Cuentas afirma que no se respetó "la igualdad, el mérito, la capacidad y la publicidad"
- La Consejería de Economía responde que no hay que hacer una «traslación absoluta» de esos principios
La
Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado que el 80 por ciento de la plantilla -764 trabajadores sobre un total de 955-
de un ente que forma parte de la conocida como 'administración paralela' de la
Junta fue contratado 'a dedo' y sin respetar los principios que rigen el acceso a la
función pública.
La
Consejería de Economía y Conocimiento, de la que depende el organismo
fiscalizado por la Cámara de Cuentas -la Fundación Andalucía
Emprende-, respondió que
no debe hacer una «traslación absoluta» a esta fundación de la Junta de los
principios que se le exigen «a las administraciones públicas» en la selección
del personal a su servicio, según consta en el informe consultado por EL MUNDO.
Los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad «no deben ser
interpretados» en la Fundación Andalucía Emprende «en el sentido de que
inexorablemente hayan de reproducirse miméticamente los modos y
maneras de selección de las administraciones públicas», afirma la Consejería en
las alegaciones.
En
este documento, difundido este viernes, la Cámara de Cuentas fiscaliza el año
2015 en la Fundación Andalucía Emprende, cuando hubo una plantilla media de 955
trabajadores. En ese periodo, el 88% del total de las
subvenciones nominativas concedidas por el Gobierno andaluz sirvió para pagar las
nóminas de su personal.
De
los 764 empleados contratados 'a dedo', la Cámara de Cuentas distingue los 740
procedentes de las extintas Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local
y Tecnológico (UTEDLT) que se incorporaron a la Fundación Andalucía Emprende en
2009, a pesar de que «no queda constancia documental que acredite el cumplimiento
de los principios de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad en el momento
del acceso al sector público andaluz».
Los
24 restantes son casos de trabajadores contratados por la Fundación en los que
«no se ha localizado la documentación que indique el proceso de selección
utilizado para su incorporación, no pudiéndose acreditar que la
selección se haya realizado mediante procedimientos que garanticen la igualdad,
mérito, capacidad y publicidad», recogidos en la ley, dice el informe.
Para
la Consejería de Economía y Conocimiento, que dirige el consejero Antonio Ramírez de Arellano, es «totalmente innecesario e induce a confusión» afirmar,
como dice la Cámara de Cuentas, que los 740 trabajadores de las
UTEDLT se integraron
en el fundación sin que se hubieran acreditado los principios que rigen en el
acceso al empleo público. Y ello porque el colectivo fue
«subrogado». Igualmente, la Consejería solicitó que estas conclusiones
fueran suprimidas del capítulo de «incumplimientos» del informe de
fiscalización.
Rechaza
las alegaciones.
Sin
embargo, la Cámara de Cuentas no admite ninguna de estas alegaciones porque,
cuando fiscalizó a las UTEDLT en otro informe de hace unos años, ya le fue
imposible acreditar los principios de «igualdad, mérito, capacidad y publicidad»
en el fichaje su plantilla.
Sobre
los otros 24 empleados contratados 'a dedo', la Consejería señaló que la
Fundación tuvo que organizar «en un breve periodo de tiempo numerosa
documentación» requerida por la Cámara de Cuentas que sobrepasaba «con creces
el tiempo legal exigido para la custodia de información documental (más de diez
años)» y por ello no pudo encontrar los expedientes completos de las contrataciones.
Además,
a una fundación no se le debe exigir lo mismo que a las administraciones
públicas a la hora de contratar personal, según la Junta, que alega que la
exigencia de igualdad «no tiene por qué suponer la
publicación en boletín oficial alguno, así como tampoco la imposición de mecanismos
tradicionales, como pudiera ser la publicación en prensa diaria».
«A
estos efectos, los actuales medios de comunicación y fenómenos como internet
permiten el acceso a la información por mecanismos mucho menos complejos y con
más divulgación que los clásicos referenciados», explica la Consejería, que
recalca que, «en la mayoría de los casos, las candidaturas fueron publicadas en
prensa y, en el resto, bien en la 'web' corporativa de la fundación o en el portal de empleo de la consultora externa encargada
de la selección» del personal.
Campaña
del PSOE.
Entre los trabajadores de la Fundación Andalucía Emprende ha
figurado la ex delegada de Empleo en Jaén Irene
Sabalete, quien protagonizó una gran polémica hace
tres años, cuando este diario publicó las grabaciones de sonido de la reunión de la entonces alto cargo
del Gobierno andaluz con los directores de las UTEDLT de la provincia
jiennense. En el encuentro, celebrado tan sólo un mes antes de las elecciones
autonómicas del año 2012, Sabalete les dice a los trabajadores «os quiero a
todos en la calle haciendo campaña por el PSOE» porque «si no ganamos las
elecciones no vais a seguir trabajando en la Junta de Andalucía».
El PP denuncia los vínculos
del auditor de la Faffe con el PSOE y con las 'black'
- Alejandro Martínez, auditor de la fundación para formar a los parados, "intentó exculpar al PSOE" en el caso Filesa y asesoró a Virgilio Zapatero
La
secretaria general del PP Andaluz, Loles López, desveló este viernes que la
auditoría encargada por el gobierno de Susana Díaz sobre la Fundación Andaluza
Fondo de Formación y Empleo (Faffe) está firmada por Alejandro Martínez Gómez,
quien "se encargó de exculpar al PSOE en el caso Filesa, en el que
finalmente el partido socialista fue condenado por financiación
irregular". Agregó que este auditor de la empresa ADT fue también asesor del ex ministro socialista
Virgilio Zapatero, condenado por las 'tarjetas black' de Caja Madrid.
"Todo queda en casa y en la familia nadie habla", concluyó.
López
explicó que después de muchos meses reclamándolo, el PP-A ha podido acceder en
la Consejería de Empleo a esta auditoría firmada
en junio de 2016 y recordó que la Fiscalía Anticorrupción solicita a la Junta en un escrito de marzo de 2018 que le
remita tanto esta auditoría de ADT como la realizada por Deloitte.
Por
esta razón, la secretaria general del PP-A afirmó que "el PSOE y Susana
Díaz siguen huyendo, primero con el silencio y después faltando a la verdad". Recordó que a pesar
de que Díaz aseguró el miércoles en el Parlamento que la Justicia tiene toda la
documentación desde 2015, "tanto la Guardia Civil como la Fiscalía
Anticorrupción y la juez siguen reclamando información que el gobierno está
ocultando".
Explicó
que cuando la Junta puso a disposición de la investigación un ordenador de la
Faffe, la Guardia Civil encontró "indicios de fraude y amaño de contratos", por lo que requirió nueva información. "Ahí se para
todo, ya no facilitan más información porque
se dan cuenta de que la bomba estallar".
López
afirmó que aunque el gobierno andaluz intenta ralentizar a la Justicia,
"el cerco se está cerrando y cada vez tienen menos tiempo para contar la
verdad". Señaló que "primero dijeron que no había tarjetas y sí las
había, después que habían enviado al juzgado toda la información y se ha
demostrado que no es así, y también dijeron que facilitaron un ordenador pero
no contaron lo que la Guardia Civil encontró".
La
dirigente popular instó al gobierno de Díaz a contar la verdad sobre cuántas tarjetas había en la Faffe, quién las ha utilizado y
para qué, mostrando los extractos y movimientos de las tarjetas. "Han hablado poco y lo poco que han
dicho ha sido para mentir y ocultar", dijo.
Un procedimiento “abierto.”
La
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha defendido la legalidad del
procedimiento "abierto" de contratación de la auditoría de
regularidad de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).
En
una nota, la Consejería ha explicado que el 4 de noviembre de 2014 se publicó
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) un anuncio de licitación de la contratación por parte del Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) de un 'servicio de auditoría de regularidad de la extinta Faffe
correspondiente a los ejercicios 2009, 2010 y 2011'.
Ha
precisado que en el punto 3 apartado B de esa resolución se recoge que se
realizaría por procedimiento abierto, esto es, "que pueden presentarse al
mismo todas las empresas que lo consideren oportuno". La Junta ha añadido
que el 12 de mayo de 2015 se publicó en el diario oficial de la Comunidad la
adjudicación del contrato, "quedando el mismo formalizado en documento
administrativo el día 20 de ese mes". En ese sentido, ha precisado que
el plazo de ejecución de la auditoria
es de seis meses.
La
Consejería ha añadido que en mayo de 2015 se produce también requerimiento del Juzgado de
Instrucción número 6 de Sevilla, dictado en el seno de las diligencias previas
222/2016 -pieza desglosada de las originales diligencias previas 966/2014-, por
el que se solicitaba se remitiese el 'Informe de auditoría de regularidad
afecto solo al control de subvenciones sobre la extinta Faffe'.
En
ese sentido, la empresa auditora ha solicitado una ampliación de los trabajos de auditoría hasta el 20 de marzo de
2016, por lo que se efectuó una segunda ampliación del mismo, también a
requerimiento de la empresa, cuyo plazo de ejecución expiraba el 8 de abril de
2016.
La
Consejería ha explicado que una vez finalizada la auditoría se remitió a la Intervención General de la Junta de
Andalucía, la comisión de investigación del Parlamento andaluz en relación con
los cursos de formación, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dando
cumplimiento del requerimiento efectuado por dicho juzgado, "y además se
han atendido dos peticiones de la diputada del PP Teresa Ruiz Sillero para
consultar la auditoría, la última de ellas el pasado 2 de mayo".
La
Junta ha resaltado que "se trata de una contratación realizada por un
procedimiento abierto, publicada en los boletines oficiales, y con el
cumplimiento de los requisitos legales y técnicos establecidos".
Descubiertos 764 ‘enchufados’ en un solo ente
de la Junta de la señora Díaz
- El 80% de la plantilla llevaba al menos una década trabajando a dedo en uno de los innumerables entes de la gigantesca administración paralela
Han sido hallados 764
‘enchufados’ en un solo ente de la gigantesca administración paralela. El ente es la Fundación Andalucía Emprende, donde
el 80 por ciento de la plantilla de 955 trabajadores estaban puestos ‘a dedo’ saltándose todas las normas y principios de acceso a la
función pública.
El órgano fiscalizador que ha hallado el pufo de enchufes ha sido la Cámara de Cuentas de Andalucía que ha
analizado tan solo el año 2015 según informa EL MUNDO.
La Junta de la señora Díaz dice que los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad «no deben ser interpretados» en la Fundación Andalucía Emprende
igual que en la administración a pesar de ser parte de ella.
La oposición ha denunciado que para eso crearon la gigantesca
administración paralela, para colocar a los
del carnet de la
organización PSOE-A de la señora Díaz, ya que los funcionarios entran por sus
méritos y no deben nada a nadie. De hecho la oposición
calcula que hay miles de
enchufados del PSOE-A controlando la mayoría del presupuesto de la Junta de la señora Díaz.
El 88% de las ayudas a la Fundación
Andalucía Emprende en 2015 fue para pagar sueldos.
Los 764 ‘enchufados vienen de las Unidades Territoriales de Empleo y
Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), entrando en la Fundación Andalucía Emprende en 2009 sin
que haya ningún documento que “acredite el cumplimiento de los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el momento del acceso al sector
público andaluz”.
La Junta de la señora Díaz quiso que la
Cámara de Cuentas quitara estas conclusiones de su informe de “incumplimientos”. Pero el órgano
fiscalizador lo rechaza pues ya hace años no se pudo
acreditar cómo habían entrado a trabajar los enchufados en las UTEDLT y si lo habían
hecho según los principios de “igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.
Además se contrató a través de una
consultora externa que fue
encargada de elegir
quién entraba y quién no. Así lo reconoce la Junta de la señora Díaz
que afirma que dichas plazas fueron publicadas en la web de la fundación o en
“el portal de empleo de la consultora externa encargada de la selección” del
personal.
En la Fundación Andalucía Emprende fue colocada por
Susana Díaz, Irene Sabalete, la exdelegada de Innvación y Empleo en Jaén
que fue grabada presionando a los trabajadores
para que pidieran el voto en las elecciones a la organización PSOE-A.
Ciudadanos no
ha hecho nada al respecto tras estar tres años apoyando fielmente a la señora
Díaz.
La mayor fundación de la Junta
de Andalucía se gasta en sueldos las subvenciones millonarias que recibe
- La Cámara de Cuentas cuestiona que Andalucía Emprende cumpliera los principios de igualdad, capacidad y publicidad en la selección del personal
Un informe de la Cámara de Cuentas de
Andalucía ha vuelto a meter en un atolladero al Gobierno autonómico por los
procesos de selección de los trabajadores en el entramado de la conocida como
«administración paralela», compuesta por una extensa red de empresas públicas, fundaciones, agencias y
consorcios.
El ente fiscalizador detecta
numerosas irregularidades en los expedientes de los 740 trabajadores integrados en la Fundación Pública Andalucía Emprende que procedían de los 95
consocios de empleo denominados Utedlt (Unidades Territoriales de Empleo y
Desarrollo Local), que tenía repartidos por las distintas provincias andaluzas.
En los expedientes de dicho personal
transferido en el ejercicio de 2009, «no queda constancia documental que
acredite el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad en el momento de su acceso al sector público andaluz», señala.
La
Cámara de Cuentas asegura que hay una carencia «generalizada» de documentación
sobre los procesos selectivos
El informe de fiscalización de regularidad
de la Fundación Pública Andalucía Emprende de 2015, que fue publicado ayer,
avisa de que los procedimientos selectivos en las fundaciones públicas deben
regirse estrictamente por los principios de igualdad, publicidad, mérito y
capacidad. La Cámara de Cuentas destaca que «la totalidad de su financiación
se ejecuta con cargo a los presupuestos de la Junta» y su patronato lo
componen miembros de la Administración autonómica.
El volumen de fondos destinados a
gastos de personal que consume la mayor fundación de la Junta, dedicada a
asesorar a emprendedores sobre los trámites para la puesta en marcha de
negocios, ha llamado la atención de los auditores. La incorporación de los
trabajadores de las Utedlt «hace que en el ejercicio fiscalizado exista una
plantilla media de 955,67 personas, lo que ha supuesto que en el año 2015 el 88% del total de las
subvenciones nominativas concedidas a la Fundación para la financiación de
su actividad tengan como destino atender los gastos de personal del ejercicio»,
detalla el informe.
El pago de nóminas y contrataciones
consumió 30.86 de los 35 millones de euros, que supone el importe total de las
subvenciones nominativas concedidas a esta fundación dependiente de la
Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta. La Consejería llegó a tramitar un nuevo expediente de subvención excepcional de 3,8 millones en dicho ejercicio para costear nóminas. A juicio del
ente fiscalizador, no están «suficientemente motivadas las razones de interés
público, social, económico, humanitario u otras debidamente justificadas» para
utilizar este tipo de subvención.
Según los estatutos de esta fundación
creada en 1999 al margen de la Función Pública, su principal misión es «promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial para contribuir a la
dinamización de la economía regional». El Gobierno andaluz
ha iniciado el trámite para convertirla en agencia pública con el mismo
personal.
Un juez criticó el «dineral» que cuesta la
fundación
El dinero que cuesta la mayor fundación de la Junta
dejó asombrado al juez de lo Social número 2 de Córdoba, Manuel Oteros
Fernández, quien en una sentencia expresó su desconcierto por el «dineral» (así
lo calificaba) que cuesta «al sufrido contribuyente» Andalucía
Emprende. «No
cabe imaginar empresa pública con menos control y más ineficiente», advertía en
su resolución. El juez avaló el despido de un técnico por compaginar el trabajo
en Andalucía Emprende con su representación como abogado en 60 pleitos contra
la Junta.
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/05/09/5af34b60ca474180568b4592.html
Los ex
consejeros Viera y Fernández "succionaron el alma" al IFA, dice un
testigo en el juicio de los ERE
- Un ex director general de Trabajo rechazó pedir un informe jurídico al cambiar sistema ayudas
El
ex jefe de la asesoría jurídica del IFA entre el 2003 y el 2004 Francisco José Oyonarte ha declarado
este miércoles que los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández "succionaron el
alma" a este ente público que "perdió su valor" al convertirlo
en "una caja pagadora" de las ayudas que daba Empleo.
Oyonarte
ha continuado testificando este miércoles en el juicio contra 22 ex altos
cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear o
mantener un "procedimiento específico" con el que la Junta repartió
durante una década 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis
de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.
Ese
"procedimiento específico" se implantó en el 2001 con la firma de un
convenio entre la Consejería de Empleo -cuya Dirección General de Trabajo daba
las ayudas- y el ente público IFA, que las pagaba con fondos que Empleo le
enviaba mediante transferencias de financiación, según la Fiscalía, para eludir
la fiscalización previa.
A
preguntas de las defensas de varios acusados, Oyonarte -que estuvo investigado
en dos piezas separadas del caso ERE aunque luego fue excluido- ha insistido
durante el interrogatorio del fiscal en que el IFA desconocía el procedimiento por el que Empleo daba
las ayudas ya que aunque pidieron los expedientes de concesión no se los
enviaron y "como entidad subordinada" a la consejería "no tenía
más remedio que pagar".
A
preguntas de la defensa del ex director de IFA (que en el 2004 pasó a llamarse
IDEA) Jacinto Cañete sobre si éstos recibieron alguna advertencia de
ilegalidad respecto a los convenios particulares que firmaban para pagar las
ayudas, el testigo ha respondido que no ya y ha dicho estar convencido de que
cualquiera de los directores que ha tenido IFA "si hubieran visto la más
nímina no ilegalidad sino simplemente irregularidad administrativa hubieran
tomado medidas".
Oyonarte,
que aún hoy es letrado de base de la asesoría jurídica de IFA/IDEA ha
mencionado expresamente al que fue director general durante su etapa como jefe
de la misma Francisco Mencía (ya fallecido), y a sus sucesores Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete (ambos acusados en el juicio) así como a Antonio Valverde.
A
todos los ha calificado de "personas
honorables" por las
que siente "absoluto respeto profesional".
El magistrado.
El
juez, Juan Antonio Calle,
le ha
preguntado entonces si tiene la misma opinión de quienes ostentaron la
Presidencia del IFA, cargo que en el 2001 pasó a ser ostentando por
responsables de la Consejería de Empleo y en concreto que ocupó entre mayo del
2001 y enero del 2003 el entonces viceconsejero de Empleo Antonio Fernández y de
enero del 2003 a abril del 2004 el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera, ambos también
acusados.
El
testigo ha sido contundente al afirmar que de ellos no tiene la misma opinión
que de los directores generales porque "a mí me gustaba más mi criterio
jurídico que el de Viera o Fernández" y su "sensación" es que "no querían que saliera nada del
ámbito interno de la Consejería de Empleo", ni pedir informes al Gabinete Jurídico sobre las ayudas
ni que pasaran por el Consejo de Gobierno.
"El
IFA era para ellos una caja pagadora a la que
succionaron el alma", ha declarado, tras insistir en que pasa a estar "a
las órdenes del consejero de turno y pierde su cometido original".
Preguntado
por el magistrado en qué momento sitúa ese cambio, Oyonarte ha dicho que
"fundamentalmente desde la entrada del señor Fernández".
Preguntado
por el abogado de Viera si tanto él como el director general en su época
Francisco Mencía gozaron de la confianza del entonces consejero que les mantuvo
en el cargo, Oyonarte ha asegurado que "Francisco Mencía, igual que yo, se
sentía muy poco apoyado por la Consejería" y ambos no resultaban "personas
cómodas".
Ha
especificado que esa situación se produjo a partir de que Mencía presentó un
plan director para hacer del IFA "una moderna agencia de desarrollo
regional" y "devolverle autonomía".
Informe jurídico.
El
director de Trabajo de la Junta de Andalucía en 2010, Daniel Rivera, rechazó
solicitar un informe al Gabinete Jurídico sobre el cambio de sistema para pagar
las ayudas investigadas ante los reparos del interventor, ha declarado este
miércoles una funcionaria durante el juicio de los ERE.
Bajo
el mandato de Rivera (exculpado de la pieza política del caso ERE), la
Consejería de Empleo modificó el sistema de pago de las ayudas sociolaborales y
a empresas en crisis a través de la agencia pública IDEA, al dejar de utilizar transferencias de financiación como herramienta para enviar los fondos a IDEA con los
que pagarlas y aprobar una encomienda de gestión para seguir encargado al ente
público su abono.
La
Intervención de la Junta advirtió en varios informes del "uso
inadecuado" de transferencias de financiación para que IDEA pagara las
ayudas pero ante la orden para cambiar el sistema por una encomienda de
gestión, también comunicó a Cortés que "iba a hacer reparos porque no era el procedimiento correcto" -para las acusaciones de este juicio el
cambio no resolvió las presuntas irregularidades en la concesión y pago de las
ayudas-.
La
funcionaria que ha declarado este miércoles, Silvia Patricia Cortés, se lo dijo a
Daniel Rivera y le pidió que solicitara un informe al Gabinete Jurídico de la
Junta porque "existía un conflicto sobre cuál era el procedimiento
correcto", pero él le contestó que "para qué si ya tenían un informe
de un despacho externo".
Presiones.
Ha
asegurado que se sintió "presionada" por Rivera para tramitar la orden de
encomienda de gestión y ante su negativa le
llegó a decir que "estaba pensando en prescindir de mí" y ella respondió que no sería necesario porque renunciaba a
su puesto ya que "no iba a hacer algo que ya me estaban diciendo que no era
correcto".
Posteriormente
ha comenzado a testificar la abogada Palma Muñoz, que entró como
letrada de la asesoría jurídica de IFA (luego IDEA) en 2003 y coordinó dicha
asesoría entre 2006 y 2011.
Ha
explicado que en 2003, el entonces jefe de la asesoría jurídica Francisco José
Oyonarte -que declaró este miércoles por la mañana- ante la llegada de
convenios particulares para que el ente público pagara ayudas concretas
concedidas por Empleo en virtud del acuerdo marco de 2001 que inició el
"procedimiento específico", le pidió que los analizara porque
"podían tener algunos problemas legales", sobre todo respecto a la normativa europea sobre ayudas
a empresas.
Ella
hizo algunas notas al respecto pero ha señalado que no podía hacer un informe jurídico completo porque no tenía
acceso a los expedientes de concesión de las ayudas y Oyonarte le dijo que se
pidieron a la Consejería de Empleo pero "nunca llegaron" (así lo
indicó también el propio Oyonarte durante su declaración).
Según
Muñoz, en IFA/IDEA "nunca entramos en el procedimiento de concesión"
de las ayudas "ni conocíamos la fiscalización" que tenían, si bien ha
asegurado que "siempre entendimos que en la Consejería de Empleo había
todo un procedimiento de concesión de esas ayudas con arreglo a la normativa
vigente".
También
ha expuesto que desde el ente público se ofreció "asistencia técnica" a la consejería para analizar
jurídicamente los convenios de las ayudas pero "no se mostró
interés".
Caja pagadora.
Para el ente
público, la única referencia era el convenio marco de 2001 por el que la
Consejería de Empleo encomendaba al IFA el pago de esas ayudas mediante fondos
que Empleo le enviaba, ya que en los convenios particulares de ayudas concretas
"no se establecía el régimen jurídico" al amparo del que se
concedían.Según la testigo, "se devolvían muchos convenios particulares a
la Consejería de Empleo para que vinieran rectificados porque no cumplían los requisitos
mínimos" fijados en el acuerdo marco de 2001, y ha puesto como ejemplo uno
que "no era una ayuda" sino que encargaba a IFA pagar los servicios
informáticos prestados por una empresa y ella informó de que eso no se podía
pagar en base al convenio para abonar ayudas sociolaborales y a empresas en
crisis.
La Guardia Civil en los ERE: el Consejo de Gobierno conocía el sistema irregular
Crónica de Mara Mago
· La Guardia Civil insiste en el juicio de los ERE falsos de Andalucía: el Consejo de Gobierno conocía el sistema “irregular” de adjudicación de las ayudas
· “No encontramos norma reguladora para la concesión de las ayudas
· “No encontramos norma reguladora para la concesión de las ayudas
· “No había solicitudes de los trabajadores ni de las empresas, ni documentación que las justificara”
· “No había estudios de mercado para elegir a las aseguradoras con las que se firmaban las pólizas para el pago de las ayudas”
· “Nos llamó la atención las relaciones familiares o la afinidad al PSOE”
Durante la semana pasada, nuevos agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil declararon como testigos en el juicio que sienta en el banquillo de los acusados a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, la cúpula del Gobierno andaluz durante más de 20 años, desde 1990 a 2013.
Los dos agentes, que investigaron la gestión de la Dirección General de Trabajo, ratificaron las declaraciones de otros compañeros que intervinieron la semana anterior en el sentido de que el Consejo de Gobierno conocía el sistema “irregular” de adjudicación de las ayudas. Un sistema que, según confirmaron, carecía de procedimiento administrativo “adecuado” en la gestión, de “competencia” en cuanto al órgano concedente e, incluso, en muchos casos de la documentación mínima necesaria para el inicio del expediente.
Asimismo, en ocasiones, no disponía de presupuesto previo habilitado ni de justificación.
-“No encontramos norma reguladora para la concesión de las ayudas”.
-“No había solicitudes de los trabajadores ni de las empresas, ni documentación que las justificara”.
-“No había estudios de mercado para elegir a las aseguradoras con las que se firmaban las pólizas para el pago de las ayudas”.
-“Se pagaban comisiones muy por encima del precio de mercado”.
-“La Junta debió velar por el buen uso de los fondos públicos”.Respecto a los intrusos beneficiarios de jugosas ayudas sin ser trabajadores de las empresas a las que se concedían los ERE, el comandante de la Guardia Civil afirmó: “Nos llamó la atención las relaciones familiares o la afinidad al PSOE”.
Ambos testigos sustentaron su testimonio en el atestado de mayo de 2012 denominado “Informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en el periodo 1999-2010”; en los informes de la Intervención General que recibieron los consejeros de Hacienda y de Empleo; en las declaraciones del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, y del exinterventor, Manuel Gómez, durante la fase de instrucción. Asimismo, precisaron que las “fichas” y “modificaciones” presupuestarias evidencian, entre otras pruebas documentales y verbales de las que dieron cuenta, la participación de miembros del Gobierno andaluz.
El silencio de los corderos
El juicio de los ERE fraudulentos continúa celebrándose –con más pena que gloria- en la Audiencia Provincial de Sevilla. Esta semana declaran los ex directivos del antiguo IFA y actual IDEA, ente instrumental pagador de la Junta. Y sigue sorprendiendo su escaso eco mediático, a pesar de sus enormes dimensiones y consecuencias.
El mayor caso de corrupción política en España en cuarenta años no ha abierto ni un solo informativo en radio o televisión ni ha acaparado alguna portada en prensa. Ni siquiera algún reportaje espectacular y relevante en canal privado o público. Al menos, yo no lo he visto ni escuchado. Y me gustaría muchísimo estar equivocada.
Será que hay tantos otros temas de relevancia para el espectro informativo patrio que no queda espacio para denunciar la malversación de casi 855 millones de euros, según Alaya y el TS-, del erario público en el paraíso del progresismo sureño. Menos aún si ese dinero debería haberse destinado –íntegro- a trabajadores en paro en una de las regiones con más parados de la Unión Europea, pero se diluyó entre “intrusos-amigos-votantes” del repartidor de la tarta; empresarios alentados a echar el cierre al calor de las ayudas fáciles y comisionistas de todo cuño surgidos como setas entre avispadas compañías aseguradoras, privilegiados despachos de abogados y comprometidos sindicalistas de clase, “conseguidores“ que tenían “billetes pa asar una vaca”.
Gatopardismo andaluz
En resumen, una ingente cantidad de fondos públicos llegada del rico norte europeo para paliar el mayor problema del paupérrimo sur ibérico se utilizó para acrecentar el problema –más desempleo, menos empresas- y, de paso, para enriquecer a unos cuantos visionarios que sustentaron su negocio particular en la desgracia colectiva. Nada de interés general ni de bien común.
Como director de orquesta: el Gobierno andaluz, que durante una década autorizó lo que fuera menester para mantener engrasado el sistema. De paso, el mantenimiento del régimen político y social dominante estaba asegurado. También la financiación, directa e indirecta, del partido que lo sustenta.
¿Estaba? ¿Acaso el juicio por los ERE falsos ha finiquitado el sistema? ¿Acaso se ha desmontado el chiringuito andaluz? ¿Acaso no es el “susanato” la versión actualizada del régimen que implantaron los ya abuelos Chaves y Griñán?.
“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”.
Continuará…….
“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”.
Continuará…….
Un alto cargo no puede estar
años y años firmando papeles sin enterarse de nada»
- Miguel Ángel del Arco Torres es Juez instructor jubilado. Acaba de publicar su segundo libro de memorias y analiza el fraude de la Alhambra, el caso ERE y el fallo contra La Manada.
En un país donde cada uno tiende a
hacer la guerra por su cuenta, a escoger bandos y a disparar
contra todo aquel que le lleve la contraria, Miguel Ángel del Arco es un
magistrado inclasificable, alejado de las trincheras y con los pies pegados al
suelo. Hasta su jubilación en 2015, al juez de instrucción número 6 de Granada
le han caído en suerte o en desgracia, según se mire, sumarios complejos y
mediáticos como el centro comercial Nevada, calificado por él como «un
leviatán de hierro y cemento en plena Vega», o el fraude en las entradas de la Alhambra. Sus
vivencias, anécdotas y malos tragos los ha volcado en su segundo volumen de
memorias, «La jauría judicial», publicado por su propia editorial
(Comares), donde hace autocrítica de su oficio. Por sus páginas pasa una
galería de personajes singulares: malhechores que lo
visitan una vez cumplida su pena de prisión; jueces con afición a los focos y políticos que, en «el reemplazo
forzoso del escaño al banquillo», nada saben de lo que se les acusa cuando son
interrogados. Ahora bien, dando por buena «su axiomática ignorancia», serían
«absolutamente incapaces de desempeñar el cargo que ostentan, con lo cual se
demuestra de paso que son innecesarios».
¿Qué precio paga un juez por tratar de ser
independiente?
La independencia es un intento, pero un juez
independiente también se puede convertir en un personaje obsesivo, huidizo y
poner sentencias muy malas. Yo diría que un juez coherente consigo mismo, como
cualquier funcionario o periodista, tiene que pagar un precio de soledad,
incomprensión y de considerarse un ser molesto. Lo importante es que esté en la
realidad.
Usted investigó las irregularidades en la venta de
entradas a la Alhambra. La Audiencia de Granada consideró probado el fraude
pero sólo condenó a diez de los procesados. ¿Está de acuerdo con esta
sentencia?
Se plantea el problema de si el juez instructor quiere
o no la condena. Podemos acudir a la frase de que “se cumpla la ley o se haga
justicia”. Esa sentencia no es definitiva e irá a otras instancias. La base de
una sentencia es el juicio oral, donde pueden pasar muchas cosas. Pero el juicio oral también se puede
convertir en un paripé. Vemos juicios
orales en los que nadie se acuerda de nada, los testigos dicen lo contrario que
en la instrucción. El juicio oral puede ser la gran mentira.
Cuenta en sus memorias que la monstruosa burocracia
corre en contra del juez. ¿La promesa del «papel cero» en los juzgados es una
quimera?
En cuestión de medios materiales está todo por hacer.
No hay más que comparar los medios que tiene la Agencia Tributaria o la
Seguridad Social a los pobres medios que tiene la Justicia.
¿Al político le interesa que la justicia sea lenta
aunque luego se queje de que si es lenta no es de verdad?
Dicen que la Justicia es lenta, pero que te acaba
jodiendo. Si no existe un propósito firme de que la Justicia sea lenta, lo que
sí existe es una falta de imaginación. Quiero creer que son muchas las
necesidades y pocos los medios económicos.
Al describir cómo encaran los políticos aforados el
banquillo, escribe: «Trasladan y endosan la culpa a sus subordinados con frases
con las que se podría componer un diccionario de lugares comunes: “Soy un
maestro de escuela sin formacion jurídica”, “no se me facilitó ningún informe”,
“no me consta”». Parecen sacadas del guion del juicio del caso ERE. ¿Pueden
ordenar la sociedad, la economía, la cultura y nuestra vida personas que lo
desconocen todo?
Dentro de la defensa que hace un político ante un
tribunal lo más fácil es
decir que no conoce los hechos o no le informaron.Ya tiene su tanto de culpa
que un alto cargo ignore los hechos o no haya tratado de informarse. Ya es bastante vergonzoso que en hechos graves un
político o cualquier persona desconozca los hechos o las obligaciones legales
que imponen un cargo o la concesión de ayudas. Un alto cargo no puede estar años y años firmando papeles sin enterarse de
nada. ¿Y los mecanismos de control? ¿No
funcionan? Pero el juicio de los ERE no lo
conozco.
Susana Díaz se quejó de que Manuel Chaves y José
Antonio Griñán «no se han llevado ni un euro y se ven tres días a la
semana sentados en un banquillo». En su libro comenta, con ironía, que parece
que «no es lo mismo meter la mano que meter la pata». ¿Acabaremos los andaluces
pidiendo perdón por el caso ERE?
Desconozco el caso de los ERE en profundidad, pero no
creo que los andaluces tengan que pedir perdón. Ha habido una instrucción, unos
escritos de acusación y formalmente todo es perfecto. Que hay
indicios de criminalidad lo ha dicho un juez del Supremo. Hay mucho de teatralidad en esto, aunque evidentemente la
situación de un acusado es dramática. También hay una tendencia a la exculpación. Se le quiere quitar importancia a la prevaricación diciendo que no se ha
robado.
Es ya lo que faltaba. Muchas
veces es más vergonzosa una prevaricación que haber malversado. La prevaricación constituye el mayor abuso de superioridad de políticos o
funcionarios que han jurado la Constitución.
Se ha armado mucho revuelo social con la sentencia
contra La Manada. Hemos escuchado a un ministro de Justicia azuzar al Consejo
General del Poder Judicial, al que usted denomina como el Consejo Judicial del
Poder Absoluto, para que actúe contra el magistrado que emitió el voto
particular. ¿Qué opina de la sentencia y de este tipo de injerencias?
Me he leído dos veces la sentencia y la veo
perfectamente razonada, con la divergencia diametral del voto particular.
Ahora, yo me pregunto: ¿Se puede tener una opinión superior a la de esos dos
jueces sin haber leído la instrucción ni la sentencia y sin haber visto el
juicio? Es difícil. La sentencia me deja insatisfecho. Es también un fracaso de
la clase política y judicial, incluidos los abogados. No hablemos de las
mentiras que encierra una instrucción, un juicio oral. Resulta curioso que se
redactara un Código Penal en 1995 y ahora nos demos cuenta del disparate que
puede ser exigir que haya violencia e intimidación para que exista una agresión
sexual sin consentimiento de la persona violada. Estos jueces, con mucho
oficio, a los que están poniendo a parir dictan una sentencia en base a una
legislación y una doctrina jurisprudencial que yo he estado leyendo y que me
resulta un poco rancia y falta de sensibilidad. Todos tenemos culpa de algunas
sentencias. Arrastramos una historia de la que no es fácil desprenderse. El
voto particular es un ataque grande a la sentencia de sus otros dos compañeros,
pero es un derecho igualmente respetable.
En su libro señala que en el Tribunal Superior de Justicia reside alguna
señoría que debe su nombramiento a los políticos. ¿Puede ser independiente el
presidente del TSJA si la Administración autonómica le está pagando el alquiler
de su casa?
Puede ser independiente, pero de cara a la opinión
pública no es muy aleccionador ni estimulante, y esa persona puede ser un gran
presidente. Cada uno que piense lo que quiera.
¿Hay una justicia para poderosos y hay una justicia
para los que no lo son, como proclamó la juez Alaya?
Yo estoy de acuerdo con que en determinados casos hay
una justicia para pobres y otra para ricos. Pero creo que una persona como la
señora Mercedes Alaya que hizo la labor excepcional de instruir ese sumario (el
caso ERE) tenía la obligación social de haberse quedado en el juzgado en lugar
de irse a la Audiencia de Sevilla. Quien levanta esa hoguera, debe acabarla.
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