El
triángulo de la corrupción
- La lista con los enchufados de la Faffe conecta el 'caso ERE' y el fraude de los cursos, denuncia el PP
- Llevan al juez la lista de los 85 enchufados del PSOE en la fundación para formarparados de la Junta.
El
listado con casi un centenar de enchufados del
PSOE en la fundación para formar parados de la Junta de Andalucía, Faffe, conecta los dos casos de corrupción «más
graves» de la comunidad andaluza, el de los ERE
y el supuesto fraude de los cursos de formación.
Recordatorio enlaces ya publicados.
21-5-2018. Máxima difusión. El «yo acuso» de la juez Alaya + Mercedes Alaya: «PSOE y PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación» + El pacto anti Alaya + «Hemos visto cosas asombrosas...» = Alto y claro, corrupción institucional a la vista de todos Eres, Formación, Idea, Faffe (administración paralela)…..Gracias Ilma. Sra. Magistrada, Doña Mercedes Alaya, por su profesionalidad, trabajo y por hablar en beneficio del interés general, de la Justicia y de todos los ciudadanos; necesitamos personas así. Y comentario de la compañera, para todos: ¡Ole, ole y ole!! ¡Vaya lección a los naranjitas y podemitas!! ¡Esto es ir contra la corrupción: con nombres y apellidos, y no la tomadura de pelo de C,s echándose flores porque ya no están los jubilados (Chaves y Griñán), o la de Podemos, con mucha palabrería pero sólo habla de la Gurtel y los sobres! Menos "regeneradores" de boquilla y más compromiso social.
FUERA DE GUIÓN
Especuladores de sentimientos
HAY DOS
cuestiones básicas que caracterizan al populismo y a la política de baja calidad: la especulación con los
sentimientos de la gente y valorar al político básicamente por los signos
externos. No falla y van parejos. Por eso, es fundamental en la
política actual la apariencia más que la realidad, el trampantojo más que el
crédito. Los políticos lo saben, usan con
impudicia las emociones y, naturalmente, la mayoría de la ciudadanía asume con
delectación la simulación sin reparar en que en ese mecanismo, en apariencia
benéfico, se sustenta el fraude ideológico.
El
espectáculo proporcionado esta semana por los líderes de Podemos Pablo Iglesias
e Irene Montero, a cuenta de la compra de una vivienda
acorde al «proyecto familiar» que ellos mismos, en aplicación de su propia
libertad, han decidido poner en marcha, facilita todas las claves de esta anomalía populista de la política actual. No creo que haya
que incidir más en los detalles concretos de la operación inmobiliaria, por
todo el mundo conocidos incluso más allá de lo que el más elemental respeto a
la intimidad recomendaría.
Pero,
es indiscutible que no hubiera provocado tal revuelo político, ni producido las
repercusiones internas en su formación -cuyo calado aún no se ha definido- si
no se tratase de un partido y un líder, Pablo Iglesias, que ha basado su
discurso político esencialmente en dar lecciones de superioridad ética pública
y privada, avivando con ello incendios sociales y hasta injuriando a cualquiera
que no se ajustase a tales cánones, con el objetivo de aprovecharse de la
desesperación o la indignación de las víctimas de la crisis. Y, en paralelo,
despertar, con un discurso complaciente con quienes lo han pasado mal, muchas falsas
ilusiones a sabiendas de su falsedad.
En esa
especulación con los sentimientos colectivos, con el aprovechamiento
deducido del malestar social, y en la valoración de los signos externos, que ha presentado
al resto -no sólo a sus adversarios ideológicos- como si fuésemos componentes
de una casta de indeseables, Iglesias y sus compañeros basaron su progreso
político y ahora, tal vez por pura justicia poética, esté(n) recibiendo el
justiprecio en forma de daño político a su impostura calculada. Conviene
no olvidar que los primeros que introdujeron en el debate público que la
izquierda debía asumir un estilo de vida 'pobrista' fue Podemos y que su
objetivo, más allá del lógico a la derecha, era dañar al PSOE. Así que, poca
pena.
Pero,
más allá de este ejercicio de voyerismo impúdico que el casoplón del «proyecto
familiar» Iglesias-Montero implica, el caso pone de manifiesto la anomalía que supone para nuestra democracia que
dedicarse a la cosa pública se haya convertido en una actividad sospechosa
sometida a permanente rectoscopia política, sólo llevadera por insolventes
profesionales, indigentes curriculares y extraños apóstoles del siempre
impreciso bien cívico. Todo este cúmulo de
circunstancias hace que a la política no llegue, salvo excepciones, lo mejor de la sociedad -ni está bien pagada, ni está reconocida socialmente-
y se dedique a ella quien tal vez no tenga mejor cosa que
hacer.
Pero, más allá de este ejercicio de voyerismo impúdico
que el casoplón del «proyecto familiar» Iglesias-Montero implica, el caso pone
de manifiesto la anomalía que supone para nuestra democracia que dedicarse a la cosa
pública se haya convertido en una actividad sospechosa sometida a permanente
rectoscopia política, sólo llevadera por insolventes profesionales, indigentes
curriculares y extraños apóstoles del siempre impreciso bien cívico. Todo este cúmulo de
circunstancias hace que a la política no llegue, salvo excepciones, lo mejor de la sociedad -ni está bien
pagada, ni está reconocida socialmente- y se dedique a
ella quien tal vez no tenga mejor cosa que hacer.
No se trata de descalificar a la que podríamos denominar
'clase política' -de eso ya se encargan los propios componentes de la misma- sino de destacar que son
tantos los prejuicios que se han creado que se ha
expulsado de la misma a todo aquel que no esté dispuesto a pagar un precio
enorme de ingratitud y a renunciar a recibir una retribución acorde a la
calidad de su profesionalidad.
La responsabilidad de todo esto, naturalmente, es
colectiva, y por eso no conviene crearse expectativas de resolución. En
primer lugar, naturalmente, la tienen los propios políticos que, lejos
de dignificar su labor, haciéndola intransigentemente transparente y expulsando de ella sin
miramientos a los corruptos y a los aprovechados, la han convertido en una forma de repartir una renta básica para militantes vasallos. Pero,
la responsabilidad está
también en una sociedad que asiente complacida a ser gobernada por quienes
mejor sepan especular con los sentimientos colectivos.
El triángulo de la corrupción
- La lista con los enchufados de la Faffe conecta el 'caso ERE' y el fraude de los cursos, denuncia el PP
El
listado con casi un centenar de enchufados del PSOE en la fundación para formar parados de la Junta de Andalucía, Faffe, conecta los dos casos de corrupción «más graves» de la
comunidad andaluza, el de los ERE y el supuesto
fraude de los cursos de formación.
Así lo denunció este miércoles a EL MUNDO la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero, quien advirtió de que todos los ex altos cargos de la Junta de Andalucía vinculados a los trabajadores que figuran en el
listado de supuestos enchufados que el Sindicato Andaluz de Funcionarios ha
llevado al juez están salpicados por el escándalo de los cursos de formación o
por los ERE, bien porque están imputados o porque han declarado en las comisiones de investigación sobre ambos asuntos creadas en el Parlamento andaluz.
La presidenta del Gobierno andaluz, la socialista Susana Díaz,
«debe aclarar» si hay un «pago de
favores» relacionado con
estos dos casos de corrupción al casi centenar de trabajadores de la Faffe
vinculados al PSOE, señaló la diputada del
PP.
Como viene informando este diario, el Sindicato Andaluz de
Funcionarios ha presentado una denuncia
ante el juez por supuestos delitos continuados de prevaricación
administrativa, cohecho y tráfico de influencias relacionados con la
contratación por razones de «clientelismo político o nepotismo» de casi un centenar de trabajadores vinculados al PSOE en la
Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.
Este ente de la Junta y sus antiguos directivos están en el
punto de mira judicial por el presunto desvío de fondos públicos a través de tarjetas black en prostíbulos y el gasto de algo más de 3,1 millones en
viajes, hoteles y clubes de lujo. Así consta en el sumario que instruye el
Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que investiga esta entidad pública por el
supuesto amaño de contratos y por funcionar, a efectos prácticos, como una
agencia de colocación para dirigentes y allegados del PSOE.
Para Ruiz-Sillero, es preocupante que la
secretaria de Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo y principal acusado en
la pieza principal de los ERE, figure en la lista de los trabajadores presuntamente
enchufados en la Faffe, ya que participó en la supuesta destrucción de documentos de los ERE que hubo en la Consejería de Empleo cuando
estalló el escándalo. «¿Su contratación es un pago de favores a cambio de
silencio?», preguntó Ruiz-Sillero.
Mientras, la lista entregada al juez con los presuntos
enchufados del PSOE en la Faffe podría ir aumentando. Otro candidato, según la
diputada del PP, es Francisco Javier Gavira, concejal del PSOE en el municipio gaditano de Vejer de la
Frontera. Inicialmente estaba en la Faffe, pero al igual que el millar de
empleados de esta fundación, se integró en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Este diario también recibió este miércoles a lo largo de todo el día numerosos
correos electrónicos en los que se detallan los nombres y apellidos de más enchufados que no están
en la lista confeccionada por
el Sindicato de Funcionarios. La UCO de la Guardia Civil recoge en un atestados
que hay unos 200 empleados de la Faffe vinculados al PSOE.
No obstante, tres personas que figuran en el listado
elaborado por el sindicato indicaron a este diario que no tienen nada que ver
con las contrataciones irregulares. Se trata de Matilde Díaz Jiménez, Olga Carmen Vico
Galiano y María José Vargas-Machuca Torres.
Díaz Jiménez, a la que el sindicato vincula con Francisco Vallejo, señaló que el ex
consejero de Innovación, Ciencia y Empresa «no es familiar mío». Aclaró que
entró a trabajar en la Faffe «a través de un oferta de empleo del SAE» y que
pasó un proceso de selección con tres entrevistas y una prueba escrita.
Olga Carmen Vico Galiano figura en la lista enviada al juez como hija de Abelardo Vico Ruiz, alcalde socialista del municipio granadino de Freila. Sin
embargo, las dos hijas de este primer edil son menores de edad y ninguna se
llama como la supuesta empleada de la Faffe.
Respecto a María José Vargas-Machuca Torres, el ex diputado del
PSOE y catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Cádiz con
el que se la relaciona, Ramón Vargas-Machuca, aclaró que no tiene ninguna hija con ese nombre. Su hija
«jamás» ha trabajado en la Faffe «ni en actividad relacionada con ese ámbito
laboral», precisó.; “insolventes profesionales, indigentes
curriculares y extraños apóstoles del siempre impreciso bien cívico”….que “se dedican a la política tal vez porque no
tenga mejor cosa que hacer…” = Es
hora de Reflexionar. La lista con los enchufados de la Faffe conecta el 'caso
ERE' y el fraude de los cursos, algo que en Andalucía sabemos todos, y también
lo apuntó la Sra. Magistrada en su entrevista, ver enlace. En Andalucía, es
patente y notorio que la corrupción es el sistema y eso lo sabe también el Sr.
Pedro Sanchez. ¿Los tentáculos del Régimen llegan incluso a sede judicial, y
por ahora los socialistas andaluces, como los catalanes, gracias a determinados
jueces que aparecen por “arte de magia” se libran de escándalos como el caso
Gúrtel; casos que curiosamente no tienen la misma difusión mediática…..? ¿Es
evidente que hay algo más, tanto en Cataluña como en Andalucía?. El PSOE con
Pedro Sánchez a la cabeza, presenta ahora, una moción de censura, avalado por la
nueva “casta podemita”, liderada por el Sr. Iglesias, un populista que explota
los sentimientos de las personas, y ¿todo
ello en plena crisis secesionista?. ¿Pero el Sr. Sanchez, ha perdido la cabeza;
es un absoluto irresponsable que junto al Sr. Iglesias, no quiere llevar al
abismo?. Mejor deberían callarse,
legislar y exigir penas de cárcel y
responsabilidades en condiciones de igualdad para todos los políticos que
infrinjan las leyes y prevarican para malversar porque les sale “gratis” como dice la Ilma.
Sra. Magistrada Doña Mercedes Alaya. Regulen las penas de cárcel, eviten la
impunidad, y protejan de la colonización
política al poder judicial y a la administración pública. En ambas tiene que imperar
la neutralidad y la imparcialidad, profesionales al servicio de los ciudadanos,
personas en los que estos puedan confiar;
los políticos españoles actuales, salvo honrosas excepciones, dejan mucho que
desear.
El
triángulo de la corrupción
La
lista con los enchufados de la Faffe conecta el 'caso ERE' y el fraude de los
cursos, denuncia el PP
Llevan
al juez la lista de los 85 enchufados del PSOE en la fundación para formar
parados de la Junta
El
listado con casi un centenar de enchufados del
PSOE en la fundación para formar parados de la Junta de Andalucía, Faffe, conecta los dos casos de corrupción «más
graves» de la comunidad andaluza, el de los ERE
y el supuesto fraude de los cursos de formación.
HAY DOS
cuestiones básicas que caracterizan al populismo y a la política de baja calidad: la especulación con los
sentimientos de la gente y valorar al político básicamente por los signos
externos. No falla y van parejos. Por eso, es fundamental en la
política actual la apariencia más que la realidad, el trampantojo más que el
crédito. Los políticos lo saben, usan con
impudicia las emociones y, naturalmente, la mayoría de la ciudadanía asume con
delectación la simulación sin reparar en que en ese mecanismo, en apariencia
benéfico, se sustenta el fraude ideológico.
El
espectáculo proporcionado esta semana por los líderes de Podemos Pablo Iglesias
e Irene Montero, a cuenta de la compra de una vivienda
acorde al «proyecto familiar» que ellos mismos, en aplicación de su propia
libertad, han decidido poner en marcha, facilita todas las claves de esta anomalía populista de la política actual. No creo que haya
que incidir más en los detalles concretos de la operación inmobiliaria, por
todo el mundo conocidos incluso más allá de lo que el más elemental respeto a
la intimidad recomendaría.
Pero,
es indiscutible que no hubiera provocado tal revuelo político, ni producido las
repercusiones internas en su formación -cuyo calado aún no se ha definido- si
no se tratase de un partido y un líder, Pablo Iglesias, que ha basado su
discurso político esencialmente en dar lecciones de superioridad ética pública
y privada, avivando con ello incendios sociales y hasta injuriando a cualquiera
que no se ajustase a tales cánones, con el objetivo de aprovecharse de la
desesperación o la indignación de las víctimas de la crisis. Y, en paralelo,
despertar, con un discurso complaciente con quienes lo han pasado mal, muchas falsas
ilusiones a sabiendas de su falsedad.
En esa
especulación con los sentimientos colectivos, con el aprovechamiento
deducido del malestar social, y en la valoración de los signos externos, que ha presentado
al resto -no sólo a sus adversarios ideológicos- como si fuésemos componentes
de una casta de indeseables, Iglesias y sus compañeros basaron su progreso
político y ahora, tal vez por pura justicia poética, esté(n) recibiendo el
justiprecio en forma de daño político a su impostura calculada. Conviene
no olvidar que los primeros que introdujeron en el debate público que la
izquierda debía asumir un estilo de vida 'pobrista' fue Podemos y que su
objetivo, más allá del lógico a la derecha, era dañar al PSOE. Así que, poca
pena.
Pero,
más allá de este ejercicio de voyerismo impúdico que el casoplón del «proyecto
familiar» Iglesias-Montero implica, el caso pone de manifiesto la anomalía que supone para nuestra democracia que
dedicarse a la cosa pública se haya convertido en una actividad sospechosa
sometida a permanente rectoscopia política, sólo llevadera por insolventes
profesionales, indigentes curriculares y extraños apóstoles del siempre
impreciso bien cívico. Todo este cúmulo de
circunstancias hace que a la política no llegue, salvo excepciones, lo mejor de la sociedad -ni está bien pagada, ni está reconocida socialmente-
y se dedique a ella quien tal vez no tenga mejor cosa que
hacer.
Pero, más allá de este ejercicio de voyerismo impúdico
que el casoplón del «proyecto familiar» Iglesias-Montero implica, el caso pone
de manifiesto la anomalía que supone para nuestra democracia que dedicarse a la cosa
pública se haya convertido en una actividad sospechosa sometida a permanente
rectoscopia política, sólo llevadera por insolventes profesionales, indigentes
curriculares y extraños apóstoles del siempre impreciso bien cívico. Todo este cúmulo de
circunstancias hace que a la política no llegue, salvo excepciones, lo mejor de la sociedad -ni está bien
pagada, ni está reconocida socialmente- y se dedique a
ella quien tal vez no tenga mejor cosa que hacer.
No se trata de descalificar a la que podríamos denominar
'clase política' -de eso ya se encargan los propios componentes de la misma- sino de destacar que son
tantos los prejuicios que se han creado que se ha
expulsado de la misma a todo aquel que no esté dispuesto a pagar un precio
enorme de ingratitud y a renunciar a recibir una retribución acorde a la
calidad de su profesionalidad.
La responsabilidad de todo esto, naturalmente, es
colectiva, y por eso no conviene crearse expectativas de resolución. En
primer lugar, naturalmente, la tienen los propios políticos que, lejos
de dignificar su labor, haciéndola intransigentemente transparente y expulsando de ella sin
miramientos a los corruptos y a los aprovechados, la han convertido en una forma de repartir una renta básica para militantes vasallos. Pero,
la responsabilidad está
también en una sociedad que asiente complacida a ser gobernada por quienes
mejor sepan especular con los sentimientos colectivos.
El triángulo de la corrupción
- La lista con los enchufados de la Faffe conecta el 'caso ERE' y el fraude de los cursos, denuncia el PP
El
listado con casi un centenar de enchufados del PSOE en la fundación para formar parados de la Junta de Andalucía, Faffe, conecta los dos casos de corrupción «más graves» de la
comunidad andaluza, el de los ERE y el supuesto
fraude de los cursos de formación.
Así lo denunció este miércoles a EL MUNDO la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero, quien advirtió de que todos los ex altos cargos de la Junta de Andalucía vinculados a los trabajadores que figuran en el
listado de supuestos enchufados que el Sindicato Andaluz de Funcionarios ha
llevado al juez están salpicados por el escándalo de los cursos de formación o
por los ERE, bien porque están imputados o porque han declarado en las comisiones de investigación sobre ambos asuntos creadas en el Parlamento andaluz.
La presidenta del Gobierno andaluz, la socialista Susana Díaz,
«debe aclarar» si hay un «pago de
favores» relacionado con
estos dos casos de corrupción al casi centenar de trabajadores de la Faffe
vinculados al PSOE, señaló la diputada del
PP.
Como viene informando este diario, el Sindicato Andaluz de
Funcionarios ha presentado una denuncia
ante el juez por supuestos delitos continuados de prevaricación
administrativa, cohecho y tráfico de influencias relacionados con la
contratación por razones de «clientelismo político o nepotismo» de casi un centenar de trabajadores vinculados al PSOE en la
Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.
Este ente de la Junta y sus antiguos directivos están en el
punto de mira judicial por el presunto desvío de fondos públicos a través de tarjetas black en prostíbulos y el gasto de algo más de 3,1 millones en
viajes, hoteles y clubes de lujo. Así consta en el sumario que instruye el
Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que investiga esta entidad pública por el
supuesto amaño de contratos y por funcionar, a efectos prácticos, como una
agencia de colocación para dirigentes y allegados del PSOE.
Para Ruiz-Sillero, es preocupante que la
secretaria de Javier Guerrero, el ex director general de Trabajo y principal acusado en
la pieza principal de los ERE, figure en la lista de los trabajadores presuntamente
enchufados en la Faffe, ya que participó en la supuesta destrucción de documentos de los ERE que hubo en la Consejería de Empleo cuando
estalló el escándalo. «¿Su contratación es un pago de favores a cambio de
silencio?», preguntó Ruiz-Sillero.
Mientras, la lista entregada al juez con los presuntos
enchufados del PSOE en la Faffe podría ir aumentando. Otro candidato, según la
diputada del PP, es Francisco Javier Gavira, concejal del PSOE en el municipio gaditano de Vejer de la
Frontera. Inicialmente estaba en la Faffe, pero al igual que el millar de
empleados de esta fundación, se integró en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Este diario también recibió este miércoles a lo largo de todo el día numerosos
correos electrónicos en los que se detallan los nombres y apellidos de más enchufados que no están
en la lista confeccionada por
el Sindicato de Funcionarios. La UCO de la Guardia Civil recoge en un atestados
que hay unos 200 empleados de la Faffe vinculados al PSOE.
No obstante, tres personas que figuran en el listado
elaborado por el sindicato indicaron a este diario que no tienen nada que ver
con las contrataciones irregulares. Se trata de Matilde Díaz Jiménez, Olga Carmen Vico
Galiano y María José Vargas-Machuca Torres.
Díaz Jiménez, a la que el sindicato vincula con Francisco Vallejo, señaló que el ex
consejero de Innovación, Ciencia y Empresa «no es familiar mío». Aclaró que
entró a trabajar en la Faffe «a través de un oferta de empleo del SAE» y que
pasó un proceso de selección con tres entrevistas y una prueba escrita.
Olga Carmen Vico Galiano figura en la lista enviada al juez como hija de Abelardo Vico Ruiz, alcalde socialista del municipio granadino de Freila. Sin
embargo, las dos hijas de este primer edil son menores de edad y ninguna se
llama como la supuesta empleada de la Faffe.
Respecto a María José Vargas-Machuca Torres, el ex diputado del
PSOE y catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Cádiz con
el que se la relaciona, Ramón Vargas-Machuca, aclaró que no tiene ninguna hija con ese nombre. Su hija
«jamás» ha trabajado en la Faffe «ni en actividad relacionada con ese ámbito
laboral», precisó.
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