¿Puede volver a producirse en Andalucía un fraude como el del caso ERE?
- Siete años después de estallar el escándalo, la Junta ha reforzado el control en el pago de ayudas pero todavía quedan vías de agua sin taponar
¿Y para que existe y se crea la Administración paralela, la Administración clientelar y digital del Régimen? Esa donde el dinero público de todos, desaparece y vuela......
Las cosas no ocurren por casualidad; hay causalidad juntera.
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-puede-volver-producirse-andalucia-fraude-como-caso-201804220751_noticia.html
¿Puede volver a producirse en Andalucía un fraude como
el del caso ERE?
- Siete años después de estallar el escándalo, la Junta ha reforzado el control en el pago de ayudas pero todavía quedan vías de agua sin taponar
Ignorantes,
amnésicos o directamente no competentes. El tribunal del caso ERE lleva semanas
escuchando los mismos argumentos exculpatorios. Los expresidentes andaluces
Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis exconsejeros y 14 antiguos miembros
de sus gobiernos han descargado toda la
responsabilidad en sus subordinados y en los interventores o
se han escudado en una cadena de errores que les son completamente ajenos, como
si el fraude que los ha sentado en el banquillo hubiera brotado por generación
espontánea.
Nadie
supo ni recuerda ni dio instrucciones para que colaran a falsos trabajadores en
ERE de empresas para cobrar una renta de por vida o hasta su jubilación con
cargo a fondos públicos. Nadie les informó de que Francisco Javier Guerrero,
director de Trabajo durante nueve años, nueve, estuviera dando ayudas
excepcionales a empresas inexistentes o «próximas al entorno de los
sindicatos, de cargos de la Junta o del PSOE andaluz». Hasta
que la juez Mercedes Alaya no tiró del ovillo del caso Mercasevilla, nadie se
enteró de que la partida 31L nutrió pagos a una tropa de comisionistas por
tramitar ERE, con un control nulo sobre los desorbitados márgenes que cobraban.
Si todo
fue fruto de un desliz con consecuencias fatales en la gestión de un fondo dotado de 855 millones de euros entre 2000 y 2011,
la pregunta parece inevitable: ¿puede repetirse hoy un fraude como el de los
ERE?
La
Administración autonómica ha revisado parte de los
protocolos de vigilancia y control de los fondos públicos en lo
que respecta al papel desempeñado por la Intervención General de la Junta de
Andalucía, pero aún persisten algunos ángulos de sombra y vicios heredados de
la etapa anterior. Éstos son los principales:
1. Uso de las
transferencias de financiación
La
Consejería de Empleo utilizó esta herramienta presupuestaria para agilizar los
pagos de ayudas a espaldas de la mirada preventiva de los interventores. Año a
año enviaba fondos a una agencia externa de la Junta, IFA/IDEA, que se limitaba a abonarlas, a costa de reducir los
filtros sobre el movimiento de estos fondos. Según el auto de
procesamiento, este artificio se ideó con «el propósito de saltarse los
controles de la Intervención General» y creó un caldo de cultivo idóneo para la
selección caprichosa de beneficiarios de las ayudas sociolaborales y a
empresas. Según la ley, las transferencias de financiación deben emplearse en
operaciones genéricas de los entes públicos, pero nunca para pagar
subvenciones.
El
informe de los peritos de la Intervención General del
Estado incorporado al sumario del caso ERE, convertido en la gran
pieza a desmontar por las defensas en un juicio, expuso que «nunca» se
fiscalizó ni se pudo fiscalizar ningún expediente de concesión de subvenciones
debido a que el instrumento de pago lo impedía. Los acusados, en cambio, alegan
que el sistema era legal porque figuraba en las cuentas anuales de la
Comunidad.
El Ejecutivo otorgó a la Intervención más capacidad de fiscalización previa sobre las transferencias en 2014
Con
la sombra de la corrupción acechando, el Ejecutivo otorgó a la
Intervención más capacidad de fiscalización previa sobre las
transferencias, y no solo a posteriori como hasta ahora. Según fuentes técnicas
consultadas, la reforma introducida en la Ley de Presupuestos de 2014 abortaría
la posibilidad de pagar ayudas a través del método empleado en los ERE.
La
realidad es distinta. Según la Cámara de Cuentas de Andalucía, 22 entidades de
la Administración autonómica continúan haciendo un mal
uso de las transferencias de financiación. En su informe de la
cuenta general de la Junta de Andalucía de 2016 publicado el pasado marzo,
detectó que algunas consejerías utilizan a agencias externas para «operaciones
de intermediación» relacionadas con el abono de subvenciones, pese a que en
teoría está prohibido. Cita los casos de la Agencia Pública Andaluza de
Educación y de Extenda, «sustituto legal o intermediaria en el pago de las
subvenciones» de la Consejería de Economía, aunque a diferencia de los ERE
están reguladas mediante una orden.
Con
posterioridad, en enero de 2017, el actual interventor
general de la Junta, Vicente Fernández, realizó unas instrucciones para acabar
con la indefinición que rodeaba la emisión del informe de
actuación. La Intervención estará obligada a emitirlo cuando el ente
fiscalizado haga caso omiso a sus recomendaciones para solventar las
irregularidades o cuando aprecie un menoscabo de fondos públicos.
La
ausencia de un informe de actuación en el caso ERE fue uno de los motivos
alegados por Griñán, exconsejero de Hacienda, y su exviceconsejera Carmen
Martínez Aguayo, para no haber tomado medidas cuando el exinterventor, Manuel
Goméz, acusado en el juicio,envió a tres exconsejeros un informe en el año 2005 que
concluía que e estaba prescindiendo de manera total y absoluta del
procedimiento establecido.
2. El reglamento de la
Intervención
La
Junta ultima un reglamento que define con nitidez el alcance del control de la
Intervención en los entes públicos. «En caso de inactividad de los órganos
llamados a actuar en estos casos», se dan armas al interventor para acudir al Consejo de Gobierno o a los juzgados. De
haber existido esta norma, el fraude de los ERE tal vez no habría llegado tan
lejos. El reglamento se encuentra en exposición pública y tiene que ser
informado por el Consejo Consultivo antes de ser aprobado. Todavía no están
fijadas qué operaciones estarán sometidas a un control previo y a posteriori.
3. Subvenciones sin
justificar
Los
Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2018 permiten abonar «hasta el cien
por cien del importe» de determinadas subvenciones sin que los beneficiarios
hayan presentado una sola factura que acredite el destino del dinero público.
Para aplicar esta excepción a la regla general de la Ley de Subvenciones basta con que un consejero lo proponga discrecionalmente y
que el Consejo de Gobierno lo apruebe alegando «razones de interés público,
social, económico o humanitario». Este mecanismo extraordinario fue utilizado
de forma generalizada por la Consejería de Empleo para seguir dando nuevas
ayudas para cursos de formación a entidades receptoras de fondos sin estar
justificadas las anteriores.
4. Sin oficina
Antifraude, tres años después
Tres
años después de la victoria de Susana Díaz en las autonómicas, no ha visto la
luz la propuesta estrella de su programa electoral: la creación de la Oficina
contra el Fraude Fiscal y la Corrupción. Con esta promesa, la presidenta
andaluza buscaba así romper cualquier cordón umbilical con la
«herencia» de los ERE que tanto le avergonzaba.
Su
consejera de Hacienda, María Jesús Montero, le puso fecha y anunció que en 2016
estaría en marcha el nuevo órgano encargado de «prevenir, detectar y denunciar
malas prácticas» en el uso de los fondos públicos. El proyecto, recogido en el acuerdo firmado entre el PSOE y Ciudadanos que
permitió a Díaz convertirse en presidenta, ha tenido que rectificarse porque
colisionaba con competencias estatales. El Gobierno andaluz confía en que
empiece a funcionar el próximo mes.
Sea
como fuere, no hay método infalible. Como proclamó exinterventor en el juicio,
«cuando se quiere gestionar irregularmente, se gestiona
irregularmente y ahí no hay informe que valga».
La recuperación del dinero malversado,
cada vez más lejana
Llevaba sólo cien
días en el Gobierno tras relevar a Griñán cuando la presidenta Susana Díaz
anunció que iba a destinar «hasta el último euro de dinero público defraudado»
que se recupere a fomentar la contratación de jóvenes. Tres años y medio
después, aquellas palabras chocan con la realidad. La Junta reclama por vía administrativa 135,3 millones de las ayudas
concedidas para prejubilaciones desviadas a otros fines. Sólo ha
recuperado 4,6 millones de euros, según los últimos datos expuestos por su
consejera de Hacienda en el Parlamento andaluz en noviembre. Tras abrirse la
investigación del caso ERE, la Junta empezó a declarar nulas todas las ayudas
con el fin de iniciar su devolución. En el frente judicial, la recuperación
también se complica. Tras pedir el archivo de la pieza política del caso ERE,
la Audiencia de Sevilla impide a la Junta reclamar el dinero malversado a
quienes intervinieron en el reparto de las ayudas, que se investigan en otras
piezas separadas del caso ERE, ya que han sido excluidos de las mismas por la
juez Núñez.
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