martes, 10 de abril de 2018

Maxima difusión. La Junta aporta documentos falseados en la causa judicial abierta por un 'enchufe' en Educación’ + «La incógnita» de la Faffe, extinta y «liquidada» para la Junta = Los manejos de la Junta son lo que son, normas y documentos, confeccionados institucionalmente, para dar apariencia de legalidad a todo aquello que es “inadmisible y no se puede hacer”; porque cuando la corrupción es el sistema, y en Andalucía tenemos un Régimen todo vale. Lo hemos visto y sufrido, es lo que se llama, en sede judicial “mala fé procesal”. En Andalucía el “dedo” es el héroe andaluz, maridaje a la Andaluza. Faffe, Empleados públicos a dedo “por subrogación laboral” e ingeniería jurídica “ad hoc”, por la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz. Utilizan las normas y los documentos para vestir el muñeco y dar apariencia de legalidad. Como todos sabemos si quieres trabajar al servicio de los junteros, como dijo Laura Gomíz, tienes que dejar de un lado la ética.


La Junta aporta documentos falseados en la causa judicial abierta por un 'enchufe' en Educación’ 


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  • La delegación de Educación en Sevilla presenta ante el juez notificaciones de 2014 con sello y membrete que no estuvieron vigentes hasta nueve meses después



En el documento de la izquierda, con fecha de 4 de septiembre de 2014, aparece el membrete 'Delegación Territorial de Educación en Sevilla'. A la derecha, en un documento fechado 5 días después, figuran sello y membrete diferentes, con el nombre correcto entonces de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte. EL MUNDO

La investigación abierta en el juzgado de Instrucción número de 17 de Sevilla se inició a raíz de que EL MUNDO destapara en 2016 la existencia de una serie de puestos docentes que la delegación de Educación en Sevilla asignaba 'a dedo', a espaldas de los procedimientos ordinarios de selección de personal docente y asignación de destinos.

 Concretamente, siguiendo el sistema de la «designación directa», a primeros de septiembre de 2014 se nombró a la hija del que era entonces jefe de los inspectores educativos de Sevilla, Alberto Moreno, para dar clase en un Centro de Educación Permanente (educación de adultos), pese a que la persona elegida no era funcionaria, ni interina, ni formaba parte siquiera de ninguna de las bolsas de empleo habilitadas entonces para la cobertura de vacantes o sustituciones. Tampoco era titulada en Magisterio sino licenciada en Comunicación Audiovisual.



La Junta entrega al juez un documento falseado de uno de sus ‘enchufes’

  • La Consejería de Educación reconoció que elegía 'a dedo' a profesores en la delegación de Sevilla



«La incógnita» de la Faffe, extinta y «liquidada» para la Junta



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El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, cumplió con las expectativas. La diputada Teresa Ruiz-Sillero le solicitó en la comisión parlamentaria «luz sobre un proceso que supone una incógnita» y que acumula «siete años para que se culmine». Carnero lo primero que señaló a la popular es que «por más luz que arroje, va a seguir disparando en la oscuridad», reiterando que la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), señalada como nido de «enchufismo» por la propia Cámara de Cuentas, y puesta en cuestión incluso judicialmente, ya ha quedado extinguida. Al ser cuestionado por la deuda que dejó en herencia, se limitó a señalar que ha sido «asumida» por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y la Junta.

Carnero indicó que una vez que «se produjo la subrogación del SAE», la extinción de la Faffe «se hace efectiva el 5 de mayo de 2011». Sobre el déficit, apuntó a un «protocolo de integración contable» por el que la deuda pasa «al SAE y la Junta» y, por tanto, «no hay deuda con terceros pendiente de pago». Finalmente, «el proceso de extinción quedó concluido con la inclusión de baja en el registro», apuntando al «21 de marzo de 2016». Una auditoría externa de sus estados contables determinó que se facturaron 62.817,3 euros.

Ruiz-Sillero recordó que «están nombrados dos liquidadores desde 2011 según BOJA» y «una era la directora económica desde 2003 de la Faffe». La diputada popular criticó que la Junta no aporte «ninguna luz» y recordó que «en el proceso de liquidación, se dice que se formará balance de liquidación y que debe ser aprobado por el patronato». Ruiz-Sillero también cuestionó por «el destino de los bienes de que dispone el patronato, como el avión del centro de formación de La Rinconada». «Si se inscribió la extinción, ¿por qué aparece todavía en liquidación? ¿Se ha ultimado todo el proceso de liquidación? ¿En qué fecha? ¿Se ha aprobado el balance de liquidación?». Son otras de las cuestiones que dejó Ruiz-Sillero, para concluir que «la Faffe es una gran incógnita», que «tiene abierta una pieza separada por el caso del fraude de la formación». Ruiz- Sillero acudirá de nuevo al SAE para obtener información sobre fechas y sobre las cuentas.

Carnero insistió en que «no hay otra realidad por más que la quiera modificar» y la Faffe está «liquidada, cancelada en el registro de fundaciones y ya no existe».

Comentario de la Espa sobre las noticias, gracias.

Faffe, siete años de su muerte y aun sin  saberlo todo + La junta aporta documentos falseados en una causa judicial: ¿Esto asemejaría a lo que viene siendo "Función Pública digital trifásica" o quizá "reconstrucción documental" a lo máster URJC?




La Junta aporta documentos falseados en la causa judicial abierta por un 'enchufe' en Educación

 

  • La delegación de Educación en Sevilla presenta ante el juez notificaciones de 2014 con sello y membrete que no estuvieron vigentes hasta nueve meses después

La Consejería de Educación ha remitido al juez que investiga la contratación 'a dedo' de una profesora para un centro educativo de Sevilla un documento en el que ni el membrete ni el sello utilizados estaban vigentes en la fecha en la que la comunicación interna aparece firmada. De hecho, aunque el documento está fechado el 4 de septiembre de 2014, en el mismo se hace uso de un membrete y un sello que no son oficiales en la Junta de Andalucía hasta nueve meses después, cuando se produjo un cambio en la organización del Gobierno de Susana Díaz y se dividió la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, para pasar a llamarse sólo Consejería de Educación.

No es posible aparentemente, por tanto, que el documento aportado a la causa judicial que instruye el Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla fuera emitido en la fecha en la que supuestamente fue enviado (y recibido) internamente desde el Servicio de Ordenación Educativa al Servicio de Recursos Humanos, ambos en la delegación territorial de Educación en Sevilla.

De hecho, en otro documento aportado a la causa y fechado el 9 de septiembre, sí aparecen el membrete y el sello vigentes en aquella fecha. [Ver documentos reproducidos arriba].

Esa 'anomalía' detectada en los documentos aportados al proceso por la Junta habría sido ya notificada al juez por parte de la Fiscalía de la Audiencia de Sevilla, según ha podido saber este periódico.

La investigación abierta en el juzgado de Instrucción número de 17 de Sevilla se inició a raíz de que EL MUNDO destapara en 2016 la existencia de una serie de puestos docentes que la delegación de Educación en Sevilla asignaba 'a dedo', a espaldas de los procedimientos ordinarios de selección de personal docente y asignación de destinos.

Concretamente, siguiendo el sistema de la «designación directa», a primeros de septiembre de 2014 se nombró a la hija del que era entonces jefe de los inspectores educativos de Sevilla, Alberto Moreno, para dar clase en un Centro de Educación Permanente (educación de adultos), pese a que la persona elegida no era funcionaria, ni interina, ni formaba parte siquiera de ninguna de las bolsas de empleo habilitadas entonces para la cobertura de vacantes o sustituciones. Tampoco era titulada en Magisterio sino licenciada en Comunicación Audiovisual.

Aquella información y el posterior reconocimiento por parte de la Consejería de Educación de que había una serie de puestos docentes que se reservaban para repartirlos «por designación directa» dio origen a una tormenta política que obligó a la Junta a abrir una investigación interna ( información reservada según la nomenclatura oficial), que concluyó con la destitución de dos jefes de servicios, los de Ordenación Educativa y Recursos Humanos, Carmen Liébana y Luis Sanchís, respectivamente. Además, el jefe del servicio de Inspección y padre de la docente contratada irregularmente dimitió de su puesto.

El sindicato USTEA no se conformó sin embargo con las explicaciones ofrecidas por la Consejería de Educación al respecto de estos sistemas 'paralelos' de acceso a los puestos en los centros educativos, por lo que puso el caso en manos de la Fiscalía de Sevilla, que finalmente presentó denuncia ante el juez contra el ex delegado de Educación en Sevilla, Francisco Díaz Morillo, los jefes de servicio Carmen Liébana y Luis Sanchís, y contra Anaís Moreno, que fue la persona contratada irregularmente. A todos ellos se les acusa de un delito de prevaricación y han prestado ya declaración ante la magistrada que instruye la causa. USTEA está personado en la causa como acusación popular.

Actualmente, los expedientes sancionadores abiertos contra Luis Sanchís y Carmen Liébana (que regresaron a sus plazas de funcionarios tras la destitución como jefes de servicio) quedaron suspendidos como consecuencia de la investigación judicial abierta contra los mismos. Y, sin embargo, en el informe remitido ante el juez, la delegación de Educación de Sevilla niega que se produjera ningún tipo de irregularidad. Ese mismo informe achaca algunas fechas contradictorias que aparecen en el expediente (por ejemplo, la fecha de contratación de Anaís Moreno) y que echan por tierra los argumentos ofrecidos en su día por la Consejería de Educación, a unos «errores administrativos» que fueron subsanados a posteri en la base de datos.

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