EL HOMBRE DE
CHAVES, EN EL FOCO. La Guardia Civil
desmonta la versión oficial de los ERE y apunta a Zarrías
- Un agente de la UCO declara como testigo que Zarrías, hombre fuerte de Chaves, conoció de las ayudas y tenía hilo directo con un hombre clave, el conseguidor Juan Lanzas
“Descontrol”,
“falta de normas”, “parcheo”... Tras las declaraciones de los 22 ex altos
cargos imputados en los ERE, llegó el turno de los testigos. Y abrió la ronda
un agente de la UCO de la Guardia Civil, cuerpo que supervisó parte de la
instrucción del caso bajo las órdenes de la jueza Mercedes Alaya.
El testimonio de
este teniente, que coordinó varios atestados, contradice el relato de los
exdirigentes políticos, que han declarado ante el tribunal que no sabían nadadel procedimiento de concesión de las ayudas ni de los presuntos tejemanejes
sobre este fondo que durante 10 años repartió 741 millones de euros.
Un investigador de la Guardia Civil: "Necesitaban conseguir más ERE para ganar más dinero"
- El agente asegura que Gaspar Zarrías conocía a Juan Lanzas y participó en la gestión de alguna de las ayudas a empresas de Jaén.
Justicia contable
en los ERE
- El Tribunal de Cuentas dicta cuatro primeras sentencias que condenan al ex director de Trabajo Juan Márquez a devolver 1,2 millones a la Junta . Los fallos ratifican todas las irregularidades
Las primeras
cuatro sentencias de los ERE ya
han sido dictadas y todas ellas son condenatorias. La Justicia contable, la que
emana del Tribunal de Cuentas y que en muchas ocasiones es una gran
desconocida, ha condenado al que fuera director de Trabajo y Seguridad Social
de la Junta Juan Márquez Contreras, el sucesor de Javier Guerrero en el
organismo que durante diez años otorgó las ayudas sociolaborales y a empresas
en crisis, a reintegrar a las arcas de la Junta de Andalucía 1.252.611,83 euros, en
concepto de “responsable
contable” de los pagos realizados con fondos públicos a los ex
trabajadores de cuatro empresas que figuran en la macrocausa judicial de los
ERE fraudulentos: Calderinox, Saldauto, Nueva Lima y Valeo Iluminación.
La consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante explica a continuación que desde la perspectiva de la “responsabilidad contable” el pago con fondos públicos realizado prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto y con “absoluto desprecio” de la exigencias más elementales derivadas de la normativa aplicable en materia de gasto público, constituye un “hecho dañoso para los fondos públicos que debe ser calificado como alcance o malversación, en el sentido de los artículos 177.1.a) de la Ley General Presupuestaria (LGP) y 72 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTcu)”.
La responsabilidad contable alcanza “a los gestores de fondos públicos que hayan ordenado o realizado los pagos, o hayan realizado cualquier otra actuación que suponga ejecutar, forzar o inducir a ejecutar , o cooperar en la comisión de los hechos, o incluso participar con posterioridad para ocultar los hechos o impedir su persecución (artículo 42.1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas)”.
Las cosas no ocurren por casualidad; hay causalidad juntera.
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EL HOMBRE DE CHAVES, EN EL FOCO
La Guardia Civil desmonta la versión oficial de los ERE
y apunta a Zarrías
Un agente de la UCO declara como testigo que Zarrías,
hombre fuerte de Chaves, conoció de las ayudas y tenía hilo directo con un
hombre clave, el conseguidor Juan Lanzas
“Descontrol”, “falta de normas”, “parcheo”... Tras las
declaraciones de los 22 ex altos cargos imputados en los ERE, llegó el turno de los testigos. Y abrió la ronda
un agente de la UCO de la Guardia Civil, cuerpo que supervisó parte de la instrucción del caso bajo
las órdenes de la jueza Mercedes Alaya.
El testimonio de
este teniente, que coordinó varios atestados, contradice el
relato de los exdirigentes políticos, que han declarado ante el
tribunal que no sabían nada del procedimiento de concesión de las ayudas ni de los presuntos tejemanejes
sobre este fondo que durante 10 años repartió 741 millones de euros.
El agente de
la UCO declaró que Gaspar Zarrías, que fue consejero de la Presidencia durante más de una
década, de 1996 a 2009, sabía, igual que “el Consejo de Gobierno”, del
procedimiento de concesión de las ayudas. A preguntas del fiscal
anticorrupción, el testigo sostuvo que no había ninguna norma
reguladora para repartir estas subvenciones y que nunca pudo conocer con
qué requisitos y criterios se concedían durante todo el tiempo que duró la fase de
instrucción del caso. La jueza Alaya comenzó a investigar en 2011.
El papel del Consejillo.
En concreto,
ratificó el atestado enviado al Supremo y entregado en abril de 2015 al
instructor Alberto Jorge Barreiro. En esa documentación, se sostenía que el consejero de
Presidencia presidía la reunión semanal de viceconsejeros, lo que se denomina
‘consejillo’, y que en ese cónclave se dieron instrucciones concretas sobre
ayudas a empresas como Pickman o Anovo. Según el testimonio de este agente, esas ayudas se
suspendieron y trocearon en cantidades menores para que se pudieran pagar sin
tener que pasar por el Consejo de Gobierno. También expuso que fue
intencionado, “no interesaba”, que no se aprobaran varios decretos debatidos para
regularizar este fondo 3En su declaración, insistió en que el Consejo de
Gobierno sí sabía cómo se pagaban los ERE con detalles concretos del
procedimiento y a quiénes iban dirigidas las ayudas. Ante la pregunta de si lo
sabían los expresidentes Chaves y Griñán, indicó que hablaba del Gobierno “en
general”. Eso ha reiterado el testigo de la UCO a preguntas del abogado del PP
y de la defensa del exconsejero Antonio Fernández, que fue interrumpida en
varias ocasiones por el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle. Zarrías
sabía de los expedientes de Jaén así como otros consejeros de sus provincias,
señaló. 1.L.
Ni control ni
seguimiento.
También declaró este agente de la Guardia Civil que no
sóolo no había criterios para el reparto sino que tampoco había seguimiento
posterior de las ayudas ni se verificaba nada al respecto. “No soo se omitía la
fiscalización de las ayudas sino también el control posterior”, sostuvo. “Hubo una decisión política” sobre el sistema
de pago, recalcó. No solo implicó a Zarrias sino también a los exconsejeros de
Hacienda Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán y al exconsejero de Empleo José Antonio Viera.
Bajo su relato, el Gobierno andaluz utilizó el
Instituto de Fomento de Andalucía, IFA, como “caja
pagadora” para “agilizar” los trámites y eludir los
controles. El agente de la UCO se remitió a la primera ayuda pagada con este
sistema de los ERE, en concreto la que financió la póliza de Hijos de Andrés
Molina (Hamsa), conocida como Cárnicas Molina. En
1999, se pagó parte de esta ayuda, según su testimonio, y fue después del
desembolso de 75 millones de pesetas cuando se firmó el convenio que
supuestamente establecía el sistema de ayudas. Esa primera ayuda buscó otra
fórmula para eludir las objeciones que ponía la Intervención General de la
Junta alegando que las situaciones de crisis necesitaban que la Junta actuara
con celeridad.
El agente de la Guardia Civil señaló que el sistema se
ideó "desde arriba" y le vino dado al ex director general de Trabajo
Javier Guerrero
El responsable de la UCO señaló que el sistema no lo
ideó el ex director general de Trabajo Francisco
Javier Guerrero, sino que le vino
dado “desde arriba” y que eran sus superiores quienes también le indicaban
buena parte de los expedientes que debía atender. El agente, en este punto, no
especificó quiénes eran esos superiores.
Un lucrativo
negocio.
“Necesitaban ERE para ganar dinero”, explicó, especificando
que eran los conseguidores los que buscaban empresas y comités de empresas para
ofrecerles las ayudas y así embolsarse comisiones. Buscaban empresas y ofrecían dinero de la Junta para que realizaran ajustes en las plantillas, señaló.
En la presunta trama señalada por la guardia civil
aparece un nombre clave y es el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, de
origen jiennense y del que su madre dijo que “tenía dinero para asar una vaca”.
El agente señaló que los ERE se convirtieron en un
negocio, puesto que cuantas más pólizas se financiaban, más dinero
conseguían las compañías aseguradoras que se llevaban comisión, los despachos
de abogados que asesoraban los expedientes y los conseguidores. En concreto,
señaló a Lanzas, las aseguradoras Uniter y Vitalia y el
gabinete Estudios Jurídicos Villasis. Hubo pagos efectivos, dijo, a comisionistas y
sindicatos, y “transferencias directas a Guerrero, a Lanzas y sobres con dinero para pagos a los señores del sur” y “listas de
regalos” para políticos de la Junta.
Los comisionistas buscaban empresas a las que ofrecer
dinero público a cambio de un ERE para seguir ganando dinero, según este
testigo
En otro momento, también respondió sobre la presunta
conexión de Lanzas con Zarrías, ambos de Jaén, y por un SMS enviado cuando se
negociaba el ERE de la empresa
Dhul donde instan al exugetista a felicitar por su cumpleaños “a
su jefe G. Z.”, siglas que correspondían
con el exconsejero de la Presidencia.
Fue el “descontrol” en las ayudas, según este guardia
civil, lo que motivó lo que se conoce como el sistema de “pagos cruzados”.
Atendiendo a la versión que ofreció al tribunal, se daban ayudas por encima del
dinero presupuestado y eso motivaba que se fueran dando órdenes a las
aseguradoras y “parcheando” sobre qué expedientes debían pagarse. El IFA,
sostuvo, en muchas ocasiones “pagaba sin respaldo presupuestario”. Su
declaración, la primera de 150 testigos, está previsto que continúe este martes.
Un investigador de la Guardia Civil: "Necesitaban conseguir más ERE
para ganar más dinero"
- El agente asegura que Gaspar Zarrías conocía a Juan Lanzas y participó en la gestión de alguna de las ayudas a empresas de Jaén
El
agente de la Unidad Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil que coordinó la
investigación sobre las ayudas irregulares de los ERE describió este lunes el
«descontrol» con el que funcionaba el sistema de reparto de las subvenciones a
trabajadores y empresas, que carecía no ya sólo de fiscalización previa sino
también de cualquier tipo de seguimiento posterior.
Además, apuntó que el procedimiento irregular no lo ideó el
director general Javier Guerrero, sino que a éste «le vino dado por sus
superiores», apuntando al año 1999, con ocasión de una ayuda a la empresa
Cárnicas Molina, como el origen del sistema que luego se consolidaría con un
convenio firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA en el año 2001, en el
que se fijaba el conocido como procedimiento específico de los ERE.
Según su testimonio ante el tribunal que juzga la pieza
principal de los ERE en la Audiencia de Sevilla, las
empresas mediadoras con las que operaba la Junta, Uniter y Vitalia,
«necesitaban eres (expedientes de regulación de empleo) para ganar más dinero».
Según sus datos, «Uniter llegó de la mano de Antonio
Fernández, y Vitalia, de la mano de Guerrero». Los mediadores «contactaban con
los comités de empresa para saber si tenían algún proceso en marcha. Y, si no
lo tenían, le ofrecían a la empresa hacer un reajuste de plantilla con
financiación de la Junta».
El agente explicó que los entes públicos IFA e IDEA funcionaban como
caja pagadora. «Y no porque lo diga yo, sino porque así lo explicó el director
general del IFA, Salvador Durbán».
Pues bien, según el investigador, había tanto descontrol que
a través del IFA o IDEA se llegaron a abonar compromisos que «no tenían ningún
respaldo presupuestario». «Cuando las aseguradoras pedían dinero y ya no había
más dinero, pues se parcheaba por un lado y por otro, con endosos, con pagos
cruzados. Desde la dirección general de Empleo se les decía: 'Oye, este dinero
que te he dado para esta póliza, pues empléalo en esta otra cosa'. Y así se iba
parcheando».
El perito de la Guardia Civil subrayó que, durante su
investigación, no encontró ningún tipo de norma reguladora de las ayudas. Ni
tampoco documento que estableciera un criterio para el reparto. Explicó que las
decisiones sobre a qué trabajadores se daba la ayuda, o en qué cantidad, se
tomaban durante la negociación, sin que hubiera unas tablas o bases a partir de
las cuales hacer los cálculos.
De hecho citó el caso de la empresa Río Grande, a la que se dio una ayuda sin que hubiera
ningún tipo de expediente, ni tampoco una solicitud por parte del empresario o
convenio alguno que definiera la colaboración con la Junta.
El agente de la UCO es también uno de los investigadores que
elaboró el informe entregado al Tribunal Supremo sobre el papel del ex
vicepresidente Gaspar Zarrías en la gestión de las ayudas fraudulentas. A este
respecto, el agente ratificó todos sus atestados y dio por demostrada la
relación entre Zarrías y el conseguidro Juan Lanzas, además de su participación
en la negociación de varias de las ayudas a empresas de Jaén.
También se referió el investigador a un mensaje de móvil en
el que supuestamente se hablaba de Zarrías como el «jefe» de Lanzas y, aunque lo enmarcó en el contexto posible de
«una broma», lo citó como ejemplo de la relación entre ambos.
Ya de forma genérica, sin citar a ningún consejero en
particular, el agente consideró demostrado que el Consejo de Gobierno conocía
la dinámica de funcionamiento pues aprobaba las modificaciones de créditos para
que los fondos se movieran de unas partidas que requerían fiscalización a otras
que no pasaban ningún tipo de control.
En este juicio de la pieza principal de los ERE, que arrancó
el pasado mes de diciembre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de
Sevilla, están sentados en el banquillo 22 ex altos cargos del Gobierno
andaluz, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados de prevaricación y, en algunos casos, también de
malversación. A partir de este lunes, y durante las declaraciones de testigos y
peritos, los acusados están eximidos de acudir a la vista oral, por lo que hoy
el banquillo de los acusados se mostraba vacío.
El proceso pretende dilucidar la legalidad del denominado 'procedimiento específico' por el que se concedían las ayudas sociolaborales a
trabajadores y a empresas que presentaban expedientes de regulación de empleo
(ERE).
Esta semana está prevista la comparecencia de dos agentes de
la UCO. Hay otros diez peritos que tendrán que declarar también ante el
tribunal, además de 150 testigos, que irán pasando por el estrado a lo largo de
las próximas sesiones del juicio.
Jorge Muñoz | 15 de abril de 2018 a
las 2:00
* El Tribunal de Cuentas dicta cuatro primeras
sentencias que condenan al ex director de Trabajo Juan Márquez a devolver 1,2
millones a la Junta * Los fallos ratifican todas las irregularidades
Las
primeras cuatro sentencias de los ERE ya han sido dictadas y todas ellas son condenatorias. La Justicia contable, la que emana del
Tribunal de Cuentas y que en muchas ocasiones es una gran desconocida, ha
condenado al que fuera director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan
Márquez Contreras, el sucesor de Javier Guerrero en el
organismo que durante diez años otorgó las ayudas sociolaborales y a empresas
en crisis, a reintegrar a las arcas de la Junta de Andalucía 1.252.611,83 euros, en concepto de “responsable
contable” de los pagos realizados con fondos
públicos a los ex trabajadores de cuatro empresas que figuran en la macrocausa
judicial de los ERE fraudulentos: Calderinox,
Saldauto, Nueva Lima y Valeo Iluminación.
De los 1,2 millones que deben ser
reintegrados a la Administración autonómica, Juan Márquez –que
ha sido declarado en rebeldía en todos estos procedimientos al no haber
comparecido a los mismos– debe
devolver personalmente la cantidad de 402.280,23 euros (183.649,67 por Calderinox y 218.630,56 por Saldauto),
mientras que el resto, 850.331,6 euros, tendrá que reintegrarlos de manera solidaria con las empresas beneficiarias (381.601,9 euros en el caso de Nueva Lima y 468.729,70
euros por Valeo Iluminación). Dice el Alto Tribunal que con su actuación, Márquez dio lugar al “menoscabo” de los caudales
públicos.
Las cuatro sentencias del Tribunal de Cuentas están fechadas en diciembre pasado y han sido dictadas por la consejera del departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento Margarita Mariscal de Gante, la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar.
Con un contenido básicamente similar y
salvando las evidentes distancias entre la jurisdicción contable y la Penal, lo relevante de estas cuatro sentencias condenatorias
es que consideran probadas todas y cada una de las irregularidades sobre las
que la SecciónPrimera de la Audiencia de Sevilla tendrá que pronunciarse una
vez que finalice el juicio que se celebra actualmente por del denominado
“procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas, en el que están procesados 22 ex
altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Para empezar, las sentencias del Tribunal
de Cuentas estiman las demandas presentadas por la propia Junta
de Andalucía –a las que se ha adherido
la Fiscalía–, que en la vía penal ejerce la acusación particular pero que en el
juicio a los ex altos cargos fue apartada tras haber pedido el sobreseimiento
para los 22 acusados, al estimar que no hay ninguna “trama criminal” ni se creó
un procedimiento concreto para eludir los controles de la Intervención y
conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.
Las cuatro resoluciones recuerdan que los
hechos fueron investigados en las
actuaciones previas 116/2013 del Tribunal de Cuentas, que a su vez se basaron en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, de fecha 18 de
octubre de 2012, sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por
Expedientes de Regulación de Empleo y a empresas en crisis otorgadas por la
Junta en el periodo 2001-2010.
Así, señalan las sentencias que el informe de fiscalización pone de manifiesto, con carácter general, “graves irregularidades”, entre las que destaca que hasta la orden de 3 de marzo de 2010 no consta el acto administrativo previo y necesario de delegación de competencias para que las ayudas de la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles, pudiesen ser otorgadas por el director general de Trabajo y no por el consejero de Empleo.
Tampoco consideraba el informe del órgano
de control andaluz que haya quedado acreditado en los expedientes de concesión
de las ayudas las “razones de interés social o
económico” que exige el artículo 12.5 del decreto
254/2001.
De la misma forma, entiende que “se ha realizado un uso inadecuado de la figura de las transferencias de financiación como procedimiento de ejecución presupuestaria” para tramitar las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo con cargo a la partida 31L, lo que ha conducido a la “ausencia de la preceptiva fiscalización previa, adecuada a la naturaleza del gasto subvencional”.
Otras
irregularidades, según el informe de fiscalización, consisten en que la
Consejería de Empleo no realizó el diseño previo de las ayudas, por lo que
no se establecieron los requisitos, los plazos de ejecución ni las actuaciones posteriores para la
justificación de las finalidades y de empleo de los fondos.
Por todo ello, el dictamen concluye que hasta el año 2010 esas ayudas se han otorgado “prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto” y no se ha acreditado el cumplimiento de las finalidades para las que fueron concedidas, ni la “correcta aplicación de los fondos”.
La consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante explica a continuación que desde la perspectiva de la “responsabilidad contable” el pago con fondos públicos realizado prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto y con “absoluto desprecio” de la exigencias más elementales derivadas de la normativa aplicable en materia de gasto público, constituye un “hecho dañoso para los fondos públicos que debe ser calificado como alcance o malversación, en el sentido de los artículos 177.1.a) de la Ley General Presupuestaria (LGP) y 72 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFTcu)”.
La
responsabilidad contable alcanza “a los gestores de fondos públicos que hayan ordenado o
realizado los pagos, o hayan realizado cualquier otra actuación que suponga
ejecutar, forzar o inducir a ejecutar , o cooperar en la comisión de los hechos, o incluso participar con
posterioridad para ocultar los hechos o impedir su persecución (artículo 42.1 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Cuentas)”.
Una de las sedes del Tribunal de Cuentas en Madrid.
Sobre
las transferencias de financiación a IDEA para el pago de
las ayudas, el Tribunal de Cuentas considera que “por
imperativo legal” el fin era cubrir pérdidas y no pagar subvenciones, por lo que las cantidades de esas transferencias
de la partida 31L “quedaron al margen del control previo de la Intervención de
la Junta porque en lugar de aparecer como pagos de subvenciones con cargo al
presupuesto de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social se
contabilizaron como transferencias de financiación para IDEA, no estando
sometida esta entidad a dicho control previo”.
Las
sentencias reproducen el informe pericial de la Intervención General de la Administración
del Estado (IGAE)) para firmar que estas “subvenciones” fueron concedidas “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido”. Las ayudas concedidas por
Juan Márquez constituyeron, según el Tribunal de Cuentas, un “acto de disposición de fondos
públicos carente de la más mínima justificación en cuanto a su finalidad e
interés público y con total incumplimiento de la normativa para la concesión de
este tipo de ayudas”.
Para el Tribunal de Cuentas, el ex director de Trabajo Juan Márquez, en cuanto que fue él quien ordenó los pagos de estas cuatro ayudas, es “responsable contable directo del mismo ya que con su actuación dio lugar a ese menoscabo para los caudales públicos”.
En esa gestión de los fondos públicos no cabe sino apreciar “culpa grave”, pues omitió “la más mínima diligencia exigible a quien dispone de dichos caudales dando lugar a un pago que no debía haberse efectuado” y a ello añade que el ex director era “plenamente conocedor de que con su actuación incumplía gravemente la normativa presupuestaria y contable, porque no siguió procedimiento alguno, ordenó un pago sin haber quedado acreditado el destino del mismo y eludió los controles legalmente previstos”.
Para el Tribunal de Cuentas, el ex director de Trabajo Juan Márquez, en cuanto que fue él quien ordenó los pagos de estas cuatro ayudas, es “responsable contable directo del mismo ya que con su actuación dio lugar a ese menoscabo para los caudales públicos”.
En esa gestión de los fondos públicos no cabe sino apreciar “culpa grave”, pues omitió “la más mínima diligencia exigible a quien dispone de dichos caudales dando lugar a un pago que no debía haberse efectuado” y a ello añade que el ex director era “plenamente conocedor de que con su actuación incumplía gravemente la normativa presupuestaria y contable, porque no siguió procedimiento alguno, ordenó un pago sin haber quedado acreditado el destino del mismo y eludió los controles legalmente previstos”.
A
estas cuatro primeras sentencias pueden sumarse otras tantas en los próximos
meses a raíz de los distintos procedimientos que siguen en el Tribunal de
Cuentas, a instancias de la Administración andaluza, para la devolución de las
ayudas concedidas de forma irregular.
La consejera que nombró a Zoido director de Justicia
La ex ministra de Justicia y actual consejera del
Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante.
Las
cuatro sentencias del Tribunal de Cuentas que han declarado la responsabilidad
contable del ex director de Trabajo de la Junta Juan Márquez han sido dictadas
por la consejera del departamento segundo de Enjuciamiento
Margarita Mariscal de Gante, que fue ministra
de Justicia en el primer
gobierno de José María Aznar.
Mariscal
De Gante fue además quien nombró en 1996 como director general de Relaciones
con la Administración de Justicia al actual ministro de Interior, Juan Ignacio
Zoido, quien a su vez fue quien llevó a los
tribunales el escándalo de los ERE fraudulentos cuando fue elegido alcalde de
Sevilla, cargo que ocupó entre los años 2011 y 2015.
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