POLICÍA LOCAL DE SEVILLA. Castigados por investigar
- El Ayuntamiento de Sevilla castiga a los agentes que destaparon casos de corrupción en la Policía Local
Pero hoy el Ayuntamiento de Sevilla no incumple solo el requerimiento de la Inspección de Trabajo, sino que ha ignorado la petición expresa de la Fiscalía de Sevilla y del titular del Juzgado de Instrucción 9 de la ciudad, Juan Jesús García Vélez. El magistrado requirió en un auto de manera expresa al alcalde, Juan Espadas (PSOE), que le notificara “cualquier cambio que se produzca en la situación administrativa o laboral del grupo Gepol” ante su posible disolución. Y la Fiscalía de Sevilla fue más allá cuando hace dos años exigió a Espadas que la reubicación de los agentes “no se encuentre bajo la dependencia jerárquica de personas con interés directo o indirecto en el mencionado proceso penal”. El regidor ha ignorado al ministerio público, de momento sin consecuencias penales.
Cuando los investigadores culminaron esta última instrucción en 2016, el Ayuntamiento hispalense desmanteló la unidad —denominada Gepol— y les reubicó en destinos donde debían trabajar con varios compañeros, procesados gracias a sus pesquisas. Esa tensa convivencia derivó en un hostigamiento que se tradujo en la incapacidad temporal por prescripción médica de dos de los cuatro agentes, que se dieron de baja. “Si un juez te dice que evites exponerlos [a los policías] en contacto directo con los imputados, y los pones ahí, en el avispero, el mensaje está claro, ¿no? Se han hecho una cantidad de enemigos muy importante”, exponen fuentes de la Policía Local que exigen el anonimato.
Comentario de una compañera, para todos, gracias.
¡Y sale en el País! Y luego Espadas pretende que nos creamos que ha cambiado algo en el Ayuntamiento. ¡Otro Cortijo!
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/03/actualidad/1522768961_353479.html
Castigados por
investigar
El Ayuntamiento de Sevilla castiga a los
agentes que destaparon casos de corrupción en la Policía Local
Para un policía de Asuntos Internos, trabajar codo con
codo con compañeros a los que ha investigado y que se sientan en el banquillo
por sus pesquisas es algo parecido al infierno. Sin embargo, esa inverosímil
hipótesis ha ocurrido en el Ayuntamiento de Sevilla.
La unidad de Asuntos Internos de la Policía Local de
la capital andaluza destapó una red supuestamente corrupta que ahora salpica a la cúpula del Cuerpo. Un
intendente y tres agentes investigaron, entre otros asuntos turbios, el presunto amaño de las oposiciones convocadas por el Consistorio en 2012. Una causa que
en septiembre sentará en el banquillo a 45 personas, entre ellas el
superintendente y exjefe del Cuerpo Juan José Sánchez, con cargos como cohecho,
revelación de secretos, uso de información privilegiada y prevaricación.
Cuando los investigadores culminaron esta última
instrucción en 2016, el Ayuntamiento hispalense desmanteló la unidad
—denominada Gepol— y les reubicó en destinos donde debían trabajar con varios
compañeros, procesados gracias a sus pesquisas. Esa tensa
convivencia derivó en un hostigamiento que se tradujo en la incapacidad
temporal por prescripción médica de dos de los cuatro agentes, que se dieron de
baja. “Si
un juez te dice que evites exponerlos [a los policías] en contacto directo con
los imputados, y los pones ahí, en el avispero, el mensaje está claro, ¿no? Se
han hecho una cantidad de enemigos muy importante”, exponen fuentes de la Policía Local que exigen el
anonimato.
El hostigamiento se mantuvo hasta que el verano pasado
la Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo denunció dicho acoso laboral
tras analizar la situación. Trabajo fue contundente y dio cinco meses al
Consistorio para otorgarles otro destino, plazo que cumplió hace cinco semanas.
Y hoy el Ayuntamiento ni ha contestado a la Inspección de Trabajo sobre las
medidas adoptadas para restituir a estos dos agentes.
“Dicha reubicación debe realizarse de forma que los agentes no se
encuentren bajo la dependencia jerárquica de personas con interés directo o
indirecto con el resultado del mencionado proceso penal”, reza el informe de Trabajo. El inspector
instaba al Departamento de Riesgos Laborales municipal a que examinara a los
agentes, y tras dicha evaluación concluyó lo mismo que los psiquiatras de la
Seguridad Social: los policías no deben regresar a sus puestos de trabajo donde
han sido hostigados.
A la espera de la
sentencia y una posible anulación de las oposiciones, los 90 aspirantes que
aprobaron ejercen hoy día como policías locales.
Y a pesar del criterio unánime de los médicos, el
Consistorio insiste en que los agentes deben regresar a su destino donde han
sufrido el acoso para poder ser evaluados. Es decir, el Ayuntamiento
dice que sus funcionarios deberían ignorar el criterio de los médicos que les
prohíben volver a sus puestos de trabajo. "No
se les puede reubicar hasta que no estén de alta”, alega un portavoz. Luis Partida, director general de Recursos Humanos
del Ayuntamiento, confirma que la nueva ubicación de los agentes depende de él
y del jefe de la Policía Local, Pablo Mariano Ruiz-Berdejo, ex teniente coronel
de la Guardia Civil.
Para solucionar su dramática situación, los agentes
denunciaron en un escrito “la pasividad” del Ayuntamiento y que el concejal de
Seguridad, Juan Carlos Cabrera, fomentó el hostigamiento y les destinó junto a
varios encausados en dos unidades con zonas comunes de taquillas, aseos,
vestuarios, ascensores, “creando un entorno intimidatorio y ofensivo”. Cabrera
afirmó ante varios testigos que quería mandarlos a “regular la dirección del
tráfico a 50 grados” en el distrito Sur de Sevilla, según reconoció el edil
ante el titular del Juzgado de lo Contencioso 13 de Sevilla, que sin embargo
desestimó la demanda de los agentes por quebrar sus derechos fundamentales.
Preguntado sobre el destino de los policías, Cabrera echó balones fuera: “No tengo
ni idea del tema, corresponde al departamento de personal”.
Pero hoy el Ayuntamiento de Sevilla
no incumple solo el requerimiento de la Inspección de Trabajo, sino que ha
ignorado la petición expresa de la Fiscalía de Sevilla y del titular del
Juzgado de Instrucción 9 de la ciudad, Juan Jesús García Vélez. El
magistrado requirió en un auto de manera expresa al alcalde, Juan Espadas (PSOE), que le notificara “cualquier
cambio que se produzca en la situación administrativa o laboral del grupo
Gepol” ante su posible disolución. Y la Fiscalía de Sevilla fue más allá
cuando hace dos años exigió a
Espadas que la reubicación de los agentes “no se encuentre bajo la dependencia
jerárquica de personas con interés directo o indirecto en el mencionado proceso
penal”. El regidor ha ignorado al ministerio
público, de momento sin
consecuencias penales.
La disolución de Gepol llegó a pesar de las alabanzas
en 2013 desde la Fiscalía de Sevilla, que subrayó la importancia de sus
“investigaciones laboriosas sin filtración alguna de información con celo y
minuciosidad”, y de que más tarde el propio Ayuntamiento concedió una mención
honorífica colectiva al grupo.
En sus escritos, los policías censuraron la
persecución por parte del Sindicato Profesional de Policías Municipales de
España (SPPME) hacia ellos, a través de sus boletines mensuales. Ambos policías
han rechazado opinar para este reportaje. El último Defensor del Ciudadano en
Sevilla, José Barranca, tildó de “mal endémico” a dicho sindicato —mayoritario
en el Cuerpo— y antes de dimitir en 2016, aclaró: “La Gepol le da lustre a la
Policía Local, pero ha sufrido una campaña de acoso y derribo porque molesta al
sindicato [en referencia al SPPME]”. Su presidente, Manuel Bustelo, cuyo hijo está imputado como aspirante a las oposiciones, reconoce que “algunas críticas de los boletines son
verdad, pero porque se extralimitaron”. Bustelo carga contra sus
investigaciones y avisa: “Desde el minuto uno intentaron involucrar al
sindicato en cualquier asunto. Seguimos aquí, vivito y coleando. Después del
juicio ya dispararemos como debemos”.
En paralelo, la Junta de Personal de la Policía Local
—presidida por otro miembro del sindicato, Luis Val— reclamó en 2014 al
exalcalde y ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que disolviera la unidad
dado que no tenían autorización para actuar como policía judicial. Pero el
regidor se negó, decisión respaldada por la Audiencia de Sevilla.
La Policía Local de la capital andaluza está compuesta
por 1.100 agentes armados y lleva tres años sin unidad de Asuntos Internos.
Ahora el Ayuntamiento anuncia que en breve Gepol renacerá bajo el nombre de
Unidad de Inspección de Servicios y Personal, con un oficial y cuatro agentes.
Está por ver con qué margen de maniobra, dadas las trabas sufridas por los
agentes para vigilar, sancionar y denunciar a las manzanas podridas del Cuerpo.
En Madrid por ejemplo, la Unidad de Asuntos Internos
de la Policía Local (6.271 agentes) cuenta desde 1981 con 23 policías locales
de todas las categorías, informa Francisco Javier Barroso. En Barcelona, la Guardia Urbana dispone desde 2016 de la Unidad de
Deontología y Asuntos Internos, con una inspectora al mando y seis agentes, y
depende directamente del Comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, informa Rebeca Carranco. Nacida para reforzar la transparencia, la ética profesional y las buenas
prácticas, la unidad está ubicada en dependencias independientes de los 3.000
agentes a los que investigan.
37 POLICÍAS PROCESADOS POR UN SUPUESTO FRAUDE
MASIVO
La imagen de la Policía Local de Sevilla se vino abajo
tras el procesamiento de su jefe y otros 36 agentes, acusados en 2012 de amañar las oposiciones al Cuerpo mediante una
filtración masiva de los exámenes. La causa acumula 45 procesados que se sentarán en el banquillo después del
verano. El escrito de la fiscalía es revelador: “A la oposición concurrían
determinados aspirantes a los que, por razones de vínculos de amistad o
familiares o sindicales, había intención premeditada de favorecer y aprobar por
los miembros del tribunal, abstracción hecha de su capacidad y de sus méritos,
y aun cuando dicha resolución resultara injusta”.
El
superintendente Juan José García favoreció supuestamente a un sobrino y al
hermano de su pareja sentimental. Varios acusados “elaboraron
el caso práctico y la plantilla de corrección de las oposiciones y filtraron de
modo selectivo e intencionado a los aspirantes que tenían intención de
favorecer”, censura el fiscal. “Para
garantizar la opacidad absoluta en el proceso, todos los componentes del
tribunal decidieron que la lectura del ejercicio del caso práctico no se
llevara a cabo por el aspirante en lectura y audiencia pública, sino por ellos
mismos a puerta cerrada”.
Uno de los denunciantes explica ante el juzgado: “Lo
primero que sentimos fue impotencia. He visto cacicadas de todos los colores,
pero aquí hay sobre todo mucha impunidad desde el sindicato [en referencia al
SPPME]. A los enchufados les dieron la plantilla y calcaron hasta los
paréntesis del tribunal. Hasta eso. De vergüenza”, ejemplifica.
A la espera de la
sentencia y una posible anulación de las oposiciones, los 90 aspirantes que
aprobaron ejercen hoy día como policías locales.
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