IRREGULARIDADES. Unos
correos revelan los contratos amañados en la fundación de formación de la Junta
de Andalucía.
- La Faffe, subrogada al Servicio Andaluz de Empleo, inventaba procesos de adjudicación para justificar facturas
TRIBUNALES. Un
correo destapa otro amaño en la Junta
- Una jefa de Faffe dice que «no hay manera de legalizar» un contrato que hizo la fundación y que «incumple» la ley.
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¿Es usted un ciudadano normal o todavía piensa ?
La juez María Núñez ha dictado un auto en el que excluye al principal acusado de los ERE, el ex director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, de la pieza incoada para investigar la ayuda autonómica de 3,3 millones concedida para la prejubilación de 51 trabajadores de la empresa jienense Valeo Iluminación.
En el auto fechado el pasado 1 de marzo y firmado por la juez Núñez se han 'colado' un par de párrafos de 'corta y pega' que hacen referencia al Hotel Málaga Palacio que también recibió una ayuda de los ERE y que no tiene nada que ver con Valeo.
Aquí estoy! Yo doy la cara!
En Andalucía, la corrupción es el sistema.
Las cosas no ocurren por casualidad; hay causalidad, tanto en Cataluña como en Andalucía; porque el presupuesto público da para mucho......Es hora del punto y final.
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/03/10/5aa2eff3ca474118208b46d0.html
IRREGULARIDADES
Unos correos revelan los contratos amañados en la fundación de formación de
la Junta de Andalucía
- La Faffe, subrogada al Servicio Andaluz de Empleo, inventaba procesos de adjudicación para justificar facturas.
En
la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) primero se seleccionaba a dedo a sus proveedores y a
posteriori se inventaban procesos de adjudicación para dar cobertura a los
contratos «a sabiendas de su ilegalidad».
La
Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llega a esta conclusión tras
analizar la secuencia de correos electrónicos que intercambiaron responsables
de esta entidad que investiga la juez de Sevilla María Núñez
Bolaños. Las irregularidades se centran en la contratación de la
sociedad Gerencia Andaluza de Promoción Comunitaria Mobility (GAPC) para
diseñar y poner en marcha un proyecto de estancias formativas de jóvenes en
otros países al amparo del programa europeo Leornardo Da Vinci.
Los
correos, a los que ha tenido acceso ABC, dejan patente, a juicio de los
agentes, «la búsqueda de una solución jurídica tendente a ocultar la ilegalidad producida en la adjudicación de estos
servicios y que permitiera atender el pago de la factura» de
83.520 euros emitida por GAPC. El personal de la Faffe se integró en el
Servicio Andaluz de Empleo.
Uno de estos emails
resulta elocuente. Lo envía el 11 de enero de 2010 Carmen Lozano Vargas, por
entonces directora de Faffe a «una tal Naiara», trabajadora de esta fundación,
y «con copia a Cristina L. y María del Mar F.».
«Buenos
días Naiara. Con este importe no hay manera de legalizar la contratación, ni
aún fraccionándolo. A ver si podéis haceros con tres ofertas y montar un
negociado sin publicidad». Y, plenamente consciente de su ilegalidad esta
directiva, quien era la máxima garante del cumplimiento de la legalidad en
materia de contratación en la Faffe añade: «No quiere decir que estemos
cumpliendo con la Ley de Contratos, pero al menos tenemos algo de
publicidad. Me consta que es muy urgente solucionar este tema».
El
atestado policial concluye que en esta fundación autonómica se utilizaron
contratos «a sabiendas de su ilegalidad» y procedimientos de adjudicación
inadecuados, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
de licitación que legalmente procedería aplicar en función del
importe». El montaje funcionó y la factura fue abonada finalmente al proveedor
mediante un cheque bancario el 10 de marzo de 2010. Para ello se tramitó un
procedimiento negociado sin publicidad «con efectos retroactivos al objeto de
dotar de cobertura a una situación irregular», afirman los investigadores.
La
consultora, que está en proceso de liquidación, recibió al menos cuatro contratos por una suma total de 642.707 euros,
según se desprende de los datos declarados por la Faffe ante la Agencia
Tributaria.
Contratación irregular
De
la existencia de este correo relacionado con la contratación supuestamente
irregular de GAPC dieron cuenta ayer en el juzgado Juana P.G., ex trabajadora del archivo en la desaparecida Faffe,
y el responsable de dicho archivo, Fernando M.F., que declararon en calidad de
testigos. Ambos ratificaron el contenido de las actas de su comparecencia ante
la Guardia Civil en junio de 2016,
Juana P.G. relató a
los agentes que una empleada llamada Manuela L. le comentó «que había hallado
un correo electrónico cuyo contenido hacía referencia a posibles
irregularidades» en la contratación de la empresa GAPC.
La
extrabajadora se lo contó a su jefe, el director del archivo, Fernando M.F.,
quien a su vez alertó a la secretaria general del
Servicio Andaluz de Empleo (SAE), María Luz Fernández, después de
cerciorarse de que el correo se ponía «en un sitio seguro por si hiciera falta
debido a las auditorías que se estaban realizando». Hay 23 personas
investigadas por contratos «irregulares» de la Faffe que la Fiscalía cifró en
más de 9,4 millones.
Un correo destapa otro amaño en la Junta.
- Una jefa de Faffe dice que «no hay manera de legalizar» un contrato que hizo la fundación y que «incumple» la ley.
Un correo electrónico revela el amaño de contratos públicos y
el montaje 'a posteriori' de un expediente para tratar de legalizarlo en la
extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta de Andalucía.
Este ente al servicio del Gobierno
andaluz, en el ojo del huracán durante años por los casos de nepotismo y
contratación de familiares y allegados a dirigentes del PSOE, se extinguió en 2011,
dejando un agujero de 48,8 millones de euros en
subvenciones sin justificar, tal y como detectó la Cámara de Cuentas. El
Juzgado de Instrucción 6 investiga ese agujero millonario, además de las
irregularidades con las subvenciones para los cursos y también contratos
«indiciariamente irregulares» de la Faffe con empresas por importe de 9.465.332
euros, como viene informando EL MUNDO.
En el marco de estas pesquisas que
dirige la juez María Núñez Bolaños se
enmarca el correo electrónico remitido por C.L.V., directora de Garantías
Institucionales de la Faffe, máximo garante del cumplimiento de la legalidad en
materia de contratación, en el que da instrucciones sobre el amaño de contratos
y admite que lo que están haciendo va contra la ley.
«Con este importe no hay manera de legalizar la contratación, ni aun
fraccionándolo. A ver si podéis haceros con tres ofertas y montar un negociado
sin publicidad. Esta opción no quiere decir que estemos cumpliendo con la Ley
de Contratos, pero al menos tenemos algo de publicidad», dice el email remitido
por esta directiva el 11 de enero de 2010 a una técnico de la fundación de la
Junta.
Previamente, la empresa proveedora
Gerencia Andaluza de Promoción Comunitaria Mobility (GAPC) había enviado varios
correos electrónicos a trabajadores de la Faffe porque quería cobrar una factura de 83.520 euros, en concepto de las tareas
de diseño y planificación de trabajos para la puesta en marcha del proyecto de
movilidad Leonardo da Vinci para hacer prácticas en países de la Unión Europea
(UE).
La juez María Núñez ha dictado un auto en el que excluye al principal acusado de los ERE, el ex director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, de la pieza incoada para investigar la ayuda autonómica de 3,3 millones concedida para la prejubilación de 51 trabajadores de la empresa jienense Valeo Iluminación.
El auto de 'corta y pega' de la juez Núñez.
La juez María Núñez ha dictado un auto en el que excluye al principal acusado de los ERE, el ex director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, de la pieza incoada para investigar la ayuda autonómica de 3,3 millones concedida para la prejubilación de 51 trabajadores de la empresa jienense Valeo Iluminación.
En el auto fechado el pasado 1 de marzo y firmado por la juez Núñez se han 'colado' un par de párrafos de 'corta y pega' que hacen referencia al Hotel Málaga Palacio que también recibió una ayuda de los ERE y que no tiene nada que ver con Valeo.
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