TRIBUNALES. La Junta repartió los 741 millones de los ERE de espaldas a su gabinete
jurídico
- El jefe del gabinete jurídico entre 1982 y 2012 dice que "nunca" le pidieron informes sobre las ayudas sociolaborales que recibieron Hijos de Andrés Molina y otras empresas.
FONDOS PÚBLICOS. Un agujero de 777 millones en la Junta por subvenciones
desviadas
- El Gobierno andaluz acumula expedientes de reintegro millonarios por subvenciones de cursos y de la trama de UGT que es incapaz de recuperar.
El beso de la complicidad.
Editoral 12-10-2014
ANDALUCÍA. La Junta fracasa con
sus fondos 'fantasma'
- La Cámara de Cuentas alerta de que los intermediarios se embolsan 5 millones pese a la «nula» actividad del apoyo a empresas
TRIBUNALES. La Junta tarda
cuatro años en enviar al juzgado información sobre el fraude de los cursos
- El PP denuncia las "maniobras" y los "intentos de bloquear la acción de la justicia" de Gobierno de Susana Díaz
Conclusión:
TRIBUNALES
La Junta
repartió los 741 millones de los ERE de espaldas a su gabinete jurídico
- El jefe del gabinete jurídico entre 1982 y 2012 dice que "nunca" le pidieron informes sobre las ayudas sociolaborales que recibieron Hijos de Andrés Molina y otras empresas
El
Gobierno andaluz repartió durante una década el conocido como botín de
los ERE, los 741 millones de
euros de los que se beneficiaron trabajadores de empresas en crisis, de espaldas a su gabinete
jurídico.
Es lo que se desprende de lo que declaró
ayer en el juicio el máximo responsable de este departamento de la Junta entre
1982 y 2012, Francisco del Río Muñoz,
quien sostuvo que «nunca» le pidieron informes jurídicos sobre este asunto, a pesar de que en algunos
casos sí tenían que habérselos solicitado.
El
ex jefe del gabinete jurídico es uno de los 22 ex altos cargos del Gobierno
andaluz que se sientan en el banquillo acusados de prevaricación y malversación
en el juicio de los ERE que
se está celebrando en la Audiencia de Sevilla. Entre los enjuiciados están
también los ex presidentes Manuel
Chaves y José Antonio Griñán, además de la ex ministra y ex consejera Magdalena Álvarez.
Es
la primera vez que el ex jefe del gabinete jurídico de la Junta, que se
enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, habla sobre
los ERE. Durante
la fase de instrucción, se acogió a su derecho a no declarar cuando la juez Mercedes
Alaya lo citó.
«No,
nada, nunca», respondió
Del Río al fiscal cuando éste le preguntó si pidieron al gabinete jurídico
informes sobre las ayudas concedidas a Hijos de Andrés Molina o a la empresa
Jerez Industrial. También sostuvo que no
conoció los reparos de la Intervención a
la primera de estas subvenciones.
Tan
ajeno a los ERE estaba
el máximo responsable del gabinete jurídico de la Junta durante treinta años
que ni siquiera conocía, según
declaró en el juicio, el convenio marco del año 2001 entre la Consejería de
Empleo y el ente público IFA que firmaron los acusados Antonio Fernández y José Antonio Viera que
da origen al 'fondo de reptiles' y al reparto arbitrario de las ayudas.
Tampoco
supo nada de este documento, según su versión, en las reuniones a las que tuvo
que asistir como miembro del consejo
rector del IFA luego
reconvertido en la Agencia IDEA, la
caja pagadora de los ERE. Del
Río afirmó que tan sólo acudió
al 50% de las reuniones a las que estaba convocado
y que no estuvo presente el día que se presentó el convenio marco del año 2001.
Precisó
que en los consejos rectores a los que asistió se aprobaron «cuatro o cinco» convenios para el pago de ayudas sociolaborales de los ERE, pero
en ninguno de ellos «se hacía referencia al convenio marco» del que emanaban,
acuerdo que «no había leído» hasta que estalló el caso.
La
concesión de las ayudas sociolaborales de los ERE también
se hizo de espaldas al gabinete jurídico porque habría sido «preceptivo» que
este departamento informara sobre una hipotética orden reguladora que nunca
salió adelante, a pesar de que hubo varios intentos.
Del
Río ha reconocido que la regulación de las subvenciones que salieron del
conocido como 'fondo de reptiles', la partida 31L, pasó por varios
'consejillos' de viceconsejeros de los que él formaba parte para ofrecer «asesoramiento verbal». Sin embargo, nunca se
aprobó.
FONDOS PÚBLICOS
Un
agujero de 777 millones en la Junta por subvenciones desviadas
- El Gobierno andaluz acumula expedientes de reintegro millonarios por subvenciones de cursos y de la trama de UGT que es incapaz de recuperar
El
Gobierno de Susana Díaz acumula en sus
cuentas 777,6 millones de euros en subvenciones que concedió hace años, que no se
destinaron a los fines previstos y que no ha podido recuperar, a pesar de que
está reclamándoselas a los beneficiarios. En este agujero millonario está el dinero público desviado por casos de corrupción, como el presunto fraude de los cursos de formación o la supuesta trama de las facturas falsas de la
federación andaluza de UGT, y también otros
asuntos menores en los que hay ayudas públicas en juego, pero en los que no se
ha detectado ningún tipo de fraude.
La Junta los mezcla todos en el mismo saco: en los expedientes de reintegro que cada año
consigna en sus presupuestos. Sin embargo, no discrimina los casos claros de
presunta malversación de fondos públicos de aquellos que no lo son. A través de
estos expedientes de reintegro, el Gobierno andaluz pretende recuperar
subvenciones desviadas o simplemente que no se emplearon en la finalidad
prevista.
No es nada fácil encontrar el agujero de 777,6 millones de euros en el presupuesto del Gobierno
andaluz, si bien esta cifra fue confirmada a EL MUNDO por la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, que dirige María Jesús Montero. Para dar con ella hay que analizar la Cuenta General de 2016
y el resumen del estado de liquidación del presupuesto de 2017.
Sumando los 274,5 millones de los reintegros que hay sin
pagar al cierre de 2016 y correspondientes a ese año, con los 388,1 millones de
reintegros sin pagar correspondientes a años anteriores, además de los 115
millones que había a 31 de diciembre de 2017, salen los 777,6 millones que la
Junta está reclamando y que todavía no le han pagado.
Como viene informando este diario, el Gobierno andaluz ha
abierto al menos 34 reintegros correspondientes a 34 ayudas distintas a UGT Andalucía.
A través de ellos exige la devolución de más de 15 millones de euros por subvenciones que el sindicato no destinó a los
fines previstos. La cantidad exacta se mantiene en secreto. La opacidad sobre este asunto es total. El Gobierno de Susana Díaz se ha
negado a facilitarla a la oposición en el Parlamento andaluz y a este diario a través del
Portal de la Transparencia.
La trama
de UGT
La
Junta abrió estos reintegros a UGT después de que este diario y otros medios
documentaran los numerosos desvíos de subvenciones, que terminaron costeando comilonas en la Feria de
Abril de Sevilla, los 700 maletines fabricados en Asia que el sindicato regaló a los asistentes a un
congreso regional o gastos de protestas del sindicato.
El Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla investiga desde
septiembre de 2013 la presunta financiación ilegal del sindicato a través de las subvenciones de la Junta
en unas diligencias que acumulan una veintena de investigados -antes imputados- entre los que figuran los ex secretarios
generales de UGT Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla.
Estas pesquisas llevan un año paralizadas, a la espera de una pericial encargada por el juez que
sirva para fijar la cuantía presuntamente malversada por el sindicato con las
subvenciones para cursos de formación y otras materias que le otorgó la Junta.
No sólo está UGT en los reintegros millonarios abiertos por
el Gobierno andaluz, ya que a través de estos expedientes trata de recuperar
también el dinero desviado con el fraude de la formación.
Aunque Susana Díaz y sus consejeros insisten en que este
escándalo ha sido un «bluf» y que los jueces están archivando, lo cierto es que
la propia Junta tiene abiertos reintegros en los que hay claros desvíos de
subvenciones, como los de los consorcios controlados por la Administración
andaluza, que gastaron fondos destinados a los cursos en la cabalgata de los Reyes
Magos de Almonte,
jamones o fiestas.
El pasado noviembre, el consejero de Empleo, Javier Carnero, informó en el Parlamento de que su departamento había
abierto 1.750 expedientes de reintegro en los que exigía la devolución de 149 millones de euros por subvenciones de cursos de formación que no se destinaron
a los fines previstos.
Las fuentes de Hacienda consultas no pudieron precisar qué
porcentaje de los 777,6 millones corresponden a la formación, a la supuesta
trama de UGT o a otros asuntos. Sí puntualizaron que más de la mitad de los
reintegros sobre los cursos están suspendidos por los órganos jurisdiccionales. En el caso UGT, un juez de
lo contencioso administrativo paralizó en 2016 un pleito hasta que concluyera la investigación penal sobre las
facturas falsas.
520
millones recaudados.
Aunque
hay una elevada cantidad de reintegros que no se han pagado a la Junta (777,6
millones), lo cierto es que también se están recaudando sumas importantes cada
año. En 2016 y 2017, se recaudaron 520 millones de euros, según los datos
facilitados a este diario por la Consejería de Hacienda y
Administración Pública.
En
2016, cuando había presupuestado 429
millones de euros en reintegros, el Gobierno andaluz
logró recaudar 274 millones de euros y obtuvo 549 millones de euros en
«derechos reconocidos».
Al
año siguiente, en 2017, se presupuestó más (443
millones de euros) en reintegros, se recaudó menos (246 millones de euros) y se
alcanzaron 361 millones de euros en derechos reconocidos sobre esta materia.
La Junta
fracasa con sus fondos 'fantasma'
- La Cámara de Cuentas alerta de que los intermediarios se embolsan 5 millones pese a la «nula» actividad del apoyo a empresas
Desde hace años, no hay discurso institucional de Susana Díaz en el que no anuncie más fondos para las empresas tecnológicas, para las pymes agroalimentarias, para las energías renovables, para los autónomos, para emprendedores universitarios... De todo para ayudar a los emprendedores andaluces a combatir la crisis. Díaz, de esta forma, ha continuado con los programas que instauró en la Junta de Andalucía su antecesor José Antonio Griñán en el año 2009.
Pese a las buenas intenciones contra la crisis, lo cierto es
que estos planes de apoyo empresarial -técnicamente llamados «fondos carentes
de personalidad jurídica»- han fracasado estrepitosamente, según se desprende del informe de fiscalización de la Cuenta
General de la Junta correspondiente a 2016 y publicado este viernes por la Cámara de Cuentas de
Andalucía.
Para empezar, el Gobierno andaluz ha sido incapaz de
repartir todo el dinero que tenía reservado para estos planes. De hecho, es que
no ha abonado ni la mitad de lo que tenía previsto en los ocho años
transcurridos desde se crearon estos programas hasta el cierre de 2016
analizado por la Cámara de Cuentas de Andalucía. De los 953,55 millones de euros con los que se dotaron estos fondos, al cierre de
2016, tan sólo se habían abonado a las empresas beneficiarias 286,43 millones
de euros y quedaban pendientes 667,12
millones de euros, un
68,8%.
Para colmo, aquellos programas que la Junta sí ha pagado
totalmente a sus beneficiarios, al repartir todo el presupuesto consignado, se
han visto envueltos en investigaciones judiciales por presunta corrupción. Se trata de los polémicos Jeremi, que son también «fondos carentes de personalidad jurídica» y
que fueron dotados con 224,5961 millones de euros.
Otra prueba del escaso éxito de estos fondos 'fantasma' es
que, durante 2016, la Junta no materializó pago alguno a las teóricas empresas
que se debían beneficiar de ellos. Sin embargo, los intermediarios se
embolsaron 4,94 millones de euros. La
Cámara de Cuentas de Andalucía lo expone así: «A pesar del escaso e incluso
nulo número de operaciones formalizadas en 2016, los gastos de gestión para la
remuneración de los servicios prestados por las entidades gestoras y
colaboradoras han supuesto un coste de 4,94 millones de euros».
Entre las «entidades colaboradoras» están Caixabank, BBVA,
Renta 4 Banco, Suraval, Avalunión y Cajas Rurales Unidas SCC. También figuran entes públicos de la
Junta como la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) e Invercaria. Ambos organismos están envueltos también en investigaciones
judiciales. La primera, como caja pagadora de los ERE, y la segunda por el reparto sin control de fondos
millonarios que está investigando el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla.
Aunque el Gobierno andaluz tan sólo ha repartido entre las
empresas poco más de un 30% de los 953 millones presupuestados, lo cierto es
que ha recibido en total 4.504 solicitudes desde que estos programas se pusieron en marcha.
Es llamativo que haya empresas a las que se les concedió
algún fondo, pero finalmente lo rechazaron. Pese a que se aprobaron 1.930
solicitudes por un importe de 693 millones de euros, finalmente sólo se
formalizaron 1.487 por valor de 521,46 millones, un 33%. Por lo tanto, un 23% de las solicitudes, aun habiendo sido aprobadas, no son
formalizadas por desistimiento de los
interesados.
El minucioso análisis de la Cámara de Cuentas sobre estos
fondos aporta más pruebas sobre el fracaso de los mismos. También hay problemas
con el dinero que sí llegó a las empresas. En 2016, se mantiene un número
«elevado» de situaciones de «impago, morosidad, deterioro y de
dudoso cobro». Por ello, la
Cámara recomienda «replantear los procedimientos de revisión contable y
evaluación de riesgos y solvencia, al objeto de que se instaure una tendencia
decreciente en la evolución del número y porcentaje de operaciones impagadas y
mejorar el retorno de la financiación de los fondos».
La desaparición de algunas causas que motivaron la creación
de estos fondos, como la recuperación del crédito para las empresas, los gastos
que hay que pagar a los intermediarios y los «inconvenientes y limitaciones» de
estos planes apuntan a la «necesidad de replantear estos instrumentos», dice la Cámara de Cuentas.
Por ello, pide a la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, que lidera la consejera María Jesús Montero, y al resto de consejerías a las que se adscriben estos
fondos una evaluación sobre «la eficacia y eficiencia» de los mismos y que
suprima aquellos que «no han cumplido de forma adecuada el objetivo para el que
fueron concebidos».
TRIBUNALES
La Junta
tarda cuatro años en enviar al juzgado información sobre el fraude de los
cursos
- El PP denuncia las "maniobras" y los "intentos de bloquear la acción de la justicia" de Gobierno de Susana Díaz.
La
Junta de Andalucía ha tardado nada menos que cuatro años en remitir un informe que la juez le había requerido sobre el presunto fraude de la formación que está
investigando el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Esta tardanza contradice a
la presidenta del Gobierno andaluz, la socialista Susana Díaz, y a sus consejeros y altos cargos, quienes llevan años
afirmando que su colaboración con la
justicia es "total y continua" para esclarecer los
casos de corrupción que afectan a la Administración andaluza.
La juez Mercedes Alaya solicitó el pasado 9 de febrero de 2014 a la Junta información sobre las
subvenciones que había concedido a determinadas empresas que acumulaban una
mayor cantidad de ayudas. Cuatro años y 14 días después, el director general de Formación Profesional para el Empleo
de la Consejería de Empleo, Manuel Jesús García Martín, envió por fin el informe requerido al Juzgado de Instrucción
6. En el tiempo transcurrido, la pieza principal de la formación fue archivada
y hasta cambió la juez, ya que la nueva titular es la magistrada María Núñez Bolaños, después de que Alaya ascendiera a la Audiencia de Sevilla.
"En cumplimiento de lo ordenado en las diligencias
previas 966/2014 mediante mandamiento de fecha 9 de febrero de 2014",
indica el director general de la Junta en el informe que remite a la juez con
fecha 21 de febrero de 2018. En su respuesta al
juzgado da detalles sobre la subvención de 326.349 euros concedida por el Gobierno andaluz a la empresa Andalucía
Polivalente, vinculada a José María Pérez González, uno de los investigados por
el escándalo de los cursos. Este empresario confirmó la existencia del
fraude al reconocer que
con subvenciones finalistas lograba ganancias. Fue en el Parlamento andaluz,
durante la comisión de investigación sobre este asunto en marzo de 2016.
No es la primera vez que el Gobierno andaluz se 'retrasa' en
el envío al juzgado de documentación clave sobre el fraude de los cursos, a
pesar de que en sus discursos públicos tanto la presidenta como el consejero de
Empleo, Javier Carnero, defienden lo contrario.
Como
informó EL MUNDO, la Administración andaluza ha permanecido al menos dos años sin remitir a este mismo juzgado los expedientes de reintegro que le ha abierto a la extinta
Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que dependía de la Consejería de Empleo. A través de estos
reintegros, la Junta solicita la devolución de subvenciones para cursos
concedidas a su fundación que no se destinaron a los fines previstos y, por lo
tanto, en ellos se pueden ver las irregularidades cometidas y a
dónde fue a parar el dinero desviado.
En este caso, fue el pasado 21 de septiembre de 2015 cuando el juzgado reclamó a la Administración andaluz estos
documentos que en diciembre de 2017 todavía no habían sido entregados a los
investigadores.
Criticas del
PP.
Estas
maniobras del Gobierno andaluz han provocado la reacción airada del PP andaluz.
El vicesecretario de Organización, Formación y Electoral del PP-A, Toni Martín, ha aseverado este
domingo que la Junta "ha batido todos los récords" al tardar cuatro
años en enviar información sobre el escándalo de la formación.
"¿Esto es intentar colaborar con la justicia o intentar torpedear la acción de ésta?, ¿Es intentar que se aclare lo sucedido o
intentar esconder lo que pasó, que se archive y que prescriba? La actitud de la
Junta tiene que ver con un intento de evitar que paguen los culpables y que los
andaluces recuperen los millones de euros que le han sido defraudados", ha
denunciado Martín.
El dirigente del PP ha recordado que la juez Mercedes Alaya
"sufrió", durante sus años como instructora de estas macrocausas lo
que es trabajar "con escasos medios" y tener que requerir
"reiteradamente" al Gobierno andaluz documentación solicitada y
que la Junta no le enviaba.
De hecho, estos 'retrasos' de la Junta en el envío de
documentación también afectaron a las pesquisas sobre el ex 'número 2' del PSOE
andaluz Rafael Velasco, cuya esposa también recibió ayudas para los
cursos. "Lo hemos visto en
asuntos relacionados con Rafael Velasco de cuyo entramado de empresas la Junta tardó dos años en entregar al juzgado la información que se le requería y
también lo hemos visto en otros asuntos relativos a Faffe, en los que la Guardia
Civil lleva un año esperando que la juez Bolaños pida a la Junta la
contabilidad de la Faffe y de todas las sucursales que tenía".
"Los impagos, las mentiras, los casos de corrupción y los intentos de
bloquear la acción de la justicia son los cuatro pilares sobre los que se ha
sustentado la gestión socialista durante décadas en Andalucía", ha
criticado Martín.
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