martes, 13 de marzo de 2018

Máxima difusión. El ex interventor alertó sobre las "deficiencias" de los ERE al Gobierno de Chaves + Ex altos cargos de la Junta se mofan del 'club' de los ERE + El TC rechaza el recurso de la Junta contra la exclusión de los ex cargos en las piezas de los ERE = Mienten mienten y mienten..... ¿maridaje a la andaluza e impunidad juntera?. Todo esto ocurre a la vista de todos; primero como dice el interventor transferencias de financiación, después pasaron a las encomiendas de gestión, tumbadas por los tribunales porque el personal laboral y digital juntero ejercía potestades públicas reservadas a personal funcionario, son funciones que no se podían quitar a los funcionarios ni a la Administración General de la Junta de Andalucía y ahora "inventan" la agencialización juntera diseñada por la Reordenación del Sector Público.Estas agencias instrumentales junteras son las que conforman la Administración paralela, sin funcionarios y sin controles, un proceso de “ingeniería jurídica ad hoc", que se idea a los largo del tiempo y que va evolucionando pero su objetivo siempre es el mismo, sacar el dinero publico de la Administración general de la junta de Andalucía y entregar su gestión a su clientela digital, para ello mezclan a los trabajadores en los mismos edificios o en diferentes plantas como ocurre en la Consejeria de Fomento y Vivienda, la Agencia esta en otras plantas del mismo edificio. Estamos ante los mismos entes y personas pero van vistiendo el muñeco con distinto collar, primero IFA ahora IDEA, antes EGMASA ahora AMAYA, antes Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP) ahora AGAPA y así sucesivamente. Y siguen manteniendo en el juicio politico de los EREs y en sede judicial que ¿«siempre» trabajó pensando que todo lo que se hacía en la Administración era «legal»? ¿Qué es «insólita e increíble» la tesis de que «cientos de personas de distintos ámbitos» cooperasen «durante 12 años» para sostener adrede un sistema ilegal de subvenciones arbitrarias.? ¿Que no sabía que en la Dirección General de Trabajo había trabajadores que no eran funcionarios y eran externos contratados a través de la empresa Umax. «Es que estábamos en un edificio distinto», alegó.?......Sres junteros, que los funcionarios y todo el que quiere saberlo lo ve, la junta colabora con quien colabora, ese es el club del Régimen andaluz, donde la corrupción es el sistema, así todo el que quiere prosperar se apunta al carro, ocurre lo mismo que en Caluña, o estas con ellos o contra ellos. Si colaboras con el sistema tendrás beneficios, alto y claro tela de araña socialista y maridaje a la andaluza; un régimen clientelar que funciona a la vista de todos. En Andalucía pasa lo que pasa y todos lo sabemos; tenemos un Régimen, donde la corrupción es el sistema. En Andalucía, los junteros defienden y propician el camino hacia otra conciencia: "Dad y se os dará, Evangelio de la corrupción. Los hechos ya hablan: Las cosas no ocurren por casualidad hay causalidad juntera.


TRIBUNALES. El ex interventor alertó sobre las "deficiencias" de los ERE al Gobierno de Chaves.



  • El ex interventor general afirma ahora que sus informes tuvieron "una eficacia tardía".

En 2013, el ex interventor general remitió al presidente del Parlamento andaluz un escrito titulado "Divinas Palabras", en el que acusaba a Griñán de haber "cebado sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".

Un año antes, durante la comisión de investigación sobre los ERE en el Parlamento andaluz, Gómez utilizó una imagen para definir cuál fue la actuación del Gobierno andaluz frente a los avisos que le llegaban de la intervención: "Si su vecino le advierte a voces por la ventana que salen llamas por su extractor de humo usted qué haría. ¿Llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino confirmara la noticia por carta o correo electrónico? Sería inaceptable que ante su descuido el vecino acabe pagando el desaguisado"."Nosotros lo advertimos y quien tenía que tomar decisiones no las tomó; lo que resulta irónico es que quien no tomó decisiones se queje ahora de que no fue advertido", dijo el 28 de agosto de 2012. Nada de eso salió de su boca durante las diez horas en las que estuvo declarando.


TRIBUNALES. Ex altos cargos de la Junta se mofan del 'club' de los ERE.



  • El ex viceconsejero de Innovación niega que se concertaran para repartir más de 741 millones de euros.

TRIBUNALES. El TC rechaza el recurso de la Junta contra la exclusión de los ex cargos en las piezas de los ERE




En Andalucía, la corrupción es el sistema.


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 Conclusión:  En Andalucía pasa lo que pasa: todos lo sabemos; tenemos un Régimen, donde la corrupción es el sistema; En Andalucía, vamos hacia otra conciencia: Dad y se os dará, Evangelio de la corrupción.


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Justicia no impunidad.

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¿Es usted un ciudadano normal o todavía piensa ?




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Las Viñeta  habla ¿¿??

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¡¡¡BASTA YA!!!!







TRIBUNALES
El ex interventor alertó sobre las "deficiencias" de los ERE al Gobierno de Chaves


  • El ex interventor general afirma ahora que sus informes tuvieron "una eficacia tardía"

Tras unas diez horas de interrogatorio en el juicio de los ERE que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla, el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez terminó este lunes ratificando las declaraciones que hizo en el Tribunal Supremo, en las que implicó a tres miembros del Consejo de Gobierno andaluz, a quienes alertó sobre las «deficiencias» de estas ayudas sociolaborales, pero no hicieron absolutamente nada para modificarlas.

Aunque no los mencionó directamente, los tres miembros del Consejo de Gobierno presidido por Manuel Chaves a los que se refería son José Antonio Griñán, por su etapa como consejero de Hacienda entre 2004 y 2009; Antonio Fernández, consejero de Empleo entre 2004 y 2010; y Francisco Vallejo, consejero de Innovación entre 2004 y 2009. Estos tres ex consejeros, además del ex interventor y el ex presidente andaluz Chaves, se sientan en el banquillo junto a otros 17 ex altos cargos de la Junta, acusados de prevaricación y malversación por el reparto arbitrario durante una década del conocido como botín de los ERE: los más de 741 millones que recibieron de forma irregular trabajadores de empresas en crisis.


«Hasta tres miembros del Gobierno han recibido nuestros informes en los que ponemos de manifiesto una serie de circunstancias que eran lo suficientemente relevantes como para que ellos hubieran tomado medidas», recoge la transcripción consultada por EL MUNDO sobre la declaración del ex interventor general en el Tribunal Supremo el 28 de abril de 2015.


El fiscal le preguntó este lunes al ex interventor si corroboraba su testimonio en el Supremo sobre los avisos que envió a tres consejeros y sobre lo que éstos «no hicieron». «Sí, me ratifico», respondió Gómez, que se enfrenta a 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación.


Aunque en su declaración en el Supremo el ex interventor dijo que el Gobierno andaluz miró «para otro lado» pese a los 17 informes que emitió su departamento durante la década en la que él estuvo al frente, avisando sobre las irregularidades en las ayudas a trabajadores, este lunes señaló que sus alertas sí tuvieron «una eficacia tardía».


Fue en 2009, cuando la Junta anunció que utilizaría las «encomiendas de gestión», en vez de las transferencias de financiación que se emplearon de forma fraudulenta para hacer llegar fondos públicos a la caja pagadora de los ERE (el Instituto de Fomento de Andalucía, luego reconvertido en IDEA). «Todo eso se cambió como consecuencia de nuestros informes», dijo.


El ex interventor general ratificó que no detectó ni menoscabo de fondos públicos ni delito alguno en los ERE. Por ello no emitió ningún informe de actuación. La ausencia del mismo ha sido esgrimido por acusados como Griñán para justificar su inacción ante las alertas que les iban llegando de la Intervención. En el Supremo, Gómez alegó que estas explicaciones del ex presidente de la Junta no eran más que «excusas».


El testimonio del ex interventor en el juicio sonó mucho menos incriminatorio para el resto de ex altos cargos enjuiciados que otras intervenciones suyas, pero lo cierto es que este acusado ratificó, en líneas generales, sus anteriores declaraciones.


En 2013, el ex interventor general remitió al presidente del Parlamento andaluz un escrito titulado "Divinas Palabras", en el que acusaba a Griñán de haber "cebado sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".


Un año antes, durante la comisión de investigación sobre los ERE en el Parlamento andaluz, Gómez utilizó una imagen para definir cuál fue la actuación del Gobierno andaluz frente a los avisos que le llegaban de la intervención: "Si su vecino le advierte a voces por la ventana que salen llamas por su extractor de humo usted qué haría. ¿Llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino confirmara la noticia por carta o correo electrónico? Sería inaceptable que ante su descuido el vecino acabe pagando el desaguisado". "Nosotros lo advertimos y quien tenía que tomar decisiones no las tomó; lo que resulta irónico es que quien no tomó decisiones se queje ahora de que no fue advertido", dijo el 28 de agosto de 2012. Nada de eso salió de su boca durante las diez horas en las que estuvo declarando.


Desfases presupuestarios.

El ex viceconsejero de Innovación José María Rodríguez Román ha dicho este lunes que trato con su homólogo de Empleo los desfases presupuestarios que causaba en la agencia pública IDEA -que pagaba las ayudas de los ERE- asumir compromisos superiores al dinero que transfería Empleo para abonarlas, informa Efe.

Las ayudas las concedía la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo pero desde 2001 se pagaban a través de la entidad pública IFA (luego IDEA) -según la Fiscalía y las acusaciones para eludir los controles de la Junta- mediante la firma de convenios entre ambos organismos.

En 2004 IFA/IDEA dejó de depender de Empleo y pasó a pertenecer a la Consejería de Innovación, de la que Rodríguez fue viceconsejero entre 2005 y 2010, pero siguió materializando los pagos de las ayudas que otorgaba Empleo.


Según ha declarado Rodríguez Román, que se enfrenta a 8 años de prisión y 30 de inhabilitación acusado, había un problema de desfase presupuestario derivado de que IDEA firmaba convenios para pagar ayudas por determinadas cantidades pero Empleo no transfería dinero suficiente para afrontar su pago, un tema que abordó en reuniones internas con responsables de IFA/IDEA y que él se encargó de trasladar al viceconsejero de Empleo Agustín Barberá (acusado en la causa).


"La solución fue el compromiso que adquirió el viceconsejero de Empleo que tengo que decir que siempre cumplió", ha afirmado, consistente en que en Empleo "dejaron de adquirir nuevos compromisos, salvo cuestiones urgentes, hasta que se pagaron los compromisos existentes", con lo cual el desfase presupuestario en IDEA desapareció en 2009.





TRIBUNALES
Ex altos cargos de la Junta se mofan del 'club' de los ERE

  • El ex viceconsejero de Innovación niega que se concertaran para repartir más de 741 millones de euros.

Uno a uno, los ex altos cargos de la Junta de Andalucía que están prestando declaración en el juicio de los ERE que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla se están desvinculando del presunto fraude que los ha sentado en el banquillo de los acusados, junto a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Durante los interrogatorios, algunos ex cargos están tratando de ridiculizar y llevar al absurdo la acusación que pesó sobre ellos por un presunto delito de asociación ilícita que la acusación popular que ejerce el PP les achacó, si bien finalmente el pasado febrero el tribunal de la Sección Primera rechazó que fueran juzgados por este delito. De esta forma, los 22 ex altos cargos están siendo enjuiciados por prevaricación y malversación.


«¿Cómo podríamos ponernos de acuerdo? ¿Con una contraseña para entrar en el club?», se preguntó este martes el ex viceconsejero de Innovación José María Rodríguez Román, mofándose de esta forma del supuesto concierto previo entre altos cargos de diferentes consejerías de la Junta para repartir de forma arbitraria el conocido como botín de los ERE, los más de 741 millones de euros en ayudas sociolaborales que el Gobierno andaluz concedió durante una década, entre los años 2001 y 2010.

No ha sido este ex alto cargo el único que ha tratado de desacreditar el relato acusatorio. El ex consejero Francisco Vallejo también calificó de «insólita e increíble» la tesis de que «cientos de personas de distintos ámbitos» cooperasen «durante 12 años» para sostener adrede un sistema ilegal de subvenciones arbitrarias.

La defensa del ex consejero de Empleo José Antonio Viera también remarca en su escrito de defensa que «no existe procedimiento específico ni plan preconcebido ni concierto previo» para idear un sistema que en Andalucía repartiera el «dinero de los parados a los amiguetes».

Por su parte, Rodríguez Román, que se enfrenta a 8 años de prisión y 30 de inhabilitación, se mostró este martes hasta «dolido» con las acusaciones que pesan sobre él e insistió en que «siempre» trabajó pensando que todo lo que se hacía en la Administración era «legal»

Este ex alto cargo sorprendió cuando reconoció al fiscal que no ha tenido «el interés» de leerse el convenio marco del año 2001 que la Fiscalía sitúa en el origen del fraude y del reparto discrecional de ayudas públicas, ya que con él se eludió la fiscalización previa. Este documento lo suscribieron los ex consejeros de Empleo también enjuiciados Viera y Antonio Fernández, como presidente del IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), hoy IDEA, la caja pagadora de los ERE. Para justificar su «falta de conocimiento» sobre el convenio marco, Rodríguez Román dijo que las ayudas sociolaborales de los ERE se gestionaban en Empleo y no eran competencia de Innovación.

A pesar de que bajo la responsabilidad del ex viceconsejero de Innovación estaba el IFA, el ente que pagaba las ayudas sociolaborales de los ERE que concedía la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, este ex alto cargo afirmó que de estas subvenciones «ni tenía información ni tenía por qué tenerla».


Un eslabón de la cadena.

Otro ex alto cargo de la Junta enjuiciado en los ERE, Javier Aguado, ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo durante más de una década y siempre dedicado al área de gestión económica a pesar de que es maestro, también se desvinculó este martes del fraude porque él no era más que «un eslabón de la cadena».

Cuando el fiscal le preguntó si no vio nada «extraño» en las ayudas sociolaborales que concedía la Dirección General de Trabajo, Aguado señaló que los empleados adscritos a la secretaría general técnica de Empleo eran como «las amas de casa» de la Consejería de Empleo porque eran los encargados de hacer «toda la cocina». Y en ese contexto los ERE suponían «una mínima parte de nuestro trabajo».

A pesar de que entre sus funciones estaban el control del personal, este ex alto cargo reconoció que no sabía que en la Dirección General de Trabajo había trabajadores que no eran funcionarios y eran externos contratados a través de la empresa Umax. «Es que estábamos en un edificio distinto», alegó.

El tribunal de la Sección Primera que enjuicia los ERE, tras preguntar a las partes, decidió que tras Aguado sea el turno, como estaba previsto, de la ex secretaria general técnico de Empleo Lourdes Medina. El ex consejero de Empleo Antonio Fernández, cuya declaración se ha pospuesto por problemas de salud, comenzará a testificar a partir del próximo lunes, día 19 de marzo.





TRIBUNALES
El TC rechaza el recurso de la Junta contra la exclusión de los ex cargos en las piezas de los ERE

El Tribunal Constitucional (TC) no ha admitido a trámite el recurso presentado por la Junta contra la exclusión de ex altos cargos en las piezas separadas sobre ayudas concretas de los ERE, en el que el Gobierno andaluz denunciaba que su exclusión dejaba "impunes" los perjuicios a las arcas públicas.

La Junta desistió de ejercer la acusación particular en la pieza política del caso ERE por la que se enjuicia a 22 ex altos cargos por prevaricación y malversación al crear o mantener el "procedimiento específico" por el que durante una década se repartieron 850 millones en ayudas públicas presuntamente de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según el auto del juez instructor que cerró la investigación.


Posteriormente, algunos de esos ex altos cargos, como los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández o los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez, han sido excluidos de diversas piezas separadas sobre ayudas concretas al considerar que no pueden ser juzgados dos veces por los mismos hechos, una decisión de la sección séptima de la Audiencia de Sevilla contraria a la del tribunal que enjuicia la pieza política para la que en la misma no se juzgan las ayudas concretas.


La Junta elevó en noviembre un recurso de amparo al Constitucional, concretamente contra la exclusión de Fernández en una pieza separada por una ayuda concreta, al considerar que al apartarlo de la misma se le "veda el acceso de la Junta a la acción penal para perseguir" hechos "indiciariamente delicitivos" que "habrían provocado un enorme quebranto a la Hacienda Pública" y que de este modo quedarían "impunes".


En una providencia fechada el 26 de febrero, a la que ha tenido acceso Efe, el Constitucional acuerda "no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión".


El recurso al Constitucional fue la vía que emprendió el Gobierno andaluz para poder exigir responsabilidades civiles por el presunto fraude en la concesión de ayudas de los ERE tras renunciar a ejercer la acusación particular en la pieza política, al considerar que no existió un plan para idear un sistema para defraudar sino que se produjeron fraudes puntuales en algunas de las ayudas dadas.

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