La juez Bolaños paraliza el 'caso Avales', otra causa por corrupción contra la Junta
- La Fiscalía advierte que desde que Mercedes Alaya abandonó la instrucción "el avance de la investigación ha sido prácticamente inexistente".
Recordatorios enlaces ya publicados.
16-8-2015. La sustituta de Alaya, por Luis Escribano; los hechos siguen hablando del Nepotismo andaluz "con ingeniería jurídica ad hoc" - ¿"Cadena de favores"? , versus ¿la junta colabora con quien colabora? porque las cosas no ocurren por casualidad ¿¿??? = Sin justicia, no hay Estado de Derecho y sin Estado de Derecho, la convivencia pacífica es imposible, no queda nada.....Firma de apoyo a la Justicia, versus jueza Alaya.
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27-11-2017 De lectura imprescindible. Alto y claro, lo que todos vemos: PUNTADAS SIN HILO, por Manuel Contreras: "La campaña" = En 2010, cuando se pidió la recusación de Alaya, ninguna asociación de jueces denunció intromisión en su intimidad; los hechos ya hablan versus ¿maridaje a la andaluza?
¿la cuñada de Bolaños trabaja en la Agencia IDEA?
¿Corrupción institucional y juntera; un secreto a voces?
Los 'olvidados' de los ERE
SU FANTASMA sobrevuela por la sala de la planta cuarta de la Audiencia de Sevilla en la que se celebra el juicio de los ERE y está presente de forma tácita en muchas de las preguntas del fiscal Juan Enrique Egocheaga a los acusados que van circulando por la silla de los interrogados. Son los olvidados, los que no recibieron el maná de los fondos públicos. Empresarios y trabajadores que capearon las turbulencias de los años duros de la crisis sin más colchón financiero o emocional que el de la caja de resistencia familiar, la ayuda psicológica del confesor o del juez de lo Social, el Fogasa o la prestación por desempleo durante unos meses -un par de años máximo- exigua, menguante. Ésa fue toda la red de seguridad para quien no conocía el teléfono móvil de Javier Guerrero, no tenía un delegado sindical con 'conexiones' en las alturas o redaños para sacar la barricadas a los telediarios.
La Fiscalía, en su escrito de acusación, le puso números -aunque no nombres- a los otros:…..: 120.829, que son los trabajadores que se vieron afectados por expedientes de regulación de empleo en Andalucía durante los años en los que la Junta repartía ayudas opacas sólo para los escogidos por el todopoderoso director general de Empleo.
Prácticamente ninguno de ellos conoció lo fácil que resultaba entonces obtener un pasaporte a la jubilación pagado con el dinero de de todos. Los 6.300 trabajadores que sí accedieron a aquellas subvenciones extraordinariamente frecuentes, incluida la suegra de Guerrero, ni siquiera fueron todos afectados por un ERE. Algunos tampoco eran empleados de las empresas escogidas sino intrusos, gatos según la terminología utilizada por alguno de los mediadores.
«¿Si yo fuera un trabajador en aquel momento inmerso en un ERE, dónde encuentro la norma específica para saber si tengo derecho a esas ayudas?», insiste el fiscal a quien quiera responder. Ayer repitió la pregunta a Antonio Fernández, que fue viceconsejero y consejero de Empleo en aquellos años y que reconoció que esa norma nunca existió. «¿Cómo saber entonces el cómo, el cuándo, el a quién, el por cuánto?» Fernández se limitó a esbozar unos criterios generales que «inspiraban» las decisiones de la Consejería de Empleo.
«La existencia de las ayudas se podía conocer por los presupuestos generales de la Junta, por los programas electorales del PSOE...», había explicado días antes el ex consejero Gaspar Zarrías, sentado también en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Sevilla.
Para muchos, bastó con tener acceso al despacho del director general, con conocer que paraba por el bar Caramelo de la avenida de San Francisco Javier o con cruzárselo en un autobús de línea. Ésa se convirtió en la norma no escrita, sin rastro en el BOJA, por la que tanto pregunta el fiscal sin respuesta.
La
Audiencia reprocha
a la Junta su actuación "contradictoria" en el caso de los ERE
- Rechaza el incidente de nulidad del gobierno andaluz para acusar al ex consejero de Empleo en una de las piezas separadas de las ayudas.
La
Junta de Andalucía ha actuado de manera contradictoria en el caso de los ERE.
El reproche no se lo ha hecho ninguna de las partes personadas en la macrocausa
ni ningún partido de la oposición, sino la Audiencia Provincial de Sevilla, que
ha criticado duramente la
postura mantenida por la Administración andaluza en el proceso, sobre
todo por su
decisión de no acusar a ninguno de los 22 ex altos cargos que se sientan en el
banquillo en el juicio por el llamado procedimiento específico
-incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- y pretender ahora acusar a algunos de ellos en las piezas
separadas de las ayudas.
¿Y quien paga la cuenta?
Recordatorio enlace ya publicados:
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/03/28/5abbee20268e3e706d8b45d1.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/03/27/5aba94cfe5fdea7b078b45a3.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/03/27/5aba94cfe5fdea7b078b45a3.html
La juez Bolaños paraliza el 'caso Avales', otra causa por corrupción contra
la Junta
- La Fiscalía advierte que desde que Mercedes Alaya abandonó la instrucción "el avance de la investigación ha sido prácticamente inexistente"
No
todos los procesos por corrupción que afectan a la Junta de Andalucía están
contenidos en la macrocausa de los ERE. Simultáneamente a ese ingente sumario, la Justicia investiga
también otras derivadas del supuesto reparto arbitrario de fondos, como el caso Invercaria, el fraude de la formación o el conocido como 'caso Avales', aunque su investigación
lleva ritmos muy dispares. De hecho, la Fiscalía ha alertado de la parálisis
que viene sufriendo éste último como consecuencia de la falta de impulso a la
instrucción por parte de la juez María Núñez Bolaños.
A este respecto, en un escrito remitido por el fiscal a la
magistrada -que sustituyó a Mercedes Alaya al frente del
juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla- se afirma que desde 2015 -año en el que se produjo el
relevo- «el avance de la investigación ha
sido prácticamente inexistente».
El comentario refleja, de alguna forma, el estado actual del
sumario en una causa abierta para investigar las presuntas irregularidades
detectadas en los avales concedidos por la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía a diferentes empresas que,
curiosamente, se beneficiaron también de ayudas del polémico programa 31-L de
los presupuestos andaluces, la partida de la que salieron los fondos para los
ERE y a la que el ex director general de Empleo rebautizó como 'fondo de
reptiles'.
En su momento y en el transcurso de la investigación de los
ERE, la juez Alaya observó cómo algunas de las empresas
receptoras de fondos eran también beneficiarias de un sistema de avales de la
Junta diseñado, al parecer, con escasas
garantías y dudosa viabilidad. Ahí se origina el 'caso avales' cuya instrucción parece estar
paralizada, tras tomar las riendas de la misma la juez Bolaños.
Informes.
En su
escrito, al que ha tenido acceso la agencia Efe, el fiscal pide a la magistrada
que reclame sendos informes de la Guardia Civil y de la Intervención del
Estado pendientes de entregar desde
el año 2015, siendo Alaya la que originalmente los reclamó a modo de
prueba pericial.
Sin embargo, al poco de ponerse al frente del juzgado, Núñez
Bolaños dividió la causa de los avales, con objeto de distinguir los avales
concedidos por la Agencia IDEA motu proprio de los que fueron
concedidos por la misma agencia pero por delegación de la Consejería de Innovación, que impulsó un programa propio al amparo de una orden
aprobada en 2008.
Núñez Bolaños resolvió entonces que no eran necesarios ya
esos informes pedidos por Mercedes Alaya y, en su lugar, pidió otro informe (el tercero), aunque esta vez a la Intervención
general de la Junta de Andalucía que, curiosamente, es la administración
investigada.
Esa decisión generó sorpresa y disconformidad en la Fiscalía, que recurrió ante la Audiencia de Sevilla. La Audiencia aceptó entonces el criterio del fiscal y
determinó que los informes eran «pertinentes». Y apuntó que la división de la
causa en dos piezas diferentes en nada debía restar interés a la opinión
pericial reclamada por la Fiscalía.
Según informa Efe, la Fiscalía insiste ahora en que ambos
informes «son indispensables para hacer avanzar la investigación de los hechos
objeto de este procedimiento» y critica que el hecho de que Núñez haya pedido
otro informe pericial al respecto a la Intervención de la Junta «no puede
suponer vaciar de contenido una diligencia que fue acordada el 24 de febrero
del 2015 y confirmada» por la Audiencia de Sevilla.
«Durante todo este tiempo el avance de la investigación ha sido prácticamente inexistente pese a que el
fiscal ha interesado en diferentes ocasiones diligencias cuya práctica viene
siendo denegada sistemáticamente por la magistrada instructora», critica en su
recurso en el que pide a Núñez que reclame de manera «urgente» ambos informes
para no «dilatar más» la investigación.
La Audiencia reprocha a la Junta su actuación "contradictoria" en
el caso de los ERE
- Rechaza el incidente de nulidad del gobierno andaluz para acusar al ex consejero de Empleo en una de las piezas separadas de las ayudas
La
Junta de Andalucía ha actuado de manera contradictoria en el caso de los ERE.
El reproche no se lo ha hecho
ninguna de las partes personadas en la macrocausa ni ningún partido de la
oposición, sino la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha criticado duramente
la postura mantenida por la Administración andaluza en el proceso, sobre todo
por su decisión de no acusar a ninguno de los 22 ex altos cargos que se sientan en
el banquillo en el juicio por el llamado procedimiento específico -incluidos
los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán-
y pretender ahora acusar a algunos de ellos en
las piezas separadas de las ayudas.
En concreto, la Sección Séptima de la Audiencia ha
recriminado a la Junta "su actuación procesalmente contradictoria al apoyar que se dirija el procedimiento contra el apelante
en pieza separada pese a solicitar en el llamado procedimiento específico el
sobreseimiento respecto de todos los acusados, entre ellos el mismo
Fernández", en referencia al ex consejero Antonio
Fernández.
La
reprimenda se incluye en una providencia en la que el tribunal ha reiterado que
los ex altos cargos del Gobierno andaluz imputados en la pieza 'política' de
los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos sólo serán juzgados una vez y, de este modo, ha rechazado el incidente de nulidad planteada
por la acusación que ejerce la Junta de Andalucía contra la exclusión del
exconsejero de Empleo Antonio Fernández de la pieza separada por la ayuda a
Calderinox.
En esta resolución, contra la que no cabe recurso, la
Sección Séptima rechaza el incidente de nulidad presentado por la Junta de Andalucía contra el auto dictado
en esta causa del pasado 2 de febrero por supuesta vulneración de los derechos
que el artículo 24 de la Constitución le otorga y por supuesta infracción de la
doctrina del Tribunal Constitucional sobre el principio 'non bis in idem', y
por el que pide que se "acuerde declarar la nulidad, dictando nueva
resolución judicial por la que se estimen los recursos de apelación
interpuestos por el Ministerio Fiscal y la propia Junta con el auto del Juzgado
de Instrucción número 6 de Sevilla el 20 de septiembre de 2017".
El tribunal argumente en la providencia, con fecha de 20 de
marzo y a la que ha tenido acceso Europa Press, que, "puesto que el
excepcional incidente de nulidad" planteado por la Junta para que se
continuara la causa contra el ex consejero en la pieza de Calderinox "no puede utilizarse como un nuevo recurso para
replantear las cuestiones ya zanjadas en la correspondiente resolución con la
excusa de que hay en juego derechos fundamentales, el incidente no debe ser
admitido a trámite".
La Sección Séptima, además, pone de manifiesto que "lo
que pretende" la acusación que ejerce la Junta de Andalucía "es
provocar un nuevo debate sobre el objeto del recurso, pese a que lo que se
plantea ahora -dándole otro revestimiento expositivo-formal- mereció
explicación y respuesta en nuestro auto".
Para el tribunal, "no existe modificación (de
interpretación habla el escrito de la Junta) del objeto del proceso de aquella
otra causa -pieza política-, como se explica tanto en el auto cuya nulidad se
pretende como en los autos a que se remite".
"Sólo un mal entendimiento del derecho procesal penal,
cuando no una autojustificadora interpretación de los propios comportamientos procesales, puede llevar a
hacer tal afirmación", critica el tribunal.
El
objeto de la causa
Seguidamente,
la Audiencia subraya que "el objeto de un proceso lo constituyen los
hechos, y en el que se ha dado en llamar causa del 'procedimiento específico'
-en la que se juzga a 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz-, tanto el juez
de Instrucción como las partes acusadoras han terminado por fijar tal objeto de
la forma descrita en nuestra resolución, de suerte que comprende respecto de
ciertos imputados (uno de ellos el propio ex consejero Antonio Fernández) los mismos hechos que
pretenden enjuiciarse por duplicado en piezas separadas como la presente".
"Hasta la saciedad hemos hablado en nuestras sucesivas resoluciones de
'identidad de hechos'", añade la Sección Séptima.
“Non bis
in ídem”
Así
pues, según argumenta el tribunal, "tampoco tiene fundamento la alegación
de infracción de la doctrina del
Tribunal Constitucional sobre el principio 'non bis in idem', cuya vulneración
más bien habría que atribuirla a la parte solicitante dada la pretensión que
sostiene".
De otro lado, expone que la única novedad de la presente
solicitud de la Junta respecto a los anteriores incidentes de nulidad
planteados por el Gobierno autonómico en las piezas
separadas de los ERE, desgajada del llamado 'procedimiento específico', cuyo
juicio celebra la Sección Primera, "no es otra que el dictado en el mismo
de un auto de 9 de febrero", en el que se resolvían las cuestiones previas
planteadas por las partes.
No obstante, advierte la Sección Séptima de que,
"aparte de tratarse de una resolución posterior a la que se combate"
por la Junta, "respetuosamente debemos afirmar que su contenido -el auto
de resolución de cuestiones previas- no vincula a este tribunal en tanto en
cuanto no parece que se hayan modificado los hechos objeto de acusación".
Por último cabe recordar que la Sección Séptima de la
Audiencia, en dos providencias fechadas el 2 de octubre de 2017, ya rechazó
sendos incidentes de nulidad planteados por la Junta de los autos donde se
acordó dejar al ex consejero Antonio Fernández fuera de las piezas abiertas por
las ayudas a Calderinox y Fundiciones Caetano.
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