- El Alto Tribunal anula una ayuda de 3,8 millones a una empresa sevillana y constata cómo el ex director de Trabajo daba el dinero a su antojo
Caso ERE. Nadie conoce a nadie
En esta Andalucía subvencionada nada sorprende
ya a estas alturas. Nada pasa sin que todo lleve el férreo control político
desde hace cuarenta largos años. Nada se sabe que no quiera saberse, ni
comunicarse……….
…..
El hecho de que se esté juzgando a toda la
cúpula política, que ha gestionado hasta hace unos años la Junta de Andalucía,
es un hecho tan grave que representa los
límites de hasta dónde puede llegar la gobernanza y la gestión de los medios
públicos, en manos de unos cargos públicos que se creían por encima de todo y
que creían, además, que no tenían que rendir cuentas ante nadie de su gestión
pública. Pero lo que sí sabemos de este caso
es que se repartieron algo más de 800
millones de euros en ayudas socio laborales con un procedimiento que no tenía
soporte normativo jurídico alguno.
Y este hecho, en sí mismo, a nadie le preocupa, por lo que
estamos viendo, en la sociedad civil andaluza. …...
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Ahora el caso está en el mundo de las togas, allí es ahora donde
están sentados la flor y la nata de los que gobernaron la Junta de Andalucía como si hubieran sido auténticos sátrapas persas. La satrapía
andaluza tenía apariencia de estado independiente en sus formas, pero
todo era a base de dinero
público. La subvención como
forma de gobierno permanente. El Boja como portavoz de la sociedad
subvencionada. Y los millones y millones de euros de Europa corriendo por las
arterias del régimen hasta llenarlo todo, hasta alimentarlo todo. Un mapa lleno de escorrentías por donde el dinero público
lo regaba todo. Esa
era la esencia del régimen. Nada de
planes industriales, ni de planificaciones regionales, nada de I+D+i, solo
subvenciones como si fuera una OPA hostil para apoderarse de la sociedad
andaluza en su conjunto.
Y en medio, el Tribunal Supremo, que acaba de fallar sobre nulidad de las ayudas de 3,8 millones de euros concedidas entre 2002 y 2006 al Matadero de Sierra Morena por el entonces director general de empleo Francisco Javier Guerrero. El Tribunal Supremo señala en su fallo “la grosera omisión de los trámites elementales del procedimiento” para conceder una subvención pública que en este caso se dio “sin más base que la decisión del citado director general”. Además, el alto tribunal indica que se omitieron “las reglas básicas del procedimiento administrativo”. La empresa ni siquiera presentó una “solicitud formal”.
……
Y detrás
la sustituta de Alaya, María Núñez Bolaños, que acaba de
archivar dos piezas separadas del caso ERE por las ayudas concedidas al obispado de Cádiz y a la empresa
Azucareras Reunidas de Jaén. Según la jueza los beneficiarios de las ayudas
de los ERE pueden considerarse "víctimas o perjudicados" más que
"delincuentes" de la "caótica y
desordenada" tramitación de los expedientes por parte del ex director
general de Trabajo Javier Guerrero, el principal imputado en la macrocausa. Todo un ejemplo de cómo retorcer el derecho penal.
……
Así, que,
al final, lo que estamos viendo
estos días en la Audiencia de Sevilla es más de lo mismo. Régimen andaluz en
estado puro, alimentado por los medios adictos al régimen más interesados en la
Gürtel y en Bárcenas que en lo que pasa y ha pasado aquí en Andalucía de
verdad. Pasarán los acusados uno tras
otro con el guion de la defensa bien aprendido, dirán o desdirán lo que tengan
y quieran decir. Sabremos solo
lo que quieran que sepamos. Pero lo que sí está quedando claro es que aquí
nadie conoce a nadie.
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/02/15/5a85db0346163ff14a8b45ff.html
http://www.eldemocrataliberal.com/
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CASO ERE
Varapalo del Supremo a los ERE:
hubo ilegalidades y "groseras" omisiones de los trámites
- El Alto Tribunal anula una ayuda de 3,8 millones a una empresa sevillana y constata cómo el ex director de Trabajo daba el dinero a su antojo
El reparto
de los 741 millones para ayudas en crisis cuya
pieza política se juzga desde diciembre en la Audiencia de Sevilla pudo ser
ágil, pero desde luego no fue legal, como han mantenido esta semana dos
de los principales imputados, el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el ex consejero de Empleo José Antonio Viera.
El
Tribunal Supremo se ha adelantado a la sentencia que deberá dictar -no se sabe
cuándo- el tribunal de la Sección Primera ante el que se sientan 22 ex altos
cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. No ha señalado responsabilidades penales, pero el Alto
Tribunal sí ha dejado claro que el reparto del dinero en forma de ayudas
sociolaborales fue algo más que sospechoso, fue ilegal y arbitrario.
Así
lo pone de manifiesto la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo en
una sentencia por la que obliga a una de las empresas que se benefició del
bautizado como «fondo de reptiles», a la que obliga ahora a devolver todo lo
que recibió, más de 3,8 millones de euros, al constatar cómo el
procedimiento administrativo no sólo incumplió los requisitos legales, sino
que, directamente, fue inexistente.
En
su resolución, el TS pone de relieve cómo se repartía el dinero: sin control
alguno y con total arbitrariedad. Hasta el punto de que en el caso concreto
de la subvención que ordena devolver, destaca que se concedió a la empresa
Matadero de la Sierra Morena SA única y exclusivamente porque así lo decidió el
entonces director de Trabajo. El mismo que esta semana defendió, a preguntas
únicamente de su abogado, la «honestidad» de quienes tenían la responsabilidad
de gestionar esos fondos.
La “Sierra norte de Sevillana”.
Textualmente,
dice la Sala de lo Contencioso del TS que la ayuda a esta sociedad de la Sierra
Norte sevillana -donde se concentraron buena parte de las subvenciones irregulares
y de donde es originario el propio Guerrero- se otorgó «sin más base ni soporte
que la decisión del citado director general». Y constata, además, la «grosera
omisión» de los trámites administrativos elementales para dar
una subvención pública. No hubo siquiera una solicitud formal por parte de la
empresa, por no hablar de bases de la convocatoria, compromisos de la
beneficiaria, fiscalización del gasto o una resolución administrativa que
justifique la ayuda en razón de su utilidad pública o interés social.
El
comportamiento de Matadero de Sierra Morena SA se limitó, apunta la sentencia
del Alto Tribunal, «a recibir sucesivas subvenciones» a partir de octubre de
2002 -cuando recibió la primera ayuda de 300.000 euros- y mayo de 2008. En
total, percibió 3.852.530 euros distribuidos en quince pagos.
La
sentencia, que se conoció ayer pero está fechada el pasado 6 de febrero, es la
respuesta del Supremo al recurso de casación interpuesto por la Junta
de Andalucía contra una resolución anterior dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló una resolución de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de 30 de junio de 2014 confirmando la
nulidad, a su vez, de las decisiones adoptadas por Guerrero en relación a esta subvención,
con la obligación de la beneficiaria de reintegrar todo el dinero recibido.
En
el origen está la revisión llevada a cabo por la Administración autonómica de
las actuaciones realizadas por Francisco Javier Guerrero, «el principal
imputado en la causa de los ERE», como la misma Junta de Andalucía se encarga de argumentar en el recurso
de casación.
lunes,
19 de febrero de 2018
Caso
ERE. Nadie conoce a nadie
En esta Andalucía subvencionada nada sorprende
ya a estas alturas. Nada pasa sin que todo lleve el férreo control político
desde hace cuarenta largos años. Nada se sabe que no quiera saberse, ni
comunicarse. Los medios
adictos del régimen tienen los ventiladores preparados. El periodismo de
investigación hacia el régimen hace muchos años que está ausente, enterrado
entre páginas y páginas de loas y de alabanzas. Y en medio de páginas llenas a
rebosar de la propaganda habitual pagada con dinero público. La publicidad
institucional que apesebra aun paga muchas nóminas en demasiados medios. Con
una consigna clara. De lo que no se habla no existe. Y así, un poderoso velo de
silencio cae sobre la región cubriéndola como una espesa niebla para que nadie
sepa nada, para que nadie vea nada, para que nadie pregunte nada.
El hecho
de que se esté juzgando a toda la cúpula política, que ha gestionado hasta hace
unos años la Junta de Andalucía, es un hecho tan grave que representa los límites de
hasta dónde puede llegar la gobernanza y la gestión de los medios públicos, en
manos de unos cargos públicos que se creían por encima de todo y que creían,
además, que no tenían que rendir cuentas ante nadie de su gestión pública. Pero lo que sí sabemos de este caso es que se repartieron algo más de 800 millones de euros en
ayudas socio laborales con un procedimiento que no tenía soporte normativo
jurídico alguno.
Y este hecho, en sí mismo, a nadie le preocupa, por lo que
estamos viendo, en la sociedad civil andaluza. Que sus propios dirigentes políticos, que han ocupado sus
instituciones, estén sentados en un banquillo para ser juzgados es un referente
de que no hay nadie por encima de la Ley. Pero lo peor de este caso sea que la
propia sociedad andaluza no está siendo sacudida por un terremoto político y
social que recorra las plazas, las calles y las casas y llegue a las instituciones.
Pero en esta Andalucía anestesiada y subvencionada no pasa nada. Nunca pasa
nada.
Todo empezó por la famosa
“descomisión” del caso ERE en el Parlamento de Andalucía, cuando sus señorías
empezaron a darle la espalda a la sociedad andaluza, más interesados en
deconstruir el caso que en saber la verdad sobre los fondos y los destinos que
se usaron en las “ayudas socio laborales”. Con unos diputados de la oposición
del PP siempre en fuera de juego, mucho más pendientes de sus futuros contratos
en el partido que de preguntar por lo que tenían delante. Y unos diputados de
IU intentando emular al famoso juego de la pelota de la revolución francesa.
Aquella descomisión se convirtió al final en un aquelarre. En una comisión en
la que nadie sabía nada. En la que nadie preguntaba nada. En la que nadie
contestaba nada. Todo controlado. Todo medido. Los manijeros convirtieron la comisión en un pobre acto
político. En una montaña de escalada imposible. La leyenda del bueno de Manolo
y los suyos debía prevalecer sobre toda acción judicial.
Y mientras esto
pasaba, la juez instructora del caso, Mercedes Alaya estaba siendo puesta a
prueba por el conjunto de poderes del estado. Montesquieu ha muerto. Una
frase que se hizo histórica y que se le atribuye a Alfonso Guerra en 1985
cuando la mayoría parlamentaria del PSOE reformó la Ley del Poder Judicial. Y
ha muerto definitivamente porque por Andalucía Montesquieu ni siquiera ha
aparecido. Lo intentaron traer aquí aquellos diputados como Luis Carlos Rejón
en la legislatura de la pinza. Pero todo fue solo el sueño de una noche de
verano. Porque esto no era la Francia de los Capeto, ni era la primavera de los
pueblos, ni tan siquiera era la toma del palacio de invierno. Tan solo era la
vuelta de nuevo a los orígenes del régimen andaluz. Los años de hierro. La nada
como forma de gobierno. Y en este camino aparecieron los ERE y sus
responsables.
Alaya se fue y el
caso perdió fuelle. La instrucción la hizo en medio de
inmensos tsunamis de presión política. Hasta un Alfonso Guerra en el ocaso de
su carrera dijo que "incluso hay una relación fuerte personal entre la
jueza y el actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que eran compañeros y
dicen que algún expediente en común tuvieron". También ese día dejó perlas
como que en España se debe aplicar la "máxima" pena tanto a los
corruptos como a quien inventa un caso sobre un representante político y luego
se demuestra que es falso. Todo un ejemplo de creer en los tres poderes del
estado. Aunque él decía siempre pertenecer al tercer estado. A los
descamisados.
Ahora el caso está en el mundo de las togas, allí es ahora donde
están sentados la flor y la nata de los que gobernaron la Junta de Andalucía como si hubieran sido auténticos sátrapas persas. La satrapía
andaluza tenía apariencia de estado independiente en sus formas, pero
todo era a base de dinero
público. La subvención como
forma de gobierno permanente. El Boja como portavoz de la sociedad
subvencionada. Y los millones y millones de euros de Europa corriendo por las
arterias del régimen hasta llenarlo todo, hasta alimentarlo todo. Un mapa lleno de escorrentías por donde el dinero público
lo regaba todo. Esa
era la esencia del régimen. Nada de
planes industriales, ni de planificaciones regionales, nada de I+D+i, solo
subvenciones como si fuera una OPA hostil para apoderarse de la sociedad
andaluza en su conjunto.
Y en
medio, el Tribunal Supremo, que acaba de
fallar sobre nulidad de las ayudas de 3,8 millones de euros concedidas entre
2002 y 2006 al Matadero de Sierra Morena por el entonces director general de
empleo Francisco Javier Guerrero. El
Tribunal Supremo señala en su fallo “la grosera omisión de los trámites elementales del
procedimiento” para conceder una subvención pública que en este caso se dio
“sin más base que la decisión del citado director general”. Además, el alto tribunal indica que se
omitieron “las reglas básicas del procedimiento administrativo”. La empresa ni siquiera presentó una “solicitud formal”.
En el expediente, indica
el tribunal, no constan “todos los requisitos, las bases de la convocatoria,
los compromisos que debe asumir la beneficiaria, la fiscalización del gasto, y
la propia resolución administrativa que aprecie las razones de utilidad pública
e interés social que justifiquen la subvención”. Añade el alto tribunal que “la
empresa recurrente no comprometió ningún tipo de actuación concreta, ni
solicitó de manera precisa subvención alguna”. Y, dice el alto tribunal, que “
no existió” procedimiento para otorgarla, “más allá de las resoluciones y
convenio objeto de revisión, y de las actuaciones materiales de pago”.
Y detrás
la sustituta de Alaya, María Núñez Bolaños, que acaba de
archivar dos piezas separadas del caso ERE por
las ayudas concedidas al obispado de Cádiz y a la empresa Azucareras Reunidas
de Jaén. Según la jueza los
beneficiarios de las ayudas de los ERE pueden considerarse "víctimas o
perjudicados" más que "delincuentes" de la "caótica y desordenada" tramitación de
los expedientes por parte del ex director general de Trabajo Javier Guerrero,
el principal imputado en la macrocausa. Todo
un ejemplo de cómo retorcer el derecho penal.
Según la magistrada,
"ninguna responsabilidad penal puede atribuirse ni a los trabajadores ni
al Obispo o personal del Obispado, quienes, más que delincuentes, podrían
considerarse víctimas o perjudicados por la actuación" de la Dirección
General de Trabajo. Además, señala en el auto que “ninguna responsabilidad
penal puede tener el ciudadano" que solicita una subvención o ayuda y que,
"bajo el principio de confianza en nuestras instituciones, asume la
situación de sujeto en una relación jurídico-administrativa, ante una irregular
actuación de la administración en el procedimiento de concesión".
Núñez Bolaños
indica en el auto que "no es el ciudadano el que decide qué documentación
presentar o qué procedimiento seguir para solicitar una beca, una subvención o
cualquier otra ayuda pública, es la administración", de forma que "si
la administración actúa de forma irregular, de ello no se puede responsabilizar
al ciudadano, y menos penalmente por delitos de prevaricación y malversación,
salvo que nos conste fehacientemente que dicho ciudadano solicita, gestiona
ante la administración a sabiendas de su ausencia de derecho y en connivencia
con el concedente para obtener una ayuda a la que no tiene derecho y mediante
una resolución injustificada, arbitraria y prevaricadora, dictada con la única
finalidad de beneficiar a quien no tiene derecho en su propio lucro
injustificado". Todo un ejemplo de cómo retorcer el derecho penal.
Así, que,
al final, lo que estamos viendo
estos días en la Audiencia de Sevilla es más de lo mismo. Régimen andaluz en
estado puro, alimentado por los medios adictos al régimen más interesados en la
Gürtel y en Bárcenas que en lo que pasa y ha pasado aquí en Andalucía de
verdad. Pasarán los acusados uno tras
otro con el guion de la defensa bien aprendido, dirán o desdirán lo que tengan
y quieran decir. Sabremos solo
lo que quieran que sepamos. Pero lo que sí está quedando claro es que aquí
nadie conoce a nadie.
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