FRAUDE DE FORMACIÓN. Una fundación de la Junta de Andalucía trucaba concursos con dinero de los cursos de formación.
- Un empresario denuncia ante la juez Núñez que directivos de Faffe les prometía la adjudicación antes de licitar el proyecto.
FRAUDE DE LA FORMACIÓN. Empresarios señalan ante la juez amaños en contratos en la Faffe, la fundación de la Junta para formación.
- Beneficiarios de contratos de la Fundación Fondo Andaluz de Formación admiten que los directivos se los garantizaban antes convocarlos
FORMACIÓN. El avión 'perdido' de la Faffe
y otros despropósitos de la fundación de la Junta para formar a los parados.
- Amaños, nepotismo, trabajadores fantasma... La Fundación Andaluza para la Formación y Empleo se liquidó en 2011 tras años de escándalos
Una historia turbia.
Según la Fiscalía Anticorrupción,
la extinta Faffe realizó contratos «indiciariamente irregulares» por un valor
cercano a los 9,5 millones de euros de manera que ve un presunto delito de prevaricación y otro de
malversación. Estos
contratos -subvencionados con fondos públicos-
fueron
adjudicados sin publicidad ni concurrencia, fraccionándolos para eludir
controles y con «influencia» de las empresas adjudicatarias en los mismos.
Uno de los escándalos más
sonados protagonizados por la Faffe tuvo a sus dos ex máximos responsables,
Fernando Villén y y Joaquín Morales, como protagonistas. Una hermana y un
cuñado de Morales y un hermano, un sobrino, una cuñada y la propia esposa de
Villén estuvieron
en nómina de la fundación. Aunque no fueron los únicos, ya que también
cobraron de la Faffe familiares del ex consejero Gaspar Zarrías; del alcalde de
Sevilla, Juan Espadas; y del ex consejero Luis Pizarro. Además, el ex alcalde
socialista de Lebrija, Antonio Torres, cobró durante años sin ir a trabajar tras ser contratados
semanas después de dejar la Alcaldía.
Se calcula que la
Faffe recibió en sus nueve años de vida -fue creada el 23 de junio de 2003- más de 252 millones de euros que le han ido
inyectando los sucesivos gobiernos socialistas. La última inyección, en forma
de subvención, casi 17 millones, la recibió sólo diez días antes de ser
finiquitada.
Pero hay más. Una auditoría realizada
en 2016 a instancias de la Junta cifró en 8.844 los contratos realizados por la
Faffe con algún tipo de irregularidad, además de certificar que el enchufismo a la hora de
seleccionar al personal -cuyo coste llegó a suponer el 60% del presupuesto
de gastos- era la práctica habitual.
De todos los contratos
analizados, el 60% se hizo sin
publicidad y los auditores comprobaron que muchos se fraccionaron para
poder eludir los controles.
Así enchufaron desde la Junta de Andalucía en cursos
subvencionados: «Procura que meta
la cabeza»
- La Policía constata «el buen ambiente» entre el Servicio Andaluz de Empleo y empresas del exconsejero Ángel Ojeda con cursos subvencionados
TRIBUNALES. El
laberinto de acusaciones de la Fundación Guadalquivir Futuro y el PSOE de
Córdoba
- La instrucción del caso de las mordidas continúa mientras no dejan de crecer los implicados.
Como pasa en casos que suelen ser complejos, el de la Fundación Guadalquivir Futuro continúa creciendo y ramificándose mientras aumenta el número de personas implicadas de una y otra forma, al menos por las declaraciones de los implicados.
Las mordidas a las subvenciones del Plan Emplea siguen cercando a Ángeles Muñoz y a su hijo, Cristian Menacho, mientras los tribunales han prorrogado el plazo de instrucción. Y además se señala a importantes dirigentes del PSOE de Córdoba, pues no en vano, ambos fueron en sus listas a distintas elecciones municipales.
El laberinto de un caso en el cual la fundación se podría haber quedado con fondos destinados a la inserción de desempleados se hace cada vez más denso y entre los últimos nombres mencionados están los de Rosa Aguilar, consejera de Justicia de la Junta, y Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento de Andalucía y anterior secretario general del PSOE de Córdoba.
El laberinto de un caso en el cual la fundación se podría haber quedado con fondos destinados a la inserción de desempleados se hace cada vez más denso y entre los últimos nombres mencionados están los de Rosa Aguilar, consejera de Justicia de la Junta, y Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento de Andalucía y anterior secretario general del PSOE de Córdoba.
Recordatorio enlaces ya publicados:
8-1-2017. ADMINISTRACIÓN PARALELA, suma y sigue. 8.844 contratos irregulares en la Faffe en sólo dos años y medio, versus para que se crea y sirve la Administración paralela, con hechos = Ley de Reordenación del Sector Público, aprobada por el rodillo socialista, para consolidar a su personal afín, “de selección digital” ahora "laboral subrogado", versus “ingeniería jurídica” para dar cobertura formal, a un monumental fraude constitucional para obviar el acceso constitucional al Empleo Público, de acuerdo con los principios de igualdad, merito y capacidad con publicidad.¿La Junta colabora con quien colabora?. Ni los Fiscales, ni el Estado intervinieron, el Tribunal Constitucional, cambio en su sentencia el petitum de los recurrentes y al día de hoy, los hechos hablan por sí mismos: ¿Los Einsteins psociolistos, se mantienen en el poder, gracias al brazo ejecutor del Régimen, la Administración paralela instrumental y juntera, esa que ha suplantado a la Administración general de base y acceso constitucional , a la que se ha derivado los recursos económicos de las respectivas Consejerías de la Junta de Andalucía? ¿Esa que tiene colocada a más de 25.000 personas, clientela política de los junteros, y que nos supone un gasto anual de más de 4.5000 millones de euros? ¿Esa donde el dinero público, de todos, desaparece y vuela?. Conclusión: ¿Blanco o en Botella; es usted un ciudadano normal, o todavía piensa?
ADMINISTRACIÓN PARALELA. 8.844 contratos irregulares en la Faffe en sólo dos años y medio
- Una auditoría constata el enchufismo en la extinta fundación para empleo de la Junta, que tenía en nómina a parientes de destacados miembros del PSOE
- La Faffe adjudicó cinco contratos a una empresa implicada en el escándalo de los ERE
2-12-2017. La Junta lleva dos años ocultando a la juez datos clave del fraude de los cursos + La juez Núñez imputa a 23 personas por contratos "irregulares" de la Fundación de Formación de la Junta; 8.844 contratos irregulares en la Faffe en sólo dos años y medio + El fiscal pide 5 años de cárcel para el ex consejero Luciano Alonso por falsedad en los 'cargos fantasma' + La investigación de la trama de UGT-A, un año paralizada = La Andalucía imparable y juntera sigue su curso; ¿todo es un monumental fraude? y seguimos degenerando.....
La
Andalucía imposible: Los Morancos ¿Quien
tiene la culpa?
Omaita y Antonia: ...y al final soy yo la que tiene que pagar....
Las
responsabilidades existen, cuando se quieren pedir ¿Y el tribunal de los ERE descarta la existencia de una banda delictiva asentada en el Consejo de Gobierno de la Junta.?
Por
un lado prisión para el funcionario del “caso cheques”…..por otro para la Sra.
Bolaños, los colaboradores necesarios de los delitos de los junteros, los que
se beneficiaron de las ayudas ilegales sufragadas con dinero público, son
“victimas” ¿¿¿venga ya????
TRIBUNALES. Prisión
para el funcionario del «caso cheques»
- El tribunal considera probado que este trabajador de la Delegación de Medio Ambiente se apropió de 240.000 euros de dinero público
ANDALUCÍA.
La juez Bolaños considera "víctimas" de Guerrero a los beneficiarios
de las ayudas
- La magistrada argumenta que los solicitantes de las subvenciones no pueden ser responsables de la "caótica y desordenada" gestión realizada por el ex director general de Trabajo de la Junta.
Recordatorio enlace ya publicado:
FUERA
DE GUIÓN
El
permanente "descuido generalizado"
YA
APENAS provoca escándalo el ejercicio de cinismo desvergonzado y hasta un punto
insolente que suele exhibir Felipe González convertido conscientemente en un
personaje que no ceja de empeñarse en malversar el patrimonio político de quien
ha sido una de las figuras más relevantes de la historia reciente de este país.
Esa constatable devaluación de su representación induce a especular con que
cualquier cosa que diga sea considerada parte del pensamiento de un abuelo
cebolleta, incluso cuando lo que dice tenga un notable calado político. Hace
unos días, el higiénico y abotargado González afirmó que no puede decirse que
exista un fenómeno de corrupción en España y redujo el lodazal de los últimos
años que hoy se reseca en prime time en los tribunales a «un descuido
generalizado». No somos un país corrupto; a lo más, distraído.
Según
sostiene González.Esta teoría, lejos de ser una boutade más de Felipe, es la
que va a convertirse en el núcleo esencial del discurso de exculpación de los
partidos que han protagonizado la corrupción. Un alegato que supera el señalar
a «esa persona a la que usted se refiere» de Mariano Rajoy o el «esto es cosa
de cuatro golfos» tan del gusto de los socialistas y que tendrá su colofón en
la exigencia de disculpas por las ofensas que han sufrido tantos políticos
honrados, aunque desatentos. Pero en el fondo se trata de una nueva mentira, la
que se está fabricando para ocultar lo que ha sucedido.
Esta
operación es la que se ha puesto en marcha ante las primeras declaraciones del
juicio de los ERE, una vez descartada por el tribunal la existencia de una
banda delictiva asentada en el Consejo de Gobierno de la Junta. La dovela
central del escándalo de los ERE, el ex director general Javier Guerrero, aquel
hombre preocupado por las «criaturas», ha comenzado por olvidarse de lo que
dijo hasta en seis declaraciones ante el juez y de todo lo que sostuvo ante los
medios de comunicación, fruto todo ello de un estado de ofuscación provocado
por la presión. Pobre hombre descuidado.
Este
nuevo discurso ha servido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, siempre tan
atenta a las nuevas tendencias, para colocarse la primera en la línea de salida
de los desagravios que están por reclamarse. Y así, sostiene Díaz que Manuel
Chaves y José Antonio Griñán están sufriendo un daño «que no tiene nombre» por
los ERE. Eso sí, la presidenta de la Junta admite que hubo cosas «que no se hicieron
bien», evolución trianera del señalado «descuido generalizado» felipista.
Más
allá de cómo termine este trance judicial innombrable por el que pasan Chaves,
Griñán y sus familias, sí conviene recordar que ambos no se encuentran aquí por
meros descuidos generalizados, sino por una forma de hacer política y de
propiciar un régimen clientelar que ha facilitado décadas de hegemonía política
de la que se ha beneficiado la propia Susana Díaz, aupada al poder en un
proceso que retrata certeramente la escena recogida en el libro de Manuel Pérez
de Alcázar, Delfines y tiburones: «Pepe, Susana nos ha matado. Es como si nos
hubiese clavado un puñal». La frase era pronunciada por Manuel Chaves y al otro
lado del móvil se encontraba Pepe Griñán. Pero, igual se trató de otro
descuido.
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/02/16/5a872541e2704efa5a8b462e.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/02/18/5a887fd546163f241a8b4655.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/02/18/5a887fd546163f241a8b4655.html
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-enchufaron-desde-junta-andalucia-cursos-subvencionados-procura-meta-cabeza-201802082238_noticia.html
FRAUDE
DE FORMACIÓN
Una
fundación de la Junta de Andalucía trucaba concursos con dinero de los cursos
de formación
- Un empresario denuncia ante la juez Núñez que directivos de Faffe les prometía la adjudicación antes de licitar el proyecto.
Dos
socios de la Proyempleo, beneficiaria de contratos de la extinta fundación
Faffe para proyectos de formación
subvencionados por la Junta de Andalucía, han admitido este viernes que
les garantizaban la adjudicación de los mismos antes de convocar concursos a
los que invitaban a otras empresas que ellos mismos les indicaban.
La
jueza María Núñez investiga a 23 personas por
un presunto fraude en los contratos para formación de Faffe a petición
de la Fiscalía Anticorrupción, que ve indicios de presuntos delitos de
prevaricación y malversación de caudales públicos en los contratos de esta
entidad de 2008, 2009 y 2010 por un importe total de 9,4 millones.
La
Fiscalía Anticorrupción considera que la extinta Faffe realizó contratos
«indiciariamente irregulares» por importe de
9.465.332 euros, según se desprende de un nuevo atestado remitido al
Juzgado por la UCO el pasado mes de junio.
Según
la Fiscalía, estos contratos -subvencionados con fondos públicos- fueron
adjudicados sin publicidad ni concurrencia, fraccionando los contratos para
eludir controles y con «influencia» de las empresas adjudicatarias en los
mismos.
Hoy
han declarado tres personas vinculadas a empresas adjudicatarias de esos
contratos y dos responsables de la extinta fundación Faffe, el que fue su
director Fernando Villén y la exdirectora de
garantías Carmen Lozano.
El
director de proyectos de Proyempleo, Juan Luis Álvarez Balboa, ha admitido que
desde Faffe les pedían asistencia para montar proyectos de formación y le
aseguraban la adjudicación de estos a su empresa, al tiempo que le pedían
nombres de otras sociedades a las que invitar en un proceso negociado sin publicidad que se celebraba con las
empresas indicadas por él, según informaron a Efe fuentes del caso.
Álvarez
Balboa ha declarado que trataba con diversas personas en Faffe sobre estos procesos,
una de ellas la directora de garantías de la
fundación Carmen Lozano, que en su comparecencia sin embargo ha negado
cualquier intervención en las contrataciones.
El
fiscal, Fernando Soto, le ha exhibido correos intercambiados con el directivo de Proyempleo en los que éste le
indicaba el nombre de tres empresas a las que invitar a la contratación para
darle presuntamente apariencia de legalidad, y aunque ha reconociddo haber
recibido alguna vez estos mensajes, ha insistido en que no intervenía en las convocatorias.
Ha
señalado que se limitaba a revisar que se
reunían los requisitos de las contrataciones por procedimiento negociado
sin publicidad como es que se invitara a participar al menos a tres empresas,
sin visar la procedencia de las sociedades invitadas.
Por
su parte, el dueño de Proyempleo Jesús Manzorro ha reconocido que pedía al
director de Faffe, Fernando Villén, que le diera «expectativas
y garantías» de que le iban a adjudicar los contratos porque «tenía que
realizar inversiones».
Villén
ha declarado que la adjudicación de esos contratos se sometían a la legalidad
vigente y sobre las relaciones de Faffe con Proyempleo ha alegado que en
algunos proyectos ofrecían sus servicios y era invitada a participar en los
concursos y se le adjudicaban.
El
directo de Faffe ha asegurado que él no intervenía ni en qué empresas se
invitaba ni en la adjudicación, que se limitaba a afirmar, y ha declarado que
en su labor al frente de la fundación recibía
directrices del patronato de la misma, del
que formaban parte altos cargos de la Consejería de Empleo.
FRAUDE
DE LA FORMACIÓN
Empresarios
señalan ante la juez amaños en contratos en la Faffe, la fundación de la Junta
para formación.
- Beneficiarios de contratos de la Fundación Fondo Andaluz de Formación admiten que los directivos se los garantizaban antes convocarlos
Dos
socios de la Proyempleo, beneficiaria de contratos de la fundación Faffe para proyectos de formación subvencionados por la
Junta, han admitido este viernes que les garantizaban la adjudicación de los
mismos antes de convocar concursos a los que invitaban a otras empresas que
ellos mismos les indicaban.
La
jueza María Núñez investiga a 23 personas por un presunto fraude en los
contratos para formación de Faffe a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que
ve indicios de presuntos delitos de prevaricación
y malversación de caudales públicos en los contratos de esta entidad de
2008, 2009 y 2010 por un importe total de 9,4 millones.
Según
la Fiscalía, estos contratos -subvencionados con fondos públicos- fueron
adjudicados sin publicidad ni concurrencia,
fraccionando los contratos para eludir controles y con "influencia"
de las empresas adjudicatarias en los mismos.
Este
viernes han declarado tres personas vinculadas a empresas adjudicatarias de
esos contratos y dos responsables de la extinta fundación Faffe, el que fue su
director Fernando Villén y la exdirectora de garantías Carmen Lozano.
El
director de proyectos de Proyempleo, Juan Luis Álvarez Balboa, ha admitido que
desde Faffe les pedían asistencia para montar proyectos
de formación y le aseguraban la adjudicación de estos a su empresa, al
tiempo que le pedían nombres de otras sociedades a las que invitar en un proceso
negociado sin publicidad que se celebraba con las empresas indicadas por él,
según informaron a Efe fuentes del caso.
Apariencia de legalidad
Álvarez
Balboa ha declarado que trataba con diversas personas en Faffe sobre estos
procesos, una de ellas la directora de garantías de la fundación Carmen Lozano,
que en su comparecencia sin embargo ha negado cualquier intervención en las
contrataciones.
El
fiscal, Fernando Soto, le ha exhibido correos
intercambiados con el directivo de Proyempleo en los que éste le indicaba el
nombre de tres empresas a las que invitar a la contratación para darle
presuntamente apariencia de legalidad, y aunque ha reconocido haber recibido
alguna vez estos mensajes, ha insistido en que no intervenía en las
convocatorias.
Ha
señalado que se limitaba a revisar que se reunían los requisitos de las
contrataciones por procedimiento negociado sin
publicidad como es que se invitara a participar al menos a tres
empresas, sin visar la procedencia de las sociedades invitadas.
Por
su parte, el dueño de Proyempleo Jesús Manzorro ha reconocido que pedía al
director de Faffe, Fernando Villén, que le diera "expectativas y garantías" de que le iban a adjudicar los
contratos porque "tenía que realizar inversiones".
Villén
ha declarado que la adjudicación de esos contratos se sometían a la legalidad
vigente y sobre las relaciones de Faffe con Proyempleo ha alegado que en
algunos proyectos ofrecían sus servicios y era invitada a participar en los
concursos y se le adjudicaban.
El
director de Faffe ha asegurado que él no intervenía ni en qué empresas se
invitaba ni en la adjudicación, que se limitaba a afirmar, y ha declarado que
en su labor al frente de la fundación recibía directrices
del patronato de la misma, del que formaban parte altos cargos de
la Consejería de Empleo.
FORMACIÓN
El avión 'perdido' de la Faffe y
otros despropósitos de la fundación de la Junta para formar a los parados
- Amaños, nepotismo, trabajadores fantasma... La Fundación Andaluza para la Formación y Empleo se liquidó en 2011 tras años de escándalos.
El avión
C212, o lo que queda de él, que la Fundación Andaluza Fondo de Formación y
Empleo (Faffe) recibió en 2011 de Airbus Military para formar a parados y que
terminará decorando una rotonda es bastante más que una anécdota más o menos escandalosa.
Que la aeronave que iba a ser el recurso estrella del centro de formación
especializado de la Faffe en La Rinconada haya acabado desmontado y arrumbado
en una nave es una metáfora perfecta de cómo una fundación que
nació con la (teórica) finalidad de servir de punta de lanza para la formación
de parados en la comunidad con más desempleo ha terminado siendo liquidada
entre escándalos de nepotismo y denuncias de múltiples irregularidades que han
llevado a sus máximos responsables a estar imputados.
Precisamente,
la Faffe -en cuyo patronato se sentaban altos cargos de la Consejería de Empleo
y cuya creación firmó el ex consejero José Antonio Viera, hoy juzgado por los ERE-
estaba ya en caída libre en febrero de 2011 cuando recibió en un acto celebrado
por todo lo alto el C212 de manos de la multinacional Airbus.
Apenas
tres meses después de la entrega del aparato, el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA) publicaba la resolución de extinción de la Faffe y la designación de dos
liquidadores para desmontar lo que quedaba de la fundación pública, cuya plantilla
y bienes absorbió el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Entre
esos bienes estaba, precisamente, el avión por el que el presidente del PP
andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, preguntó esta semana en el Parlamento a
Susana Díaz y que durante años ha guardado la Junta sin darle uso ni
mantenimiento.
Sólo
a finales del pasado año decidió la Administración autonómica cuál iba a ser el
destino de la aeronave, que ha terminado por regalar al Ayuntamiento de La
Rinconada para colocarlo en alguna rotonda de la localidad sevillana aún
por determinar como una especie de monumento en homenaje al sector aeronáutico.
Dos
aviones similares fueron subastados por la Agencia Tributaria en 2015, que los
valoró en algo más de medio millón de euros. Sin embargo, el
gobierno de Susana Díaz cedió el suyo gratuitamente al consistorio que preside
el socialista Javier Fernández, muy cercano a la presidenta.
Como
justificación, la resolución por la que se acordaba la cesión argumentaba un
informe técnico de un funcionario -del que no se daban más detalles- que
certificaba la «obsolescencia» del aparato y la tecnología
«desfasada y desactualizada» que incorporaba, así como la falta de condiciones
que garantizaran la seguridad en su uso formativo.
La
resolución tampoco especificaba el valor del C212, aunque señalaba que dicho
técnico consideraba que no era superior al 5% de su valor de catálogo, lo que
podría suponer en torno a 300.000 euros.
La
donación se hizo efectiva en noviembre del año pasado y desde entonces el avión
no ha vuelto a ver la luz. Ni siquiera para su traslado, ya que, como confirmó
un portavoz del Ayuntamiento de La Rinconada, fue desmontado para
poder transportarlo. Y así sigue, en piezas y almacenado en una nave en un
polígono de La Rinconada a la espera de un proyecto técnico para que decore una
rotonda.
Una
historia turbia.
El avión
desguazado es sólo uno más de los episodios turbios de la fundación pública
que, según han declarado esta misma semana varios empresarios, amañaba los contratos.
Las
declaraciones se han producido en el marco de las diligencias que investiga la
juez María Núñez Bolaños -la misma de los ERE- en las que hay 23 imputados,
entre ellos el ex director general de la Faffe, Fernando Villén.
Según
la Fiscalía Anticorrupción, la extinta Faffe realizó contratos «indiciariamente
irregulares» por un valor cercano a los 9,5 millones de euros de manera que ve
un presunto delito de prevaricación y otro de malversación. Estos
contratos -subvencionados con fondos públicos- fueron adjudicados sin
publicidad ni concurrencia, fraccionándolos para eludir controles y con
«influencia» de las empresas adjudicatarias en los mismos.
Uno
de los escándalos más sonados protagonizados por la Faffe tuvo a sus dos ex
máximos responsables, Fernando Villén y y Joaquín Morales, como protagonistas.
Una hermana y un cuñado de Morales y un hermano, un sobrino, una cuñada y la
propia esposa de Villén estuvieron en nómina de la fundación. Aunque no fueron
los únicos, ya que también cobraron de la Faffe familiares del ex consejero
Gaspar Zarrías; del alcalde de Sevilla, Juan Espadas; y del ex consejero Luis
Pizarro. Además, el ex alcalde socialista de Lebrija, Antonio Torres, cobró
durante años sin ir a trabajar tras ser contratados
semanas después de dejar la Alcaldía.
Se
calcula que la Faffe recibió en sus nueve años de vida -fue creada el 23 de
junio de 2003- más de 252 millones de euros que le han ido
inyectando los sucesivos gobiernos socialistas. La última inyección, en forma
de subvención, casi 17 millones, la recibió sólo diez días antes de ser finiquitada.
Pero
hay más. Una auditoría realizada en 2016 a instancias de
la Junta cifró en 8.844 los contratos realizados por la Faffe con algún tipo de
irregularidad, además de certificar que el enchufismo a la hora de seleccionar
al personal -cuyo coste llegó a suponer el 60% del presupuesto de gastos- era
la práctica habitual.
De
todos los contratos analizados, el 60% se hizo sin publicidad y los auditores comprobaron
que muchos se fraccionaron para poder eludir los controles.
Así
enchufaron desde la Junta de Andalucía en cursos subvencionados: «Procura que
meta la cabeza»
- La Policía constata «el buen ambiente» entre el Servicio Andaluz de Empleo y empresas del exconsejero Ángel Ojeda con cursos subvencionados
En
un nuevo informe remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la
Policía concluye que empresas vinculadas al grupo Prescal, propiedad del exconsejero andaluz Ángel Ojeda
Avilés, presentaron «presupuestos a medida» de proveedores y facturas de
docentes con el propósito de «engañar» a la Junta de Andalucía a la hora de
justificar subvenciones.
Tal
era el «buen ambiente» que marcaba las relaciones con las empresas ligadas a
Prescal que «algunos de los técnicos de Servicio Andaluz de Empleo (SAE)»
aprovecharon «para, entre otras cosas, colocar a amigos», advierte la Policía.
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) refiere en su
informe que desde un correo corporativo de la
Junta de Andalucía se contactó con L.M., una empleada de Prescal
encargada de la justificación de distintos cursos, para emplear como profesor a
un conocido.
«Loli,
soy chiqui y tengo muchísimo interés en este docente, tenéis un curso en Vélez
29-114, procura por favor que meta la cabeza.
Es un fuera de serie», reza el mensaje del email recogido en el atestado de 60
páginas al que ha accedido ABC.
La Policía asegura que empleadas de Ojeda usaron documentos para
«engañar» a la Junta, pero el empresario negó las irregularidades
Tras
analizar discos duros intervenidos durante el registro de las sedes de las
empresas Prescal y la Fundación de la
Formación Profesional para el Empleo (Forpe) en La Rinconada (Sevilla),
la Policía enumera una serie de deficiencias que imputa a dos empleadas de
Ojeda.
La
Policía y el juzgado que dirige María Núñez Bolaños siguen el rastro de los 33,3 millones de euros en subvenciones excepcionales
que el Gobierno andaluz concedió
al grupo Prescal para formar y contratar a trabajadores despedidos por
la multinacional Delphi, cerrada en 2007 en Puerto Real (Cádiz).
Partes
de asistencia
El
informe policial enumera un cúmulo de «irregularidades» que abarcan desde la
«obtención de presupuestos a medida» de los proveedores de Ojeda para «cuadrar»
los gastos de las actividades formativas a la supuesta falsificación de los partes de asistencia de los alumnos o «la
existencia de una facturación circulante entre las diversas entidades afines al
grupo Prescal, que «pudiera haber sido utilizada para llevar a cabo la
justificación económica de los cursos de manera ficticia o inflando los costes
reales de la realización de los mismos».
Estos
documentos «no servían más que para engañar a la Administración pública, a la Junta de Andalucía, para conseguir cobrar el cien
por cien de las subvenciones, buscando con ello el beneficio superior de
la organización liderada por Ángel Ojeda Avilés».
En
otro correo electrónico una de las trabajadoras de su grupo empresarial, compuesto
por hasta 14 entidades, le solicita a un proveedor que «le facture más de lo que debe». R. M. se dirige a él en estos
términos: «Te podrían facturar 130 memorias, en lugar de 100 y justificar así
parte del otro material no justificable?».
La
Policía ve indicios de delitos de organización
criminal, fraude en subvenciones y falsedad documental en la actuación
de ambas empleadas de Ojeda. Otro email remitido por M.C.O.M. demuestra, a
juicio de la Policía, «la intención de ocultar las faltas de asistencia con el
fin de evitar problemas a la hora de la justificación económica» de las
subvenciones.
En
un informe que fue clave para la imputación del exconsejero, la Inspección de
Trabajo concluyó que su entramado societario endosó de forma indebida a
subvenciones gastos por 13,3 millones, el 39% del dinero recibido.
Ojeda
negó ilegalidades
Cuando
declaró como investigado ante la juez Núñez el 24 de mayo de 2016, el que fuera
consejero andaluz de Hacienda entre 1987 y 1990 afirmó que «toda su actividad es un libro abierto» y que todos los cursos subvencionados «se han dado» por
debajo, incluso, del precio del mercado. En su comparecencia ante el juzgado,
repartió las culpas entre la Junta de Andalucía —que le debe 5 millones en
ayudas para cursos realizados— y el escándalo judicial, que provocó su
detención en agosto de 2014.
El negocio de la formación «ha sido una ruina» para
Prescal, el grupo de empresas y asociaciones que creó en 1996, dijo. De los 33
millones que le dieron para Delphi, Ojeda detalló que 18 se destinaron a pagar
nóminas de los extrabajadores y el resto, a actividades formativas. «Todos los
cursos se realizaron hasta el último céntimo» hasta completar un millón de
horas.
TRIBUNALES
El laberinto de acusaciones de la Fundación Guadalquivir Futuro y el PSOE de Córdoba
- La instrucción del caso de las mordidas continúa mientras no dejan de crecer los implicados
Las
mordidas a las subvenciones del Plan Emplea siguen cercando a Ángeles Muñoz y a su hijo, Cristian Menacho,
mientras los tribunales han prorrogado el plazo de instrucción. Y además se
señala a importantes dirigentes del PSOE de
Córdoba, pues no en vano, ambos fueron en sus listas a distintas
elecciones municipales.
El
laberinto de un caso en el cual la fundación se podría haber quedado con fondos
destinados a la inserción de desempleados
se hace cada vez más denso y entre los últimos nombres mencionados están los de
Rosa Aguilar, consejera de Justicia de la Junta, y Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento de Andalucía y anterior secretario
general del PSOE de Córdoba.
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