- Prosigue el juicio contra los altos cargos de la Junta. Este lunes declara la exministra Magdalena Álvarez.
La Junta parece querer perder la pista del dinero
Estamos
hablando, cuando menos, de 741 millones de euros que constan en las actuaciones
como el dinero presuntamente defraudado en origen por las decisiones políticas
adoptadas en el caso de los ERE. La Junta de Andalucía, gestora y garante del dinero
público, era y es la principal perjudicada por este desmadre. Pero, como subraya hoy El Mundo, ha bloqueado la posibilidad de que la
Fiscalía pueda reclamar ese dinero y el PP no puede hacerlo porque el tribunal
así lo ha decidido.
Pero ¿cómo lo ha hecho la Junta? Pues sencillamente
se ha apartado de la pieza principal de los ERE dejando de ser acusación, pero
reservándose en exclusiva las acciones para reclamar las responsabilidades
civiles. O sea, no acusa a
ninguno de los 22 ex alto cargos a los que considera inocentes de los cargos de
prevaricación y malversación, y sólo ella puede exigir el dinero defraudado
cuándo y cómo quiera.
El Consejo Consultivo bajo sospecha
En Andalucía, vamos hacia otra conciencia: Dad y se os dará, Evangelio de la corrupción.
Se difumina la pista del
dinero en el caso ERE: dudas sobre la recuperación de los 741 millones de euros
en litigio
Prosigue el
juicio contra los altos cargos de la Junta. Este lunes declara la exministra
Magdalena Álvarez.
Este lunes se reanuda, en la Sección
Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, el juicio contra 22 ex altos
cargos de la Junta, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán incluidos, con la declaración
de la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez (agosto 1994-febrero de 2004).
Si finaliza este lunes tal declaración, le seguirá en el orden el viceconsejero
de Economía entre 1990 y febrero de 2004, José Salgueiro.
Pero en las
primeras sesiones del juicio, que comenzó el pasado 13 de diciembre, ya se han
dejado claras dos cosas. La primera, que las defensas se han unido y que eso
del tirar de la manta es cosa del pasado. La segunda, que las acusaciones están
deterioradas por sus propias decisiones -la Junta, perjudicada máxima, dejó de
serlo voluntariamente abriendo un agujero negro a favor de los acusados-, y por
los límites de las acciones que pueden ejercer Fiscalía y el PP.
Tras la
declaración de Francisco Javier Guerrero ha quedado claro que las hazañas
bélicas con las que comenzó su andadura judicial el ex director general
aludiendo a la cúpula de la Junta y el "fondo de reptiles" ha quedado
suplantado por la mentira, a que tiene derecho, de negar que dijera nada de tal
fondo y por reelaborar ahora el papel de la Junta como algo no arbitrario sino
legal y justo. Tras él, las demás declaraciones han seguido la vía de la
concordia.
Hay cuatro frentes principales de consenso. Uno, que todo fue legal en la Junta de Andalucía y que
todo tuvo su origen en la orden ministerial de 1995 que permitía las ayudas sin
consulta al Gobierno ni a la Junta. El gobierno de España hizo siempre lo mismo
que la Junta. Dos, que el Interventor General de la Junta advirtió de boquilla
que el procedimiento era irregular pero nunca emitió un informe de actuación,
lo que hubiera sido de obediencia debida.
El tercero de los argumentos es que las ayudas estaban consignadas en los
Presupuestos de la Junta que aprobaba el Parlamento y que, por tanto, eran
políticamente correctas. Y el último, que aún no se visualizado, es
desacreditar el demoledor informe de la Intervención General de Estado que se
verá en las sesiones de primavera o verano.
Consecuentemente, la tesis de las defensas es que la
Junta hizo lo que debía para ayudar a los pobres perjudicados por las crisis.
Dado que esas ayudas se tramitaban como subvenciones o de
otras maneras y un camino lento y fiscalizado, inventó un atajo, que se
ajustaba a la legalidad, y gracias a ello, pudo atender a miles de necesitados.
No se responde
por qué a algunos sí y no a otros y por qué hay casi 250 causas por
irregularidades de las ayudas. Tampoco por qué el Tribunal de Cuentas y el
Tribunal Supremo están reclamando el dinero de algunas de las ayudas, por
ahora.
La Junta parece
querer perder la pista del dinero
Estamos hablando,
cuando menos, de 741 millones de euros que constan en las actuaciones como el
dinero presuntamente defraudado en origen por las decisiones políticas
adoptadas en el caso de los ERE. La Junta de Andalucía, gestora y garante del
dinero público, era y es la principal perjudicada por este desmadre. Pero, como
subraya hoy El Mundo, ha bloqueado la posibilidad de que la Fiscalía pueda
reclamar ese dinero y el PP no puede hacerlo porque el tribunal así lo ha
decidido.
Pero ¿cómo lo ha hecho la Junta? Pues
sencillamente se ha apartado de la pieza principal de los ERE dejando de ser
acusación, pero reservándose en exclusiva las acciones para reclamar las
responsabilidades civiles. O sea, no acusa a ninguno de los 22 ex alto cargos a los
que considera inocentes de los cargos de prevaricación y malversación, y sólo
ella puede exigir el dinero defraudado cuándo y cómo quiera.
Como la Audiencia
Provincial, Sección Primera, que es la que juzga el caso, dijo al PP que
"la acusación popular no está legitimada para solicitar responsabilidad
civil» y, por ende, pedir fianzas a los acusados, sólo pueden hacerlo la Junta
y la Fiscalía.
Por poner un ejemplo clarificador. El expresidente Griñán debió haber hecho
frente a una fianza de 4.214.000 euros por la responsabilidad civil implicada,
pero en febrero de 2016, cuando la Junta de Andalucía se
apartó de la acusación en el proceso, quedó eximido de pagar. Esto se aplica
todos los demás que ya no tienen que hacer frente a garantías cautelares.
La actitud de la
Junta obligó a la Fiscalía y al PP a renunciar a las fianzas exigidas, pero
cuando se vio claramente el objetivo de la maniobra de la Junta, que no ha
hecho nada sobre la recuperación de todo el dinero y no se conoce decisión
alguna sobre ello, el PP quiso volver a exigirlas, algo que no admitió el
Tribunal.
Recuérdese que la
Junta de Andalucía sólo ha reclamado 135,3 millones de euros salidos como
ayudas de la partida 31 L, el famoso 'fondo de reptiles'. Esa cantidad es una
pequeña parte, la sexta aproximadamente, del dinero calculado por la Fiscalía
Anticorrupción, que elevó el fraude a 741 millones de euros y que el juez
instructor, Álvaro Martín, elevó a 854,8 millones de euros.
¿Y la Fiscalía? Tampoco puede hacerlo porque la Junta se
reservó "expresamente la acción
civil para ejercitarla ante la
jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere
lugar" y porque el artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que "si el ofendido renunciare expresamente a su derecho de
restitución, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los
culpables". O sea, de dinero, nada.
O sea, se está diluyendo la pista del dinero y los 22 ex altos cargos se
han librado de la responsabilidad civil y las fianzas debidas gracias a la
Junta.
Contrasta esta situación con las decisiones del Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas que andan
exigiendo el dinero percibido por ayudas evidentemente irregulares.
Igualmente,
mientras la juez Núñez Bolaños sienta el criterio de los beneficiarios de las
ayudas son "víctimas" de la mala conducta de la Junta de Andalucía al
conceder las ayudas, el Consejo Consultivo emitió más de cien informes
subrayando ilegalidades en 124 de 138 casos ya en 2013.
El Consejo Consultivo bajo
sospecha
Es conocido el golpe de mano dado por el gobierno de Susana
Díaz eliminando a la oposición
política de los sillones del Consejo Consultivo cuando siempre se había
practicado la política de cuotas políticas: tantos diputados, tantos puestos en
el Consejo. Desde la renovación impuesta este año 2018, todos los consejeros
son propuestos por la Junta y dirigidos por el socialista Juan Cano Bueso.
Sorprendente fue
el que el Tribunal que juzga el caso de los ERE se viera sorprendido por una
sentencia del Tribunal Supremo del pasado día 6 de febrero en el que se aludía
a un informe negativo del Consejo Consultivo sobre una ayuda de 3,8 millones a
una empresa de la Sierra Norte sevillana que está obligada a devolverlos.
Cuando el
Tribunal que juzga el caso ERE en Sevilla examinó los informes que tenía del
Consejo Consultivo vio que tenía un índice de los informes con fecha, casos y
demás, pero en el que faltaban los contenidos de los informes emitidos. El
Tribunal ha tenido que volver a pedir al Consultivo la documentación, pero
ahora completa.
Por si fuera
poco, la pasada legislatura terminó sin que el Parlamento andaluz lograra que
el Consejo Consultivo informara sobre los expedientes de revisión de oficio
dictaminados desfavorablemente en relación con las ayudas sociolaborales y a
empresas que la Junta otorgó con cargo al denominado 'fondo de reptiles' de los
ERE.
Lo pidió en cuatro ocasiones, pero no obtuvo respuesta. La Razón, que las contó, dijo que
la petición inicial tuvo fecha de 8 de abril de 2013. Ante la falta de respuesta,
el PP le pidió al Parlamento que reiterara la petición de información. Y así lo
hizo la Cámara. La primera vez, con fecha 10 de abril de 2013; la segunda, el
25 de septiembre del mismo año; la tercera, el 2 de abril de 2014; y, la
última, el 11 de junio de 2014. Luego llegaron
las elecciones y no se pidió más.
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