FUERA DE GUIÓN
Corrupción a dedo
RAFAEL PORRAS
4 FEB. 2018
PUEDE PARECER una tremenda paradoja
difícil de entender, pero el sistema permite la existencia de una corrupción
con apariencia de legalidad que sirve para eludir los controles y las
restricciones que el propio sistema ha previsto para evitar esa corrupción. No se trata, contra lo que puede interpretarse en un
principio, de un galimatías dialéctico. El sistema necesita mantener un mundo
paralelo de actuación que le permita una cierta arbitrariedad en el uso de los
fondos públicos en beneficio ora de su clientelismo ora de la financiación
irregular de los partidos.
Con el
descubrimiento de los grandes casos de corrupción y, sobre todo, con la
consolidación en la opinión pública de que esa práctica era inadmisible con su
consiguiente efecto electoral (mínimo, eso sí), la administración pública se
vio en la obligación de establecer restricciones y férreos controles aparentes
para evitar esa corrupción de alta intensidad. Nos referimos a las concesiones y adjudicaciones de
obras y servicios conveniados con las grandes empresas previo pago de
comisiones bien a particulares, bien a partidos o a ambos. Además de dar más poder a la Intervención y establecer
unidades de lucha contra la corrupción, el sistema estableció exigencias y
limitaciones en la contratación pública que intentaran evitar la arbitrariedad
que, en el fondo, permitía esa corrupción.
Y hay
que admitir que algún efecto positivo ha tenido todo ello, al menos esa
corrupción de alta intensidad es casi imposible y los controles, con todas sus limitaciones, descubren
con más facilidad esas irregularidades y cumplen en parte el efecto coercitivo
necesario. Pero
las medidas, más pomposas que eficaces, no han sido capaces de acabar con la
corrupción y con el abuso en las concesiones públicas.
Una de las medidas, que ya existía, pero que se ha
generalizado, es la de los llamados contratos menores que no requieren concurso
público ni publicidad al tratarse de cuantías por debajo de los 18.000 euros. Con eso se pretendía dar agilidad a la administración en
asuntos y compras menores y obligar a realizar concursos públicos sobre
cualquier proyecto que superase esa cantidad.
Pero,
como señalaba, el sistema debía crear su propio escape para eludir esas
restricciones. Y es entonces cuando, por un lado, se fraccionan expresamente
los contratos o se adaptan los mismos, siempre que sea posible, para que puedan
ser troceados sin llamar la atención de los interventores y de la competencia.
Esta práctica está generalizada con la aceptación tácita de todos los partidos. Esta semana, EL MUNDO
de Andalucía ha revelado cómo el Parlamento ha adjudicado a dedo servicios
acudiendo a este sistema, es decir, troceando contratos. También hemos contado cómo hasta el moderado Consejo
Consultivo de Andalucía ha señalado en varios dictámenes cómo nada menos que la
Consejería de Justicia ha infringido claramente la ley al fraccionar
indebidamente los contratos de un servicio como es el de los puntos de
encuentro familiares.
Los responsables de estas prácticas, todos ellos del PSOE, insisten en que en estos casos no hubo amaño y que todo fue
legal, cosa que,
para empezar, contradice hasta el sumiso Consejo Consultivo.
En
paralelo, en la Diputación de Málaga, gobernada por el PP con el apoyo de
Ciudadanos, se ha conocido que una diputada acudía a similar procedimiento para
contratar con la empresa de un familiar.
Más allá
de estos casos, sobre los que existen evidentes dudas de su legalidad, este
tipo de contrataciones son generales en ayuntamientos, diputaciones, en la
Junta o en las empresas públicas y, aunque hay que insistir que en ocasiones
sirven efectivamente para hacer más eficaz la administración, su uso
generalizado propicia la corrupción.
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