TRIBUNALES El PP recurre a la Audiencia para que los 22 ex altos
cargos de la Junta devuelvan el botín de los ERE.
'Caso ERE', ¿impunidad o más juicios para los ex altos cargos?
- La decisión de la Audiencia de dejar fuera las ayudas individuales genera dudas sobre la responsabilidad que se les exigirá a los 22 acusados
En Andalucía, vamos hacia otra conciencia: Dad y se os dará, Evangelio de la corrupción.
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/02/11/5a7f501a46163fe01d8b4598.html
TRIBUNALES
El PP recurre a
la Audiencia para que los 22 ex altos cargos de la Junta devuelvan el botín de
los ERE
El PP ha
recurrido ante la Audiencia de Sevilla para que los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que están siendo juzgados
en la pieza principal de los ERE devuelvan el botín de este
caso de corrupción: los 741 millones de euros que los sucesivos Gobiernos andaluces
socialistas repartieron sin control entre 2000 y 2010 en forma de ayudas
sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis.
La
acusación popular que ejerce el PP ha presentado un
escrito, conocido este miércoles, ante el tribunal que está enjuiciando los ERE con el que pretende
recuperar el dinero presuntamente desviado. Los fondos podrían regresar a las
arcas públicas a través de las fianzas de responsabilidad civil que se les
impusieron a los ex altos. Sin embargo, la estrategia de la Junta de Andalucía
de no formular acusación contra ninguno de los 22 ex altos cargos, pedir el
archivo de la causa y reservarse "expresamente la acción civil para
ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio
penal, si a ello hubiere lugar" provocó que a los acusados se les "perdonasen" las
fianzas, como viene denunciando el PP.
Al
reservarse la Junta la acción civil, la Fiscalía y el PP se vieron obligados a
renunciar a seguir exigiendo las fianzas millonarias. Fue el pasado 9 de enero, durante una de las sesiones del juicio que se está celebrando en la
Audiencia de Sevilla. La estrategia del Gobierno andaluz provocó en febrero del
año pasado que la juez del caso ERE, María Núñez Bolaños, archivara todas las piezas de responsabilidad civil abiertas como
garantía cautelar contra los ex altos cargos. El ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, por ejemplo, quedó eximido
de la fianza civil de 4.214.702 euros que pesaba sobre él.
Maniobras procesales de la
Junta.
Sin embargo,
el PP entiende que sí hay margen para reclamar el botín de los ERE, pese a las maniobras procesales de la Junta. En el
escrito que ha presentado ante la Audiencia, da marcha atrás a la renuncia que
hizo de la responsabilidad civil "con el fin de ejercer con todas sus consecuencias
la acción civil derivada de los delitos que son objeto de la acusación en defensa de los derechos de
la Hacienda Pública andaluza y de los andaluces en
general".
El
escrito en el que la Junta se reserva la acción civil para ejercitarla ante la
jurisdicción competente no consta en el sumario de los ERE y, en cualquier caso,
es "contrario" a la doctrina del Tribunal Supremo, que precisa que la
renuncia de derechos tiene que ser "personal, clara e inequívoca, lo que
en el caso de la Administración pública se ha de verificar mediante un acto
administrativo expreso y motivado" que "no consta", alega el PP en su escrito.
De
hecho, no hay ningún acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta, ordenando al
gabinete jurídico la "reserva de acciones civiles" ni tampoco consta
ningún decreto de Presidencia de la Junta ni de
ningún consejero, dice el PP.
Para
esta acusación popular, la actuación de los letrados de la Junta es "contraria a los intereses
generales". Por ello, solicita al tribunal ejercitar la
acción civil contra todos los acusados, que deberán responder de "manera
solidaria" de los "daños y perjuicios ocasionados a la hacienda
pública", en la cantidad total de 741.596.575 euros, que en su día fijó la Fiscalía
Anticorrupción.
La
Administración andaluza, como perjudicada del presunto saqueo de los ERE, es la única que en
principio está legitimada para pedir las responsabilidades civiles en este
juicio. El artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice: "La
acción civil ha de entablarse conjuntamente con la penal por el Ministerio
Fiscal, haya o no en el proceso acusador particular; pero si el ofendido
renunciare expresamente a su derecho de restitución, el Ministerio Fiscal se
limitará a pedir el castigo de los culpables". El PP se agarra a que la
renuncia no ha sido "expresa".
'Caso ERE', ¿impunidad
o más juicios para los ex altos cargos?
- La decisión de la Audiencia de dejar fuera las ayudas individuales genera dudas sobre la responsabilidad que se les exigirá a los 22 acusados
La decisión de la Sección Primera de la
Audiencia de Sevilla de dejar fuera del juicio que se está celebrando contra
los ex presidentes del Gobierno andaluz los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de otros 20 ex altos
cargos, las ayudas individuales a trabajadores de empresas en crisis, que se
concedieron a través del conocido como 'fondo de reptiles', ha generado dudas
sobre el alcance de la responsabilidad penal que se les va a exigir a los 22 enjuiciados.
Planea también la incógnita sobre si
habrá o no impunidad para los ex altos cargos que sólo van a ser enjuiciados en
la pieza principal de los ERE y no por cada una de las ayudas individuales. La causa principal versa
sobre el conocido como «procedimiento específico» al margen de la ley diseñado
por la Junta para repartir durante una década de forma irregular los 741 millones de euros en ayudas sociolaborales. Esta impunidad sólo se evitaría si a los ex altos
cargos se les exigieran responsabilidades en las diferentes piezas por las
ayudas individuales de los ERE.
Los letrados consultados por EL MUNDO
sobre este asunto discrepan. Por una parte, casi todos coinciden en que el auto
del tribunal de los ERE en el que resuelve las cuestiones previas y excluye las ayudas individuales
del juicio que se está celebrando abre una puerta a la
impunidad, en la medida en la que los ex
altos cargos que se sientan ahora en el banquillo no van a tener que responder
ante la Justicia por la concesión y el destino del dinero de cada una de las
subvenciones irregulares.
Sin embargo, hay una forma de combatir
esa impunidad. Los abogados del PP, personado como acusación popular,
interpretan que el auto de las cuestiones previas lo que hace es brindar la
posibilidad de que los ex altos cargos puedan volver a ser incluidos en
las piezas separadas de cada una de
las ayudas individuales, al haber quedado claro que éstas no se verán en el
juicio de la pieza principal. De hecho, lo más probable es que pidan en el
juzgado instructor que los ex altos cargos vuelvan a incluirse en las causas de
las que la Sección Séptima de la Audiencia les excluyó.
Igualmente, de la exposición de la Fiscalía Anticorrupción el pasado 9
de enero sobre las cuestiones previas también se desprende la posibilidad de
que los ex altos cargos sean investigados en cada una de las ayudas
individuales, a pesar de que la Sección Séptima ha dicho que deben ir a juicio
una sola vez. Durante su intervención, el fiscal remarcó en varias ocasiones
que la Sección Séptima «en ningún caso» ha
acordado en sus autos el «sobreseimiento en favor de los investigados, sino su apartamiento», y ello para
«evitar que pudiesen ser enjuiciados en cada pieza por una ayuda que pudiera
entenderse comprendida en la presente causa» sobre el procedimiento específico.
Por lo tanto, si en el juicio del
procedimiento específico no se van a ver las ayudas individuales, ¿pedirá
también la Fiscalía que quede sin efecto el «apartamiento» y los ex altos
cargos sean investigados por cada ayuda individual?
La controversia está servida. Un nuevo
galimatías jurídico dentro del caso ERE que desatará otra batalla legal con escritos, recursos... De hecho, hay
letrados de la defensa que advierten de que los ex altos cargos sí van a ser
enjuiciados por las ayudas. No por cada una de ellas, pero sí por la
globalidad, ya que la Fiscalía acusa de malversación por los 741 millones de euros que calcula que se defraudaron y que es la suma de todas las
ayudas.
Pese al criterio del PP y de la
Fiscalía, otro abogado de la defensa es rotundo: no hay ninguna posibilidad de que los ex altos cargos repitan en el banquillo, ni de que se pueda
tumbar la decisión de la Sección Séptima de que no sean juzgados más de una vez.
Ante tal discrepancia, sí hay
coincidencia entre los letrados para responsabilizar a la Fiscalía
Anticorrupción de la situación actual por haber incluido la
malversación en esta causa. También
arremetió contra el Ministerio Público la Sección Séptima, al acusarlo de «desbordar» esta pieza de los ERE con la acusación de malversación que hizo a 15 de los 22 ex
altos cargos del Gobierno andaluz enjuiciados.
El
ex viceconsejero de Empleo, apartado
La Sección Séptima de la Audiencia confirmó el
auto del Juzgado de Instrucción 6, que instruye los ERE, que excluye a Agustín
Barbera, ex viceconsejero de Empleo de la Junta entre 2004 y 2010, de la causa
abierta por la ayuda de 180.304 euros concedida por la Junta a la Asociación de
los Juegos Mediterráneos Almería 2005 para la elaboración de cursos de formación
'on line' del voluntariado . De esta manera, la Sección Séptima desestima los
recursos del fiscal y la Junta contra el auto de la juez María Núñez Bolaños.
Este tribunal ya acordó excluir también al ex consejero de Empleo Antonio
Fernández de varias piezas sobre ayudas de los ERE.
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