CASO ERE. El juicio de la pieza política se reanuda el martes
- Pide amparo al Constitucional para poder acusar a los ex altos cargos en otras piezas tras retirarse de la principal
- ElPP dice que «todo forma parte del circo y la impostura de Susana Díaz»
El caso de los ERE, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Andalucía, podría quedar impune. Al menos para los ex altos cargos que ya están siendo juzgados. Lo dice la propia Junta de Andalucía, que admite que los presuntos responsables del saqueo de las arcas públicas -la Fiscalía lo cifra en 741 millones de euros- podrían irse de rositas en lo que respecta a las piezas cuya instrucción desgajó la juez María Núñez para investigar por separado cada una de las ayudas irregularmente concedidas con cargo al famoso «fondo de reptiles».
Dicho en otras palabras, la estrategia de la Junta para defender a Chaves y Griñán, unido al criterio de la Audiencia de que los acusados no sean juzgados más de una vez es lo que abre la puerta a que el expolio de los ERE quede sin culpables y el dinero (público) se pierda para siempre.
Conclusión.
CASO ERE
El juicio de la pieza política se reanuda el martes
La Junta admite el riesgo de impunidad en el caso ERE
- Pide amparo al Constitucional para poder acusar a los ex altos cargos en otras piezas tras retirarse de la principal
- El PP dice que «todo forma parte del circo y la impostura de Susana Díaz»
- La Junta de Andalucía maniobra para 'colarse' en el juicio de los ERE del que se excluyó al no ver delito
El caso de
los ERE, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Andalucía, podría
quedar impune. Al menos para los ex altos cargos que ya están siendo juzgados.
Lo dice la propia Junta de Andalucía, que admite que los presuntos responsables
del saqueo de las arcas públicas -la Fiscalía lo cifra en 741 millones de euros- podrían irse de rositas en lo que
respecta a las piezas cuya instrucción desgajó la juez María Núñez para
investigar por separado cada una de las ayudas irregularmente concedidas con
cargo al famoso «fondo de reptiles».
La
Junta admite por primera vez el riesgo de impunidad en el recurso de amparo ante
el Tribunal Constitucional que presentó a finales del pasado mes de noviembre
contra la decisión de la Audiencia de Sevilla que los ex altos cargos imputados
en los ERE no se sienten en el banquillo más de una vez.
Este criterio,
acordado en un primer momento para el ex consejero de Empleo Antonio Fernández
pero extensivo, supone que quienes se sientan ya en el banquillo por la pieza
política -incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- no
tendrán que rendir cuentas en los restantes juicios que están por venir.
Y
significa, además, que la Junta no les podrá acusar ni reclamarles el dinero
defraudado porque el gobierno de Susana Díaz decidió hace algo más de un año retirarse de la pieza principal y pedir el sobreseimiento.
Dicho
en otras palabras, la estrategia de la Junta para defender a
Chaves y Griñán, unido al criterio de la Audiencia de que los acusados no sean juzgados
más de una vez es lo que abre la puerta a que el expolio de los ERE quede sin culpables y el
dinero (público) se pierda para siempre.
El
Gobierno andaluz en su recurso al TC carga las tintas contra la Audiencia de
Sevilla y, en concreto, contra la Sección Séptima, criticando el «cambio de parecer»que
supuso dar la razón al ex consejero cuando reclamó no sentarse en más de un
banquillo ni someterse a más de un juicio.
Ése es,
según los letrados de la Junta, el origen del riesgo de impunidad que se cierne
sobre el caso, obviando las consecuencias de la retirada de la acusación
en la pieza política. De hecho, los autores del recurso vienen a decir que si
hubiesen sabido lo que iba a decir la Audiencia al respecto quizás habrían
actuado de otra forma.
El Gobierno
andaluz: un quebranto "enorme"
Esas
consecuencias, detallan, son que las irregularidades cometidas en cada una de
las 160 ayudas y subvenciones concedidas a lo largo de una década «no podrán
ser perseguidas» a pesar del «enorme quebranto a la Hacienda Pública», algo
que vulnera, prosiguen, el derecho a la tutela judicial efectiva de la Junta de
Andalucía.
Porque,
en contra de lo que ha venido manteniendo en público la propia presidenta y su
gobierno, en el recurso admiten la gravedad del caso y la importantísima
cuantía de lo defraudado. Es más, los letrados de la Junta usan como argumento
a su favor ante el TC que estamos ante una macrocausa penal por una trama presuntamente
corrupta, cuando desde la Junta y de cara a la opinión pública se han esforzado
en restar importancia al escándalo, incluso limitándolo a irregularidades
administrativas en línea con la teoría de los «cuatro golfos» que ideó el ex presidente Chaves.
Con
este recurso pretende el gobierno de Díaz que el Constitucional corrija a la
Audiencia y permita que los ex altos cargos que son juzgados desde diciembre -y
que el martes volverán a sentarse en el banquillo para continuar el juicio-
puedan ser acusados en cada una de las piezas separadas, esgrimiendo como otra
razón que el auto cuya nulidad solicita se dictó en agosto, un mes inhábil para estas cuestiones
pese a que la Audiencia lo declaró hábil.
Para
el vicesecretario de Sectores Productivos del PP Andaluz, Pablo Venzal, «todo
forma parte del circo y la impostura de Susana Díaz con este
asunto. Díaz mentía cuando decía que habría tolerancia cero con la corrupción,
ha obstaculizado la labor de la Justicia, ha seguido una estrategia de brazos
caídos durante la instrucción de la causa, de manera que no tuviese que dejar
en evidencia, pidiendo responsabilidades en los tribunales, a 20 años de
gobiernos socialistas que están sentados en los banquillos».
Año preelectoral
A juicio de Venzal el recurso del Gobierno andaluz es una muestra del «nerviosismo creciente» en
la Junta, «que ve que lo que ocurre durante el juicio a la pieza política puede
desgastar enormemente la imagen de Susana Díaz en un año preelectoral, y sin
embargo no podrá actuar en los juzgados al no ejercer la acusación particular».
El
PP considera «sorprendentes» algunos de los argumentos esgrimidos por la Junta
en su recurso, al pedir que se anule tal decisión de la Audiencia «porque fue
adoptada en agosto, mes inhábil. Cabe recordar que con la intención de agilizar
esta macrocausa se decidió que para el caso ERE el mes de agosto fuera hábil», apostilló.
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