CORRUPCIÓN. ¿Se recuperará todo el botín del 'caso ERE'?
- El fiscal renuncia a los 741 millones de euros de responsabilidad civil después de la retirada de la Junta del procedimiento
Conclusión.
.....40 años han pasado y quizá la estampa que lo resume todo es la del banquillo de los acusados de los ERE, en la que se sientan dos ex presidentes de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán, y decenas de altos cargos que estaban a sus órdenes en la organización de esa enorme red de clientelismo.
CORRUPCIÓN
¿Se recuperará
todo el botín del 'caso ERE'?
- El fiscal renuncia a los 741 millones de euros de responsabilidad civil después de la retirada de la Junta del procedimiento
- El PP pide al tribunal de los ERE que llame a declarar como testigo a Susana Díaz
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El botín del PSOE por los ERE, que la Fiscalía Anticorrupción eleva a 741 millones de euros, que los sucesivos Gobiernos andaluces socialistas
repartieron sin control entre 2000 y 2010 en forma de ayudas sociolaborales a trabajadores de
empresas en crisis, no podrá ser recuperado en el juicio que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla y que ha sentando en el banquillo a los ex presidentes de la
Junta de Andalucía, los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y otros 20 ex altos cargos regionales.
Con una escueta frase al comienzo de
una extensa intervención en la que fue desgranando numerosas cuestiones previas
sobre la pieza principal de los ERE, el fiscal Jose Enrique Egocheaga eliminó de un plumazo
una parte fundamental de su escrito de acusación, la relativa a las
responsabilidades civiles de 741.596.545 euros que les exige a los ex altos
cargos de la Junta acusados de malversación.
El fiscal se ha visto obligado a
considerarlas «no puestas» en su escrito, ya que la Junta de Andalucía se ha retirado del procedimiento al no
apreciar delito alguno en la conducta de sus 22 ex altos cargos y pedir el
archivo de la misma. Al no formular escrito de acusación contra ninguno de
ellos, ha sido expulsada de la pieza principal de los ERE y tampoco se sienta
en el juicio que se está celebrando, a pesar de que durante la fase de
instrucción sí estuvo personada.
La Administración andaluza, como
perjudicada del presunto saqueo de los ERE, es la única que está legitimada
para pedir las responsabilidades civiles en este juicio. El artículo 108 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal lo deja muy claro: "La acción civil ha de
entablarse conjuntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el
proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare expresamente a su
derecho de restitución, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de
los culpables".
El ofendido es la Junta y ha
renunciado expresamente al no formular acusación. De hecho, que la
Administración andaluza no acusara a Chaves, ni a Griñán, ni a ninguno de los
otros 20 ex altos cargos ya tuvo consecuencias. El pasado febrero, la juez del
caso ERE, María Núñez Bolaños, archivó todas las piezas de responsabilidad civil abiertas como garantía
cautelar contra los ex altos cargos. A Griñán se le levantó la fianza civil de 4.214.702 euros que pesaba sobre él.
Cuando el Gobierno andaluz pidió el
archivo de la pieza principal de los ERE, anunció que "se reserva
expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente,
una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar".
Con esta coletilla final en su
escrito, la Administración deja ver que podría reclamarlo en el futuro, pero lo
cierto es que en el juicio de la pieza principal de los ERE, los 22 ex altos
cargos ya han sido eximidos de las fianzas millonarias que pesaban sobre ellos.
Incluso aunque fueran condenados, no tendrían que abonar cantidad alguna por
este concepto, al haber renunciado a ello la Junta, la única que puede
solicitarlo.
El caso es aún más grave porque
algunos ex altos cargos que se sientan ahora en el banquillo también iban a ser
juzgados en otras piezas del caso ERE, en los que la Junta los acusaba y podía
exigirle la responsabilidad civil. Sin embargo, la Audiencia ha decidido que el
ex consejero de Empleo Antonio Fernández y otros ex cargos solo sean
juzgados una vez en la pieza principal y no en las otras.
La parte suprimida por el fiscal en
su escrito por la maniobra del Gobierno andaluz señala que "los autores
del delito de malversación responderán solidariamente de la devolución a la
Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión
de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social entre 2000 y 2010 del programa 31L y 22E", el conocido como fondo de reptiles. De los 22 ex altos cargos
enjuiciados, 15, entre los que está Griñán, son acusados de malversación,
mientras que los otros siete, sólo de prevaricación -entre ellos, Chaves y los
ex consejeros Gaspar Zarrías y la ex ministra Magdalena Álvarez.
A estos últimos, no se les exigía inicialmente fianza de responsabilidad civil
alguna.
En la sesión de ayer del juicio, el PP, que ejerce de acusación
popular, pidió que la presidenta del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, declare como testigo "por su amplio conocimiento de los
hechos". El abogado Luis García Navarro señaló que Díaz era
miembro del Consejo de Gobierno que regularizó la partida 31L, lo cual
presupone un conocimiento de que lo que se hacía con anterioridad era
irregular.
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