POLÍTICA
- Apela a la Ley de Protección de Datos para rechazar la demanda de información que ha presentado la diputada Carmen Prieto
http://www.elmundo.es/andalucia/2018/01/27/5a6c72ef268e3efd718b4654.html
POLÍTICA
La Junta se
niega a decir cuánto le cuesta la defensa de altos cargos o funcionarios
imputados
- Apela a la Ley de Protección de Datos para rechazar la demanda de información que ha presentado la diputada Carmen Prieto
La Junta de
Andalucía ha respondido a la diputada no adscrita María del Carmen Prieto Bonilla que dar
detalles sobre la defensa jurídica de autoridades y personal de Administración
andaluza y del abono de estos casos vulneraría la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal, así como lo dispuesto en el Reglamento del
Parlamento de Andalucía.
Así
se ha pronunciado el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, en varias respuestas
parlamentarias ante iniciativas sobre este asunto registradas por la diputada
no adscrita, a las que ha tenido acceso Europa Press.
En
las citadas respuestas, Jiménez Barrios alude al artículo 11.1 de la Ley
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que recoge que "los
datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a
un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las
funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento
del interesado".
Seguidamente,
el número dos del Gobierno andaluz argumenta que la Junta "no cuenta con
el consentimiento de los posibles interesados para ceder la información
interesada, ni dispone de un instrumento jurídico o marco
legal que le habilite a solicitar dicho consentimiento".
También
esgrime que el artículo 7.1 del Reglamento del Parlamento indica que "para
el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los diputados, previo
conocimiento de su respectivo grupo parlamentario,tendrán la facultad de
recabar de las administraciones públicas de la Junta los datos, informes o
documentos administrativos consecuencia de actuaciones realizadas por dichas
administraciones, siempre que su conocimiento no conculque las garantías
legalmente establecidas para la protección de los datos de carácter
personal".
Por
todo ello, Jiménez Barrios ha manifestado que "al no contar con el
consentimiento de las personas afectadas ni disponer de un instrumento jurídico
que habilite a la administración autonómica a solicitar dicho consentimiento,
no concurren los presupuestos necesarios para poder ceder la información
solicitada, vulnerando la Junta, en caso de hacerlo, las garantías legalmente
establecidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal,
así como lo dispuesto en el propio Reglamento del Parlamento de
Andalucía".
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