FRAUDE DE LA FORMACIÓN. La Audiencia de Huelva confirma el procesamiento del ex delegado de Empleo por los cursos de formación
- Junto a Eduardo Muñoz están procesados tres técnicos y tres cargos de la Junta de Andalucía en la provincia onubense
El
exdirigente del PSOE Rafael Velasco se enfrenta a otra investigación por fraude
en ayudas para formación
- Una magistrada de Córdoba abre diligencias contra él por delitos de prevaricación y malversación de fondos
FRAUDE DE LA FORMACIÓN
La Audiencia de Huelva confirma el procesamiento del ex
delegado de Empleo por los cursos de formación
· Junto a Eduardo Muñoz están
procesados tres técnicos y tres cargos de la Junta de Andalucía en la provincia
onubense.
Que el fraude de los cursos de
formación no es tal fraude y que no se ha
perdido ni un solo euro público es el mantra que viene repitiendo la presidenta
de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, desde que estalló el escándalo. Lo ha
dicho a preguntas de los periodistas y lo ha dicho en debates y comparecencias
políticas como la que protagonizó el 31 de mayo de 2016 en la comisión de
investigación que se desarrolló en el Parlamento de Andalucía.
Aquel
día, la presidenta andaluza fue tajante y negó la mayor «porque no hubo menoscabo de fondos públicos» y recordó que en otras comunidades también se han detectado «deficiencias»
similares, pero sólo eso, deficiencias. También dijo que «si los tribunales de
justicia dicen otra cosa, cambiaré mi parecer».
Ese día está más cerca que nunca
después de que la Audiencia Provincial de Huelva haya confirmado el primer
procesamiento de un alto cargo de la Junta por el fraude de los cursos de
formación.
Se trata del ex delegado provincial de
Empleo en Huelva, Eduardo Muñoz, que está a un
paso de sentarse en el banquillo para responder de las irregularidades
detectadas en las subvenciones para la formación de desempleados, acusado de un
delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. Junto a él
están procesados otros tres cargos y tres técnicos de la Delegación de Empleo,
entre los que se encuentran el secretario general, José Martínez Iglesias; el
jefe del Servicio de Formación para el Empleo, José Ángel Gil Flores; y el jefe
del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua, Manuel María
Velázquez Cabrera.
La Sección Primera de la Audiencia de
Huelva ha confirmado en todos sus extremos los dos autos por los que el Juzgado
de Instrucción 5 de Huelva concluyó que hubo algo más que las deficiencias que
admite Susana Díaz y que hay indicios de delitos más que suficientes como para
que se abra juicio oral.
Fuentes del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmaron a
este periódico que la Audiencia onubense ha rechazado los recursos interpuestos
contra el procesamiento de Muñoz y el resto de los imputados y ha confirmado,
en todos sus extremos, las resoluciones del juez instructor, el magistrado
Javier Romero.
En esos autos, el juez habla de un
«deficiente control previo a la concesión de las ayudas, del seguimiento de
éstas y la liquidación y justificación de las concedidas». Y de ello hace
responsable al ex delegado de Empleo y jefe provincial del Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) y al resto de los procesados, que permitieron, según el
magistrado, que «se dilapidase y malgastase el dinero público destinado a la
formación, principalmente, de personas desempleadas».
Las subvenciones, añade el juez en sus
autos, se concedían prácticamente de forma arbitraria. De hecho, relata cómo
las entidades beneficiarias eran designadas en reuniones que se celebraban por
las tardes en la sede de la delegación «sin un mínimo control exigible».
También se detectaron «multitud» de
irregularidades y deficiencias en lo que respecta al seguimiento de la
ejecución de las ayudas. Nóminas de tutores que no impartieron ninguna materia,
nóminas computadas dos veces, salarios por curso que coincidían con lo
percibido como trabajadores de la entidad que impartía el curso...
Eduardo Muñoz es el primer ex alto
cargo de la Administración andaluza al que un juez envía al banquillo por el
fraude de la formación, pero hay más -tanto de la Junta como del PSOE- que
esperan su turno.
Como el que fuera número 2 del PSOE
andaluz, Rafael Velasco, al que una juez de Córdoba,
la titular del Juzgado de Instrucción 6, acaba de abrir una investigación por
las ayudas de los cursos de formación concedidas a sus empresas y que se suma a
la que ya lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción 4 acerca de otras nueve
subvenciones al ex dirigente socialista.
El exdirigente
del PSOE Rafael Velasco se enfrenta a otra investigación por fraude en ayudas
para formación
- Una magistrada de Córdoba abre diligencias contra él por delitos de
prevaricación y malversación de fondos
La juez de
Instrucción número 6 de Córdoba ha abierto una investigación contra el ex vicesecretario general del
PSOE-A Rafael Velasco por las ayudas de los cursos de formación concedidas a sus empresas, todo ello después de que
la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, archivara en
un auto con fecha de 13 de octubre de 2017 la investigación relativa a cuatro
de estas ayudas y se inhibiera en favor de los juzgados de Córdoba en relación
con otras nueve ayudas otorgadas por la Delegación Provincial de Empleo.
En este sentido,
cabe recordar que el juez de Instrucción número 4 de Córdoba, José Luis
Rodríguez Lainz, en un auto fechado el 5 de noviembre de 2017, acordó incoar diligencias
previas para investigar una de estas nueve ayudas concedidas a Rafael Velasco y librar oficio a la Dirección
Provincial de Empleo de la Junta en Córdoba a fin de que remitiera una copia
íntegra de uno de los expedientes de ayuda.
Ahora, la juez de
Instrucción número 6 de Córdoba, Lorena Cañete Rodríguez-Sedano, en un auto al
que ha tenido acceso Europa Press, acuerda igualmente incoar diligencias y tiene por dirigida la causa
contra Velasco por otra de estas nueve ayudas, ya que los hechos «presentan características que
hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, en concreto
supuesto/s delito/s de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones»,
según el auto de la juez María Núñez de 13 de octubre de 2017.
En este auto, con
fecha de 15 de enero de 2018, la magistrada solicita librar oficio a la Dirección Provincial de Empleo
de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, a fin de que se remita al
Juzgado copia íntegra del expediente de subvención de una estas nueve ayudas.
Además, la juez
acuerdo libra exhorto al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para que
certifique la fecha «desde la que se sigue el
procedimiento contra Rafael Velasco» en relación "a su
participación en cursos de formación en las diligencias previas 966/2014 u
otras diligencias previas de las que trajera causa".
De igual modo, y
según el auto consultado por Europa Press, la juez instructora pide al Juzgado
de María Núñez que expida y remita testimonio de sus autos de diligencias
previas 966/2014 «en los particulares relativos a la resolución o resoluciones en las que se basaban las
imputaciones y declaraciones prestadas por el investigado
Rafael Velasco en sede policial o judicial». Por último, acuerda poner en
conocimiento de Rafael Velasco la existencia de este procedimiento.
Archivo de la juez
Núñez
En un auto fechado
el día 13 de octubre de 2017, la magistrada María Núñez, que investiga las presuntas irregularidades
en los cursos de formación, archivó la
investigación relativa a cuatro ayudas concedidas al entramado empresarial
vinculado a Rafael Velasco y se inhibió en favor de los juzgados de Córdoba en
relación con otras nueve ayudas, de las que dos han motivado ya la incoación de
diligencias.
De este modo, la instructora archivó estas cuatro
ayudas al considerar que «no existe indicio alguno de conducta o hecho
delictivo que justifique la apertura de procedimiento penal».
Según pone de
manifiesto, «el mero hecho de que determinadas empresas se dediquen a realizar cursos
de formación,
subvencionados, no induce a pensar en ilícito penal alguno», añadiendo que «era
esta la única razón o indicio invocado» por la Unidad Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil, «indicio que no debió dar lugar a investigación penal
alguna, como resulta de lo instruido».
Y es que «es el
ámbito administrativo donde debió de residenciarse su análisis desde un primer
momento como muy acertadamente señala el Ministerio Público», añade la juez en
relación a estas cuatro ayudas concedidas por la Dirección General de Formación a
la entidad Aulacen Cinco S.L..
La magistrada
explica que todas estas ayudas fueron concedidas «por importes inferiores a
120.000 euros, actual cifra de condición objetiva de punibilidad», al amparo
del antiguo decreto 204/1997 de 3 de septiembre, resaltando que «en todas ellas
hay baremación» y que se otorgaron en régimen de concurrencia competitiva, de
forma que «no se trata de subvenciones
excepcionales, ni de concesión directa».
Al hilo, la juez
analiza las cuatro ayudas concedidas a Aulacen Cinco para la realización de
cursos de formación profesional para el empleo por importes de 82.593 euros, 41.296,50 euros, 41.296,50 euros y
28.752,30 euros, y concluye que, en estos expedientes, "no se
observa circunstancia o hecho alguno, más allá de las irregularidades que
fueron detectadas por la UCO".
La magistrada recuerda que dichas irregularidades,
para integrar el delito de prevaricación, «debería conculcar la norma de forma
grosera, sin explicación lógica alguna y ser dictada por la autoridad o
funcionario con el conocimiento de dicha grosera ilegalidad».
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...