lunes, 29 de enero de 2018

CRÓNICAS INDÍGENAS Los 'pesebristas'. CARLOS MÁRMOL; La Andalucía del servilismo..... La Reina sólo tiene dos caminos o reduce el número de pesebristas o mantiene los recortes en los servicios públicos. + La Junta vuelve a recurrir a las 'exoneraciones' para desbloquear los cursos de formación = Decide seguir con los pesebristas, pues vuelve a recurrir a las “exoneraciones”.... así que seguirá con los recortes de los servicios públicos, mientras mantiene con dinero público de todos a sus “clientelas”......¡¡¡¡Viva la Andalucía imposible!!!!

CRÓNICAS INDÍGENAS

Los 'pesebristas'


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CARLOS MÁRMOL


EL SERVILISMO es un sistema estupendo para hacer amigos. Siempre y cuando uno acepte de antemano que aquellos que se dedican al business del cariño (previo pago) son simpáticos interesados. Terencio, que fue un comediógrafo romano, decía que no hay nada que convierta en más popular -léase populista- a alguien que el arte de dar (el dinero ajeno) sin freno. La verdad, en cambio, está más sola que la una. Sus soldados no tienen ni familia ni amigos. Lo decimos porque nos cuentan algunas lenguas susánidas -especialmente las viperinas- que Su Peronísima se llevó un gran disgusto al ver cómo algunos de sus preferidos en la corte del Quirinale la sondeaban por si consideraba un problema que acudieran con diplomacia (distante) a hacerle los honores al sanchismo, que pidió ayuda a todas las unidades fenicias disponibles para su última incursión en la República Indígena. Enterada de la intención, la Querida Presidenta simuló la cortesía propia de los anfitriones pero, fiel a su estilo, a continuación hizo saber que semejante consulta es equiparable a una traición.

La cosa tiene peligro: los desengaños de la Reina pueden provocar terremotos en la marisma, un terreno acuático poco propicio para los barcos que ya no flotan sin asistencia. Ya se sabe: aquí la única que reparte afectos es Ella. Nadie más. La embajada sanchista ha irritado mucho a Su Peronísima. Especialmente ahora que sopesa un adelanto electoral que niega en público porque no lo ve claro. Las encuestas que han salido -sin patrocinador- son humo. Los susánidas no las tienen todas consigo. La gente se sigue muriendo en las Urgencias de los hospitales al mismo tiempo que la Junta trata de rentabilizar electoralmente el camelo de la Dependencia. Los mensajes benéficos no calan. El susanato, igual que el bajo imperio romano, está en manos de sus pesebristas, esa gran estirpe meridional. Incluso en el supuesto de conseguir una victoria pírrica, el PSOE quedaría en manos del Adelantado Marín, que no es previsible que asuma por la misma tarifa el papel de comparsa. Cs acabará siendo una molestia a largo plazo para las huestes susánidas. Si entran en el Gobierno habrá menos presbiterios que repartir. Y si no lo hacen pedirán reformas que en San Vicente no hacen ninguna gracia. Pero no hay muchas más opciones. Sin los socios naranjas los susánidas están vendidos. Su voto les salvó esta semana de rendir cuentas en el Parlamento sobre el colapso sanitario. A cambio repartieron entre los grupos una soldada de 10,5 millones para libre disposición. Ustedes se preguntarán, queridos indígenas, por qué. Yo también. En las Cinco Llagas viven como en Suiza mientras en los hospitales de verdad no dan abasto.

Electoralmente no es inteligente. Para colmo, sólo han aprobado una de las once leyes del acuerdo de esta legislatura (terminal). Es la ley de Participación, una norma que no servirá para nada. El peronismo rociero no quiere que la gente participe, sino que aplauda. Tampoco desea que los funcionarios piensen; prefiere que respiren despacio y rítmicamente, que es la vía establecida por las vírgenes vestales para alcanzar el karma del teletrabajo pensionado. Los naranjitos pretenden ir a las urnas con una nueva ley electoral que mejore sus resultados. Un supuesto ascenso de Cs perjudicará al PP de Moreno (Bonilla) pero también afectaría de lleno a los socialistas. Por aquí puede romperse la cuerda. Sin un acuerdo de financiación autonómica en el horizonte no hay más cera que la que arde. La Reina sólo tiene dos caminos: o reduce el número de pesebristas o mantiene los recortes en los servicios públicos. La primera opción debilitaría su poder social. La segunda erosiona su imagen entre los ciudadanos. ¿Sería exagerado decir que parece estar atrapada?

EMPLEO. La Junta vuelve a recurrir a las 'exoneraciones' para desbloquear los cursos de formación.



  • Los ayuntamientos podrán recibir ayudas aunque las subvenciones anteriores no están aún debidamente justificadas. 
  • La Junta dice que se trata de una herramienta legal que cuenta con el aval del Parlamento

http://www.elmundo.es/andalucia/2018/01/29/5a6e25d4ca4741c20d8b464b.html

 

http://www.elmundo.es/andalucia/2018/01/27/5a6b70eb46163fae4a8b460e.html

 

 

EMPLEO

La Junta vuelve a recurrir a las 'exoneraciones' para desbloquear los cursos de formación


  • Los ayuntamientos podrán recibir ayudas aunque las subvenciones anteriores no están aún debidamente justificadas
  • La Junta dice que se trata de una herramienta legal que cuenta con el aval del Parlamento

La Consejería de Empleo ha vuelto a recurrir a medidas excepcionales para desbloquear su programa de formación profesional para el empleo, paralizado durante cinco años como consecuencia del fraude masivo detectado en la realización de los cursos y que, con muchos inconvenientes sobrevenidos, ha reactivado en el último trimestre de 2017.

Una de esa medidas excepcionales son las conocidas como 'exoneraciones' o 'exceptuaciones' -que es su verdadero nombre técnico- , que permiten a las entidades receptoras de los fondos públicos cobrar las ayudas aunque no se hayan justificado las anteriores. Se trata de un procedimiento extraordinario, pensado para situaciones excepcionales «de especial interés social», que, sin embargo, en gobiernos anteriores, fue utilizado de forma masiva, tal y como denunció en su momento tanto la Cámara de Cuentas como la Fiscalía Superior de Andalucía, lo que favoreció un clima de absoluta falta de control en la ejecución de los programas.

Así, por ejemplo, en 2013, llegó a haber 950 millones de euros en subvenciones sin justificar en virtud de sucesivas resoluciones de exoneración, según el informe realizado al respecto por la Guardia Civil al hilo de las investigaciones abiertas.

Pero el Gobierno andaluz defiende que las 'exceptuaciones' siguen siendo una herramienta legal y válida para garantizar la prestación de los cursos y evitar que los procedimientos queden bloqueados por retrasos en la comprobación de los expedientes anteriores.

De hecho, el consejero de Empleo, Javier Carnero, firmó el pasado 28 de diciembre una orden a través de la cual un total de 26 ayuntamientos y entes instrumentales recibirán las ayudas concedidas para la impartición de cursos pese a tener subvenciones pendientes de justificación.

Según fuentes de la Consejería de Empleo consultadas por EL MUNDO, «la exceptuación no supone que se libere a las entidades beneficiarias de la obligación de justificar las subvenciones. La documentación está en proceso de examen por los órganos administrativos para su verificación. Por lo tanto, no se está produciendo ninguna ilegalidad o irregularidad».

Además, la Consejería subraya que, en la orden citada, las entidades 'exoneradas' son todas ayuntamientos o entes intrumentales de la administración local, lo cual «garantiza» que, en el caso de que se produjera un uso fraudulento o inadecuado de los fondos recibidos, se pondrían en marcha los mecanimos para el reintegro de esas ayudas y la recuperación del dinero se realizaría sin problemas.

El Gobierno andaluz informa también de que todas las administraciones a las que se va a aplicar la excepción establecida por la ley «han presentado en tiempo y forma la documentación justificativa». Lo cual lleva a concluir que es la Junta la que no ha sido capaz de culminar el proceso de verificación de esa documentación, pese a que han pasado ya cinco años desde la última convocatoria.

La Consejería de Empleo aclara en su respuesta a EL MUNDO que la Justicia ha admitido las 'exceptuaciones' como una figura administrativa legal «que no constituye ninguna irregularidad o delito». «Y dentro de esta normalidad, se encuentran decisiones administrativas como esta exceptuación, que se dirige de forma restrictiva a entidades públicas como las corporaciones locales, y no de forma generalizada, y con garantías de que una vez concluya el proceso de fiscalización y justificación, se puede garantizar el cobro de una resolución de reintegro si ésta se produjese».

Por último, recuerda que el Parlamento de Andalucía respaldó, en una proposición no de ley que salió adelante con los votos favorables de todos los grupos menos el PP, el 12 de noviembre de 2015, que se pudiese exceptuar a los ayuntamientos para que pudiesen recibir las ayudas para desarrollar los planes de empleo en sus municipios.

Ayuntamientos exonerados.


Los ayuntamientos 'exonerados' a través de la orden de diciembre son los de Cuevas de Almanzora, Chiclana, San José del Valle, Algeciras, Rota, Cabra, Monturque, Armilla, Benalúa, Palos de la Frontera, Fuenteheridos, La Carolina, Torredelcampo, Vilches y Castillo de Locubin. Además hay otras once sociedades y mancomunidades que han quedado igualmente 'exceptuadas'.

La polémica política de exoneraciones llevada a cabo por los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán permitió que entidades, sindicatos y empresas acumularan millones de euros de fondos recibidos sin que se comprobara si el uso de las ayudas era la adecuada. Una vez que se detectó un fraude masivo en el empleo de las ayudas a la formación, y en paralelo a la investigación judicial iniciada en varias provincias andaluzas, el Gobierno andaluz emprendió en 2013 un proceso de revisión de los expedientes que aún no habían prescrito. Concretamente, se está revisando un total de 8.505 ayudas concedidas entre 2007 y 2011 por valor de 1.613 millones de euros.

En el último balance realizado por la Consejería de Empleo ante el Parlamento, su titular, Javier Carnero, informó de que el volumen de ayudas cuya devolución se ha reclamado tras detectarse que no habían sido convenientemente justificadas asciende, de momento, a 149 millones de euros. Se han tramitado 1.750 expedientes de reintegro, pero los datos no son aún definitivos pues la revisión no ha concluido.


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