FUNCIÓN PÚBLICA. La Junta instaura el 'teletrabajo' para mantener las 35 horas tras el varapalo del Constitucional
- El Gobierno promete a los sindicatos que la sentencia del TC anulando las 35 horas no afectará a la jornada actual
- La Consejería de Hacienda descarta establecer controles para que el horario en casa se cumpla
Ni tendrán que echar más horas de trabajo ni tampoco tendrán que justificar de ninguna forma las horas de formación que, supuestamente, realizarán en casa los empleados públicos para completar su jornada hasta llegar a las 37,5 horas semanales. El Gobierno de Susana Díaz se ha comprometido con los sindicatos a que la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el decreto de las 35horas no afectará de ninguna forma a los horarios de los funcionarios.
La Junta reconoce, por tanto, como parte de la jornada de trabajo el tiempo (calculado en media hora diaria) que cada funcionario supuestamente destina en casa a preparar las tareas que desempeñará en su puesto de la administración, con independencia de cuál sea su especialidad o su categoría. El trabajo en casa se reconocerá por igual tanto al médico como al celador. Y a ninguno de ellos se le exigirá un informe o justificación de lo realizado.
El
presidente del Parlamento andaluz hizo seis contratos 'a dedo' de 55.000 euros
para el aniversario de la Cámara
- El contrato al sobrino del presidente del Parlamento, "plagado de irregularidades"
FRAUDE DE LA FORMACIÓN. Un juzgado de Córdoba abre diligencias por las ayudas al ex alto cargo del PSOE-A Rafael Velasco
- La juez Núñez Bolaños ya archivó cuatro de las subvenciones recibidas por su empresa
.jpg)
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/12/19/5a38eb6546163feb418b463b.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/12/19/5a38eb6546163feb418b463b.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/12/19/5a38eb6546163feb418b463b.html
FUNCIÓN PÚBLICA
La Junta instaura el
'teletrabajo' para mantener las 35 horas tras el varapalo del Constitucional
- El Gobierno promete a los sindicatos que la sentencia del TC anulando las 35 horas no afectará a la jornada actual
- La Consejería de Hacienda descarta establecer controles para que el horario en casa se cumpla
Ni tendrán
que echar más horas de trabajo ni tampoco tendrán que justificar de ninguna
forma las horas de formación que, supuestamente,
realizarán en casa los empleados públicos para completar su jornada hasta
llegar a las 37,5 horas semanales. El Gobierno de Susana Díaz se ha comprometido con los sindicatos a que la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el decreto de las 35 horas no afectará de ninguna forma a los horarios de los
funcionarios.
La
Junta reconoce, por tanto, como parte de la jornada de trabajo el tiempo
(calculado en media hora diaria) que cada funcionario supuestamente destina en
casa a preparar las tareas que desempeñará en su puesto de la administración,
con independencia de cuál sea su especialidad o su categoría. El trabajo en
casa se reconocerá por igual tanto al médico como al celador. Y a ninguno de
ellos se le exigirá un informe o justificación de lo realizado.
El Gobierno
cree haber encontrado de esta forma la fórmula que le permitirá «acatar» la sentencia del
Constitucional sin ampliar el horario de sus plantillas ni
eliminar los puestos de trabajo -unos siete mil, según sus cálculos-
supuestamente vinculados al decreto de 35 horas tumbado por el TC, que le ha
dado la razón al Gobierno negando a la Junta competencias para alterar la
jornada mínima de sus empleados.
La
Junta considera, además, que la solución dada al conflicto está de alguna forma «blindada» frente
a los recursos del Gobierno, pues ya se ha utilizado en la negociación con los
sindicatos en algunas empresas públicas a nivel estatal como AENA.
El
acuerdo alcanzado ayer con los sindicatos será de «aplicación inmediata», según explicó
la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien
aseguró además que éste no supondrá sobrecoste alguno para la administración,
pues consiste básicamente en seguir con la hoja de ruta marcada para la
recuperación de la jornada anterior a los recortes impuestos durante la crisis.
El
pacto será aprobado este martes en el Consejo de Gobierno andaluz, tras
exponerse a las principales organizaciones sindicales en una reunión a la que
asistieron representantes de CSIF, CCOO y UGT.
Montero
defendió la «competencia» de la Junta en la organización de la jornada de sus
empleados públicos, por lo que el Gobierno «no tiene ningún elemento al que
agarrarse para impugnar el acuerdo».
La propia
consejera admitió que el reconocimiento de las horas de preparación en casa
como parte de la jornada laboral constituye una «una aspiración sindical histórica». Sin
embargo, este acuerdo tiene una vigencia limitada en el tiempo, pues quedará
suspendido en el momento en que el Gobierno de la Nación dé luz verde a la
jornada de las 35 horas para todos los empleados públicos del Estado.
En
palabras de Montero, la fórmula del teletrabajo se aplicará de forma
«transitoria» hasta que el Gobierno central «regule de forma general 35 horas»
y permita «cumplir de forma religiosa con la sentencia
del TC».
El
ejecutivo de Mariano Rajoy tiene previsto incorporar la jornada de 35 horas en
los Presupuestos Generales del Estado de 2018, cuya aprobación se ha aplazado
indefinidamente ante la falta de apoyos parlamentarios y como consecuencia de
las turbulencias políticas que ha generado el desafío secesionista catalán.
El
varapalo del Constitucional al decreto de la Junta de Andalucía se ha
convertido, como era de esperar, en una potente arma arrojadiza del Gobierno de
Susana Díaz contra el Partido Popular.
De
hecho, todos los sindicatos con representación en la función pública andaluza
culparon ayer al Gobierno del PP de la situación creada en Andalucía, como
también lo hizo el conjunto de los grupos parlamentarios, que arremetieron
contra el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, quien en su día se ofreció, sin éxito, a mediar para
que se solucionara el conflicto de competencias entre la Junta y el Estado.
Criticas del PP
El PP
andaluz espera que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, emplee una fórmula que dé seguridad jurídica a los empleados públicos y
que "no juegue con ellos" después de la
sentencia que da la razón al Gobierno sobre la jornada de 35 horas.
La
secretaria general del PP-A, Dolores López, ha dicho que espera que la
presidenta no vuelva a poner por delante sus "intereses personalistas"perjudicando a
los funcionarios.
Ha
explicado que los 'populares' andaluces siguen en conversaciones con el
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre este asunto y ha
recordado que su partido "siempre" ha defendido las 35 horas,
"pero por la vía del diálogo, que es la solución".
López
ha asegurado que sólo conoce el titular de la iniciativa del Gobierno andaluz,
ya que desde la Junta no se les ha llamado "nunca" y no
han contactado para buscar un consenso.
Ha
opinado que la sentencia del Tribunal Constitucional da la razón al PP cuando
denunciaba que Díaz "iba buscando la bronca" y que "utilizaba"
a los empleados públicos "como escudo sin escrúpulos".
Parlamento.
Mientras, IU
pedirá este martes la alteración del orden del día del Parlamento para que se
incluya la comparecencia de la consejera de Hacienda, María Jesús Montero,
para que explique la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de paralizar la
aplicación de la jornada de 35 horas de los funcionarios.
La
petición, registrada con carácter de urgencia el pasado viernes solicita al Consejo
de Gobierno una valoración sobre la sentencia del TC que anula la jornada
laboral de 35 horas para los funcionarios de la Junta de Andalucía y las 18
horas lectivas semanales para los profesores y las profesoras de nuestra
comunidad.
El
portavoz de la Comisión Colegiada de IU Andalucía, Pedro Ortega,
ha valorado "positivamente" la reunión de este lunes entre la Junta y
los sindicatos, con el propósito de abordar la jornada laboral de los empleados
públicos.
Ortega
ha criticado el "ridículo del PP", al que le queda,
según el portavoz de la Comisión Colegiada, "un discurso difícil de
defender" sobre este asunto, informa IU.
"Esta
es una injerencia más del PP en la autonomía de Andalucía",
ha subrayado el dirigente de IU, quien ha reiterado que "deja en evidencia
al PP andaluz y a [Juan Manuel Moreno] Bonilla ante los trabajadores y
trabajadoras andaluces".
El presidente del Parlamento
andaluz hizo seis contratos 'a dedo' de 55.000 euros para el aniversario de la
Cámara
- El contrato al sobrino del presidente del Parlamento, "plagado de irregularidades"
El polémico
contrato 'a dedo' que hizo el presidente del Parlamento, el socialista Juan Pablo Durán,
a la empresa de Madrid en la que trabaja su sobrino, hijo de una histórica dirigente del PSOE de Córdoba, no ha sido el único de este tipo realizado para festejar
el aniversario de la constitución de la Cámara andaluza.
EL
MUNDO ha tenido acceso a diversas documentación que revela que Durán se ha
gastado 55.474,87 euros a través de seis contratos 'a dedo', es decir, sin
concurso público ni publicidad, aunque la ley lo permite para contratos menores
por importes inferiores a 18.000 euros, como son todos los realizados para los
actos de aniversario del Parlamento.
Al ya
conocido por importe de 16.996,87 euros que sirvió para fichar a la firma
madrileña El Cañonazo Transmedia, en la que trabaja Alejandro Fernández Durán,
sobrino del presidente del Parlamento, que sólo contiene tres folios, se unen
otros cinco contratos menores más.
Uno
de ellos, por valor de 15.609 euros, ha sido adjudicado por el presidente de la
Cámara a la empresa Plataforma Digital Andaluza para la publicación
de un libro sobre la actividad parlamentaria y los «protagonistas del día a
día». Un administrador solidario de esta firma es el periodista Antonio Avendaño,
que fue director de los Servicios Informativos de la Oficina del Portavoz del
Gobierno andaluz en la etapa de Manuel Chaves como presidente de la
Junta.
Otro
administrador solidario de la firma Plataforma Digital Andaluza es Francisco Romacho,
ex directivo de Canal Sur.
También
se han hecho contratos 'a dedo' para diversos servicios prestados con motivo
del pleno institucional celebrado el pasado 21 de junio en los Reales Alcázares
de Sevilla, en lugar de la sede habitual del Parlamento, en el Hospital de las
Cinco Llagas. La «restauración» costó 3.564 euros; el traslado de
material, 484 euros; los adornos florales, 247,50 euros; y el acompañamiento musical, 423,50
euros.
La
exposición fotográfica organizada por la Agencia Efe en la Cámara andaluza por
valor de 18.150 euros es el sexto contrato menor tramitado por Durán, que acaba
de renunciar a la delegación de facultades en materia de contratación que
tenía asignada en virtud de las normas de contratación del Parlamento andaluz.
Cambios en la norma
Según
publica este lunes en el Boletín Oficial del Parlamento (BOPA), el artículo
28.1.5.º del Reglamento de la Cámara establece que corresponde a la Mesa
autorizar los gastos de la institución, mientras que la norma segunda de las
Normas de Contratación del Parlamento, aprobadas por acuerdo de la Mesa de 20 de
marzo de 2013, establece que la Mesa es el órgano de contratación del mismo y
que "podrá delegar las facultades que le corresponden
como órgano de contratación en el presidente o presidenta del Parlamento y en
el letrado o letrada mayor".
Se
añade que, en la sesión de la Mesa del pasado 5 de diciembre, Juan Pablo Durán
comunicó a los miembros de la Mesa "su renuncia, con efectos del día de la fecha, a la
delegación que estaba ejerciendo, contemplada en el apartado primero del
acuerdo de la Mesa, de 20 de marzo de 2013, por el que se delegan
competencias" en el presidente del Parlamento y en el letrado mayor.
En
consecuencia, la Mesa de la Cámara acordó en su sesión de día 13 de este mes
dejar sin efecto el apartado primero del acuerdo de 20 de marzo de 2013 de
delegación de competencias en el presidente del Parlamento, "sin perjuicio
de la función de representación de la Cámara que le corresponde conforme a lo
establecido en el artículo 29.1.º del Reglamento del Parlamento de
Andalucía".
Esta
renuncia de Durán se produce tras la polémica generada por la contratación de
la campaña del Parlamento sobre el 4D a la empresa El Cañonazo Transmedia, en
la que trabaja un sobrino suyo, lo que ha llevado a grupos parlamentarios a pedirle la dimisión.
El "blindaje político"
de Durán
La
secretaria general del PP-A, Dolores López, ha criticado este lunes el
"blindaje político" del presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán,
a pesar de que considera que está "inhabilitado moralmente" para
seguir al frente de la Cámara por sus "hechos" y por la
"actitud" que mantiene en la institución.
López
ha indicado que una cosa es que la figura del presidente del Parlamento tenga
"cierta protección" y otra "que tenga un blindaje político en
toda regla" y "el amparo político de quien gobierna para ser intocable".
Ha
denunciado que Durán "sigue mudo" cuando le están
reclamando documentación y explicaciones sobre el contrato para la campaña del
4D, firmado con una empresa en la que trabaja su sobrino, y ha subrayado que
cuenta con "el silencio cómplice" de Susana Díaz.
La
número dos del PP-A considera que Durán "paga" a Díaz su silencio con
su actitud en el Parlamento, ya que ha recordado que en el pasado pleno no le
dio la palabra a los populares para "defenderse de las acusaciones"
de la presidenta.
"Es
el nepotismo, el compadreo, el 'yo me callo si haces
lo que yo te diga'", ha agregado López
.
FRAUDE DE LA FORMACIÓN
Un juzgado de Córdoba abre
diligencias por las ayudas al ex alto cargo del PSOE-A Rafael Velasco
- La juez Núñez Bolaños ya archivó cuatro de las subvenciones recibidas por su empresa
El juez de
Instrucción número 4 de Córdoba ha abierto una investigación contra el ex
vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco por las ayudas de los
cursos de formación concedidas a sus empresas, todo ello después de que la juez
María Núñez Bolaños archivara el pasado 13 de octubre la investigación relativa a
cuatro de estas ayudas y se inhibiera en favor de los juzgados de Córdoba en
relación con otras nueve ayudas otorgadas por la Delegación Provincial de
Empleo.
En
un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez acuerda incoar
diligencias previas y tiene por dirigida la causa contra Rafael Velasco, ya que
los hechos "presentan características que hacen presumir la posible
existencia de una infracción penal, en concreto supuesto/s delito/s de prevaricación, malversación y
fraude de subvenciones", según el auto dictado el 13 de
octubre pasado por la juez María Núñez.
En
este sentido, y por medio de este auto fechado el día 5 de diciembre, el
magistrado José Luis Rodríguez Lainz acuerda librar oficio a la Dirección
Provincial de Empleo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta en Córdoba a fin de que remita una copia íntegra de uno de los
expedientes de ayuda.
Asimismo,
acuerda librar exhorto al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla para que
certifique la fecha "desde la que se sigue el procedimiento contra Rafael
Velasco" en relación "a su participación en cursos de formación en
las diligencias previas 966/2014 u otras diligencias previas de las que trajera
causa".
De
igual modo, y según el auto consultado por Europa Press, el instructor pide al Juzgado de María
Núñez que expida y remita testimonio de sus autos de
diligencias previas 966/2014 "en los particulares relativos a la
resolución o resoluciones en las que se basaban las imputaciones y declaraciones
prestadas por el investigado Rafael Velasco en sede policial o judicial".
Para
finalizar, el juez acuerda poner en conocimiento de Rafael Velasco la
existencia de este procedimiento.
En
un auto fechado el día 13 de octubre, la magistrada María Núñez, que investiga
las presuntas irregularidades en los cursos de formación, archivó la
investigación relativa a cuatro ayudas concedidas al entramado empresarial
vinculado a Rafael Velasco y se inhibió en favor de los juzgados de Córdoba en
relación con otras nueve ayudas.
De este modo, la
instructora archivó estas cuatro ayudas al considerar que "no existe
indicio alguno de conducta o hecho delictivo que justifique la apertura de
procedimiento penal".
Archivo de 4
ayudas.
Según pone
de manifiesto, "el mero hecho de que determinadas empresas se dediquen a
realizar cursos de formación, subvencionados, no induce a pensar en ilícito
penal alguno", añadiendo que "era esta la única razón o indicio
invocado" por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil,
"indicio que no debió dar lugar a investigación penal alguna, como resulta
de lo instruido".
Y es
que "es el ámbito administrativo donde debió de residenciarse su análisis
desde un primer momento como muy acertadamente señala el Ministerio
Público", añade la juez en relación a estas cuatro ayudas concedidas por
la Dirección General de Formación a la entidad Aulacen Cinco S.L..
La
magistrada explica que todas estas ayudas fueron concedidas "por importes inferiores a
120.000 euros, actual cifra de condición objetiva de punibilidad",
al amparo del antiguo decreto 204/1997 de 3 de septiembre, resaltando que
"en todas ellas hay baremación" y que se otorgaron en régimen de
concurrencia competitiva, de forma que "no se trata de subvenciones
excepcionales, ni de concesión directa".
Al
hilo, la juez analiza las cuatro ayudas concedidas a Aulacen Cinco para
la realización de cursos de formación profesional para el empleo por importes
de 82.593 euros, 41.296,50 euros, 41.296,50 euros y 28.752,30 euros, y concluye
que, en estos expedientes, "no se observa circunstancia o hecho alguno,
más allá de las irregularidades que fueron detectadas por la UCO".
La
magistrada recuerda que dichas irregularidades, para integrar el delito de
prevaricación, "debería conculcar la norma de forma grosera, sin
explicación lógica alguna y ser dictada por la autoridad o funcionario con el
conocimiento de dicha grosera ilegalidad".
No hay delito.
Frente a
ello, la instructora entiende que "difícilmente pueden integrar el tipo
conductas o decisiones que pueden ser explicadas con una argumentación
técnico-jurídica mínimanente razonable", a lo que se suma que "dicha
conducta nunca podría decirse que se realiza a sabiendas de la
ilegalidad".
"En
definitiva, nunca se integraría el tipo por ausencia tanto de elementos
objetivos como subjetivos", zanja la juez, que seguidamente asegura que,
"aún con mayor dificultad podrían integrar el tipo del delito de
malversación que requiere de un elemento subjetivo de conocimiento de
ilegalidad tendente, además, a generar un lucro en patrimonio propio o de
tercero".
La
magistrada dice que "todo ello no quiere decir que pueda existir un
fraude", no obstante lo cual "no se puede anudar al fraude el delito
de prevaricación o malversación", ya que "la existencia de fraude no es sinónimo de prevaricación y mucho
menos de malversación", mientras que "tampoco lo es
la existencia de menoscabo de fondos públicos que existe en toda sanción
prescrita".
"Numerosas
multas o sanciones prescriben en diferentes administraciones sin que los
funcionarios o autoridades de dichas administraciones sean investigados por
delitos de prevaricación o malversación", asevera la instructora, que
considera que "tampoco integra, sin más, el tipo penal una desviación de
fondos superior a 120.000 euros".
Inhibición.
Y es que es
"necesario, además, la concurrencia de un requisito cualitativo, que se
detecte una desviación grosera o sustancial de las cantidades
defraudadas", pues porque "las alteraciones no sustanciales deberían
calificarse como ilícitos administrativos o incluso como penalmente
atípicos" según la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
En
el auto, la juez acordó además inhibirse en favor de los juzgados de Córdoba en
relación a nueve expedientes de ayudas a la formación concedidas por la
delegación de Empleo en Córdoba a las entidades Faasa, Aviación S.A. y Aulacen Cinco S.L..
Según
explica, "tanto la concesión, como la gestión y posterior liquidación y
justificación" de las ayudas "se han desarrollado en los servicios
provinciales del SAE en Córdoba y en consecuencia los posibles delitos
investigados, prevaricación cometida en la concesión u otras resoluciones que
se hayan podido dictar, singularmente los certificados del artículo 41 del
Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, así como la malversación
por parte de autoridades, funcionarios o terceros, y el eventual fraude de
subvenciones se habría llevado a cabo en la provincia de Córdoba".
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...