EMPLEO PÚBLICO. La Junta eleva a 37.115 los
interinos que quiere hacer fijos
- El 10% de los eventuales que pasarán a tener plaza propia pertenecen a la administración paralela. Los sindicatos dicen que aún hacen falta más
El gobierno de Susana Díaz pretende hacer fijos a
37.115 a interinos y eventuales y lo quiere hacer antes de que termine el próximo
mes de enero. La Mesa General de
negociación Común del Empleado Público, en la que se sientan la administración
y los sindicatos, acordó ayer elevar
la cifra final tras incluir casi a 700 más, todos ellos vinculados a la
denominada administración paralela de la Junta de Andalucía, todo el entramado de agencias y entes instrumentales que dependen de
ella.
El acuerdo de la mesa lo anunciaron ayer los
sindicatos CSIF y UGT y supone pasar de los 36.424 eventuales e interinos que
se quería hacer fijos a los 37.115 definitivos a través de la convocatoria de
otras tantas plazas de empleo público.
Uno de
cada diez trabajadores que se van a ver beneficiados por esta medida -que anunció Susana Díaz en plena campaña de primarias del
PSOE-
pertenecen a alguna de las agencias y entes de la Junta. En concreto, el
ejecutivo socialista prevé que pasen a ser fijos 3.991 personas que ahora
prestan servicio en su administración paralela con carácter temporal.
Con todo, el
grueso de la regularización laboral que planea la Junta pertenecen a servicios
públicos como la sanidad y la educación. De
hecho, la mayor parte de las plazas que se van a convocar pertenecen al sector sanitario,
con 18.618, y otras 12.603 al educativo. Para la administración general se prevén
1.515 y para
la Administración de Justicia apenas 388
.....
Casi medio millón de Empleados Públicos.
El objetivo oficial de esta macro convocatoria extraordinaria es dar «estabilidad» a la plantilla de empleados de la Junta,
por cierto la más numerosa
de todas las comunidades autónomas, con 458.371
trabajadores, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda
a principios de este año.
Teniendo en cuenta estos datos, incluidos en
el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas de enero de 2017, casi 19 de cada 100 andaluces que trabajan por cuenta
ajena lo hacen para la Administración autonómica andaluza. Es un porcentaje que supera en 2,1
puntos la media nacional y que está muy por
encima de comunidades como Madrid -con un 14,8%- o Cataluña -con un 11%-,
aunque queda bastante por debajo de la tasa que se alcanza en Extremadura (un
28,6%) o Galicia (un 19,9%).
En términos absolutos, los 458.371 empleados
públicos andaluces están a una considerable
distancia de los 388.334 que trabajan para la Comunidad de Madrid o los 303.887
que lo hacen para la Generalitat de Cataluña.
Enlace al texto del ACUERDO 35 HORAS MGFP (18-12-2107 )
FUNCIONARIOS.La Junta "acata" el
varapalo del TC a las 35 horas y controlará el 'teletrabajo' de sus
funcionarios
- El Consejo de Gobierno aprueba las primeras 25.520 plazas de la 'megaoferta' pública de empleo de 37.115 para dar estabilidad
Oferta
extraordinaria.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado las primeras 25.520 plazas de la 'megaoferta' pública de
empleo que pretende dar estabilidad laboral a los
interinos, en un proceso que culminará con
37.115 plazas totales antes de finales de enero.
La consejera Montero ha remarcado que la Junta
ha "apurado al máximo sus posibilidades" para sacar la mayor cantidad
posible de plazas, en un
proceso en el que tendrán preferencia los interinos que ya trabajan en la
Administración, ya que la fase de concurso supondrá un 40% y
"se primará la experiencia".
ANDALUCÍA.Revés del TSJA al Gobierno de Susana Díaz por su lentitud
con el fraude de los cursos
- Caduca un reintegro de 240.000 euros de una ayuda de hace nueve años al incumplir los plazos Empleo.
En Andalucía la corrupción no es una malformación del sistema, sino el sistema mismo.
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/12/26/5a424f3146163ff4448b4616.html
EMPLEO PÚBLICO
La Junta eleva a 37.115 los interinos que quiere hacer
fijos
El 10% de los eventuales que pasarán a tener plaza propia pertenecen a la
administración paralela. Los sindicatos dicen que aún hacen falta más
El gobierno de Susana Díaz pretende hacer fijos a
37.115 a interinos y eventuales y lo quiere hacer antes de que termine el
próximo mes de enero. La Mesa General de negociación Común del Empleado
Público, en la que se sientan la administración y los sindicatos, acordó ayer
elevar la cifra final tras
incluir casi a 700 más, todos ellos vinculados a la
denominada administración
paralela de la Junta de Andalucía, todo el entramado de agencias y entes instrumentales que dependen de ella.
El acuerdo de la mesa lo anunciaron
ayer los sindicatos CSIF y UGT y supone pasar de los 36.424 eventuales e
interinos que se quería hacer fijos a los 37.115 definitivos a través de la
convocatoria de otras tantas plazas de empleo público.
Uno de cada diez trabajadores que se
van a ver beneficiados por esta medida -que anunció Susana Díaz en plena
campaña de primarias del PSOE- pertenecen a alguna de las agencias y entes de
la Junta. En concreto, el ejecutivo socialista prevé que pasen a ser fijos 3.991 personas que ahora prestan servicio en su administración paralela
con carácter temporal.
Con todo, el grueso de la regularización laboral que planea la Junta pertenecen
a servicios públicos como la sanidad y la educación. De hecho, la mayor parte de las plazas que se van a convocar pertenecen al sector sanitario, con 18.618, y otras 12.603 al
educativo. Para la
administración general se prevén 1.515 y para la Administración de
Justicia apenas 388.
El calendario adoptado para llevar a cabo esta medida ha fijado la aprobación de la
primera convocatoria -con un total de 25.520 plazas- en el consejo de gobierno
del próximo martes. El resto deberá tener luz verde, de acuerdo a las
previsiones oficiales, a lo largo del mes de enero.
Casi
medio millón de Empleados Públicos.
El objetivo oficial de esta macro convocatoria extraordinaria es dar «estabilidad» a la plantilla de empleados de la Junta, por cierto la más
numerosa de todas las comunidades autónomas, con 458.371
trabajadores, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda
a principios de este año.
Teniendo en cuenta estos datos,
incluidos en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas de enero de 2017, casi 19 de cada 100
andaluces que trabajan por cuenta ajena lo hacen para la Administración autonómica andaluza. Es un porcentaje
que supera en 2,1 puntos la media nacional y que está muy por encima de comunidades
como Madrid -con un 14,8%- o Cataluña -con un 11%-, aunque queda bastante por
debajo de la tasa que se alcanza en Extremadura (un 28,6%) o Galicia (un
19,9%).
En términos absolutos, los 458.371
empleados públicos andaluces están a una considerable distancia de los 388.334
que trabajan para la Comunidad de Madrid o los 303.887 que lo hacen para la
Generalitat de Cataluña.
Pese al incremento del número final de
interinos y eventuales que van a pasar a ser fijos, dos de los principales
sindicatos con representación en la administración autonómica, CSIF y UGT, han insistido en que deben ser más las convocatorias
extraordinarias y las plazas a ofertar.
Especialmente exigente ha sido el
sindicato CSIF, cuyo presidente, José Luis Heredia, ha lamentado que no se haya
anunciado un adelantamiento de los plazos.
No obstante, ha reconocido que este
número de plazas «ayudará a reducir la precariedad laboral» que existe en el sector público
andaluz y que se ha traducido, ha añadido, en
un descenso de la calidad de los servicios públicos esenciales.
El sindicato ha exigido que, en
paralelo a esta oferta extraordinaria, se convoquen nuevas plazas «que palien el grave déficit de personal que sufre la función pública
andaluza en todos los sectores».
Por su parte, UGT ha expresado su satisfacción por que se haya incrementado la oferta de empleo «con el
compromiso de seguir revisando el sector público».
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/12/26/5a424f3146163ff4448b4616.html
FUNCIONARIOS
La Junta "acata" el varapalo del TC a
las 35 horas y controlará el 'teletrabajo' de sus funcionarios
- El Consejo de Gobierno aprueba las primeras 25.520 plazas de la 'megaoferta' pública de empleo de 37.115 para dar estabilidad.
El Consejo de Gobierno andaluz ha
aprobado este martes el acuerdo que alcanzaron los sindicatos UGT, CCOO y CSIF
con la Administración andaluza para aplicar la nueva jornada laboral de 37,5 horas para los 250.000 empleados públicos, tras el varapalo
del Tribunal Constitucional a las 35 horas.
El acuerdo prevé que los funcionarios sigan
haciendo las 35 horas de trabajo presencial que cumplen desde principios de
año, cuando el Gobierno de Susana Díaz aprobó esta medida, y otras 2,5 horas no presenciales o de 'teletrabajo' para "acatar" la sentencia que eleva la jornada de los empleados públicos a las 37,5 horas.
La consejera de Hacienda y
Administración Pública, María Jesús Montero, ha subrayado este martes que la aprobación del acuerdo por parte del
Consejo de Gobierno ofrece "las máximas garantías de que se acata
la sentencia del Tribunal Constitucional". De hecho, la semana pasada,
pese a que estaba previsto que este acuerdo recibiera el visto bueno, la Junta dio un
frenazo a sus planes iniciales e informó antes
sobre el mismo al TC.
"No hay ninguna duda del
acatamiento de la sentencia del Constitucional", ha remarcado Montero,
quien ha precisado que la Administración andaluza "controlará"
el 'teletrabajo' que a partir del próximo 8 de enero
tendrán que hacer sus funcionarios de manera "similar" a como se está
certificando que se cumple la "jornada ordinaria" y presencial.
Dentro del 'teletrabajo' se incluirá la
formación, la investigación sanitaria y un "catálogo de
tareas" que son "muy
importantes" para el servicio público y que actualmente se están
definiendo con los sindicatos en cada uno de los sectores para determinar qué
labores "pueden computar", ha señalado la consejera.
Oferta
extraordinaria.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado las primeras 25.520 plazas de la 'megaoferta' pública de empleo que pretende dar
estabilidad laboral a los interinos, en un proceso que culminará con 37.115
plazas totales antes de finales de
enero.
La consejera Montero ha remarcado que
la Junta ha "apurado al máximo sus
posibilidades" para sacar la
mayor cantidad posible de plazas, en un proceso en el que tendrán preferencia los
interinos que
ya trabajan en la Administración, ya que la fase de concurso supondrá un 40% y
"se primará la experiencia".
No obstante, cualquier persona que cumpla
el requisito de la titulación podrá presentarse a esta convocatoria
extraordinaria, si bien el "objetivo" de la misma es dar estabilidad
a la plantilla interina o eventual de la Junta. De hecho, el Gobierno andaluz
espera pasar de la tasa de temporalidad del
23% actual a una del 8% cuando
culmine el proceso selectivo, que se desarrollará durante varios años.
Uno de cada diez trabajadores que se
van a ver beneficiados por esta medida pertenecen a alguna de las agencias y
entes de la Junta. En concreto, el ejecutivo socialista prevé que pasen a ser
fijos 3.991 personas que ahora prestan servicio en su 'administración
paralela' con carácter temporal.
No obstante, el grueso de la
regularización laboral que planea la Junta y que se hará en todas las comunidades,
pertenecen a servicios públicos como la sanidad y la educación. De hecho, la
mayor parte de las plazas que se van a convocar pertenecen al sector sanitario,
con 18.618, y otras 12.603 al educativo. Para la administración general se
prevén 1.515 y para la Administración de Justicia apenas 388.
Efecto llamada
En sanidad y educación, la Junta pretende que
las fechas de los exámenes se
pacten a nivel nacional para evitar el "efecto llamada" y que
Andalucía reciba un aluvión de candidatos de otras comunidades autonómas.
El Gobierno acusa
a Susana Díaz de preferir el conflicto
El delegado del Gobierno en Andalucía,
Antonio Sanz, ha lamentado este martes que la presidenta de la Junta, Susana
Díaz, prefiera apostar por el conflicto y la
confrontación en torno a la jornada de las 35
horas para los funcionarios, en vez de haber contactado con el Ejecutivo de
Rajoy y buscar el entendimiento.
En declaraciones a los periodistas durante un desayuno
navideño en Cádiz, Sanz ha lamentado la actitud de la Junta por "de manera ilógica y poco deseable, tratar de imponer una salida a las 35 horas sin diálogo
con el Gobierno".
"Desde que se conoció la sentencia del Tribunal
Constitucional que anuló la jornada de las 35 horas para los funcionarios
andaluces, nadie se ha puesto en contacto con el Gobierno de España y ese no es el camino adecuado", ha reprochado el
delegado.
"Lo necesario sería haber buscado diálogo y buscar el
entendimiento", ha asegurado Sanz, quien ha defendido que el Gobierno
"ha tendido la mano para buscar las soluciones, pero la Junta está
interesada en el conflicto y la apuesta por la confrontación".
A Sanz le parece "sorprendente" que Susana
Díaz, "tan dada a pedir a otros que cumplan las leyes", busque "subterfugios para
frenar una sentencia contundente y una vez más apueste por el no
diálogo y el no entendimiento".
El delegado del Gobierno en Andalucía ha criticado que se
haga una apuesta por "la confrontación" y por "intentar
enfrentar a los trabajadores con el Gobierno central" y ha echado en falta
"voluntad de diálogo".
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/12/26/5a415864e2704e912b8b45da.html
ANDALUCÍA
Revés
del TSJA al Gobierno de Susana Díaz por su lentitud con el fraude de los cursos
- Caduca un reintegro de 240.000 euros de una ayuda de hace nueve años al incumplir los plazos Empleo
El Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) ha vuelto a fallar contra el Gobierno andaluz, que preside la
socialista Susana Díaz, en el conflicto que mantiene la Consejería de Empleo con empresas y
entidades, a las que exige la devolución de subvenciones millonarias para cursos que no se destinaron a los fines previstos. Después de que
estallara el escándalo del fraude de la formación, la
Administración comenzó a mirar con lupa expedientes de ayudas que con
anterioridad pagaba sin apenas control.
Actualmente, la Junta mantiene abiertos
1.750 expedientes de reintegro a través de los cuales exige la devolución de 149 millones de euros en subvenciones para
cursos que no se destinaron a los fines previstos, según ha informado el
consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero. Pero de momento, sólo ha logrado recuperar 11,9 millones. El problema es que son ayudas fueron concedidas entre
2007 y 2011. Y esa es,
precisamente, la clave del último revés judicial. La Junta ha perdido el pleito por su lentitud a la hora de resolver. Tanto ha tardado que el procedimiento de reintegro ha caducado y no podrá
recuperar el dinero que la Administración considera desviado.
La última sentencia del TSJA a la que
tuvo acceso EL MUNDO da la razón a una entidad a la que Empleo reclamaba la
devolución de 240.499,67 euros (141.000 euros de una subvención para cursos concedida hace nueve años más los intereses de demora). La beneficiaria se libra de abonar dinero
alguno y además debe recibir 54.000 euros retenidos por la Administración de la
misma subvención, a los que habrá que sumarle los intereses correspondientes
desde 2009, cuando se presentó la justificación.
El fallo de la Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA con sede en Sevilla, fechado el
9 de noviembre pasado, anula la resolución de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo en la que acuerda el reintegro de la subvención por
«considerarla disconforme con el
ordenamiento jurídico, imponiendo las costas a la
Administración».
Los magistrados dan la razón a la
empresa recurrente y avalan la «caducidad del procedimiento de reintegro», porque el plazo para resolver y notificar la resolución en estos
procedimientos es de un año, según la Ley General de
Subvenciones. Sin embargo, el expediente se incoa el 10 de abril de 2014, pero
se notifica la resolución de reintegro, fechada el 4 de septiembre de 2015, el
16 de septiembre de 2015, es decir «transcurrido dicho plazo».
Atasco de expedientes.
La Junta intentó ampliar el plazo y se
escudó en el «elevado número de expedientes pendientes de revisión, una vez que
las competencias en materia de Formación Profesional para el Empleo han sido
asumidas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, y por la imposibilidad de habilitar medios personales y materiales suficientes para el adecuado despacho de los asuntos dentro
del plazo establecido», dice la sentencia.
No obstante, el TSJA remarca que la
ampliación de plazos es un mecanismo «excepcional» que no puede justificarse en «circunstancias que ya existían cuando se
inició el procedimiento», como el elevado número de subvenciones pendientes de
revisar, pues «en ese momento ya sabía la Administración que tenía un plazo
impuesto por ley de un año para notificar la resolución».
Para que la ampliación de plazo fuera
válida, la Junta tendría que haber «acreditado la imposibilidad de habilitar
medios personales y materiales suficientes» para revisar las subvenciones de
los cursos pendientes, algo que no hizo.
Aunque este fallo del TSJA se refiere a
un caso concreto, pone en cuestión la labor que está
desarrollando el Gobierno andaluz para recuperar el dinero desviado con los
cursos. ¿Habrán prescrito más expedientes? ¿Se habrá perdido más dinero por la
tardanza de la Junta?
Este revés judicial no es el único que
ha sufrido el Ejecutivo andaluz. Como viene informando este diario, el TSJA ha
dictado al menos una
treintena de sentencias contra la Junta. También hay resoluciones favorables, aunque menos. La
magistrada del TSJA Inmaculada Montalbán,
que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) a propuesta del PSOE, es la ponente de media docena de fallos que dan la
razón al Gobierno andaluz.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Identifícate para poner comentarios.
Los comentarios solo se podrán poner durante unos días...