martes, 26 de diciembre de 2017

Importante; de lectura imprescindible. FUERA DE GUIÓN 35 trampas y un gatillazo por RAFAEL PORRAS; la Junta de Susana Díaz se embarca en un posicionamiento hasta ahora exclusivo patrimonio político de los nacionalismos excluyentes: forzar las competencias constitucionales para sacar réditos = Esto ya pasó, con la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, Ley del Enchufísmo y el diseño de su "nuevo modelo" de Agencias del Sector Público andaluz, por el que se traslada el dinero y las potestades públicas a la Administración instrumental y paralela (brazo ejecutor del Régimen) y se vacían de recursos y de contenido a las Administración publica de base constitucional, Administración General de la Junta de Andalucía. A continuación ponen a los funcionarios al servicio de los laborales "digitales" de las Agencias públicas empresariales, bajo una doble dependencia, jerárquica de la Consejería y funcional de la Agencía, es un monumental fraude al Estatuto Básico del Empleado público, artículo 149.1.18 de la CE; por tanto la Junta, ya forzó en su día las competencias constitucionales para sacar réditos, antes del asunto de las 35 horas, llueve sobre mojado. Visto lo visto, ya sabemos que los junteros seguirán con sus desmanes hasta que alguien los pare. Mientras tanto seguimos trabajando: "No dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así" Margaret Mead.


EXISTE UNA curiosa convivencia entre la proliferación de noticias falsas y la declarada conciencia de esa falsedad. Es como si existiera un cínico acuerdo tácito: tú mientes, yo lo sé y lo digo para que sepas que lo sé. Y ambos hacemos como si tal cosa, de manera que se siguen fabricando falsedades sin importar que todo el mundo esté al corriente de que son tales. Se diría que se trata de la adaptación de un viejo juego político, el de hacer trampas a sabiendas de que te las van a descubrir. En ese impúdico juego de trampas suele existir reciprocidad, es decir, que tus trampas en ocasiones son contrarrestadas con otras trampas, en un bucle desvergonzado al que asisten no siempre atónitos los ciudadanos. 

Cuando se trata de decisiones políticas de corte social, esas trampas descaradas son especialmente obscenas. La trayectoria en este sentido de la Junta es más que notable. Desde sus orígenes, la Junta ha utilizado todo tipo de trampantojos para simular una política de apariencia progresista, forzando una maquinaria propagandística que suele tener casi siempre engrasada. La mayoría de las veces, hay que reconocerlo, esta práctica le ha resultado más que rentable a un PSOE que ha contado también con el viento a favor de la torpeza del PP y de sus gobiernos.


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No se trata de hacer ahora un inventario de engaños ni de estafas políticas históricas de la Junta. Basta con que nos quedemos con la última: el intento de aplicación unilateral de las 35 horas semanales a los funcionarios. Esta medida, frustrada por el momento, lleva paralela, por un lado, un posicionamiento político de grave trascendencia para un partido de carácter nacional como es el PSOE y, por otro, la demostración, una vez más, de la desmañada gestión habitual de la Junta.

La decisión unilateral de recuperar las 35 horas semanales para los funcionarios andaluces era de pura estrategia electoral. La Junta contravenía expresamente una norma del Gobierno central. La voluntad de buscar la confrontación política con el PP era evidente y más conociendo que el Gobierno de Rajoy pretende aplicarla cuando apruebe los nuevos presupuestos, si es que así lo hace. Adelantarse a esa posición -insisto, conocida por la Junta- tenía pues toda la intencionalidad de trampa política diseñada para recibir la respuesta esperada e inevitable: el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. El guión perfecto para una eficaz campaña de confrontación.

Más allá del previsible final provisional de la maniobra (fallo del Constitucional en contra de la Junta) y que vaya por delante que las 35 horas semanales es una medida más que razonable de regulación de la jornada laboral, la decisión del Gobierno andaluz tiene una trascendencia política más que notable. En pleno desafío catalán, ante el reto de buscar un sistema de financiación autonómica estable, eficaz, homogéneo e igualitario y la preapertura del debate de reforma territorial -propiciada precisamente por el PSOE- la Junta de Susana Díaz se embarca en un posicionamiento hasta ahora exclusivo patrimonio político de los nacionalismos excluyentes: forzar las competencias constitucionales para sacar réditos.

La decisión, a mi juicio, es de gran trascendencia. La Junta sabía que aquella no era una decisión de su competencia, que superaba su capacidad estatutaria y constitucional, pero que forzarla le supondría unos beneficios estratégicos más que destacables y que, entre tanto, podría envolverse en la bandera del victimismo ante un colectivo esencial para su hegemonía electoral: los funcionarios. ¿Qué diferencias existen entre la ventajista posición de la Junta con las 35 horas y los posicionamientos de los nacionalistas excluyentes en otras muchas materias? Ninguna. Voy a forzar mis competencias constitucionales a sabiendas y cuando sea corregido, me defenderé como si yo fuera el atacado. Un sucio y ventajista juego. Una trampa infame que equipara a Susana Díaz con cualquier nacionalista excluyente catalán.

Pero si ya con esto solo la decisión de la Junta es reprochable, la respuesta al fallo del Constitucional roza el patetismo chapucero. No satisfecha con el pataleo marcha de la casa, la Junta, por voz de su consejera de Hacienda, María Jesús Montero, anuncia sin inmutarse que va a hacer trampas para sortear al Alto Tribunal y camuflar la reducción de jornada con todo un plan de escaqueo funcionarial institucionalizado. 

La propuesta es tan grosera y tosca que supera el ridículo de la abrupta marcha atrás obligada por los servicios jurídicos ante su incontestable ilegalidad.

Todo un gatillazo administrativo para rematar una política de trampas.



http://www.elmundo.es/andalucia/2017/12/24/5a3ea039ca4741fd5d8b4647.html


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