jueves, 5 de octubre de 2017

La Junta de Andalucía, de contradicción en contradicción en el caso ERE + Choque entre la Fiscalía y la juez Núñez por la instrucción del caso Avales = Los hechos siguen hablando; ¿Corrupción institucional y juntera, versus maridaje a la andaluza; los fondos públicos desaparecen y vuelan y aquí no pasa "na de na", como en la Cataluña del 3%.....? ¿Es usted un ciudadano normal, o todavía piensa.....?


La Junta de Andalucía, de contradicción en contradicción en el caso ERE


El exconsejero de Empleo Antonio Fernández

  • Los jueces censuran la anómala postura procesal de la Administración, que ejerce como acusación.

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La Junta perdonó las fianzas millonarias a los ex altos cargos acusados por el reparto de las ayudas.

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Choque entre la Fiscalía y la juez Núñez por la instrucción del caso Avales


La juez Núñez en su despacho

  • La magistrada explica en un escrito que no asume «como verdad incontrovertible, indiscutible, irrefutable, probada o constatada lo denunciado por la UCO»

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Los Hechos hablan la Ilma. Sra.  Magistrada Dña. Mercedes Alaya  tenía razón y así lo advirtío en el informe que la antigua titular del Juzgado de Instrucción 6 elevó al CGPJ en contra de su sustituta.  Quevedo: "Donde no hay justicia, es un peligro tener razón."


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Viva, la Andalucia imparable, esa donde el dinero público, de todos desaparece y vuela, y no pasa "na de na" ¿¿¿¿ El objetivo de la Sra. Bolaños es  impartir justicia ....?????

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Conclusión: La Andalucía del Régimen sigue su curso;  la impunidad ante el latrocinio de fondos públicos es inadmisible......... ¿Porque será que la única juez que ha visto lo que pasa en Andalucía, ha sido la Sra. Alaya.......?


La juez Núñez en su despacho
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Me recuerda a lo del 3% de Cataluña; impera la impunidad, es conocido por todos y se mira hacia otro lado,"no pasa na de na". Cuando todo vale, impera la ley de la selva; o estas conmigo o contra mi. Los resultados ya los vemos en Cataluña. Lo evidente,  la Andalucía con más de 40 años de gobierno socialista, va hacia el abismo......

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La Junta de Andalucía, de contradicción en contradicción en el caso ERE

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández

  • Los jueces censuran la anómala postura procesal de la Administración, que ejerce como acusación


La Junta de Andalucía es acusación particular en el caso de los ERE desde marzo de 2011. Lo es porque los andaluces serían los principales perjudicados por la supuesta malversación de fondos públicos en el reparto sin control de 855 millones de euros a través de ayudas destinadas a empresas en crisis y desempleados.

Pero su actuación durante la instrucción no siempre ha estado acorde con su rol como acusación. Ha nadado en contradicciones y malabarismos jurídicos que le han valido duros reproches de los jueces. El último, esta misma semana.

Los letrados de la Junta se opusieron a que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández (2004/2010) fuera excluido de dos piezas desgajadas de la causa matriz que analizan las ayudas concedidas a las empresas Calderinox y Fundiciones Caetano. La Audiencia Provincial de Sevilla rechaza el empeño de la Junta en incriminarlo y le acusa de mantener una «actuación procesalmente contradictoria».

Fue la propia Administración la que hace un año pidió el archivo de la causa política de los ERE, centrada en el sistema ilícito de reparto de las subvenciones, por la que se sentarán en el banquillo los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos, incluido Antonio Fernández.

Para la Junta, no debe celebrarse juicio contra ellos porque no cometieron delito alguno. Alegó que la partida 31L era legal porque figuraba en los anexos de las leyes de presupuestos que aprobaba el Parlamento año tras año. Pese a los esfuerzos de Susana Díaz por marcar distancias con el pasado de los ERE, desde la Junta han utilizado todo su arsenal jurídico para salvar a estos dos símbolos del poder socialista andaluz.

La Audiencia de Sevilla defiende la exclusión de Fernández en estas piezas, al igual que hizo otros dos directores generales de la agencia IDEA. Considera que debe ser juzgado solo por la pieza política de los ERE y no por cada ayuda que aprobó con cargo a la partida bajo sospecha. Lo contrario causaría «una duplicidad de procesos sobre los mismos hechos».

La resolución de la Audiencia ha actuado como un faro para otros imputados inmersos en varias piezas. El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ha pedido también ser juzgado una sola vez.

Los vaivenes han sido una constante desde los primeros compases de la investigación. El Ejecutivo socialista blasonaba de colaborar con la Justicia a la vez que Alaya le acusaba de torpedear su labor. Cuando rechazó la imputación de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, la juez cargó contra ella porque su posicionamiento «parece más propio de una defensa que de una acusación particular».

Esta anómala actuación procesal llegó al culmen cuando «perdonó» las fianzas millonarias a los acusados en la pieza política de los ERE, incluido el propio Griñán, que debía hacer frente a 4,21 millones. Como la Junta no acusó, la juez que se hizo cargo del caso tras la marcha de Alaya, María Núñez, archivó las piezas de responsabilidad civil. «Lo más incoherente es la capacidad de la Junta para repartir carnés de inocencia, como si hubiera ex altos cargos procesados buenos y otros malos», apunta un abogado de la causa.


Choque entre la Fiscalía y la juez Núñez por la instrucción del caso Avales

 La juez Núñez en su despacho

  • La magistrada explica en un escrito que no asume «como verdad incontrovertible, indiscutible, irrefutable, probada o constatada lo denunciado por la UCO»

La juez María Núñez Bolaños, que investiga las presuntas irregularidades en los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA, ha reprochado a la Fiscalía que pretenda «retrotraer actuaciones y volver a una instrucción ya abandonada», en referencia a la juez Mercedes Alaya, «que abocaba a la creación de una ingente e incontrolable macrocausa, por lo demás innecesaria, para investigar los hechos o indicios de hechos delictivos denunciados».

En un auto fechado el día 2 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada se pronuncia de este modo al rechazar un recurso del Ministerio Público contra una providencia donde ordenaba la práctica de una serie de diligencias, como la realización de un informe pericial por parte de la Intervención General de la Administración del Estado.

En este sentido, la juez pone de manifiesto en su resolución que «el Ministerio Público, en esta insistente solicitud de volver atrás en la instrucción, también recurrió varias resoluciones dictándose autos ilustrativos al efecto debatido».

A su juicio, «sería conveniente que el Ministerio Público, en vez de volver a pedir las distintas diligencias acordadas en el auto de 24 de febrero de 2014, pidiera que se siga el diseño de instrucción que se consagraba en ese auto».

Y todo ello «explicando las motivaciones por las cuales entiende que es más efectivo para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos denunciados en la presente causa abrir una innecesaria e ingente macrocausa, a modo y semejanza de otras existentes en este órgano judicial, que sólo implica, sin utilidad alguna, complicar una instrucción en grave perjuicio de los derechos fundamentales de terceros».

Según pone de manifiesto la juez, la Fiscalía no ha expuesto «de forma clara» cuáles son los razonamientos sobre «por qué» considera que la pericial de la Intervención General de la Administración del Estado y el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «son pertinentes y necesarios».

Modo de instruir

La magistrada, asimismo, admite que «es cierto que el modo de comprender la forma en la que ha de llevarse la instrucción es diametralmente opuesta a la iniciada en el año 2014», en alusión a la juez Mercedes Alaya.

«Desde el auto de 2 de marzo de 2016, se diseña un camino a seguir en la instrucción que es diferente al que se venía desarrollando», subraya la juez.

De igual modo, asevera que «no asumimos como verdad incontrovertible, indiscutible, irrefutable, probada o constatada lo denunciado por la UCO, entendiendo que es necesario acreditar, en primer lugar, si es cierto que existe una simultaneidad de ayudas contraria a nuestra legislación y no es ésta una cuestión tan sencilla como parece a simple vista».


Para finalizar, dice en modo irónico que «es de agradecer la consideración hacia la capacidad de su señoría, de quien se dice que sin necesidad de los peritos y sólo con sus conocimientos puede examinar la voluminosa documentación sobre las diferentes empresas a las que se concedieron diversas ayudas y concluir sobre su legalidad».

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