El juez del caso Invercaria
rechaza de nuevo archivar la causa contra el sobrino de Felipe González
- El juez de Instrucción 16 de Sevilla rechaza la petición de la defensa de Juan María González Mejías por "indicios de ilicitud penal,.
El juez de Invercaria investiga
préstamos a dedo a familiares de directivos de la empresa de la Junta
- Imputados Pérez-Sauquillo, su cuñada, el ex director financiero de Invercaria y a su mujer por ayudas de 2,2 millones a Keepfresh
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El juez de Invercaria investiga
préstamos a dedo a familiares de directivos de la empresa de la Junta
- Imputados Pérez-Sauquillo, su cuñada, el ex director financiero de Invercaria y a su mujer por ayudas de 2,2 millones a Keepfresh
El juez del caso Invercaria está investigando préstamos a
dedo y concedidos de forma "arbitraria" por valor de 2,2 millones
de euros a
sociedades vinculadas a Keepfresh en las que figuran la cuñada del ex
presidente de la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía,
Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, y la esposa de un ex directivo de esta
sociedad pública.
El titular del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla,
Juan Gutiérrez Casillas, ha citado como investigados -antes imputados- por
prevaricación y malversación a Pérez-Sauquillo; a Cristina Perera, esposa de un
hermano del ex presidente de Invercaria; al ex director financiero de
Invercaria Antonio Nieto, y a su mujer, María Luisa Arcos; y a otras cuatro
personas.
En un auto conocido este jueves, el magistrado
subraya que el "traspaso de fondos" por valor de 2.222.600 euros
desde la empresa pública de la Junta de Andalucía a las sociedades vinculadas a
Keepfresh se debe a una "arbitraria decisión" del que fue presidente
de Invercaria, "sin atenerse a las normas específicas previstas en el plan
director 2005-2008" de la empresa pública y "en la normativa autonómica
que la regula".
Según se indica en el auto, una de las sociedades
vinculadas a Keefresh, la sociedad Crisopeya
Inversiones S.L. es propiedad de Cristina Perera Briones y María Luisa Arcos Rayos, esposas
respectivamente de Mariano Pérez-Sauquillo, hermano de Tomás Pérez-Sauquillo, y
de Antonio Nieto Garrido, ex director financiero de Invercaria.
Los otros cuatro investigados son Juan Luis Pedro
Sánchez, apoderado de Allfresh y presidente y consejero delegado de Keppfresh y
de Desarrollos Industriales Herón; Antonio Sánchez García; Aliona Cobuscean,
administradora única de Allfresh y secretaria de Desarrollos Industriales
Herón, y el ex alto cargo de la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía Miguel Lucena
Barranquero. El juez ha citado a declarar para el próximo mes de noviembre a
estos ocho investigados.
TRIBUNALES
El juez del caso Invercaria rechaza de
nuevo archivar la causa contra el sobrino de Felipe González
El juez de Instrucción 16 de Sevilla rechaza la
petición de la defensa de Juan María González Mejías por "indicios de
ilicitud penal"
El juez confirma la imputación del sobrino de Felipe
González como trabajador "fantasma" de Invercaria
El juez que investiga las irregularidades en
Invercaria ha rechazado nuevamente archivar la causa contra Juan María González
Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, a quien investiga después de
que el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional concluyera que "debe
considerarse como un trabajador fantasma o intruso, es decir, que constando
formalmente como trabajador dado de alta en la Seguridad Social, en realidad no
presta servicio de forma efectiva" en Invercaria
En un auto fechado el 22 de septiembre, al que ha
tenido acceso Europa Press, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan
Gutiérrez Casillas, rechaza "por ahora" la petición de sobreseimiento
provisional y archivo parcial de la causa planteada por la defensa de Juan
María González Mejías, a la que se había opuesto la Fiscalía Anticorrupción.
El magistrado dice que, "sin perjuicio de tener
por efectuadas a los efectos procedentes las manifestaciones y alegaciones
exculpatorias" efectuadas por la defensa del imputado, "es lo cierto
que la instrucción de la causa no se encuentra totalmente agotada y que podrían
existir indicios racionales de ilicitud penal que son objeto de investigación
y de depuración" en esta pieza, la cual, "una vez perfilada y tras
los traslados oportunos daría lugar a resolver lo procedente al respecto".
La Fiscalía Anticorrupción se
opuso a archivar la causa contra el sobrino de Felipe González al entender que las
alegaciones de su defensa "son meras valoraciones sesgadas del resultado
de la pericial de parte practicada", todo ello "sin que en ningún
caso, a través de las mismas, se concluya la procedencia de la no devolución
por el investigado de los fondos recibidos" de Invercaria "por el
concepto de préstamo o anticipos de personal".
Prevaricación y malversación
En un escrito, consultado por Europa Press, el
Ministerio Público que los hechos atribuidos al investigado "serían
constitutivos --de forma provisional e indiciaria-- de un delito de
prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de
caudales públicos". "Las diligencias de instrucción practicadas a instancia de su
defensa no desvirtúan la tipicidad de los hechos que le fueron imputados
judicialmente", apostilla.
Según relata la Fiscalía, con el objeto de prestar
servicios como director del Observatorio para la Innovación y la Participación
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, el 1 de julio de 2005 el
investigado suscribió un contrato de trabajo por tiempo indefinido con Invercaria.
De este modo, en el contrato de trabajo se
estipulaba que el cargo a desempeñar por Juan María González Mejías era de director de
Promoción
en el centro de trabajo en Sevilla de Invercaria, con una retribución bruta
anual de 60.100 euros "incluidos todos los conceptos salariales".
No obstante, y como resultado de las diligencias de
instrucción practicadas, "los trabajos efectivamente desarrollados por
González Mejías fueron para el Observatorio sin que conste una
prestación
real de servicios concretos y específicos para su empleador formal,
Invercaria", indica la Fiscalía.
Al hilo, alude a un correo electrónico de 9 de mayo
de 2007 enviado por el investigado al también imputado Antonio
Nieto Martín en el que se recoge: "Jamie Lynn Menzmer, contratada por la empresa
Invercaria como secretaria de dirección para Juan María González Mejías, director del
Observatorio de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa".
En este sentido, Anticorrupción añade que, "de
forma voluntaria", el investigado comunicó el 10 de octubre de 2007 al
entonces presidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, "la intención de
causar baja" como empleado de la empresa pública de inversión en capital
riesgo de la Junta, "si bien habiendo desempeñado sus funciones no como
director de Promoción de la sociedad sino como director del Observatorio".
Según indica la Fiscalía, a la fecha de la baja
voluntaria del investigado, éste "mantenía una deuda con Invercaria de
26.500 euros como saldo de un préstamo al personal", agregando que,
"de forma indiciaria y provisional, se puede concluir que los investigados
ya reseñados elaboraron un recibo nómina finiquito de la relación
laboral", de forma que González Mejías "no restituyera al patrimonio
de Invercaria el saldo de dicho préstamo".
Así, resultó una nómina con "un líquido a
percibir de 26.540,08 euros, cantidad con la que se compensa, junto con unos
gastos de viaje, el préstamo personal de 26.500 euros", asevera
Anticorrupción, que agrega que el 3 de marzo de 2010, el investigado suscribió
un contrato de trabajo de alta dirección como consejero delegado de Invercaria,
cesando de forma voluntaria el 1 de agosto de 2010.
"Trabajador fantasma"
La Fiscalía asevera que "en el finiquito de
esta nueva relación laboral no se le exigió como era debido la devolución
del préstamo al personal de 30.000 euros concedido el 1 de marzo de 2010",
el cual "finalmente ha sido reintegrado al patrimonio" de Invercaria
por el investigado una vez incoada esta pieza separada del caso.
El juez investiga al sobrino de Felipe González
después de que el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional
concluyera en un informe que "debe considerarse como un trabajador
fantasma o intruso, es decir, que constando formalmente como trabajador dado de
alta en la Seguridad Social, en realidad no presta servicio de forma
efectiva" en esta empresa pública de la Junta.
Cabe recordar que Juan María González declaró en
noviembre de 2014 ante el juez y negó "tajantemente" que fuera un
"trabajador intruso o fantasma".
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