Máxima difusión. FUNCIÓN PÚBLICA. El Gobierno recurre la jornada de 35 horas que Susana Díaz aprobó para sus 270.000 empleados públicos; habrá suspensión.. = Sin comentarios; lo previsible; ya ha ocurrido en Castilla-La Mancha y el País Vasco; la Junta y el Susanato, prosiguen con la demagogía ¿¿??

El Gobierno recurre la jornada de 35 horas que Susana Díaz aprobó para sus 270.000 empleados públicos

• La presidenta de la Junta se queja del «hachazo» de Rajoy a los derechos de los más de 270.000 empleados públicos

• Realidad y ficción sobre larecuperación de las 35 horas

  ¡¡¡¡¡ BASTA YA !!!!!

    

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/07/14/5968fd60e2704ed0458b45c4.html

FUNCIÓN PÚBLICA

El Gobierno recurre la jornada de 35 horas que Susana Díaz aprobó para sus 270.000 empleados públicos

• La presidenta de la Junta se queja del «hachazo» de Rajoy a los derechos de los más de 270.000 empleados públicos

• Realidad y ficción sobre la recuperación de las 35 horas

Fracasan las negociaciones que el Gobierno y la Junta de Andalucía mantenían sobre la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los más de 270.000 empleados públicos andaluces.

Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó este viernes recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley del Gobierno andaluz, presidido por la socialista Susana Díaz, que mejoró las condiciones laborales de los funcionarios andaluces, al devolverles el pasado 16 de enero la jornada semanal de 35 horas. En 2011, como medida contra la crisis, se amplió a 37 horas y media la jornada de los empleados públicos en todo el territorio nacional.

El Gobierno presidido por Mariano Rajoy también pedirá al Constitucional la suspensión cautelar de la norma andaluza, de la que actualmente sólo se están beneficiando algo más de 45.000 trabajadores, entre funcionarios, interinos y laborales, ya que el grueso del personal, que se concentra en los sectores de educación y sanidad, todavía no disfruta de las 35 horas, al haberse vinculado su aplicación a negociaciones posteriores.

Según el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, el recurso contra el decreto andaluz se justifica porque «no es vertebrador» que las jornadas de los funcionarios varíen en función de la comunidad donde trabajen. La decisión del Gobierno, aunque esperada, porque también ha presentado recursos (con éxito) contra iniciativas similares de Castilla-La Mancha y el País Vasco, cayó como un jarro de agua fría entre los sindicatos y el Ejecutivo andaluz.

Susana Díaz calificó de «hachazo contra los derechos laborales y la creación de empleo» la decisión del Gobierno central. «Rajoy recurre la jornada de 35 horas de los empleados públicos andaluces. Un hachazo contra los derechos laborales y la creación de empleo».

Mientras, los sindicatos CSIF y UGT consideraron un «ataque» a los empleados públicos andaluces el recurso del Gobierno contra la jornada de 35 horas y advirtieron de que puede suponer la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Según los datos de CSIF-A, los recursos anunciados por el Gobierno «provocarán la pérdida de 7.000 a 10.000 puestos públicos de trabajo». El presidente de esta central sindical, José Luis Heredia, advirtió de que los empleados públicos «han sido los más recortados desde el inicio de la crisis».

Igualdad entre Comunidades.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha subrayado que el Ejecutivo nacional tiene como objetivo "defender la igualdad y el interés general" con su decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley andaluz sobre las 35 horas semanales de los empleados públicos y la Ley del Presupuesto andaluz para este año, que hace posible el desarrollo de dicha medida.

Sanz ha explicado que el Gobierno toma esta medida "en defensa del interés general" y para "garantizar la igualdad de horarios de los empleados públicos en todo el territorio nacional", en cumplimiento de la Ley de Presupuestos que, ya en 2013, "estableció la jornada del personal al servicio de las Administraciones Públicas en treinta y siete horas y media".

A juicio del delegado, es "un error gravísimo de la Junta de Andalucía no haberse avenido a un acuerdo durante las negociaciones llevadas a cabo", ya que "los ciudadanos nos piden lealtad y negociación frente a la confrontación" y "no se entiende que la presidenta de la Junta, que defiende la unidad y la vertebración de España, impulse una medida contraria a la Constitución", según avala el dictamen emitido por el Consejo de Estado.

El PSOE ve un "agravio"

El PSOE-A, por su parte, ha denunciado que la decisión del Gobierno central de presentar un recurso de inconstitucionalidad supone un "ataque frontal contra el buen funcionamiento y el avance en sanidad, educación, ayuda a la dependencia y servicios sociales" y ha exigido al PP-A que se plante ante Mariano Rajoy para reclamarle que frene este nuevo "agravio" a Andalucía.

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha considerado "indignante" que el Gobierno de Rajoy lance este "tremendo ataque, otro más, contra la autonomía andaluza y contra los servicios públicos y los trabajadores que los prestan en esta tierra", y ha denunciado que "lo hace con alevosía, apurando al máximo el plazo legal de recurso, como si fuera a pasar desapercibido".