jueves, 6 de julio de 2017

El fiasco de la TDT andaluza podría costarle a la Junta hasta 20 millones + El PP llevará a la Fiscalía el papel de la Junta en el 'caso Nevada' = Los hechos siguen hablando de la gestión de los "einsteins psociolistos". La Junta y su cortijo, nos conducen al abismo...Sin prisa pero sin pausa, seguimos degenerando.


GRANADA. El PP llevará a la Fiscalía el papel de la Junta en el 'caso Nevada'



  • La asesoría legal del Gobierno andaluz ni siquiera acudió a defender la actuación de la administración, que deberá pagar 165 millones de euros

COMUNICACIÓN. El fiasco de la TDT andaluza podría costarle a la Junta hasta 20 millones



  • Las empresas afectadas por la anulación del último concurso preparan un aluvión de reclamaciones
  • El Gobierno andaluz prepara un nuevo proceso de adjudicación, aunque éste se encuentra muy atrasado




COMUNICACIÓN
El fiasco de la TDT andaluza podría costarle a la Junta hasta 20 millones



  • Las empresas afectadas por la anulación del último concurso preparan un aluvión de reclamaciones


  • El Gobierno andaluz prepara un nuevo proceso de adjudicación, aunque éste se encuentra muy atrasado

Hasta 20 millones de euros. Ésa es la factura que podría afrontar la Junta de Andalucía ante el fiasco del concurso de licencias de televisión digital terrestre (TDT) que el Tribunal Supremo tumbó y que el Gobierno andaluz ha tenido que reiniciar.

El importe, millonario, es el cálculo que hacen desde el sector de las posibles reclamaciones patrimoniales que las empresas afectadas por la anulación del anterior concurso tendrían derecho a interponer una vez que la Junta, a través de la Dirección General de Comunicación Social de la Consejería de Presidencia, culmine el nuevo proceso de adjudicaciones puesto en marcha en agosto del pasado año.

La sentencia del Supremo, de diciembre de 2015 y que a su vez confirmó el fallo que dictó en 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), anuló 79 de las licencias otorgadas en el concurso autonómico, que el Gobierno de Susana Díaz ha vuelto a sacar a concurso.

Las empresas que ganaron estas licencias en el procedimiento anulado por el Alto Tribunal las perderán en el momento en el que culmine el nuevo concurso, salvo las que se hayan presentado al nuevo y resulten adjudicatarias, aunque incluso en este supuesto podrían reclamar los costes de hacerse, otra vez, con la licencia.

Hay empresas que, directamente, han decidido no optar a las licencias y que, por lo tanto y por efecto de la anulación del concurso de la Junta, tendrán que cerrar sus canales bastante antes de lo que estaba previsto, dado que las adjudicaciones se dieron por un plazo de 15 años, prorrogables otros quince.

Todo ese tiempo de menos, señalaron las fuentes, podrían también reclamárselo a la Junta de Andalucía.

De acuerdo con las estimaciones del sector, habría en peligro alrededor de medio millar de puestos de trabajo, los empleados de las empresas con licencias anuladas, más otros 350 indirectos.

Eso por un lado, porque el grueso de la factura estaría en el daño que sufrirían las empresas al verse obligadas a cerrar al perder la licencia que obtuvieron en 2006 por una circunstancia -la ilegalidad del concurso- que no es atribuible a ellas.

En el sector calculan que cada empresa perdería unos 300.000 euros por el cierre de emisiones, a los que habría que sumar otros 200.000 euros por el lucro cesante.

En los 300.000 euros se incluye la inversión en las instalaciones y el equipo técnico necesario para el funcionamiento de los canales, así como los costes de los despidos que acarrearía el cierre.

Los otros 200.000 euros serían los beneficios estimados, de acuerdo con los planes de negocio de cada una de las empresas, durante el tiempo que les quedaba de licencia.

La adjudicación de las licencias se hizo efectiva en el año 2010, por lo que en un principio la concesión alcanzaría el año 2025, aunque el propio concurso contemplaba la posibilidad de una prórroga de otros quince años, es decir, que las empresas tendrían las licencias hasta 2040.

El Gobierno autonómico es, en última instancia, el responsable puesto que las irregularidades del concurso convocado en 2006 son exclusivamente achacables a la Administración andaluza.

Inusitada celeridad

La Consejería de Presidencia fijó las bases de la convocatoria en base a una norma que ya había sido invalidada por el TSJA. A pesar de ello, no sólo siguió adelante, sino que tramitó el procedimiento con inusitada celeridad y ante las sospechas de que pudiese beneficiar a empresas afines.

En este sentido, la Guardia Civil descubrió mientras investigaba los ERE fraudulentos que una de las adjudicatarias de licencias de televisión digital terrestre era una empresa vinculada a Juan Lanzas, considerado el conseguidor y uno de los principales protagonistas del escándalo de corrupción.

Los investigadores de la UCO encontraron pruebas de que el administrador de Canal Baeza y La Loma SL, que explota una licencia de TDT en el municipio jiennense en Úbeda bajo el nombre comercial 9 La Loma, era el cuñado de Lanzas, Ismael Sierra. Y apuntaron al entonces consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, que fue quien firmó las adjudicaciones y que es uno de los principales imputados en la llamada pieza política del caso ERE que está muy cerca de ser juzgada.

Muchas de estas empresas, además, ni siquiera pudieron explotaron directamente la licencia, sino que se limitaron a hacer caja alquilándola.

El origen de todo esto se puede datar el 18 de abril de 2006, fecha en la que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía convocaba el concurso público para la adjudicación de 186 licencias de televisión digital terrestre para su gestión por particulares.

Dos años después, el 29 de julio de 2008, se resolvió el concurso y se adjudicaron un total de 163 concesiones televisivas. Muchos operadores locales de proximidad quedaron fuera del reparto y decidieron impugnarlo judicialmente y el TSJA les dio la razón.

Un total de 79 licencias quedaron anuladas en una treintena de las 62 demarcaciones territoriales en que está dividida la región. Para evitar el apagón y mientras se diseñaba un nuevo concurso, la Junta de Andalucía fijó un periodo transitorio en el que las adjudicatarias del concurso viciado podrían seguir emitiendo.

Desde entonces, estas empresas viven en una situación de absoluta provisionalidad que ha llevado a algunas de ellas a volver a concurrir al concurso convocado el pasado agosto, pero otras han desistido y preparan ya su batalla legal.

Incluso hay empresas que ya han anunciado su intención de impugnar el nuevo concurso, que el Gobierno andaluz podría resolver en breve, y que están preparando acciones legales que podrían enredar aún más la maraña jurídica en la que se ha convertido la adjudicación de las TDT en Andalucía.



GRANADA

El PP llevará a la Fiscalía el papel de la Junta en el 'caso Nevada'



  • La asesoría legal del Gobierno andaluz ni siquiera acudió a defender la actuación de la administración, que deberá pagar 165 millones de euros


El Partido Popular (PP) denunciará en la Fiscalía la ausencia de la representación legal del Gobierno andaluz en el juicio por el 'caso Nevada', en el que sustanciaba una demanda millonaria contra la Junta que se sustanció con una condena a indemnizar a la promotora del centro comercial cifrada en 165 millones de euros.

El presidente provincial de los populares, Sebastián Pérez, ha anunciado este lunes que la denuncia del PP, "antes de final de mes", persigue que se investiguen "las causas y los motivos de la ausencia de la Junta de Andalucía" en el juicio "y el grave daño causado".

La Junta, estima Pérez, "no asistió a la vista", por lo que no ratificó su oposición a la indemnización que reclamaba General de Galerías Comerciales -promotora del Nevada- ni propuso pruebas en contra, según se hace constar tanto en la resolución del Juzgado de Primera Instancia como en la del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que elevó la cuantía a pagar por el Gobierno andaluz en concepto de lucro cesante por la paralización de la licencia.

Para Pérez, el pretexto aducido para justificar la ausencia, "motivos de agenda", es "inaceptable y nada creíble y no se puede entender en el siglo XXI, sobre todo en un momento en que las familias lo están pasando muy mal", por lo que ha insistido en que el PP exige a la Junta que dé explicaciones sobre su falta de personación en este procedimiento, "que ha costado esta gran fortuna", y se depuren "responsabilidades políticas".

El Juzgado de Primera Instancia condenó a la Junta a una indemnización cercana a 157 millones de euros. Los promotores del Nevada solicitaban una compensación mayor, de 260 millones. La resolución judicial de ahora eleva la cantidad a abonar por el Gobierno andaluz pero en base a las alegaciones presentadas no transige con el dinero que reclamaban los promotores del Nevada. Al primer juicio no se presentó la representación legal de la Junta. La sentencia de ahora recuerda que el tribunal sólo ha podido valorar el dictamen pericial aportado por el Nevada, ya que el juzgado inadmitió el informe pericial aportado por la Administración autonómica ante su incomparecencia a la vista. Así, el fallo judicial razona que el "presupuesto de hecho indispensable para la admisión en segunda instancia de las pruebas que no se practicaron en la primera", conforme a la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA) es que "en los escritos de interposición del recurso y de oposición al mismo las partes podrán pedir el recibimiento a prueba para la práctica de las que hubieran sido denegadas o no hubieran sido debidamente practicadas en primera instancia por causas que no les sean imputables". Entre éstas no está la incomparecencia, refiere el Juzgado.

Las dos sentencias suponen un episodio más en el largo proceso que acompaña la gestación del centro Nevada, en el término municipal de Armilla. A la vista oral, celebrada el 6 de junio de 2016, no se presentó el letrado de la Junta -que había presentado escrito de oposición a las pretensiones del Nevada-, en un acto judicial donde se juzgaba si la medida cautelar de suspensión de licencia al centro comercial ocasionó los daños que reclamaba el Nevada. Los promotores del centro comercial reclamaban los daños emergentes por el retraso en la apertura del centro comercial.

Los retos del PP

El anuncio de Pérez se suma al que otros portavoces del PP formularon al conocerse la segunda sentencia, que data del pasado 24 de mayo, y se enmarca en la conferencia de prensa que ha ofrecido este lunes el dirigente provincial para informar de los retos inmediatos que afronta el partido en Granada: recuperar el gobierno en el Ayuntamiento de Granada, la Diputación y los ayuntamientos "que se quedaron en el camino a pesar de haber ganado las elecciones", así como llevar a Juan Manuel Moreno a la presidencia de la Junta. "Después de 40 años de socialismo ha llegado el momento de la renovación, de rescatar a Granada y Andalucía", ha dicho Pérez. En la tarea, el PP ha abierto un proceso interno de renovación de juntas locales para "entrar en 2018 en clave electoral" de cara a la preparación de los comicios autonómicos.

El presidente provincial del PP de Granada se ha referido también ha respondido también a las posibilidades de materializar la moción de censura en el Ayuntamiento de Granada, que se había vislumbrado tras una aproximación de posiciones entre los populares y Ciudadanos. "Seguimos manteniendo el mismo criterio. Granada necesita un cambio de gobierno municipal", pues la gestión del alcalde, el socialista Francisco Cuenca, "es una calamidad, el peor de nuestra democracia", por lo que ha insistido en la intención de recuperar la alcaldía antes de 2019, si bien reconoce que "los últimos acontecimientos judiciales" - la investigación sobre los ediles del PP que formaban la comisión de gobierno que dio licencia a la discoteca del Serrallo- suponen un obstáculo.


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