viernes, 9 de junio de 2017

Y mientras la vida prosigue; en la "Andalucía imposible", seguimos degenerando..... = Nuevo Gobierno de Andalucía , por Cornelia Cinna Minor......Vaya semanita: La UCO sigue la pista a 7,4 millones en ayudas públicas que Ojeda transfirió a libretas de ahorro + El juez pide al Supremo que impute a Gutiérrez Limones por el "saqueo" de fondos públicos + Clamor contra el error de la Junta en el 'caso UGT'. El que quiere ver, lo ve: En Andalucía el dinero público, desaparece, vuela y no se recupera nunca.....¿Casualidad o Calusalidad juntera?


Nuevo Gobierno de Andalucía

Por Cornelia Cinna Minor.




Esta semana ha venido cargadita en Andalucía: nuevo Gobierno -caen De la Calle, Maldonado, De Llera, Ortíz y Aquilino Alonso- , primera denuncia de Justicia por la Sanidad en Granada, el exalcalde de Alcalá de Guadaira, la sesión escandalosa y bochornosa en el Parlamento andaluz, la condena del TS por una adjudicación de la Junta de Andalucía en materia minera -no la de Aznalcóllar, otra más-, el Consejo de Gobierno del martes con cientos de millones y Valderas. Sí. Él. Increíble pero cierto. Sí, casi vuelve a casa por Navidad... austral. Sólo nos queda el humor.



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En Andalucía ni dimisiones, ni marchas, ni manifestaciones, ni podemitas, ni denuncias contra la corrupción, ni mociones de censura por IU y Podemos. C´s de cómplice traidor ¿y el PP? O va a la yugular o volverá a perder. 


Coda: lo malo es que estos cenutrios socialistas nos gobiernan hace 38 años y deciden sobre nuestra salud, medio ambiente, dependencia, economía, educación, impuestos, transportes, información, etc.


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FRAUDE DE LA FORMACIÓN. La UCO sigue la pista a 7,4 millones en ayudas públicas que Ojeda transfirió a libretas de ahorro



  • La Guardia Civil quiere saber "el destino último" dado a las subvenciones excepcionales concedidas para la ejecución del Plan Delphi
CASO ACM. El juez pide al Supremo que impute a Gutiérrez Limones por el "saqueo" de fondos públicos



  • El instructor acusa al diputado socialista de pagar gastos particulares con dinero de la empresa municipal ACM cuando era alcalde de Alcalá de Guadaíra
  • Le reprocha, además, que tratase de ocultar a toda costa las irregularidades

FONDOS PÚBLICOS.Clamor contra el error de la Junta en el 'caso UGT'




  • Un fallo del Gobierno de Susana Díaz impide recuperar un millón desviado por el sindicato con el Plan Orienta



Nuevo Gobierno de Andalucía



Esta semana ha venido cargadita en Andalucía: nuevo Gobierno -caen De la Calle, Maldonado, De Llera, Ortíz y Aquilino Alonso- , primera denuncia de Justicia por la Sanidad en Granada, el exalcalde de Alcalá de Guadaira, la sesión escandalosa y bochornosa en el Parlamento andaluz, la condena del TS por una adjudicación de la Junta de Andalucía en materia minera -no la de Aznalcóllar, otra más-, el Consejo de Gobierno del martes con cientos de millones y Valderas. Sí. Él. Increíble pero cierto. Sí, casi vuelve a casa por Navidad... austral. Sólo nos queda el humor.

Los elegidos

A la sombra del ciprés de Susana Díaz han brotado cuatro nuevos consejeros y un nuevo portavoz. De renovación nada; sino relativa. Casi todos de perfil muy, pero que muy bajo en curricula, gestión y experiencia. Muy lampedusiano. Parece sinceramente que haya llamado a determinadas puertas y sólo le hayan abierto estos cinco. O que no se fíe de nadie y haya tirado de vasallos fieles a sus estrictas órdenes. Las filas sanchistas han aumentado de simpatizantes con estos nombramientos.

Una sindicalista de la ejecutiva regional de UGT de Consejera de Educación, la Gaya Ciencia, vamos. Alucinante. Estuvo hasta 2016 en el Consejo Escolar de Andalucía.  La excomunista Rosa Aguilar de Justicia e Interior? O sea, ni puñetera idea en la materia. Una absoluta neófita. 

Una doctora de Córdoba, antigua gerente, al frente del caos sanitario -en vez de buscar a alguien independiente, de gran consenso y buen gestor con la que hay montada-. Huele a favor personal directo o indirecto. 

Un portavoz sin tablas ni de primera ni segunda o tercera línea. Pero si era asesor, por los dioses manes. Un exalcalde que aterrizó de Delegado de Turismo en el cupo malagueño, al frente de Empleo, Empresa y Comercio, que debería ser la máquina de la Junta. 

¿El antiguo portavoz a Cultura? Si sólo sabe correr del río Guadalquivir a su casa y ser el eco de su Ama pero con sintaxis...Bueno, a Susánida le sirve, claro ¿a los cuarteles de invierno para que descanse de la quemadera? Una recompensa por sus servicios prestados y que vaya a la Consejería andando. Un paseíto.

Está claro que Sánchez Haro es el cupo provincial de Almería, antiguo Director General de Comunicación Social. De mal en peor, definitivamente. RIPA ¿es que no se deja aconsejar esta irresponsable? ¿Tan cobardes son los que la rodean? 

La semanita

Hagamos un resumen de esta animada semana. El martes el pre-procesado/imputado/investigado diputado susánida Gutiérrez Limones fue derivado al Tribunal Superior por el caso ACM de Alcalá de Guadaira por la triada capitolina juntera -prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental -. El asuntillo: 13 milllones nuestros ¿Fue trending topic? No ¿Salió en tertulias, portadas, TV, etc? No. La corrupción andaluza no existe para nadie. 

Como corolario marciano, se descolgó el Consejo de Gobierno con una catarata de millones que paraliza la glotis: 217 millones de BEI, 190 millones del FLA, 229 millones para I+D+I y 36 para pymes.

El miércoles la eclosión informativa venía con fuegos artificiales parlamentarios y sanitarios. La Asociación Justicia por la Sanidad con Dr Antonio Higueras, Dr Jesús Candel y María José Espigares presentaban en la Fiscalía de Granada una denuncia con nombres y apellidos de los responsables de irregularidades en los conciertos sanitarios: incompatibilidades de facultativos, hospital privado al que se derivan 1.412 enfermos por las listas de espera, careciendo de quirófanos, facturas cobradas doblemente, etc. Un desastre absoluto, que es la punta del iceberg sanitario.

Eso sí, por la tarde, la de barbaridades, descalificaciones, teatreo y mentiras repetidas que se oyeron en la más alta institución andaluza fueron de un absoluto barriobajunerío, una tomadura de pelo, falta de sentido institucional y un griterío abominable por parte de Tereschenka, que da norte de la deriva catastrófica a la que los desequilibrados políticos andaluces nos van acostumbrando.

Maillo de Latiniparla, intentando coger distancia por haber librado a Susilone, Chaveslone y Griñanlone de los cursos, atacando donde pudo, con el mosqueo propio por intentar meterlo en el enjuague trifásico del clon del Dr. Spock bollullero con su verso libre monetario historico-memorístico, salió con la vena hinchada y la Trianera lo llamó "histérica". Si yo soy Maíllo, dejo la sala por chabacanismo rastrero, amoral y navajero, aludiendo a su homosexualidad conocida por todos y que nos importa un bledo. Esa es la tipa y así es. Pero no se equivoquen que en dos días ya han hecho las paces y tan panchos.

Ella, como siempre, mintiendo. En su blablerío consuetudinario: una nueva ley, un nuevo plan, una nueva estrategia, bla, bla, bla. Sacó una nueva renta social, lo de Valderas sin nombrarlo, nuevos sitios donde endeudarnos, etc y 29 millones de euros para la gratuidad de la matrícula universitaria, que es un despropósito sin precedentes y encima, para todos, sin niveles de renta límite. 

Demagogia en estado puro. Los votos de la enseñanza concertada se han desplazado a la Universidad y va a la caza de la clase media como con el cheque-bebé. Total, si las becas universitarias de la clase trabajadora-baja las paga el Ministerio, esta medida va dirigida a la clase trabajadora alta, media y muy alta. 

Y además promueve la desigualdad: no es lo mismo Física, Ingeniería o Matemáticas que otros grados más "populares". Tampoco valora el mérito y la capacidad por notas, con un 5 ya te la darían. Sí señora, muy de izquierdas. Pero para los niños de atención temprana de necesidades especiales no hay dinero ¿no? 

Finalmente, ayer jueves se despejó la incógnita del despropósito de Valderas, por falta de apoyos. Si pensaban que nos habíamos librado del impresentable y cómplice del exvicepresidente pseudo-famélico-legionario de la Junta de Andalucía en el gobierno de Griñán y Susana Díaz, no se habían equivocado. Eso sí, por poco lo logra. 

Al tipo se le ha agotado la suculenta cesantía chaviana y le había pedido -¿o exigido?- a su amiguísima Susánida que lo colocara en un puesto ad hoc para él, con nuestro dinero. No se sabía ni cuánto cobraría ni qué iba a hacer. "Comisionado de la Memoria (Democrática e) Histórica" era el carguete. Dijo, sin reírse, Susanísima en Aznalcóllar -no en la mina-: "la figura, la solvencia y el reconocimiento de Diego Valderas es amplio en Andalucía". No que gracias a Valderas Griñán y Susana Díaz se hicieron con el poder en 2012, como así fue y que vino Perico el de las rebajas Valderas a pedir el qué hay de lo mío. Garduña episodio XXXI.

Para darle el carguito ad hoc al benemérito jamonero, la ínclita tenía que modificar una Ley que fue aprobada hace casi tres meses, mostrando lo improvisado de la medida, ya si la idea se había rebozado como estrategia por la cabeza pensante de Máximo Díaz Cano, con el objeto de salvar la suya propia o como rompe-cuña de la futurible fusión entre IU y Podemos; ya por iniciativa del Bollullero por dejar de percibir los 100.000 euros anuales que le regalamos por garantizarnos ser la región más pobre de España. O todo junto."The buttom line is", que bajo amenaza de abrirle IU expediente al impresentable "de las tetas gordas", ha dicho no. Ella quería chupar de la imagen de izquierdas de Valderas y éste dejarse usar por dinero. Todo en la lógica del Régimen del que fue cómplice Izquierda Unida.

Ayer noticias de los Clinton de Cádiz: Tereschenka y Kichi-Pichi, andan de los nervios entre la medallita a la Virgen (el populismo trae esas contradicciones) y el procesamiento, imputación o investigación del beatífico Pichi -perdón, Kichi ¿o era Winki-pinki o Pichi-winki?- por calumnias e injurias contra el PP, al decir que estos habían dado agua contaminadas a sabiendas a los gaditanos.Vamos que los peperos son básicamente unos asesinos envenenadores. 

Será divertido ver qué se inventa para terminar, otra vez, de hacer el ridículo ¿Sentido figurado? ¿Una alegoría? ¿El ensayo de una letra irónica del Carnaval? A todo esto, si le abren juicio oral ¿no debería dimitir? Pregunto. 

En Andalucía ni dimisiones, ni marchas, ni manifestaciones, ni podemitas, ni denuncias contra la corrupción, ni mociones de censura por IU y Podemos. C´s de cómplice traidor ¿y el PP? O va a la yugular o volverá a perder. 

Coda: lo malo es que estos cenutrios socialistas nos gobiernan hace 38 años y deciden sobre nuestra salud, medio ambiente, dependencia, economía, educación, impuestos, transportes, información, etc.



http://www.elmundo.es/andalucia/2017/06/06/59368c6946163fe36d8b4651.html


FRAUDE DE LA FORMACIÓN

La UCO sigue la pista a 7,4 millones en ayudas públicas que Ojeda transfirió a libretas de ahorro

  • La Guardia Civil quiere saber "el destino último" dado a las subvenciones excepcionales concedidas para la ejecución del Plan Delphi

De los 33,3 millones de euros que Ángel Ojeda recibió del Gobierno andaluz en ayudas a la formación y que están bajo sospecha, los investigadores de la UCO se están centrando en algo más de 7,4 millones de euros que acabaron en libretas de ahorro del entramado de empresas creado por el ex consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía.

Esos 7,4 millones han llamado la atención de los agentes porque fueron transferidos casi al mismo tiempo que los recibía Ojeda de la Administración autonómica a cuentas de ahorro del BBVA de once de las empresas del conglomerado con el que Ojeda manejaba las ingentes subvenciones que recibía. De hecho, el ex consejero fue el principal destinatario de las ayudas que la Junta dio para formar y recolocar a los ex empleados de la multinacional Delphi tras el cierre de su factoría en Cádiz.


Lo habitual, según señala la UCO en un oficio dirigido al Juzgado de Instrucción 6, es que los fondos fuesen transferidos a entidades vinculadas a Ojeda como pago por los supuestos recursos para impartir los cursos. Sin embargo, en el caso de estos 7,4 millones las transferencias se hicieron sin especificar ningún concepto, sin referencia alguna a facturas que pudiesen justificar el envío del dinero procedentes de las ayudas.

Las transferencias a las libretas de ahorro detectadas por la UCO oscilan entre los 200.000 euros -la de menor cuantía- realizada a Natura y los 1,3 millones de euros -la mayor- a Prescal. Estos movimientos resultan muy sospechosos a ojos de los investigadores, que tratan de averiguar si los 33,3 millones de euros que la Junta otorgó a Ángel Ojeda entre los años 2009 y 2010 se gastaron, efectivamente, en las actuaciones de formación a las que teóricamente fueron destinados.
Por ese motivo, la UCO considera que hay que profundizar en el seguimiento del dinero que Ojeda transfirió a sus libretas de ahorro y es lo que ha solicitado a la juez María Núñez.


En el oficio remitido a la magistrada, al que ha tenido acceso este periódico, los investigadores piden un mandamiento judicial dirigido a BBVA para que esta entidad bancaria dé todos los detalles sobre las cuentas de ahorro del entramado del ex consejero.


La UCO quiere saber, en concreto, la identidad de los titulares y autorizados de nueve cuentas diferentes de siete de las empresas del grupo Prescal, así como todos los datos relativos a teléfonos de contacto y direcciones postales facilitadas a la hora de contratar las libretas. Igualmente, los investigadores quieren acceder a los movimientos de todas las cuentas entre los años 2007 y 2012, incluidos reintegros, transferencias, remesas de cheques...
                                     
Simulación de contrato.

De otro lado, el Ministerio Público ha elevado un escrito a la juez, consultado por Europa Press, en el que señala que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, "incoó y sancionó a las entidades beneficiarias por infracción grave por la simulación de contratos". En este sentido, el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Soto, expone que la administración "efectivamente consideró que se ha simulando la contratación laboral de una serie de afectados por el cierre de Delphi para la obtención indebida de prestaciones por parte de éstos, utilizando de forma fraudulenta" lo dispuesto en el artículo 97.1 de la Ley General de la Seguridad Social. El fiscal asevera que "esta simulación está tipificada y calificada como infracción muy grave en materia de Seguridad Social", por lo que interesa que se oficie al citado organismo "a fin de informar sobre el estado y en su caso resoluciones jurisdiccionales por los procedimientos y sanciones impuestas por ese organismo por simulación contractual así como otras derivadas de las mismas". El Juzgado, por medio de una diligencia de ordenación fechada el 2 de junio, ha acordado librar oficio al Ministerio de Empleo y Seguridad Social "en los términos solicitados".





CASO ACM

El juez pide al Supremo que impute a Gutiérrez Limones por el "saqueo" de fondos públicos


  • El instructor acusa al diputado socialista de pagar gastos particulares con dinero de la empresa municipal ACM cuando era alcalde de Alcalá de Guadaíra
  • Le reprocha, además, que tratase de ocultar a toda costa las irregularidades

El juez que investiga el supuesto desvío de fondos públicos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha pedido al Tribunal Supremo que impute formalmente a quien fue alcalde de esta localidad durante dos décadas, el hoy diputado del PSOE andaluz Antonio Gutiérrez Limones, al que acusa no sólo de beneficiarse de las múltiples irregularidades cometidas en la empresa pública Alcalá Comunicación Municipal (ACM), sino, además, de taparlas y evitar cualquier tipo de control de la entidad.

El magistrado del Juzgado de Instrucción 2 de Alcalá de Guadaíra sostiene que hay indicios firmes de que Gutiérrez Limones, portavoz del PSOE en la Comisión de Exteriores del Congreso y hombre de Susana Díaz, pudo cometer los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental y con estos argumentos ha enviado una exposición razonada al Alto Tribunal, al que solicita que asuma la investigación. De acceder a ello, el Supremo tendría que pedir al Congreso el suplicatorio para poder citar a Gutiérrez Limones como investigado, dada su condición de aforado.


En esa exposición razonada, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el juez Javier Alba detalla cómo la empresa municipal ACM -que recibió más de 13 millones en transferencias del Ayuntamiento en diez años- fue el epicentro de una trama que la Guardia Civil llegó a calificar de "mafiosa" y que tenía por objeto desviar esos fondos públicos para financiar todo tipo de gastos privados, desde comidas con copa incluida a viajes. Y, para ello, añade aludiendo a los informes de los investigadores,


se cometieron todo tipo de irregularidades: falsificación de firmas y facturas, cobro de 'mordidas' a proveedores, retiradas de dinero en efectivo de las cuentas cuyo rastro se ha perdido...

Advertido hasta en 6 ocasiones.

A Gutiérrez Limones se le señala, sobre todo, por conocer y consentir lo que el magistrado no duda en califica como "saqueo" de la empresa municipal y cuenta cómo fue advertido una y mil veces de lo que estaba sucediendo y no sólo no hizo nada para atajarlo, sino que mantuvo una actitud "absolutamente obstruccionista" hasta el extremo de que impidió cualquier tipo de auditoría o control de las cuentas de ACM.

Pero hay más, porque el ex alcalde socialista también se benefició directamente del dinero procedente del "saqueo" de la empresa pública. Por ejemplo, menciona el juez Alba un viaje a Madrid en junio de 2007 del que habrían disfrutado el hoy diputado, su mujer y sus dos hijos, con entrada a un conocido parque temático incluida.


Hasta seis veces fue advertido Gutiérrez Limones de las irregularidades en el seno de ACM, pero "hizo caso omiso", dice literalmente el juez en su escrito al Supremo, poniendo todo tipo de obstáculos a la labor de control y negando los medios que en reiteradas ocasiones le solicitó el interventor municipal para examinar las cuentas de la empresa, que finalmente tuvo que ser liquidada con un agujero cercano al medio millón de euros.


El magistrado concluye que existía una "estructura cerrada" en la que engloba a la gerencia, el consejo de administración y la junta general de ACM a la que responsabiliza de la malversación "de grandes cantidades de dinero público".


Gutiérrez Limones no es el único miembro del PSOE andaluz implicado. Además, el juzgado ya imputó en esta causa a dos altos cargos de la Junta, el director general de Movilidad, Rafael Chacón, y la directora general de Mayores y Pensiones No Contributivas, Miriam Burgos, a la sazón concejales del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra cuando ocurrieron los hechos.

El origen una grabación, desvelada por EL MUNDO.

El origen de esta investigación es una grabación en la que el ex contable de ACM, Javier Luque, relataba todo tipo de ilegalidades en la gestión de la empresa municipal como gastos ingentes en comidas o adquisición de regalos a costa de la entidad, la suplantación de la firma de la que era presidenta o viajes costeados a los responsables.

En esa cinta, que fue desvelada por EL MUNDO en abril de 2014, ya se señalaba a Gutiérrez Limones y sirvió de baso para una investigación que primero llevó a cabo la Fiscalía de Dos Hermanas y que luego, tras denunciar los hechos en el juzgado, asumió la Guardia Civil.

Tras negar durante años las irregularidades en ACM y denunciar una "campaña de acoso y derribo", Gutiérrez Limones terminó dimitiendo de la Alcaldía en mayo de 2016.

El PP pide que se depuren responsabilidades.

El Partido Popular de Alcalá de Guadaíra ha manifestado su satisfacción por el hecho de que este nuevo paso en el proceso judicial, no solo supone un avance en el esclarecimiento de los hechos, sino que además pone de manifiesto las irregularidades que desde la empresa pública de comunicación se estaban cometiendo durante años "y así lo venían denunciando los populares".

En este sentido, desde el PP recuerdan las reiteradas ocasiones en las que tanto el ex alcalde socialista como otros cargos públicos de los equipos de gobierno socialista, así como del PSOE alcalareño, han negado todo sistemáticamente, asegurando que todo era falso y que era obra del Partido Popular. Después de más de tres años de investigación por parte de las autoridades judiciales, Fiscalía y Guardia Civil, "los populares esperamos que se depuren las responsabilidades y que aquellas personas que han malversado el dinero de todos los alcalareños, paguen por ello y la ciudad pueda pasar página de una vez por todas".




FONDOS PÚBLICOS
Clamor contra el error de la Junta en el 'caso UGT'



  • Un fallo del Gobierno de Susana Díaz impide recuperar un millón desviado por el sindicato con el Plan Orienta

La oposición al completo clama contra el Gobierno andaluz, que preside la socialista Susana Díaz, por errar en la recuperación de las subvenciones desviadas, después de que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya fallado contra la Junta y haya eximido a UGT de devolver el millón de euros que le reclamaba la Administración, correspondiente al Plan Orienta, porque el procedimiento que había iniciado era incorrecto.

Tanto el Partido Popular, como Podemos e Izquierda Unida coincidieron en que pedirán explicaciones a la Junta en el Parlamento andaluz, según indicaron a EL MUNDO diputados de las tres formaciones políticas, mientras que Ciudadanoscensuró la «inutilidad» de un «gobierno de parodia» que es incapaz de recuperar las subvenciones desviadas.


Los cuatro partidos de la oposición con representación en el Parlamento andaluz reaccionaron de esta forma después de que el TSJA diera la razón a UGT y alertara de que la Junta debe someterse al «principio de legalidad» y recuperar el dinero que este sindicato haya podido desviar a través del «procedimiento legalmente establecido y dentro del marco que posibilite el ordenamiento jurídico».


El procedimiento no es el expediente de reintegro que la Junta abrió a UGT y también a otras entidades que presuntamente han desviado ayudas para los cursos y otras materias, sino la «revisión de oficio», el mismo que se está siguiendo para recuperar el dinero de los ERE y que incluye la intervención del Consejo Consultivo de Andalucía para que dictamine la nulidad de la ayuda. Es una revisión de oficio -razona el TSJA- porque «la Administración ya ha comprobado que la actividad se ha desarrollado y que el gasto que se dice realizado ha sido adecuado y plenamente justificado, liquidando definitivamente la subvención».


«No cabe volver sobre lo ya resuelto sin seguir el procedimiento de revisión de oficio», distinto al que ha seguido la Junta para recuperar las ayudas presuntamente desviadas por UGT, que suman más de 15 millones, si bien la cifra exacta se mantiene oculta, ya que ni el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ni la federación andaluza de UGT, que lidera Carmen Castilla, la quieren desvelar.


Este varapalo judicial a la Junta y su posible influencia en el resto de expedientes de reintegro iniciados por la Junta para recuperar subvenciones desviadas requieren las explicaciones urgentes del consejero Sánchez Maldonado, a juicio de los diputados de la oposición.

Quien dio la orden.
La diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero considera que el consejero debe aclarar qué «instrucciones concretas» se le están dando a los funcionarios para que inicien estos procedimientos de recuperación de dinero desviado y se preguntó si podía haber algún tipo de intencionalidad. «¿Quién dio la orden para que se abrieran los expedientes de forma incorrecta?», lanzó Ruiz-Sillero.

«Alguien debe asumir responsabilidades» porque la Junta reclamaba «un millón de euros por el Plan Orienta y UGT ya no tendrá que devolverlo», añadió la parlamentaria del PP.


Para la diputada de IU, Elena Cortes, en este asunto podría haber un posible «menoscabo de fondos públicos» al que deberían hacer frente con sus «bienes patrimoniales» los altos cargos responsables.
Consejeria de Empleo.
A raíz del varapalo judicial a la Junta, surgen «dudas razonables» sobre la actuación de la Consejería de Empleo, que necesita una «reinvención» porque lleva varios años «casi difunta», alertó Elena Cortés, que solicitó a Susana Díaz que haga cambios en su gobierno.

«La Junta es incapaz de llevar a cabo una gestión de lo público eficaz y eficiente y en las subvenciones de formación es lo más parecido a un gobierno de parodia, necedad e inutilidad», censuró la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet.


Recordó que Andalucía, la comunidad con más paro, lleva cinco años sin cursos por el escándalo del fraude de la formación, a lo que se une el error en el 'caso UGT', en el que la Administración ha sido «incapaz de discernir los procedimientos administrativos correctos para, al menos, intentar recuperar el dinero de la formación de los andaluces», añadió Bosquet.
                                                             
Mientras, el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe avanzó que su formación pedirá la comparecencia del consejero Sánchez Maldonado en comisión parlamentaria para que aclare este error del Gobierno andaluz.


Por su parte, la Consejería de Presidencia y Administración Local, que dirige el consejero y vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, eludió aclarar a EL MUNDO si el Gabinete Jurídico de la Junta recurrirá la sentencia sobre UGT que acaba de perder o si iniciará el procedimiento de revisión de oficio que marca el fallo judicial para recuperar el dinero. Las fuentes consultadas señalaron que el Gabinete Jurídico estaba estudiando el caso.

Cuelgabolsos en facturas infladas.
UGT cargó al Plan Orienta -la Junta lo está revisando después de que este diario destapara este caso- las facturas más infladas que ELMUNDO consiguió documentar.

Se trata de unos recibos cuyo valor real multiplicó por 217, al pasar de los 421 euros que costaron 10 cuadernos, 10 cuelgabolsos, 10 estuches marcapáginas, 10 mochilas y 10 'pendrives' a los 91.102 euros que pagó la Junta por el pedido ficticio de 7.000 unidades.

Además, UGT destinó parte de la ayuda, que iba dirigida a los contratos de los orientadores, a pagar las indemnizaciones de sus despidos.












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