RETIRO DORADO. Junta de Andalucía
S.A.: agencia de colocación para políticos en retirada
- La administración paralela, puerta giratoria para diputados socialistas desbancados de las listas electorales
A diferencia de los dinosarios que poblaron el
planeta 62,5 millones de años antes que el hombre, hay especies de
políticos que no se extinguen nunca. Su capacidad de adaptación al medio no
conoce límites. Mientras otros compañeros de bancada retomaron sus trabajos —los que
los tuvieran— tras apurar sus días de ajetreo parlamentario, ellos han
sobrevivido a toda suerte de glaciaciones, crisis de gobierno y terremotos de
variada intensidad.
Como reza el pegadizo eslogan de un conocido
desodorante, la Junta de Andalucía no te abandona. A la edad en la que la mayoría
de los españoles de a pie se han jubilado, ellos disfrutan de un exilio dorado en
un cargo público en alguno de los 318 entes públicos o consejos
consultivos que componen la tela de araña de la Administración regional, según el último censo de entes
publicado por el Ministerio de Hacienda.
Si no existe el puesto, siempre queda el recurso de
crear uno a la medida de su destinatario. Diego Valderas, el
anterior vicepresidente de la Junta de Andalucía y excoordinador regional de
Izquierda Unida, ha sido el último candidato a acceder a este selecto club de
incombustibles.
CASO INVERCARIA. La Junta tendrá que
pagar las fianzas de los procesados por el caso Invercaria: hasta 5,5 millones
- El ex presidente de la empresa pública desvela la existencia de una póliza de seguros por medio de la cual la Agencia Idea asumiría las responsabilidades de los directivos
- Esto demuestra, a juicio del PP, que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "no ha roto amarras con la corrupción, que sigue muy presente en el PSOE y en su gobierno"
Los ex directivos de Invercaria -la empresa
de capital riesgo de la Junta- imputados por las irregularidades en las ayudas y préstamos que concedían no tendrán que pagar de su
bolsillo ni un solo euro de las fianzas que imponga el juzgado que investiga el
caso. Los 5,5 millones de euros que, por
ahora, se les exige saldrán de las arcas de la Junta de Andalucía o, lo que es lo mismo, del bolsillo de todos los andaluces.
Así lo prevé una póliza de
seguros que tiene
contratada la Agencia Idea -de la que depende Invercaria- y cuya
existencia ha desvelado esta semana uno de los ex presidentes de la empresa que
están siendo investigados, Tomás Pérez Sauquillo, en un escrito que ha
presentado en el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla.
Esa póliza, según ha explicado este sábado la
secretaria general del PP andaluz, Dolores López, supone que
la Junta no sólo asume la
cobertura de los riesgos de los administradores de Invercaria en el ejercicio
de sus cargos, sino que, además, la Agencia Idea asume solidaria y
complementariamente las responsabilidades
económicas que pudieran
derivarse.
Asimismo, la póliza cubre
"el pago de los costes de constitución de las fianzas que exijan los
jueces y tribunales a las personas aseguradas para declarar su libertad
provisional en procedimientos penales como consecuencia de una reclamación
cubierta bajo esta póliza", relató López.
La única causa de exclusión del seguro, el único motivo por el que
la compañía aseguradora no tendría que afrontar el pago de las fianzas es que los procesados fueran
condenados por un delito doloso, es decir, que la sentencia considerara probado
que había intención en el fraude. Pero aun así, sería la Administración
andaluza la que, en última instancia, tendría que pagar, ya que la aseguradora
reclamaría el dinero de las fianzas a la tomadora de la póliza, es decir, a la
Agencia Idea.
La Agencia Idea, "juez y
parte"
La número dos del PP andaluz destacó que el
pago de las fianzas que recoge la póliza es un hecho "grave y
preocupante" que refuerza el argumento del
PP de que "la
Agencia Idea no está personada en la causa como acusación para defender los
intereses generales o el dinero de todos los andaluces, sino para proteger a los miembros del Consejo de
Administración de Invercaria encausados".
López añadió que, por tanto, al
haber una "responsabilidad solidaria de Idea e Invercaria", la
agencia IDEA "es juez y parte", y,
también "responsable de los daños ocasionados a las arcas públicas por
parte de Invercaria".
Granada. El centro que causó un error millonario a la Junta contrata con un alto cargo del PSOE
- Una empresa del director autonómico de Administración Local presta servicios de seguridad al edificio comercial Nevada
Éste no sería el primer escándalo
que protagoniza Fernández Ortega. Ya como director en
la Junta, relevó al jefe de servicio de Cooperación Económica de su Dirección
por haberse negado a «favorecer» a varios
ayuntamientos de Granada. El PP solicitó la
comparecencia del funcionario despedido, pero PSOE y Ciudadanos
bloquearon su declaración en el Parlamento para evitar dar explicaciones de su
gestión.
Fernández Ortega: «Yo no cobro
de la empresa»
Hablar de la construcción del
Centro Comercial Nevada supone adentrarse en un imposible laberinto de
irregularidades, extrañezas, luchas intestinas de poder y mucho dinero. Se erigió sobre ese vergel que
un día fue la Vega un edificio cuatro veces más grande que el planteado en los
90. Ni se cumplió la ley ni se hizo cumplir en tiempo y forma, lo que ha supuesto una condena
a la Junta de 166 millones de euros. El desmadre costará
20 euros a cada andaluz.
Únicamente ha sido cesada esta
misma semana la que fuera durante 14 años jefa del gabinete jurídico de la
Junta en Granada, que depende de la Consejería de Presidencia. La Junta desmiente que haya
podido incurrir en cualquier tipo de irregularidad a lo largo de este de este
proceso, como tampoco observa ninguna de anomalía en el caso de Fernández.
Fuentes oficiales de la Consejería de Presidencia y Administración Local se amparan
en que todo es legal.
FRAUDE DE LA FORMACIÓN. La Junta 'acosa' otra vez al testigo protegido
de los cursos
- Mantiene sin claves informáticas desde hace meses y pese a las reiteradas quejas al departamento que dirige el funcionario que destapó ante Alaya el fraude de la formación
La ofensiva de la Junta de
Andalucía, que preside la socialista Susana Díaz, contra el funcionario que relató
ante la juez Alaya un sinfín de irregularidades en los cursos de formación
subvencionados con casi 3.000 millones de euros durante una década, no cesa.
FONDOS PÚBLICOS.La Junta
culpa a sus abogados del error que exime a UGT de devolver una subvención de un
millón
- El PP pregunta si los errores se cometieron "a posta" y exige responsabilidades políticas
La Junta ha culpado a sus servicios jurídicos del error que exime a la federación andaluza de UGT de devolver una subvención de un millón de euros que le reclamaba el Gobierno andaluz, que preside la socialista SusanaDíaz.
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha explicado este jueves en el pleno del Parlamento andaluz que los servicios jurídicos de la Junta, en el marco de su "independencia" y basándose en la Ley General de Subvenciones, decidieron que no procedía iniciar una revisión de oficio para reclamar a UGT-A que devolviera un millón de euros correspondiente al Plan Orienta.
Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (TSJA), de la que viene informando EL MUNDO, ha fallado contra la Junta y ha eximido a UGT de devolver la subvención de un millón de euros porque el procedimiento que había iniciado la Administración era incorrecto y sí debía haber optado por la "revisión de oficio", el mismo cauce que se está usando para recuperar el dinero desviado de los ERE.
Pese al varapalo judicial, el consejero considera que la Junta no ha cometido ningún error y que si acaso sería "discutible" el procedimiento iniciado por la Junta para recuperar el dinero presuntamente desviado.
RETIRO DORADO
Junta de Andalucía S.A.: agencia de
colocación para políticos en retirada
- La administración paralela, puerta giratoria para diputados socialistas desbancados de las listas electorales
A diferencia de los dinosarios que poblaron el
planeta 62,5 millones de años antes que el hombre, hay especies de
políticos que no se extinguen nunca. Su capacidad de adaptación al medio no
conoce límites. Mientras otros compañeros de bancada retomaron sus trabajos —los que
los tuvieran— tras apurar sus días de ajetreo parlamentario, ellos han
sobrevivido a toda suerte de glaciaciones, crisis de gobierno y terremotos de
variada intensidad.
Como reza el pegadizo eslogan de un conocido
desodorante, la Junta de Andalucía no te abandona. A la edad en la que la mayoría
de los españoles de a pie se han jubilado, ellos disfrutan de un exilio dorado en
un cargo público en alguno de los 318 entes públicos o consejos
consultivos que componen la tela de araña de la Administración regional, según el último censo de entes
publicado por el Ministerio de Hacienda.
Si no existe el puesto, siempre queda el recurso de
crear uno a la medida de su destinatario. Diego Valderas, el
anterior vicepresidente de la Junta de Andalucía y excoordinador regional de
Izquierda Unida, ha sido el último candidato a acceder a este selecto club de
incombustibles.
Los organismos que gestionan los puertos
andaluces son una puerta giratoria para ex
Pero la rebelión interna que desató en el Partido
Comunista su posible fichaje por el Gobierno de Susana Díaz ha hecho saltar por
los aires la «operación rescate de Valderas» esta misma semana. Ante la
amenaza de ser expedientado, el expresidente del Parlamento andaluz ha tenido
que dar un portazo a su jubilación de oro a sus 64 años como comisionado de la
Memoria Histórica.
Valderas, la puerta giratoria atrancada
Pero quitando este atranque, la puerta
giratoria de la Junta de Andalucía sigue estando bien engrasada. El mecanismo no sólo funciona
en la Administración autonómica. Diputaciones, ayuntamientos y mancomunidades
también aplican lo que los anglosajones denominan «revolving door»: cargos
electos que dejan de serlo y pasan a ocupar, sin solución de continuidad, otro
puesto directivo en la institución.
Paulino Plata, el superviviente
Dentro de la Junta, los despachos de los organismos
que gestionan los puertos andaluces están dominados por políticos desbancados
de candidaturas electorales. El ejemplo más palmario es el de Paulino
Plata (Melilla, 1953), consejero perpetuo en los gobiernos de Manuel Chaves y
José Antonio Griñán —a cargo de las carteras de Agricultura, Turismo, Comercio y Deporte, y
Cultura—, ha sido diputado andaluz desde 1982 y candidato fallido a la Alcaldía
de Marbella, donde duró cien días como portavoz del PSOE. En junio de 2013
sustituyó a José Sánchez Maldonado como presidente de la institución portuaria
de Málaga.
Su capacidad para reinventarse es digna de estudio.
Siendo diputado raso, Griñán ideó un puesto para él: comisario del proyecto
«Andalucía 10», un plan concebido para desterrar los tópicos de la
Andalucía subsidiada. El proyecto murió por inanición presupuestaria y falta de contenido, pero
no sucedió así con Paulino Plata, que «resucitó» a la actividad pública
asumiendo el timón del puerto malagueño.
José Luis Blanco, exconsejero de Chaves
El año 2013 fue fecundo en recolocaciones de ex. José Luis
Blanco Romero (Alcalá de los Gazules, 1953) recorrió la misma travesía que Plata. Desde
el Parlamento andaluz —fuediputado por Cádiz entre 1996 y 2012— arribó al
despacho de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
Este premio le llegó después de más de 40 años como
militante del PSOE y tras haber sido su secretario general en Cádiz en los
ochenta. Como consejero de Medio Ambiente le tocó lidiar con el desastre
ecológico provocado por el vertido de la mina de Aznalcóllar en 1998.
Manuel Gracia, del Parlamento al puerto
Cuando una puerta se cierra en el Hospital de las
Cinco Llagas (sede del Parlamento andaluz), otra ventana se abre en algún
organismo público. Eso fue lo que le sucedió al anterior presidente
de la Cámara autonómica, Manuel Gracia (Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba,
1946). Con 69 años, su nombre volvió a aparecer en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
En junio de 2015, el Gobierno de Susana Díaz designó
a Gracia presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Consejero de Presidencia y de
Educación y Ciencia bajo el mandato de José Rodríguez de la Borbolla, dejó la
Cámara andaluza después de 33 años como diputado.
Javier Barrero, un histórico con
autoridad
En diciembre de 2015, el Consejo de Gobierno
convirtió en presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva a Javier
Barrero
(Ávila, 1949). Hacía sólo dos meses que había dejado el escaño en el Congreso
que ha ocupado desde octubre de 1982, cuando el Muro de Berlín aún no se había
desplomado.
López González, en Cetursa
Fuera de los puertos andaluces también están bien
lubricadas las puertas giratorias. Desde julio de 2009 María José
López González (Granada, 1960) dirige Cetursa, la empresa pública que gestiona la
estación de esquí de Sierra Nevada. Un año antes había cesado como consejera de
Justicia y Administración Pública (2004/2008). Ha sido concejala en el
Ayuntamiento de Granada, diputada en el Congreso y el Parlamento antes de
recalar en Cetursa, donde gana 54.308 euros al año.
Javier Aroca y Escuredo
El ex político andalucista y exviceconsejero de
Turismo y Deporte Javier Aroca, rostro omnipresente de las tertulias
políticas,
compagina sus casi diarias apariciones televisivas con un cargo directivo como
coordinador de investigación del Centro de Estudios Andaluces. La fundación
dependiente de la Consejería de Presidencia lo contrató en 2014. Gana 45.685
euros brutos al año y tiene horario flexible para alternar el trabajo con los
platós.
El primer presidente del Ejecutivo andaluz, Rafael
Escuredo (Estepa, 1944), ha hecho el viaje inverso: desde la empresa privada al Consejo
Consultivo de Andalucía, con dedicación de carácter exclusivo, a tiempo
completo y con sueldo de 63.428 euros desde septiembre de 2015. Treinta y un
años después de dejar la Presidencia, regresó a la misma casa que había dejado,
harto de que Felipe González le escatimara a la Autonomía las necesarias
transferencias del Estado.
CASO INVERCARIA
La Junta tendrá que pagar las
fianzas de los procesados por el caso Invercaria: hasta 5,5 millones
- El ex presidente de la empresa pública desvela la existencia de una póliza de seguros por medio de la cual la Agencia Idea asumiría las responsabilidades de los directivos
- Esto demuestra, a juicio del PP, que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "no ha roto amarras con la corrupción, que sigue muy presente en el PSOE y en su gobierno"
Los ex directivos de Invercaria -la empresa de capital riesgo de la Junta- imputados por las irregularidades en las ayudas y préstamos que concedían no tendrán que pagar de su bolsillo ni un solo euro de las fianzas que imponga el juzgado que investiga el caso. Los 5,5 millones de euros que, por ahora, se les exige saldrán de las arcas de la Junta de Andalucía o, lo que es lo mismo, del bolsillo de todos los andaluces.
Así lo prevé una póliza de seguros que tiene contratada la Agencia Idea -de la que depende Invercaria- y cuya existencia ha desvelado esta semana uno de los ex presidentes de la empresa que están siendo investigados, Tomás Pérez Sauquillo, en un escrito que ha presentado en el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla.
Esa póliza, según ha explicado este sábado la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, supone que la Junta no sólo asume la cobertura de los riesgos de los administradores de Invercaria en el ejercicio de sus cargos, sino que, además, la Agencia Idea asume solidaria y complementariamente las responsabilidades económicas que pudieran derivarse.
Asimismo, la póliza cubre "el pago de los costes de constitución de las fianzas que exijan los jueces y tribunales a las personas aseguradas para declarar su libertad provisional en procedimientos penales como consecuencia de una reclamación cubierta bajo esta póliza", relató López.
La única causa de exclusión del seguro, el único motivo por el que la compañía aseguradora no tendría que afrontar el pago de las fianzas es que los procesados fueran condenados por un delito doloso, es decir, que la sentencia considerara probado que había intención en el fraude. Pero aun así, sería la Administración andaluza la que, en última instancia, tendría que pagar, ya que la aseguradora reclamaría el dinero de las fianzas a la tomadora de la póliza, es decir, a la Agencia Idea.
Los ex directivos de Invercaria -la empresa de capital riesgo de la Junta- imputados por las irregularidades en las ayudas y préstamos que concedían no tendrán que pagar de su bolsillo ni un solo euro de las fianzas que imponga el juzgado que investiga el caso. Los 5,5 millones de euros que, por ahora, se les exige saldrán de las arcas de la Junta de Andalucía o, lo que es lo mismo, del bolsillo de todos los andaluces.
En las cinco piezas calificadas hasta el
momento en Invercaria, las acusaciones piden más de cinco millones de euros en
fianzas por responsabilidad civil. La Fiscalía Anticorrupción solicita
penas de hasta 107 años de cárcel y 413 de inhabilitación absoluta en el
desempeño de cargo público para los acusado.
Aunque ésta no es
la única factura que la Junta tendría que
asumir por el caso Invercaria. El Gobierno de Susana Día ya costea la defensa de
algunos ex altos cargos imputados en las grandes causas de corrupción, como el ex consejero Francisco Vallejo o el ex director
general de Trabajo, Daniel Rivera, a los que la Junta paga el abogado en el
caso de los ERE, pero
podrían ser más ya que todos los que sean absueltos y que han corrido con los gastos de su defensa podrían reclamar el
dinero a la Administración andaluza en virtud de dos sentencias del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Por ahora, sólo se han pagado 18.000 euros al
abogado de Rivera, pero el importe final podría ser muy importante, teniendo en
cuenta sólo que hay medio centenar de ex altos cargos imputados en los ERE,
Invercaria o los cursos de formación.
La Agencia Idea, "juez y
parte"
La número dos del PP andaluz destacó que el
pago de las fianzas que recoge la póliza es un hecho "grave y
preocupante" que refuerza el argumento del
PP de que "la
Agencia Idea no está personada en la causa como acusación para defender los
intereses generales o el dinero de todos los andaluces, sino para proteger a los miembros del Consejo de
Administración de Invercaria encausados".
López añadió que, por tanto, al
haber una "responsabilidad solidaria de Idea e Invercaria", la
agencia IDEA "es juez y parte", y,
también "responsable de los daños ocasionados a las arcas públicas por
parte de Invercaria".
Para la secretaria general del PP los hechos
demuestran que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "no ha roto
amarras con la corrupción, que sigue muy presente en el PSOE y en su
gobierno". "Ya pagamos todos los andaluces la corrupción del PSOE en
materia de empleo a través del fraude de los ERE y de la Formación, y ahora
encima tenemos que pagar la fianza de personas que están procesadas por
malversación de fondos públicos, y éste es el castigo al que la corrupción del PSOE tiene
sometido a todos los andaluces", apostilló.
Añadió que "la sombra
de la corrupción es tan larga que llega hasta
hoy, no es agua pasada como pretenden hacernos creer" y que "ha sido
tan grande que sigue sacudiendo el bolsillo de los andaluces".
"Díaz dice que ahora 'toca' Andalucía, cuando
lo que 'toca' es poner coto a la corrupción", dijo la dirigente
popular.
Loles López exigió a Díaz que aclare qué va a
ocurrir en este caso concreto, y le pidió explicaciones públicas: "¿qué va a hacer
para impedir que el dinero de los andaluces se dedique a pagar por corrupción?;
¿de dónde va a quitar el dinero que tiene que destinar a pagar la fianza?;
¿cuándo va a empezar a recuperar el dinero defraudado por el PSOE, ya que según
el gobierno andaluz de momento sólo se han recuperado 12,5 millones de
Formación y de los ERE?", preguntó.
Por último, anunció que el PP Andaluz presentará una
iniciativa para que se
presenten las aclaraciones oportunas en el Parlamento de Andalucía, donde
exigirán que se actúe "para que dejen de sacudir con la corrupción el
bolsillo de los andaluces".
Anticorrupción pide hasta 19 años de
cárcel para dos expresidentes de Invercaria por las ayudas a FIVA
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de 19
años de cárcel y seis años y medio de prisión para los expresidentes de Invercaria
Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, respectivamente, por los 716.000 euros en
préstamos concedidos por esta empresa pública de inversión en capital riesgo de
la Junta a Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía
(FIVA).
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso
Europa Press, el Ministerio Público pide 19 años de cárcel y 47 años de
inhabilitación para Pérez-Sauquillo por delitos de prevaricación, malversación
de caudales públicos, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios,
falsedad en documento mercantil y delito de contrato simulado.
Asimismo, Anticorrupción reclama seis años y medio
de prisión y 16 años de inhabilitación para Laura Gómiz por un delito de
contrato simulado en concurso con delitos de prevaricación y malversación.
De igual modo, pide penas de entre 16 años y medio
de cárcel y cuatro años de prisión para los otros diez procesados, como son el
exdirector financiero de Invercaria Antonio Nieto Garrido; el representante de
Novasoft Francisco José Barrionuevo, y los representantes legales de Innovaes,
Juan Antonio Bardón, y de Grupo Imagen, Francisco Gallardo Hill. INDEMNIZACIÓN
DE 1,3 MILLONES
El Ministerio Público, que pide que los 12
procesados indemnicen a Invercaria con 1.365.000 euros, acusa también a los
consejeros de Invercaria Juan Vela Quiroga, Ramón Martín López, Isabel de Haro
Aramberri, Bienvenido Martínez y Jacinto Cañete, y a Mariano Pérez-Sauquillo,
hermano del expresidente de Invercaria.
Granada
El centro que causó un error millonario
a la Junta contrata con un alto cargo del PSOE
- Una empresa del director autonómico de Administración Local presta servicios de seguridad al edificio comercial Nevada
La empresa de seguridad privada del director general
de Administración Local de la Junta de Andalucía, Juan Manuel
Fernández Ortega, presta actualmente sus servicios al Centro Comercial Nevada. Se trata de
la misma gran superficie a la que el Gobierno andaluz debe indemnizar con 166
millones de euros por una sentencia histórica que pone de manifiesto el extraño
comportamiento de la Junta con respecto a la concesión de
licencias y paralización de las obras, proceso en el que pudo influir el
citado alto cargo socialista.
Juan Manuel Fernández Ortega es diplomado en Magisterio.
Después de varias legislaturas como concejal del PSOE en Chauchina (Granada),
su pueblo, accede en 1999 a la Alcaldía. Más tarde, es nombrado asesor
del partido en la Diputación de Granada y en 2008 es elegido senador, cargo que
ostenta hasta 2015, cuando pasa a ser director general de
Administración Local, dependiente de la Consejería de Presidencia.
Fue durante su estancia en el
Senado cuando
Fernández Ortega constituyó sus tres empresas, todas con idéntico domicilio
social: Servucción Seguridad, Servucción Auxiliares (en 2012) y Servucción
Soluciones, fundada en 2014 y que actualmente está en fase de
liquidación.
La primera de estas tres es la que ha sido
contratada por Central de Galerías Comerciales, sociedad del magnate Tomás
Olivo, implicado en su día en el «caso Malaya». Presta servicios de seguridad
en el Centro Comercial Nevada.
Éste no sería el primer escándalo que protagoniza
Fernández Ortega. Ya como director en la Junta, relevó al jefe de servicio
de Cooperación Económica de su Dirección por haberse negado a «favorecer»
a varios ayuntamientos de Granada. El PP solicitó la comparecencia
del funcionario despedido, pero PSOE y Ciudadanos bloquearon su declaración en el
Parlamento para evitar dar explicaciones de su gestión.
El clan de Armilla
El auge de Fernández Ortega y su creciente poder dentro
del PSOE
-donde ha ocupado múltiples cargos, incluso ha formado parte del comité federal
del partido- no fue exclusivo de su persona. Aunque en una segunda fila, su
carrera corría paralela a la de una serie de personas clave en el «caso Nevada»
y en un momento dulce para los socialistas del área metropolitana
de Granada, que ganaban influencia orgánica al tiempo que el PSOE se desangraba en la
capital.
Con sus 20.000 habitantes,
Armilla era uno de los municipios
insignia en ese tablero de ajedrez en el que se fraguó el conocido como «clan
de Armilla», un grupo de poder dentro del PSOE que llegó a controlar el
Ayuntamiento del citado municipio, la Diputación -que dependía en buena
medida de los votos de Armilla- y tuvo gran peso en la Junta de Andalucía. Es
precisamente en esos años de esplendor cuando se produce la cadena de «errores»
que han derivado en la sentencia millonaria.
Fernández Ortega estuvo siempre cerca de ese círculo.
Cuando era vicesecretario general del partido en la provincia entró en la
ejecutiva regional del PSOE, a cuyo comité director también se incorporó
el alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez.
El secretario general en aquel momento era el actual
presidente del Puerto de Motril, Álvarez de la Chica, quien maniobró para colocar a
Teresa Jiménez -la actual secretaria general- como delegada de la Junta en
Granada. De la Chica, Fernández Ortega y Teresa Jiménez consiguieron acceder al
comité federal del PSOE.
Cadena de «errores»
Todas estas personas, cada cual desde su sitio,
podían influir en la toma de decisiones sobre el Centro Comercial
Nevada, un
proyecto apoyado desde un primer momento por la Junta de Andalucía. La
Administración dio su visto bueno a la norma urbanística que aprobó el
Ayuntamiento de Armilla, imprescindible para ejecutar el primer
convenio con la empresa de Tomás Olivo. El Consistorio ingresó por este proceso
901.518,12 euros.
Los problemas comenzaron en 2005, un año después de
que el Ayuntamiento aprobara en pleno un segundo convenio con Galerías
Comerciales por otros 1,5 millones de euros, a sabiendas de que la Delegación
Provincial de Obras Públicas había emitido meses antes un informe en el que observaba
incumplimientos legales. Obras Públicas volvió a instar al Consistorio a que
modificara el convenio aprobado, pero en ningún momento hizo valer su deber.
La Junta de Andalucía no recurrió la omisión del
Ayuntamiento. La Administración autonómica dejó que se agotaran los plazos legales para
hacerlo, como le reprochó en 2014 el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, que también acusó a la Junta de dar «cobertura» a las bases
de la «ilegalidad» en una sentencia.
Pero lo que motivó la indemnización
millonaria a la que deberá hacer frente la Junta fue la licencia de obras,
aprobada en la junta de gobierno local y de nuevo desestimada por la Delegación
de Obras Públicas, que paralizó los trabajos de edificación fuera de
plazo.
Por esta anomalía, la Justicia ha dado la razón al
centro comercial, que reclamaba más de 500 millones en concepto de
lucro cesante por el perjuicio que supuso tener las obras paralizadas durante ocho años.
El TSJA elevó la indemnización de 157 a 166 millones después de que la Junta
reclamara la sentencia en primera instancia. Curiosamente, el letrado de la
administración no acudió a la vista, a pesar de lo cual la Junta insiste en que
va a seguir reclamando porque «no se indemniza a quien comete un delito».
Fernández Ortega: «Yo no cobro de la
empresa»
Hablar de la construcción del
Centro Comercial Nevada supone adentrarse en un imposible laberinto de
irregularidades, extrañezas, luchas intestinas de poder y mucho dinero. Se erigió sobre ese vergel que
un día fue la Vega un edificio cuatro veces más grande que el planteado en los
90. Ni se cumplió la ley ni se hizo cumplir en tiempo y forma, lo que ha supuesto una condena
a la Junta de 166 millones de euros. El desmadre costará
20 euros a cada andaluz.
Únicamente ha sido cesada esta
misma semana la que fuera durante 14 años jefa del gabinete jurídico de la
Junta en Granada, que depende de la Consejería de Presidencia. La Junta desmiente que haya
podido incurrir en cualquier tipo de irregularidad a lo largo de este de este
proceso, como tampoco observa ninguna de anomalía en el caso de Fernández.
Fuentes oficiales de la Consejería de Presidencia y Administración Local se amparan
en que todo es legal.
En declaraciones a ABC, Juan Manuel Fernández Ortega
también defendió la «legalidad» de su situación. El socialista
apunta que sólo posee el 48% de las acciones de la empresa de seguridad. Sin embargo, en diversas web
de información mercantil le sitúan como socio único, algo que él achaca a
demoras en la actualización de la información, pues el cambio sería reciente.
Señaló que no interviene en la gestión de la empresa y que tampoco se beneficia
de ésta.
Aunque Juan Manuel Fernández Ortega está vinculado a
tres sociedades, asegura que no hace caja: «Yo no cobro de la empresa». En su
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente
a 2015 -a devolver- se limitó a reflejar el sueldo que le correspondía como director general de
la Junta.
Insiste en que ha separado «exquisitamente» su vida de gobernante del ámbito
«privado» y que «no hay ningún tipo de incompatibilidad, es público».
FRAUDE DE LA FORMACIÓN
La Junta 'acosa' otra vez al testigo
protegido de los cursos
- Mantiene sin claves informáticas desde hace meses y pese a las reiteradas quejas al departamento que dirige el funcionario que destapó ante Alaya el fraude de la formación
La ofensiva de la Junta de
Andalucía, que preside la socialista Susana Díaz, contra el funcionario que
relató ante la juez Alaya un sinfín de irregularidades en los cursos de
formación subvencionados con casi 3.000 millones de euros durante una década,
no cesa.
El empleado público, al que la juez Alaya concedió
la categoría de «testigo protegido» precisamente en respuesta a las presiones y amenazas que
sufrió tras destapar el fraude, lleva desde el pasado mes de enero sin claves informáticas para poder hacer su trabajo como jefe del departamento de
Gestión de Formación Profesional Ocupacional (PFO), según denuncia el
funcionario en numerosos escritos a los que tuvo acceso EL MUNDO y que han sido
remitidos a varios altos cargos de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Este episodio se une a la denuncia que hizo este funcionario el pasado
diciembre ante el Parlamento andaluz para que lo amparase, después de que la
Delegación Territorial de Economía y Empleo de la Junta en Sevilla fuera, poco
a poco, vaciando de competencias el departamento que dirige, hasta tal punto de
que de los 45 técnicos que llegó a tener a su cargo le quedaban menos de diez.
Esta denuncia desencadenó una gran bronca política en la Cámara andaluza, ya que
no llegó a sus destinatarios y fue eliminada del registro.
Lo más grave del nuevo episodio de acoso es
que el testigo protegido no es el único empleado público sin claves informáticas y
sin poder hacer su trabajo de control y verificación
de los cursos de formación que la
Junta de Andalucía trata de poner en marcha tras permanecer más de cinco años
paralizados precisamente por el escándalo.
La propia Susana Díaz admitió en el Parlamento andaluz el 8 de octubre de 2015 que
dio la orden de mantener la paralización de los cursos ante las sospechas de un
presunto fraude que investigan varios juzgados. Esta paralización ha provocado
que Andalucía pierda al menos 800
millones de euros en subvenciones de la Unión
Europea.
Todo el departamento, parado
Según las denuncias que el testigo protegido ha
presentado ante sus superiores, a las que tuvo acceso este diario, todo el
departamento entero de Gestión de Formación Profesional Ocupacional (PFO) está
sin claves informáticas. En total son ocho empleados públicos.
«Cansado y aburrido de solicitarle a mi jefe de
servicio de Formación Profesional para el Empleo (FPE) las claves de las
distintas aplicaciones y herramientas informáticas sin obtener resultado
alguno, lo puse en su conocimiento mediante escrito de fecha de registro
10/5/2017. Sin obtener al día de hoy noticia alguna respecto a lo solicitado»,
expone en el escrito remitido al delegado territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de Sevilla, Juan Borrego Romero, el pasado 5 de junio.
Tras llevar meses pidiendo las claves, el
funcionario pide «con urgencia que se facilite al departamento de Gestión de
FPO las claves solicitadas y, en caso negativo, exijo que se me dé por escrito
la intención de mis superiores de que el departamento de Gestión de FPO no
trabaje para poder actuar en consecuencia».
En el documento, el testigo protegido relata que los
ocho empleados públicos que forman parte de su departamento están sin claves informáticas desde el
pasado 11 de enero, cuando el servicio de
Formación Profesional para el Empleo (FPE) se trasladó desde la sede de la
Delegación de Educación en la Ronda del Tamarguillo de Sevilla al edificio de
Los Bermejales, también en la capital hispalense.
Curiosamente, ante el desbarajuste que había en los
expedientes de ayudas para la formación que custodiaba la Junta, el ex
interventor general del Gobierno andaluz, durante su declaración ante la
comisión de investigación abierta en el Parlamento sobre este asunto, recurrió
a una frase coloquial que se usa en el ámbito administrativo y dijo que, cada vez
que hay un trasvase de competencias y trasiego de papeles y mudanzas de una
oficina a otra de la Junta, se produce «un pequeño incendio». Fue cuando la
diputada de Izquierda Unida Elena Cortés dio un respingo y proclamó: «¡Pero si
esto es el coloso en llamas!».
En el caso del testigo protegido y todo su
departamento, la mudanza ha servido para privarles de las claves
informáticas y mantenerlos casi de brazos cruzados sin poder fiscalizar las
tareas que tienen encomendadas relacionadas con los cursos de formación.
El funcionario de la Junta ha enviado al menos cinco escritos a sus superiores pidiendo las claves informáticas para poder trabajar. El pasado 22 de mayo se dirigió al director general de
Formación Profesional para el Empleo, Manuel Jesús García, y a la viceconsejera
de Empleo, Empresa y Comercio, María José Asensio.
FONDOS PÚBLICOS
La Junta culpa a sus abogados del error que exime a
UGT de devolver una subvención de un millón
- El PP pregunta si los errores se cometieron "a posta" y exige responsabilidades políticas
La Junta ha culpado a sus
servicios jurídicos del error que exime
a la federación andaluza de UGT de devolver una subvención de un millón
de euros que le reclamaba el Gobierno andaluz, que preside la socialista SusanaDíaz.
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José
Sánchez Maldonado, ha explicado este
jueves en el pleno del Parlamento andaluz que los servicios jurídicos de la
Junta, en el marco de su "independencia"
y basándose en la Ley General de Subvenciones,
decidieron que no procedía iniciar
una revisión de oficio para reclamar a UGT-A que devolviera un millón de euros
correspondiente al Plan Orienta.
Una reciente sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucia (TSJA), de la que viene informando EL MUNDO, ha fallado contra la Junta y ha eximido a UGT de devolver la
subvención de un millón de euros porque el procedimiento que había iniciado la
Administración era incorrecto y sí debía haber
optado por la "revisión de oficio", el mismo cauce que se está usando para recuperar el dinero
desviado de los ERE.
Pese al varapalo judicial, el
consejero considera que la Junta no ha cometido ningún error y que si acaso sería
"discutible" el procedimiento iniciado
por la Junta para recuperar el dinero presuntamente desviado.
La sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del TSJA, del 18 de abril pasado, faculta
«plenamente» al Gobierno andaluz para iniciar la revisión de las ayudas
concedidas a UGT cuando tuvo conocimiento de las «irregularidades»
a través de las informaciones periodísticas
sobre la presunta trama de las facturas falsas.
Sin embargo, el TSJA le advierte a la Junta que debe
someterse al «principio de legalidad» y recuperar el dinero que UGT haya podido
desviar a través del «procedimiento legalmente establecido y dentro del marco
que posibilite el ordenamiento jurídico». Y ese procedimiento es la «revisión
de oficio», el mismo que se está siguiendo para
recuperar el dinero de los ERE. Por ello y sin
valorar si UGT desvió o no la ayuda, el TSJA concluye que es «innecesario entrar a examinar» este asunto
ante la «inviabilidad del procedimiento
de reintegro iniciado» por
la Junta, lo que determina su nulidad.
Pese a la derrota judicial, el consejero sostuvo que
han ganado otros pleitos similares
al de UGT, en los que reclamaban la devolución de otras subvenciones. «Tenga la
seguridad de que todos los procedimientos de reclamación de subvenciones se
llevan a cabo siguiendo escrupulosamente el marco legal establecido», dijo
Sánchez Maldonado.
La diputada del PP Teresa
Ruiz-Sillero, que ha interpelado al
consejero Sánchez Maldonado por este asunto, se ha preguntado si el Gobierno
andaluz había cometido este error
"a posta" y ha
pedido "responsabilidades políticas" por la ineficacia de la
Administración a la hora de recuperar subvenciones presuntamente desviadas.
Trama de las facturas falsas.
La Junta comenzó a revisar las ayudas del Plan Orienta
y otras concedidas a UGT-A después de que este diario y otros medios publicaran
informaciones sobre los desvíos de subvenciones protagonizados por este
sindicato, que se gastó fondos públicos en comilonas de la Feria de Abril de Sevilla y en regalos para los asistentes a sus congresos.
El Plan Orienta fue concebido por la Junta para
luchar contra el paro a través de servicios de orientación para los
desempleados. UGT empleaba la subvención en contratar a los orientadores. Entre
los presuntos desvíos en este programa destaca que el sindicato se gastó -este
diario publicó los extractos bancarios- parte de la ayuda pública en pagar los
despidos de estos trabajadores, dándose la paradoja de que una subvención concebida para crear empleo se
termina gastando en despedir a empleados.
UGT también cargó al Plan Orienta la factura
más inflada que este diario pudo documentar. Se trata de unos recibos cuyo
valor real multiplicó por 217, al pasar de los 421 euros que costaron 10
cuadernos, 10 cuelgabolsos, 10 estuches marcapáginas, 10 mochilas y 10
pendrives a los 91.102 euros que pagó
la Junta por el pedido ficticio de 7.000 unidades.
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