¿Lo oculto?
- El denunciante de la causa le advierte del juego con las «administraciones paralelas» para burlar el derecho administrativo y de una «mafia de privilegios» de horario y económicos en Medio Ambiente para los que «firman»
Todo está diseñado como un juego trucado en el «sistema andaluz» de contratación. Esto es en corto lo que ha trasladado el funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio J. G. D. a la instructora del «caso Infoca», María de los Reyes Flores. En la ampliación de su denuncia originaria, a la que tuvo acceso LA RAZÓN, el técnico alerta a la jueza del uso de un esquema en el seno de la Administración autonómica que habría observado en sus trece años de servicio en distintos destinos del Gobierno regional y que podría favorecer el fraude. Éste arranca, según el denunciante, con que no sean las consejerías de la Junta per sé las que promuevan contratos, sino que se haga en lo que denomina «la primera ‘administración paralela’ que son las empresas públicas». Esto permite, asevera, que «se pueda saltar la ley de contratos cuando pueda haber algún tipo de riesgo de concurrencia» y eludir el «derecho administrativo y sus garantías». Luego, sostiene, para que nadie pueda «avisar» si advierte alguna anomalía, entraría en juego, «la segunda ‘Administración paralela’».
«Para que nadie diga que esto
es un sistema espurio, que roba todos los años miles de millones», añade, o
dicho de otro modo, para «legitimar» un
sistema que tilda de «infernal», se crean «consejos de participación en medio
ambiente, salud, asuntos sociales, vivienda, obras públicas, justicia, etc.»,
cuya composición y funciones se regula vía decreto y en los que se incluye a
«representantes de sindicatos, de confederaciones de empresarios, de profesores
de universidad, de federaciones de asociaciones, de colegios profesionales...». Personas, en
definitiva, con «conocimientos y medios para denunciar algo», a los que en ocasiones se les paga alguna
retribución o a los entes a los que pertenecen se les otorgan subvenciones,
cursos u otros incentivos. «Y entonces, ya libres del derecho administrativo»,
y con silencios «cómplices», suma J. G.
D., volvería a entrar en plano la primera «Administración paralela» junto a la «tercera», en la que el
funcionario incluye a «todas las empresas que resultan subcontratadas» en las
entidades públicas y donde está, a su entender, el quid de la cuestión, ya que
«ahí no rige la ley de contratos ni la ley general presupuestaria, que es lo
fundamental». Las empresas
públicas, traslada al juzgado sevillano, carecen de «los controles que hay en
las consejerías», pero, sin embargo, «como siguen conservando su condición de
públicas» no tendrían que hacer frente de forma habitual a una inspección de la
Agencia Tributaria, los bancos no pondrán en duda sus transferencias y están
excluidas de la ley de blanqueo de capitales. Esto último también sucede respecto a las
administraciones en general, anota, pero en ellas hay más filtros de vigilancia
que pasar que en el caso de las
empresas públicas que se limita en esencia al de la Cámara de Cuentas de
Andalucía. Un organismo que, en su opinión, no profundiza en sus
informes centrados en esos entes, los realiza cada demasiado tiempo y lo hace
de manera «generalista».
Al margen de ese escenario global que dibuja, J. G. D.
transmite a la magistrada que en la Consejería de
Medio Ambiente existe «una mafia de privilegios» de horarios y económicos que
«lleva años funcionando». Un método «conocido, consentido y auspiciado por los
altos cargos, para aquellas personas que se prestan a lo que sea». Una
«estrategia de ventajas» para quienes «firman» que se da, de acuerdo a su
anguloso escrito, en su servicio y en otros «donde hay» lo que califica de
«cosas extrañas» y que, recalca, «es conocido, permitido y auspiciado por la
consejería». El técnico se excluye del grupo de beneficiarios y recuerda que ha
sufrido un expediente disciplinario e incluso «han intentado incapacitarlo
mediante la inspección de salud de la Junta» cuando «no estaba ni de baja».
Ecologistas en Acción busca que se amplíe el número de
señalados
La organización Ecologistas en Acción está personada en la causa que cimenta el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla en torno a la adjudicación de medios aéreos para el Plan Infoca entre 2015 y 2018 y ha pedido una reunión con la Fiscalía porque insiste en que «Anticorrupción tiene que implicarse» en el proceso judicial por las consecuencias que podría tener. De hecho, según trasladó a este periódico uno de sus portavoces, Armando Cáceres, confían en que se acabe ampliando el número de investigados, «sobre todo, en cuanto a los responsables de los pliegos de prescripciones técnicas» de los contratos ahora bajo la lupa judicial, así como «de la mesa» que los asignó a través de un concurso público.
La organización Ecologistas en Acción está personada en la causa que cimenta el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla en torno a la adjudicación de medios aéreos para el Plan Infoca entre 2015 y 2018 y ha pedido una reunión con la Fiscalía porque insiste en que «Anticorrupción tiene que implicarse» en el proceso judicial por las consecuencias que podría tener. De hecho, según trasladó a este periódico uno de sus portavoces, Armando Cáceres, confían en que se acabe ampliando el número de investigados, «sobre todo, en cuanto a los responsables de los pliegos de prescripciones técnicas» de los contratos ahora bajo la lupa judicial, así como «de la mesa» que los asignó a través de un concurso público.
Conclusión:
¿Es usted un ciudadano normal o todavía piensa, versus para que se crea y consolida la Administración paralela, la del Régimen?
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