FONDOS
PÚBLICOS
- El TSJA da la razón al sindicato en uno de los 27 pleitos en los que la Administración le exige más de 15 millones por irregularidades en las ayudas
FONDOS PÚBLICOS
La
Junta usa una vía errónea para reclamar el dinero a UGT
- El TSJA da la razón al sindicato en uno de los 27 pleitos en los que la Administración le exige más de 15 millones por irregularidades en las ayudas
La Junta de Andalucía, que preside la
socialista Susana
Díaz, está reclamando a la federación
andaluza de UGT, que lidera la secretaria general Carmen Castilla, que devuelva más de
15 millones de euros en subvenciones que no
destinó a los fines previstos a través de un procedimiento erróneo, que podría
dar al traste con la recuperación del dinero público desviado.
En vez de abrir expedientes
de reintegro, como ha hecho, para recuperar al menos 27
subvenciones que suman cantidades millonarias y superiores a los 15 millones, tenía que
haber iniciado procedimientos de «revisión de
oficio», idénticos a los
que la Administración andaluza están tramitando para recuperar el dinero
presuntamente defraudado a través de los ERE
irregulares.
Es lo que se desprende de la sentencia
de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que da la razón a UGT-A, al
exonerarlo de devolver los 1.061.063,13 euros que le reclamaba la Junta por las
irregularidades detectadas en el plan
Orienta del año 2009, subvencionado con
5,7 millones de euros.
Se trata de uno de los múltiples
pleitos en los que se enfrentan UGT y la Junta, después de que EL MUNDO y otros
medios destaparan la presunta trama de
las facturas falsas y los desvíos de subvenciones,
que terminaron costeando comilonas en la
feria de Sevilla y los 700 maletines fabricados en Asia que el sindicato
repartió entre los asistentes a uno de sus congresos regionales.
No hay “causa
general”
La sentencia del TJSA, fechada el 18 de
abril pasado, faculta «plenamente» al Gobierno andaluz para iniciar la revisión
de las ayudas concedidas a UGT cuando tuvo conocimiento de las
«irregularidades» a través de las informaciones periodísticas. Esta revisión
constituye un «deber» de la
Junta para «remediar en la medida de lo legalmente posible, las perniciosas
consecuencias que para el erario público esta presunta actuación fraudulenta hubiera
supuesto», falla el TSJA, que no cree que haya una «causa general» contra
UGT-A, como decía el sindicato.
Aunque la Junta puede revisar las
ayudas, debe someterse al «principio de
legalidad» y recuperar el dinero que UGT haya podido desviar a través del
«procedimiento legalmente establecido y dentro del marco que posibilite el
ordenamiento jurídico», dice la sentencia.
Y ese procedimiento es la «revisión de
oficio», el mismo que se está siguiendo para recuperar el dinero de los ERE y que incluye la intervención del Consejo
Consultivo de Andalucía para que dictamine la nulidad de la ayuda. La Junta tenía que
haber iniciado una revisión de oficio y no un reintegro -razona el TSJA- porque
«la Administración ya ha comprobado que la actividad se ha desarrollado y que
el gasto que se dice realizado ha sido adecuado y plenamente justificado,
liquidando definitivamente la subvención».
«No resulta procedente que con
posterioridad» a la justificación de la ayuda, el Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) inicie un «expediente de información
reservada dirigido a lo que ya ha sido anteriormente objeto de comprobación, esto es,
justificar que los gastos son los correctos».
Opacidad.
La sentencia del TJSA, fechada el 18 de
abril pasado, faculta «plenamente» al Gobierno andaluz para iniciar la revisión
de las ayudas concedidas a UGT cuando tuvo conocimiento de las
«irregularidades» a través de las informaciones periodísticas. Esta revisión
constituye un «deber» de la
Junta para «remediar en la medida de lo legalmente posible, las perniciosas consecuencias que para el erario público esta
presunta actuación fraudulenta hubiera supuesto», falla el TSJA, que no cree
que haya una «causa general» contra UGT-A, como decía el sindicato.
Aunque la Junta puede revisar las
ayudas, debe someterse al «principio de
legalidad» y recuperar el
dinero que UGT haya podido desviar a través del «procedimiento legalmente
establecido y dentro del marco que posibilite el ordenamiento jurídico», dice
la sentencia.
Y ese procedimiento es la «revisión de
oficio», el mismo que se está siguiendo para recuperar el dinero de los ERE y que incluye la intervención del Consejo
Consultivo de Andalucía para
que dictamine la nulidad de la ayuda. La Junta tenía que haber iniciado una
revisión de oficio y no un reintegro -razona el TSJA- porque «la Administración
ya ha comprobado que la actividad se ha desarrollado y que el gasto que se dice
realizado ha sido adecuado y plenamente justificado, liquidando definitivamente
la subvención».
«No resulta procedente que con
posterioridad» a la justificación de la ayuda, el Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) inicie un «expediente de información
reservada dirigido a lo que ya ha sido anteriormente objeto de comprobación, esto es,
justificar que los gastos son los correctos».
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