viernes, 26 de mayo de 2017

La Junta usa una vía errónea para reclamar el dinero a UGT = ¿Y esto pasa con los sindicatos amigos; casualidad o causalidad juntera?

FONDOS PÚBLICOS 



  • El TSJA da la razón al sindicato en uno de los 27 pleitos en los que la Administración le exige más de 15 millones por irregularidades en las ayudas


FONDOS PÚBLICOS
La Junta usa una vía errónea para reclamar el dinero a UGT

  • El TSJA da la razón al sindicato en uno de los 27 pleitos en los que la Administración le exige más de 15 millones por irregularidades en las ayudas


La Junta de Andalucía, que preside la socialista Susana Díaz, está reclamando a la federación andaluza de UGT, que lidera la secretaria general Carmen Castilla, que devuelva más de 15 millones de euros en subvenciones que no destinó a los fines previstos a través de un procedimiento erróneo, que podría dar al traste con la recuperación del dinero público desviado.

En vez de abrir expedientes de reintegro, como ha hecho, para recuperar al menos 27 subvenciones que suman cantidades millonarias y superiores a los 15 millones, tenía que haber iniciado procedimientos de «revisión de oficio», idénticos a los que la Administración andaluza están tramitando para recuperar el dinero presuntamente defraudado a través de los ERE irregulares.

Es lo que se desprende de la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que da la razón a UGT-A, al exonerarlo de devolver los 1.061.063,13 euros que le reclamaba la Junta por las irregularidades detectadas en el plan Orienta del año 2009, subvencionado con 5,7 millones de euros.

Se trata de uno de los múltiples pleitos en los que se enfrentan UGT y la Junta, después de que EL MUNDO y otros medios destaparan la presunta trama de las facturas falsas y los desvíos de subvenciones, que terminaron costeando comilonas en la feria de Sevilla y los 700 maletines fabricados en Asia que el sindicato repartió entre los asistentes a uno de sus congresos regionales.






No hay “causa general”
La sentencia del TJSA, fechada el 18 de abril pasado, faculta «plenamente» al Gobierno andaluz para iniciar la revisión de las ayudas concedidas a UGT cuando tuvo conocimiento de las «irregularidades» a través de las informaciones periodísticas. Esta revisión constituye un «deber» de la Junta para «remediar en la medida de lo legalmente posible, las perniciosas consecuencias que para el erario público esta presunta actuación fraudulenta hubiera supuesto», falla el TSJA, que no cree que haya una «causa general» contra UGT-A, como decía el sindicato.

Aunque la Junta puede revisar las ayudas, debe someterse al «principio de legalidad» y recuperar el dinero que UGT haya podido desviar a través del «procedimiento legalmente establecido y dentro del marco que posibilite el ordenamiento jurídico», dice la sentencia.
                              
Y ese procedimiento es la «revisión de oficio», el mismo que se está siguiendo para recuperar el dinero de los ERE y que incluye la intervención del Consejo Consultivo de Andalucía para que dictamine la nulidad de la ayuda. La Junta tenía que haber iniciado una revisión de oficio y no un reintegro -razona el TSJA- porque «la Administración ya ha comprobado que la actividad se ha desarrollado y que el gasto que se dice realizado ha sido adecuado y plenamente justificado, liquidando definitivamente la subvención».

«No resulta procedente que con posterioridad» a la justificación de la ayuda, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) inicie un «expediente de información reservada dirigido a lo que ya ha sido anteriormente objeto de comprobación, esto es, justificar que los gastos son los correctos».

Opacidad.

La sentencia del TJSA, fechada el 18 de abril pasado, faculta «plenamente» al Gobierno andaluz para iniciar la revisión de las ayudas concedidas a UGT cuando tuvo conocimiento de las «irregularidades» a través de las informaciones periodísticas. Esta revisión constituye un «deber» de la Junta para «remediar en la medida de lo legalmente posible, las perniciosas consecuencias que para el erario público esta presunta actuación fraudulenta hubiera supuesto», falla el TSJA, que no cree que haya una «causa general» contra UGT-A, como decía el sindicato.

Aunque la Junta puede revisar las ayudas, debe someterse al «principio de legalidad» y recuperar el dinero que UGT haya podido desviar a través del «procedimiento legalmente establecido y dentro del marco que posibilite el ordenamiento jurídico», dice la sentencia.

Y ese procedimiento es la «revisión de oficio», el mismo que se está siguiendo para recuperar el dinero de los ERE y que incluye la intervención del Consejo Consultivo de Andalucía para que dictamine la nulidad de la ayuda. La Junta tenía que haber iniciado una revisión de oficio y no un reintegro -razona el TSJA- porque «la Administración ya ha comprobado que la actividad se ha desarrollado y que el gasto que se dice realizado ha sido adecuado y plenamente justificado, liquidando definitivamente la subvención».

«No resulta procedente que con posterioridad» a la justificación de la ayuda, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) inicie un «expediente de información reservada dirigido a lo que ya ha sido anteriormente objeto de comprobación, esto es, justificar que los gastos son los correctos».

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