"El Cortijo". Episodio V.
Clientelismo, corrupción y despilfarro.
TRIBUNALES. Descontrol, pero no
delito en las Unidades Territoriales de Empleo
- El juez archiva la causa en la que estaba imputado el ex consejero Antonio Ávila al entender que "no existen indicios racionales" de delito
TRIBUNALES. La Junta, condenada a pagar 100.000 euros por el cese ilegal de un médico
- «Los responsables de las irregularidades deben pagar de su bolsilo», dice el facultativo del Hospital de Riotinto
- Absueltos porque otros cargos del SAS avalaron el nombramiento irregular
El médico que
acaba de ganar el pleito al SAS tiene previsto donar a
asociaciones culturales y deportivas de Riotinto la primera productividad que cobre
cuando sea repuesto en su puesto de jefe de servicio.Lo hace para llamar la atención
sobre estos pluses. El SAS «los vende como una
superación de objetivos, pero sirven para comprar a los
médicos con objetivos perversos, como no derivar al
especialista, recetar genéricos o que no se hagan determinadas pruebas
diagnósticas». Todas
estas iniciativas son para «intentar defender a la profesión médica y a los
enfermos ante la politización y la mercantilizción de la sanidad pública»,
añadió Perea.
Un ente formador
de la Junta contrata para su personal servicios de formación
- El instituto de administración pública pagará 162.890 euros por la externalización
TRIBUNALES
Descontrol, pero no delito en
las Unidades Territoriales de Empleo
- El juez archiva la causa en la que estaba imputado el ex consejero Antonio Ávila al entender que "no existen indicios racionales" de delito
Las ayudas que en diciembre de 2012
firmó el entonces consejero de Empleo, Antonio Ávila, para financiar los despidos de las plantillas de las Unidades
Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico -más conocidas por sus
siglas, Utedlt- se ajustaron a la ley. Es la conclusión a la que ha llegado el
juez Carlos Mahón después de investigar las supuestas irregularidades puestas
de manifiesto en un informe
de la Cámara de Cuentas sobre estas entidades a raíz del cual actuó la Fiscalía.
El titular del Juzgado de Instrucción 2
de Sevilla ha archivado, en un auto fechado el pasado 25 de abril, las
actuaciones por las que llegaron a estar investigados -lo que antes era
imputados- 30 personas, entre
ellas el ex consejero Ávila y altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo (del que Ávila
era presidente y desde el que otorgaron las ayudas), así como agentes locales
de promoción y empleo (los conocidos como Alpes).
El juez Mahón señala en el auto
difundido ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que «no
existen indicios racionales de delito» en la actuación de Ávila y tampoco en
las del resto de imputados, por lo que procede el sobreseimiento.
En total, el ex consejero de Empleo concedió 94
subvenciones extraordinarias, una por cada una de las unidades territoriales de empleo, para
pagar las indemnizaciones por despido de su personal y «todos y cada uno» de
los expedientes correspondientes se tramitó, señala el juez
de Instrucción 2 de Sevilla, siguiendo la Ley 28/2003 que regula las subvenciones excepcionales.
Además, destaca el magistrado que antes
de ello se elaboró una memoria
justificativa por parte de la jefe de
servicio de Promoción del Desarrollo Local que justificaba el «evidente interés social» de las ayudas al tratarse de hacer frente a los
despidos y que sólo cabía acudir a este tipo de subvenciones en función de la
orden de 2004 que regulaba las Utedlt.
En conclusión, la actuación de Antonio Ávila «es ajustada
a derecho al haberse aprobado la concesión de las ayudas excepcionales conforme
a la ley que las regula».
No hubo delito, pero, eso sí, el juez
Mahón advierte de que sí hubo descontrol de la gestión de estas unidades territoriales de empleo.
En palabras del magistrado, huno una «falta de control efectivo sobre la
gestión desarrollada», aunque eso no significa,
precisa en su auto, que pueda hablar de una «mala gestión o una gestión
fraudulenta».
Se detiene, por ejemplo, en el caso de
las contrataciones, en las que la Cámara de Cuentas detectó numerosas
irregularidades que el juzgado no ha confirmado. Aunque e órgano fiscalizador
denunció falta de documentos acerca de los procesos de selección, el magistrado destaca que esos
procesos «no fueron caprichosos, sin normas y sometidos a directrices
individuales y personales».
TRIBUNALES
La Junta, condenada a pagar
100.000 euros por el cese ilegal de un médico
- «Los responsables de las irregularidades deben pagar de su bolsilo», dice el facultativo del Hospital de Riotinto
El Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) ha condenado a la Junta de Andalucía a pagar unos 100.000
euros al médico Rafael
Perea Carrasco, a quien apartó de forma
ilegal de la jefatura de servicio que ocupaba en el Hospital de Riotinto de Huelva en el año 2009.
Los 100.000 euros es la cantidad que,
aproximadamente, ha dejado de percibir el facultativo Rafael Perea desde el 28
de julio de 2009, cuando la gerencia del Hospital Minas de Riotinto dio por amortizada la plaza que ocupaba como jefe de servicio de
Análisis Clínicos y pasó a ser médico adjunto, perdiendo el complemento
salarial correspondiente durante ocho años. La cuantía económica de la condena,
no obstante, todavía no se ha fijado de forma definitiva, por lo que podría
sufrir alguna modificación.
A Rafael Perea le gustaría que pagaran de su bolsillo los responsables de su cese ilegal. «Es muy injusto que, después de todo lo
que han hecho y lo que mi familia y yo hemos sufrido, se vayan de rositas y la
condena la tengan que pagar los andaluces», dijo a EL MUNDO el facultativo.
«Los responsables de las irregularidades deben pagar; si fuera así y abonaran
un 20% de la condena de su dinero, las cosas serían muy distintas».
Para el facultativo, «tendría que haber
una responsabilidad personal y económica en los directivos
del SAS para que no pudieran quitarte de un puesto con el único argumento de que
'lo hago porque soy yo el que manda', como me ha ocurrido a mí».
Entre los responsables de su cese
irregular, Perea incluye al ex gerente del Hospital de Riotinto, Alfonso Haya, y Mari Paz Martín, también ex
gerente de este centro hospitalario onubense y ex directora general del
Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Ambos ex directivos fueron
juzgados por un delito de prevaricación
relacionado con el nombramiento irregular que hicieron como directora de una unidad
de gestión clínica en el Hospital de Riotinto de una médico a la que situaron por encima de
Rafael Perea. Ambos quedaron
absueltos, si bien los tribunales, en la
vía contencioso administrativa, han puesto al descubierto todo el cúmulo de irregularidades
del proceso.
La última sentencia que condena a la
Junta a pagar al médico los 100.000 euros es de la Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del TSJA, que ha ratificado un fallo de un
juzgado de Huelva, que declaró «no ajustada a
derecho» y dejó sin efecto la resolución del SAS en la que amortizaba la plaza de
jefe de servicio de Análisis Clínicos que ocupaba Rafael Perea el 28 de julio
de 2009.
Los magistrados del TSJA reconocen el
derecho de este facultativo «a ser repuesto en la Jefatura del Servicio de
Análisis Clínicos del Hospital Riotinto de Huelva con todos los efectos
económicos y administrativos correspondientes desde la fecha en que se produjo el
cese, condenando al SAS a estar y pasar por dicha declaración».
“Una
Vendeta”
El SAS alegó que la amortización de la
plaza que ocupaba Rafael Perea «no obedeció a una especie de vendetta» contra
este facultativo, ya que estaba incluida en «un amplio paquete de
amortizaciones que buscaba optimizar los
recursos» en el Hospital de
Riotinto.
Sin embargo, los magistrados no se lo han creído. Frente a las excusas del SAS, el TSJA resalta la «falta de motivación» y «ausencia de un real fundamento en la
decisión de amortización de la jefatura», por lo que anula la decisión
Perea,
tras 25 años de trabajo en el Hospital de Riotinto, se quedó en 2009 sin la jefatura que ocupaba,
después de que su plaza fuera amortizada por la supuesta duplicidad que se
producía con la unidad de gestión clínica a cuyo frente situaron a una médico
interina afín a la dirección en un proceso plagado de irregularidades. Tras
denunciar en los tribunales los amaños de los directivos del SAS, su plaza fue
amortizada, fue degradado de
categoría y empezó a cobrar menos.
El último fallo del TSJA que condena a
la Junta a pagar el salario dejado de percibir durante los últimos ocho años es
el colofón a otras resoluciones judiciales que Rafael Perea ha ido ganando. El
TSJA, en enero de 2014, anuló el nombramiento de la médico
interina Margarita J.J. al frente de la unidad de gestión clínica, al haberse hecho
prescindiendo de cualquier convocatoria o procedimiento
legal, como ya informó este diario.
La letrada que ha representado al SAS en
los pleitos impulsados por Perea es Esperanza
Gallego,
cuñada del ex gerente del SAS José Luis
Gutiérrez. La
propia Gallego también protagonizó un presunto nombramiento irregular al frente
de la asesoría jurídica
del SAS, cuando su cuñado era el máximo responsable del SAS, como
publicó EL MUNDO en febrero de 2011.
Contra
una sanidad “politizada”
El médico que acaba de ganar el pleito
al SAS tiene previsto donar a asociaciones culturales y deportivas de Riotinto
la primera productividad que cobre cuando sea repuesto en su
puesto de jefe de servicio.
Lo hace para llamar la atención sobre
estos pluses. El SAS «los vende como una superación de objetivos, pero sirven
para comprar a los médicos con objetivos
perversos, como no derivar al especialista,
recetar genéricos o que no se hagan determinadas pruebas diagnósticas».
Todas estas iniciativas son para
«intentar defender a la profesión médica y a los enfermos ante la politización y la mercantilizción de
la sanidad pública», añadió Perea.
Un ente formador de la Junta
contrata para su personal servicios de formación
·
El instituto de administración pública pagará 162.890 euros por la externalización.
El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) es uno de los entes que orbitan en el sistema creado en torno a la Consejería de Hacienda de la Junta que dirige María Jesús Montero. Entre sus funciones se encuentra la investigación, el estudio y la difusión de materias que afectan a las administraciones públicas andaluzas y la formación del personal al servicio del Gobierno autonómico. Aunque ahora el formador ha contratado servicios formativos tras recurrir, como hacen desde múltiples entidades del Ejecutivo regional sin particulares azoramientos, a la externalización.
En
esta ocasión el objeto de la contrata pasaba por cubrir servicios de «asistencia técnica para
el asesoramiento y desarrollo de acciones de formación y coordinación dirigidas
a personal docente y gestor» que colabora, a su
vez, con el desarrollo del plan anual formativo del instituto, así como
garantizarse el «seguimiento, actualización y mejora de aquellos sistemas que
se han implantado en años anteriores», según ha quedado constancia en el pliego
de cláusulas administrativas particulares elaborado para esta cobertura al que
se puede acceder a través de la plataforma de contratación virtual que llena de
contenidos la propia Junta. De
acuerdo a la resolución de adjudicación, firmada por el director de la entidad
contratante, José María Sánchez, la contrata se ha asignado a la unión temporal
de empresas (UTE) Dopp-Timón, ya que su oferta, según se asevera en ese
documento consultado por LA RAZÓN, era la más favorable en la medida en que era
la que mejor se «adecuaba» a los «requerimientos previstos» en los pliegos
técnicos ligados al contrato y, por tanto, a «las necesidades de la
administración». La elección se ha llevado a cabo esta vez a través de un
procedimiento abierto. ¿El precio a pagar por la
asesoría? Un importe de 140.000
euros, al que hay que añadir un IVA de 22.890, por lo que el global a abonar
con fondos públicos se eleva hasta los 162.890
euros. Se ha fijado un plazo de
ejecución que se expande hasta el 31 de enero de 2019, a contar a partir de la
asignación del contrato desgranado.
El IAAP no está en la lista de entes
del Gobierno autonómico que carecen por completo de funcionarios de carrera en
su plantilla y sí cuenta con alguno. Como lo hace con planes anuales de formación
y en concreto el relativo a 2017 se ha articulado en torno a la consecución de
siete objetivos fundamentales que incluye la optimización de «los procesos de
detección de necesidades formativas, selección y planificación» en ese campo
para responder a los «auténticos retos» de una «administración eficaz».
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