EL CORTIJO. Episodio II:
"Susana, ¿dónde coño está el dinero?"
El cortijo», la serie de Spiriman sobre Andalucía que nunca emitirá Canal
Sur.
- Jesús Candel y dos funcionarios críticos con la Junta lanzan vídeos a través de Internet para analizar la gestión del PSOE
Este es el enlace al vídeo:
"EL CORTIJO" Episodio I
CONFERENCIA. La juez Alaya carga contra PP y PSOE: «No se me permitió quedarme con el
caso ERE»
- La magistrada aseguró que los fiscales «no mueven un dedo si no reciben órdenes de Madrid»
El primer juicio de los ERE tendrá 22 acusados, entre ellos los expresidente andaluces Chaves y Griñán
- El número de procesados se ha fijado una vez que la Audiencia ha dado por resueltos los recursos de los imputados
Conclusión: la Sociedad Civil, tiene que actuar.
Necesitamos que los servidores públicos de verdad, protejan el interés general de los ciudadanos. La forma de hacerlo, es sumar desde nuestros respectivos puestos de trabajos, somos muchos policías, bomberos, militares, jueces, fiscales, médicos, sanitarios, funcionarios, profesores, etc, los que estamos al servicio del interés general. Es necesario que con contundencia y serenidad, nos opongamos a lo que no se puede hacer; no hay que mirar hacia otro lado ni callar, simplemente, hay que ir arrinconando a los corruptos. Todos somos uno en esto, porque si todos arrimamos el hombro, cambiaremos este panorama de corrupción que nos asola. Los colaboradores necesarios de la corrupción, que tomen nota.
¡¡¡BASTA YA DE IMPUNIDAD Y DE CORRUPCIÓN POLITICA E INSTITUCIONAL; NO CON EL DINERO DE MIS IMPUESTOS!!!!
"No dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así" Margaret Mead.
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-cortijo-serie-spiriman-sobre-andalucia-nunca-emitira-canal-201704272210_noticia.html
CONFERENCIA
La juez Alaya carga contra PP y PSOE:
«No se me permitió quedarme con el caso ERE»
- La magistrada aseguró que los fiscales «no mueven un dedo si no reciben órdenes de Madrid»
La juez Mercedes Alaya ha vuelto a hablar y, como siempre que lo hace, ha hecho
temblar con sus explosivas declaraciones a los estamentos judiciales, a la Fiscalía, a
la clase política y hasta a los medios de comunicación.
«A mí no se me permitió quedarme donde
estaba —dijo en referencia al caso ERE—. Yo estoy en la Sección Séptima (de la Audiencia Provincial
de Sevilla) porque no se me permitió quedarme
—mediante una comisión de servicios— porque el Consejo General del Poder Judicial votó unánime, PP y PSOE,
y por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía», según recoge la crónica del acto que publica el periódico
digital Valencia Plaza.
Contestó así a una de las pocas periodistas que
cubrieron el pasado miércoles una conferencia ofrecida por la magistrada en
Valencia, a instancias del Foro de Opinión Cívico de la Comunidad
Valenciana. Sólo parte de la prensa regional se
hizo eco de sus palabras. Nada que ver con la
legión de cámaras, fotógrafos, periodistas a la carrera y focos que hasta hace
dos años la enfocaban entrando en el juzgado de
Instrucción de Sevilla, donde investigó y desmontó la corrupción de los ERE en la Junta de Andalucía.
La juez, que se presentó ante el público como una
mujer «optimista y apasionada», demostró que le queda mucha más artillería de
la que despliega en sus autos. «No se puede utilizar a los fiscales como
lacayos», afirmó en relación a la tormenta
desatada en torno a la operación Lezo después de uno de los fiscales del caso
de supuesta financiación irregular del PP de Madrid denunciara que el fiscal
jefe Anticorrupción, Manuel Moix, le había exigido su renuncia «en tres días».
«No pueden existir cosas como las que hemos visto
con un ministro del Interior», afirmó, en alusión a las grabaciones
del anterior ministro, Jorge Fernández Díaz, y
el director de la Oficina Antifraude en Cataluña, Daniel de Alfonso, donde se
hablaba de buscar pruebas para incriminar a dirigentes de ERC y CDC en casos de
corrupción.
Los dardos más punzantes los dirigió hacia los
fiscales Anticorrupción. «No mueven un dedo si no reciben órdenes de
Madrid, porque lo he vivido», apuntó. Son, precisó, «la extensión del gobierno» de
turno. Según su diagnóstico, «el Ministerio Fiscal tiene dos problemas, la
jerarquía y la unidad de actuación». «El Gobierno elige al fiscal general del
Estado, y éste a los de Anticorrupción. El Gobierno está presente en todos los
casos de corrupción», dijo.
Ante esta tesitura, la única «esperanza» pasa por
fomentar la acusación popular. La juez mostró, como ya hizo en Granada, su
frontal rechazo a que los fiscales se hagan cargo de la investigación de causas
penales, como pretende el Gobierno: «Conceder la instrucción a un Ministerio Fiscal
absolutamente politizado dejará al juez como si fuese una figura de piedra.
No hay garantías de que nos
llegue la realidad de lo que se ha investigado».
También dejó jugosos titulares sobre las formaciones
tradicionales. Aquí dejó jugosos titulares, relató que, después del 15-M, «hay un
pacto de no agresión entre los grandes partidos para
asegurarse la supervivencia». PP y PSOE convinieron en que «no comentes mis
abusos, yo no comento los tuyos», según recoge Valencia Plaza.
Alaya cargó por último contra los medios de
comunicación asegurando que «están a favor del poder». «Los partidos políticos dan órdenes para
hablar muy poco de temas judiciales», concluyó
la magistrada.
REDES SOCIALES
«El cortijo», la serie de Spiriman sobre
Andalucía que nunca emitirá Canal Sur
- Jesús Candel y dos funcionarios críticos con la Junta lanzan vídeos a través de Internet para analizar la gestión del PSOE
Spiriman ha dado un paso más a su prolífica carrera
audiovisual de vídeo-denunciante. El médico de Urgencias que orquestó
la marea blanca que paró las fusiones hospitalarias en Granada acaba de lanzar, a través de las redes
sociales, el primero de los
capítulos de un serie titulada «El cortijo» donde
se propone dar leña al Gobierno de Susana Díaz.
Para su película por entregas se ha rodeado de un
reparto que, a buen seguro, hará recorrer algunos escalofríos por el cuerpo
autonómico. Son Antonio Barreda
y Luis Escribano, dos funcionarios de la
Junta de Andalucía que se han destacado como verdaderos azotes del Ejecutivo autonómico con los
análisis y artículos, con profusión de datos, que difunden a través de
digitales y blogs.
El primer episodio de este serial, grabado en una
cafetería en Antequera, comienza con Jesús Candel, nombre real del «superhéroe»
de las batas blancas, tarareando la famosa música de Nino Rota, la banda sonora
de la película «El padrino», quien asegura que enfrentarse al sistema, al igual
que sus acompañantes, «me ha costado casi la vida».
En el capítulo uno, el médico presenta a los dos
funcionarios que van a dar contenido a «El cortijo». A su izquierda,
Antonio Barreda, que
se definió como empleado público desde 1986, exliberado sindical y «ciudadano independiente». Sus denuncias sobre
prácticas irregulares aparecen los dos volúmenes titulados «La tela de araña andaluza: el poder de
un régimen» que escribió junto a Pedro de
Tena. Tras 38 años de
gobiernos socialistas, «seguimos en la cola de todos las estadísticas», declara
en el vídeo.
A la derecha de Spiriman, está el que fuera jefe
del servicio de cooperación económica de la Dirección General de Administración
Local en la Junta, Luis Escribano, quien denunció que fue relevado del puesto de libre designación que ocupaba al negarse a acatar las órdenes presuntamente irregulares del director
general Juan Manuel Fernández Ortega, un ex alcalde socialista que estaría
favoreciendo a municipios gobernados por el PSOE en Granada.
Comienza así un serial que no es apto para
espíritus sensibles y que no encontrarán, con toda seguridad, en la parrilla de
Canal Sur. ¡Yeahhh!
CASO ERE
El primer juicio de los ERE tendrá 22
acusados, entre ellos los expresidente andaluces Chaves y Griñán
- El número de procesados se ha fijado una vez que la Audiencia ha dado por resueltos los recursos de los imputados
La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el
procesamiento del ex
interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez y de
otros dos ex altos cargos en la «pieza política» de los ERE fraudulentos, resolviendo así todos los recursos
interpuestos en dicha pieza, por la que se sentarán finalmente en el «banquillo» 22 acusados, entre
ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En este sentido, fuentes
judiciales han informado a Europa Press de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial
de Sevilla ha dictado tres nuevos autos
en los que rechaza los recursos presentados contra su procesamiento por las defensas del ex interventor
general, el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y el ex
secretario general de Hacienda Antonio Estepa Giménez.
Con estos tres recursos, la Sección Séptima de la
Audiencia de Sevilla ha resuelto ya todos los recursos presentados contra el auto de procesamiento dictado el 31
de mayo de 2016 por el juez Álvaro Martín, de forma que en la pieza del
procedimiento específico de los ERE, conocida como pieza «política», serán juzgados por la
Sección Primera de la Audiencia un total de 22 ex altos cargos.
Cabe recordar que, en un principio, había 26 personas
procesadas en esta pieza separada, que podría ser la primera en enjuiciarse, pero la
Audiencia ha exculpado al exviceconsejero de
Empleo Justo Mañas; al exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera; al
exdirector general de la agencia
IDEA Antonio Valverde, y al exviceconsejero
de Innovación Gonzalo Suárez.
Entre los 22 ex altos cargos
procesados, y además de Chaves y Griñán, hay seis exconsejeros de la Junta de
Andalucía, como son José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Gaspar
Zarrías, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Magdalena Álvarez, dos
exviceconsejeros o dos ex directores generales de Trabajo.
Tras el procesamiento, la Fiscalía Anticorrupción
solicitó una condena de seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para
José Antonio Griñán, que fue procesado por delitos continuados de malversación
de caudales públicos y prevaricación, mientras que a Manuel Chaves le reclama
una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
En relación a Antonio Vicente Lozano y Antonio
Estepa, la
Sección Séptima de la Audiencia dice en sendos autos fechados el 26 de abril y
facilitados por el TSJA que «concurren indicios insuficientes para mantener la
imputación de los hechos que describe el auto recurrido, con independencia de la
calificación jurídico penal que merezca a las partes», ya que la resolución
recurrida «tan solo vincula en cuanto a los hechos que relata y la
participación en los mismos de personas concretas».
En el caso de Antonio Vicente Lozano, que fue director general de
Presupuestos entre el 21 de abril de 2002 y el 26 de abril de 2009, la
Audiencia señala que «tenía responsabilidad tanto en la elaboración del presupuesto
como en las modificaciones presupuestarias», punto en el que recuerda el informe de la Intervención
General de la Administración del Estado de diciembre de 2013 y los informes
complementarios.
«Sangría presupuestaria»
Estos informes señalan que, para realizar la Dirección General de Presupuestos la elaboración del
presupuesto de cada año en la Consejería de Empleo uno de los elementos que tenía en cuenta era la consulta de
las memorias de cuentas anuales de IFA/IDEA,
«que las conocía al examinar los déficit de los que informaba la Consejería en
cada anteproyecto de presupuesto».
Según expone la Audiencia, ese «desfase
negativo» ascendió a 30
millones en 2002, a 38 millones en 2003, a 93 millones en 2004, a 95 millones
en 2005, a 58 millones en 2006, a 40 millones en 2007 y a 33 millones en 2008, señalando que «este desfase continuado y sostenido no pudo pasar inadvertido al
apelante».
A juicio del tribunal, «estos déficit se mantuvieron
de manera continuada durante años parece que a ciencia y paciencia, entre
otros, del apelante, quien no puso coto a esta sangría
presupuestaria», a lo que se suma que las modificaciones presupuestarias que
incluyeron transferencias de financiación en la Consejería «ascendieron a ocho
en su mandato».
«Los indicios apuntan a que intervino en
la tramitación de todas ellas con conocimiento
del uso perverso que de ellas se efectuaba en la Consejería de Empleo», resalta la
Audiencia.
En el auto relativo a Antonio Estepa, que fue secretario general de Hacienda del 21 de mayo de
2000 al 15 de mayo de 2004, el tribunal afirma que, «como tal secretario
general, tras el consejero y el viceconsejero de la Consejería de Economía y Hacienda,
era el primer mando en el área de Hacienda, la
que tenía atribuida la competencia presupuestaria».
«Patente»
El acusado señalaba en su recurso que no tenía
competencia alguna en materia presupuestaria, pero la Audiencia
manifiesta que «Jera uno de
los máximos responsables en materia presupuestaria, como lo revela el hecho de
que era el impulsor y coordinador de la misma, aparte de estar orgánicamente
adscrita a esa Secretaría General la Intervención General de la Junta».
«Parece que desde el punto de vista
jurídico administrativo la
relación directa del apelante tanto respecto a la Dirección General de
Presupuestos e Intervención General era patente», prosigue la Audiencia, que agrega que, por todo ello, «se puede predicar indiciariamente que
tenía capacidad decisoria en materia presupuestaria».
El tribunal indica que «es cierto que tan solo aparece en las
modificaciones presupuestarias en una ocasión», pero esta modificación «tuvo lugar antes
de que las transferencias de financiación se incluyeran en el presupuesto de la
Consejería de Empleo», un dato que «es de suma importancia puesto que coincide
con la elaboración del anteproyecto de la Ley de Presupuestos del año 2002, en el que por primera vez se incluyeron en el
presupuesto esas transferencias».
«Y es de importancia porque precisamente el apelante
en la elaboración del anteproyecto citado formaba parte del grupo de trabajo
que, según el artículo 6.1.2 de la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se dictaron normas para la elaboración del
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2002, analizaba
los programas presupuestarios de las distintas consejerías», argumenta.
«Hito»
A todo ello hay que añadir que, de su propia declaración, «se infiere su participación
en la inclusión de las transferencias de financiación en la Consejería de
Empleo, que se introdujeron por primera vez en los presupuestos para el año
2002». «Puesto que trabajaba en la elaboración del presupuesto para el año
2002, es razonable pensar que por su cualificación
profesional -inspector de Hacienda- tuvo que percatarse de lo que se hacía,
máxime si se tiene en cuenta que en el año 2001 informó la memoria
justificativa de la modificación presupuestaria indicada», resalta.
Asimismo, la Audiencia manifiesta que, en su declaración, este ex
alto cargo «admitió que por la enfermedad del director general de Presupuestos
en el año 2001 con otros compañeros se volcó en los quehaceres de esa Dirección
General, lo que denota que pudo participar en uno de los hitos del
procedimiento específico, cual
es la inclusión» de las transferencias de financiación en el presupuesto de la
Consejería de Empleo.
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