Bruselas señala a Andalucía como la autonomía más corrupta de España
- El Índice de Competitividad Regional de la UE sitúa a Andalucía y La Rioja como las CCAA con mayor y menor corrupción del país.
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Enésimo agujero negro
- La AVRA representa el 85 % del resultado agregado negativo de todas las entidades públicas empresariales de la Junta de Andalucía
- Arrastra casi la misma deuda -511 millones de euros- desde, al menos, 2011
- La Junta de Andalucía denunció a directivos de EPSA
Catálogo de Puestos de la AVRA
La relación de puestos de trabajo con retribuciones de la AVRA, es decir, el catálogo de puestos de trabajo, indican una plantilla de 612 trabajadores. Cifra que casi coincide con la ofrecida por la Cámara de Cuentas para 2015 que nos habla de 616 trabajadores en plantilla. El Demócrata Liberal ofrece a todos sus lectores, en exclusiva el catálogo de puestos de la AVRA.
La Junta de Andalucía margina al funcionario que tiró de la manta del fraude de formación.
- El testigo protegido denunció su situación en el Parlamento pero el escrito no llegó a los grupos políticos
Conclusión.
http://www.libremercado.com/2017-03-10/bruselas-senala-a-andalucia-como-la-autonomia-mas-corrupta-de-espana-1276594333/
http://www.eldemocrataliberal.com/2017/03/la-agencia-de-vivienda-y-rehabilitacion.html#comment-form
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-junta-andalucia-margina-funcionario-tiro-manta-fraude-formacion-201703082339_noticia.html
Bruselas señala a Andalucía como la autonomía más corrupta de España
http://www.eldemocrataliberal.com/2017/03/la-agencia-de-vivienda-y-rehabilitacion.html#comment-form
http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-junta-andalucia-margina-funcionario-tiro-manta-fraude-formacion-201703082339_noticia.html
Bruselas señala a Andalucía como la autonomía más corrupta de España
- El Índice de Competitividad Regional de la UE sitúa a Andalucía y La Rioja como las CCAA con mayor y menor corrupción del país.
La Comisión Europea publica
cada tres años su Índice de Competitividad Regional, un informe en
el que se evalúan tres grandes categorías que determinan el dinamismo económico
y la calidad institucional de las divisiones territoriales de los 28 países
miembros de la UE.
El
Índice incluye diversos subíndices. Quizá el de mayor interés de todos es el
dedicado a la corrupción. Al fin y al cabo, las encuestas llevan años
confirmando que este asunto es uno de los que más preocupa a los españoles,
solo por detrás del problema del paro. El indicador dedicado a la corrupción
evalúa su incidencia en el ámbito de los servicios públicos y combina datos de
dos proyectos de investigación: Quality of Government, un informe elaborado por
la Universidad de Gotemburgo, y Worldwide Governance Indicators, una iniciativa
ligada al Banco Mundial.
Según
el documento de la Comisión Europea, la comunidad autónoma con menos
corrupción es La Rioja, que recibe una nota de 0,13 y, por
tanto, se sitúa por encima del promedio comunitario. El top cinco lo completan
Cantabria, Extremadura, Murcia y País Vasco, seguidas de cerca por Madrid,
Navarra, Castilla y León y Asturias.
En
el extremo opuesto nos topamos con las comunidades en las que la incidencia de
la corrupción es más grande. La peor nota se la lleva
Andalucía, seguida de Galicia, Canarias, Comunidad Valenciana y
Castilla-La Mancha. También destaca para mal la calificación que reciben
Cataluña, Baleares y Asturias.
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía. Enésimo agujero negro
- La AVRA representa el 85 % del resultado agregado negativo de todas las entidades públicas empresariales de la Junta de Andalucía
- Arrastra casi la misma deuda -511 millones de euros- desde, al menos, 2011
- La Junta de Andalucía denunció a directivos de EPSA
Los antecedentes
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía, así denominada desde la entrada en vigor de la Ley 4/2013, de 1 de
octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la
vivienda, se creó, con la denominación de Empresa Pública de
Suelo de Andalucía, como Entidad de Derecho Público de carácter empresarial
al amparo
de lo dispuesto en el artículo 6.1.b) de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vigente a la fecha, y mediante el
artículo 28 de la Ley 1/1985, de 11 de febrero, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el ejercicio 1985.
Se instituyó por el Decreto 262/1985, de 18 de
diciembre, sobre constitución de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía
(EPSA), que aprobaba sus primeros Estatutos con el
cometido inicial de llevar a cabo las tareas técnicas y económicas requeridas
para el desarrollo de la gestión urbanística y patrimonial, en ejecución de los
planes urbanísticos y programas por parte de la Junta de Andalucía, mediante las actuaciones de
promoción, preparación y desarrollo de suelo para fines residenciales,
industriales, de equipamiento y de servicios, revelándose como un instrumento
eficaz de la Junta de Andalucía en este ámbito de actuación. Posteriormente,
para recoger diversas ampliaciones del objeto social, son derogados y
sustituidos por los aprobados mediante Decreto 113/1991, de 21 de mayo.
En virtud de la Ley
5/1990, de 21 de mayo, se configura en la Junta de Andalucía la
condición de Promotor Público de construcciones protegibles en materia de
vivienda, procediéndose a la ampliación del objeto de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía a la realización, como promotor público, de tales actuaciones.
La Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que
se aprueban medidas fiscales y administrativas, amplió
el objeto de la Agencia a la administración y gestión del patrimonio que
constituye el parque de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la ejecución de programas que,
referidos a las actividades relacionadas con su objeto, le fueran encargados
por la Administración autonómica o por las Entidades Locales de Andalucía, y al
ejercicio de las potestades públicas que le pudieran atribuir o delegar por la
Consejería de adscripción relacionadas con su objeto y, en particular, la
potestad sancionadora, así como la tramitación y concesión de subvenciones y
ayudas públicas.
En la actualidad, su objeto viene especificado en el
artículo 5 de la precitada Ley 4/2013,
de 1 de octubre, ampliándose al ejercicio de cuantas
actuaciones en materia de eficiencia energética de la edificación le puedan
atribuir, al ejercicio de las funciones que le sean atribuidas en materia de
fomento del alquiler de vivienda y a la gestión, control y registro de las
fianzas de los contratos de arrendamiento de vivienda y de uso distinto del de
vivienda y de suministro correspondientes a los inmuebles sitos en el ámbito de la
Comunidad Autónoma andaluza.
Por Decreto 217/2011, de 28 de junio, de adecuación de
diversas entidades de Derecho Público a las previsiones de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, la Empresa
pasa a tener condición de agencia pública empresarial.
La Ley 1/2011, de 17 de febrero, de
Reordenación del sector público de Andalucía, modificó
el régimen jurídico de las entidades instrumentales de la Administración de la
Junta de Andalucía establecido en la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, en aspectos tan importantes como la creación de estas entidades, su
modificación y refundición, el régimen jurídico de la contratación, los tipos
de agencias públicas empresariales o el régimen jurídico y el ejercicio de
potestades públicas.
Actualmente la Agencia está
adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) por Decreto 211/2015, de 14 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la citada Consejería.
Finalmente, el Decreto
174/2016, de 15 de noviembre, se aprueban los Estatutos de la Agencia de
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).
Informe de la Cámara de Cuentas
En noviembre de 2013 se publicó la Fiscalización de
las Fuentes de Financiación y de la Gestión de Recursos Humanos de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) del año 2011. En él la Cámara de Cuentas cifraba en 510
millones de euros la
deuda de la empresa y subrayaba irregularidades en la gestión de determinadas
subvenciones y en la elección del personal. La Cámara de Cuentas denunciaba los
"desfases entre los créditos aprobados en los Presupuestos de la Junta
y las inversiones realmente realizadas por la empresa", diferencia que
asciende a 256 millones de euros (a 31 de diciembre de 2011).
Según el informe, "la adecuación del gasto
subvencional al crédito disponible es una condición necesaria para el
otorgamiento de subvenciones". Entre estos desfases, en el documento
se detalla que entre 2008 y 2011 la empresa pública
concedió ayudas para el alquiler o para la rehabilitación de edificios por
valor de 322 millones de euros a pesar de que solo tenía reconocidos 178
millones.
Además, en este caso, se imputaron gastos directos y
corporativos de la empresa con cargo a estos programas por valor de 74
millones. Inexplicablemente, además, pagó
más impuestos de los que debía. Dice el informe de la Cámara que “EPSA
debe iniciar las acciones necesarias para solicitar ante la Administración
Tributaria la devolución de los pagos indebidos”.
Desolador es lo que recoge la Cámara en el informe,
que en el Presupuesto de la Junta de 2013 se aprobó una ayuda de 50 millones
para familias e instituciones sin fines lucrativos, pero "estas transferencias se
han destinado al pago de intereses de la deuda financiera que mantiene la
empresa por actuaciones delegadas y a cumplir otros compromisos y obligaciones
de pago por proyectos ya iniciados".
Contrataciones sin publicidad ni
concurrencia
La Cámara indicaba en su informe algo que no es
desconocido ya en la administración paralela de la Junta de Andalucía, y así
dice que “se ha podido comprobar que, tanto en los expedientes de personal
de alta dirección como en los de directivos intermedios, no consta que se haya seguido un procedimiento que garantice la
publicidad y concurrencia en la designación. Tampoco se ha podido determinar si
su designación se ha realizado atendiendo a los principios de mérito, capacidad
e idoneidad”.
También añade que “con fecha de 12 de abril de
2013, el Consejo de Administración de la empresa aprobó un acuerdo mediante el
cual se adoptan medidas para corregir estas incidencias”. O sea, que 27 años después de su creación los
dirigentes de la EPSA se preocuparon de aprobar un
acuerdo para el cumplimiento de la igualdad, mérito y capacidad.
Por otro lado, la Cámara indica que “en relación
con los expedientes analizados correspondientes al personal con contrato
indefinido ordinario que proviene de la aplicación del acuerdo
de estabilidad de 22 de mayo de 2009, se ha podido comprobar que,
para la conversión de los contratos en indefinidos, no consta
la realización de los procesos de selección que garanticen los principios
establecidos en la normativa”.
Además, es interesante señalar que “con
fecha 22 de mayo de 2009, se firma el Acuerdo para la estabilidad del personal
de Áreas de Rehabilitación Concertada, Rehabilitación Integral de Barriadas,
Oficina para el Comisionado y Oficina de Rehabilitación de Polígono Sur, firmado por la dirección de la
empresa y la comisión permanente del comité intercentros. Dicho acuerdo
estipuló que se convertirían en indefinidos los contratos temporales de obra o
servicio determinado de los trabajadores vinculados a los programas precitados,
considerando su antigüedad en la empresa con independencia de la adscripción
para el desarrollo de su trabajo (ámbito orgánico o funcional), con la única modificación
del aumento de la antigüedad a 5 años”.
Así, la Cámara señala que “el acuerdo llevaba
asociado un calendario en el que se programaba la incorporación como
indefinidos de los trabajadores adscritos a áreas funcionales a medida que
fueran cumpliendo los requisitos de antigüedad en la empresa. De esta forma en
el ejercicio 2009 se integraron como indefinidos 54 trabajadores de las Áreas
de Rehabilitación Concertada”.
Informe Cámara Cuentas sobre la Cuenta
General de 2015
En el informe de fiscalización de la Cuenta General
de 2015 la Cámara indica que “La AVRA representa el 85,02 % del resultado
agregado negativo de las 25 entidades” (analizadas). Es decir, que la AVRA
representa el 85% del resultado agregado negativo de todas las entidades
públicas empresariales de la Junta de Andalucía. Sigue indicando que “ello se
debe, al incremento en el ejercicio 2015 de “Otros gastos de explotación” por
267,26 millones de euros respecto al ejercicio anterior, y al haber registrado
las transferencias de financiación de explotación por importe de 25,91 millones
de euros, como aportaciones de socios directamente en Fondos Propios, basándose
en la orden EHA/733/2010, de 25 de marzo”.
Pero si en el informe de fiscalización publicado en
2013 la Cámara cifraba en 510 millones de euros la
deuda de la empresa pública EPSA, en 2015 la Cámara informa que “la
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ha formalizado cuatro
operaciones de refinanciación de préstamos a largo plazo por un total de 188,04
millones de euros, siendo el saldo vivo a
la finalización del ejercicio del conjunto de operaciones de la Agencia AVRA de
511,37 millones de euros. Este saldo es inferior al que se
registraba en 2014, que se cifraba en 521,16 millones de euros”. Es decir, que arrastra
casi la misma deuda de 511 millones de euros desde, al menos, el año
2011.
Por otro lado, la Cámara advierte que “el riesgo final de las operaciones avaladas a las agencias públicas
empresariales y sociedades mercantiles del sector público asciende a 651,79
millones de euros más los intereses ordinarios devengados por los avales
otorgados a AVRA, Metro de Granada S.A. y la Agencia IDEA durante toda la vida de dichas
operaciones. En cuanto a las empresas privadas, tras las reducciones del riesgo
por amortizaciones en 2015, el riesgo al
cierre asciende a 523,41 millones de euros, lo que da una suma de ambos riesgos
que asciende a 1.175,21 millones de euros”.
La Cámara indica en el informe de fiscalización que
“en virtud de lo dispuesto en la Ley del
Presupuesto de 2015, se otorgaron garantías a favor de AVRA (en virtud de Acuerdos de
Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 31 de marzo y 21 de julio de 2015),
con el objeto de realizar la refinanciación de varias operaciones de préstamo
existentes con diversas entidades financieras. Han
sido garantizadas mediante cuatro nuevos avales de la Tesorería de la Junta de
Andalucía por importe global de 188,04 millones de euros. Como consecuencia de las
operaciones de refinanciación han quedado cancelados totalmente tres avales
otorgados a AVRA por importes de 50 millones de euros, 25 millones de euros y
35 millones de euros. Además, otro aval que ascendía a 50 millones de euros ha
visto reducido su importe a 35,71 millones de euros, por la cancelación parcial
del mismo.
“Una empresa familiar”
En septiembre de 2006 el periódico ABC publicaba que
la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) se podría definir como “empresa familiar”, porque, según señalaba este periódico, “esta
empresa pública de la Junta de Andalucía convirtió durante el pasado mes de
junio 87 contratos temporales en indefinidos,
que no sólo en la mayoría de los casos suponen un
fraude de ley, sino que de ellos se han beneficiado, muchos parientes, directos
o indirectos, y amigos de directivos y trabajadores de este organismo público”.
Seguía la información indicando que, “según estas
fuentes, un mínimo de 22 de estos 87 contratos ha recaído en personal
de la Consejería de Obras Públicas a las que se ha subrogado el contrato; y un mínimo de 13 de ellos, son parientes de trabajadores de EPSA con
grados de parentesco que van desde cuñados a primos, pasando por hermanos”.
ABC en su artículo señalaba que “de cinco
contratos fijos se han beneficiado cinco familiares de cargos de libre
designación de esta empresa pública. Es el caso de Natividad Álvarez
Alvarado, hermana de Miriam Álvarez Alvarado, jefa de departamento de recursos
humanos; pero también de Patricia Candau García, cuñada de Dolores de Pablo
Blanco, subdirectora de gestión de patrimonio; y de Antonio Galán Pedrola,
hermano de Consuelo Galán Pedrola, gerente de espacios públicos”.
“También tienen vínculos familiares
dentro de EPSA los recientemente contratados Patrocinio García Castro, hermana
de Hilario García Castro, coordinador de áreas de rehabilitación; y Carmen
Moruno Gómez, hermana de Isabel Moruno Gómez, secretaria de dirección de esta
empresa pública de la Junta”.
“Los beneficiarios de esta contratación
indefinida eran empleados de esta empresa pública dependiente de la Consejería
de Obras Públicas, cuyo director es Francisco Espinosa Gaitán, que tenían
contratos temporales”.
Seguía el artículo de ABC explicando que “entre
ellos se cuentan los de acumulación de tareas, que se hacen para empleados que
realizan tareas específicas durante un periodo de tiempo limitado cuando hay un
gran volumen de trabajo; contratos de obras, para desarrollar un trabajo
concreto hasta su finalización sin una fecha concreta porque no se puede
precisar; y contratos de interinidad.
A estos hay que sumar contratos de obra
subrogados de la Consejería de Obras Públicas, que suponen un absoluto «fraude
de ley», señalan las fuentes consultadas, ya que ésta es una figura jurídica
que se utiliza cuando una empresa desaparece y se quiere garantizar la
continuidad de los trabajadores en la nueva compañía. Algo difícilmente
aplicable a los empleados temporales de esta Consejería de la Junta de
Andalucía, que ni ha desaparecido ni se encuentra en quiebra”.
Finalmente, ABC indicaba en el artículo “que las
mencionadas fuentes, afirman además que la mayoría de los contratados por
acumulación de tareas y obras y servicios no lo estaban para desarrollar tareas
específicas, sino para el trabajo ordinario de EPSA, el mismo que desempeñaba
el personal indefinido. Estos contratos -unidos a los de personal en prácticas-
se han transformado en indefinidos en lo que constituye en muchos casos «un
fraude de ley», afirman.
En la mayoría de estos contratos «no se
han respetado los principios constitucionales previstos en el propio convenio
colectivo» y tampoco «intervenido los representantes de los trabajadores» en
los procesos de selección de este personal. A
todo esto hay que sumar que las ofertas de empleo en EPSA raramente aparecen
publicadas en medios de comunicación, sino que la publicidad de estos
trabajos se hace en los tablones de anuncios de esta empresa pública, lo que
provoca que en la mayoría de los casos se beneficien de estos contratos
familiares y conocidos de los trabajadores y directivos.
Incluso, comentan estas fuentes, se han
adjudicado plazas sin sacarlas a concurso entre el resto de los empleados. En
otras ocasiones, se ha recurrido a empresas externas para los procesos de
selección de personal, sobre todo para el administrativo y auxiliar, a los que,
afirman estas fuentes, se han presentado familiares de
miembros de estas empresas”.
La Junta denunció a directivos de EPSA
Diario de Sevilla informaba en octubre de 2012 que “la Junta de Andalucía ha denunciado ante los tribunales a cuatro ex
directivos de la Empresa Pública de Suelo (EPSA) por el supuesto cobro de
salarios y retribuciones indebidas mientras ejercían sus funciones. Estos miembros de la alta
dirección de la empresa pública de vivienda denunciaron previamente a la Junta
tras ser despedidos en julio en el proceso de reestructuración de los órganos
directivos que llevan a cabo los nuevos gestores de EPSA, ahora en la
Consejería de Fomento y Vivienda gestionada por Izquierda Unida. Los
denunciantes entienden que tras el cese tienen derecho a una indemnización,
negada por la Junta.
La Administración andaluza esgrime
recientes decretos autonómicos por los que los altos cargos de las empresas públicas
no tienen derecho a recibir indemnizaciones y se remite al momento procesal
oportuno para explicar las razones por las que se opone a estas pretensiones.
Pero lo novedoso en este tipo de conflictos es que la Junta de Andalucía se ha
acogido a un instrumento jurídico poco frecuentado, la reconvención, una suerte
de contraataque”.
Añadía este medio que “el caso más llamativo de
los que han pasado por el órgano de mediación es el de José Manuel Vergel, que
fuera director de Recursos Humanos de EPSA. Según consta en los documentos a
los que ha tenido acceso en exclusiva esta redacción, Vergel
ingresa en EPSA mediante libre designación sin someterse a proceso selectivo
alguno. La propia Junta asevera en el texto de reconvención que "ha
sido práctica habitual en la empresa pública durante mucho tiempo que la
selección de puestos de alta responsabilidad careciera de criterios objetivos y
estuviera reservada a personas designadas esencialmente por su afinidad
política”.
Es indispensable señalar, en este punto, que Juan
Manuel Vergel – entonces funcionario del SAE de Almería - fue
Secretario de Organización de la UGT-Andalucía con Juan Mendoza Castro de
Secretario General, cargo que ocupó hasta el siguiente congreso de 1998 en que
Juan Mendoza perdió frente a Manuel Pastrana cuando este le presentó una
candidatura alternativa en dicho congreso.
Por otro lado, Diario de Sevilla seguía indicando en
la noticia que “en el caso de Vergel su selección
viene motivada por su "estrecha vinculación personal y política" con
el entonces director de EPSA, Jorge Cara, que ocupó el cargo de 2007
a 2010 y fue subdirector desde 2004. Cara es desde junio secretario general de
Formación Profesional en la Consejería de Educación que dirige Mar Moreno. Vergel
y Cara participaban en la dirección del PSOE de Roquetas de Mar. Vergel compatibilizó el cargo
en EPSA con la responsabilidad de la Secretaría de Empleo del PSOE de Almería”.
Seguía el medio diciendo que “la Junta expone que
en septiembre de 2007 Vergel "da instrucciones" para que se le
prepare un contrato indefinido desde diciembre de 2006, constando una
antigüedad cuantificada en 1.285 euros, y estableciendo que, "habida cuenta que el desempeño de cargo de directivo
supone su desplazamiento a Sevilla desde el domicilio familiar de Almería, se
pacte expresamente el abono de 7.000 euros brutos anuales, distribuidos en doce
pagas, en concepto de indemnización por traslado”.
“Un año después
ordena que se le beneficie con una indemnización por vivienda. De 2007 a julio
de 2012 recibe 53.073 euros en vivienda, una cantidad que la Junta, además,
considera que responde a un criterio "absolutamente fraudulento" al
tener domicilio familiar en Sevilla. El nuevo equipo de EPSA considera que
estableció el abono de dichas cantidades para incrementar sus retribuciones y,
además, pactó percibirlo en especie "para eludir las limitaciones
establecidas legalmente" a partir de 2010, cuando los emolumentos no
podían superar el sueldo del presidente de la Junta (68.981).
Vergel pacta incluso mantener estas
retribuciones si abandona la alta dirección, "siguiendo una práctica
habitual en la empresa de reconocer privilegios de dudosa legalidad y
moralidad", según el escrito de la Junta. Este alto cargo pasó de cobrar
55.977 euros como directivo intermedio a 78.179 euros”.
Finalmente, la noticia indicaba que “la
Junta también ha emprendido acciones legales contra otros tres ex altos cargos
que han reclamado una indemnización tras su cese. Se trata de José María Salas,
ex alcalde socialista del municipio jiennense de La Guardia, Federico Salmerón,
ex director de Rehabilitación y Renovación Urbana de EPSA, y Antonio López
Jiménez, amigo personal de Jorge Cara”.
Investigación Parlamentaria
Hace ahora casi 22 años, en mayo de 1995 el
Parlamento de Andalucía discutía – entre IU y el PP - la creación de una
comisión de investigación para investigar los créditos que por 19 millones de
pesetas condonó, entre 1986 y 1987, la Caja de Ahorros de Jerez a 32 dirigentes
del PSOE gaditano. Además, el PP quería ampliar esta condonación a las
relaciones de la EPSA con el PSOE a través de la Caja de ahorros de Jerez u
otras cajas de ahorro. Al parecer, la Caja de ahorros de
Jerez desvió presuntamente al PSOE los intereses de una cuenta de EPSA, empresa
dependiente de la Consejería de Obras Públicas.
Libertad Digital recordaba el episodio de EPSA de
esta forma, “en julio de 1986 la Empresa Pública del Suelo de Andalucía
(EPSA), dependiente de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de
Andalucía, permitió que el importe de la liquidación de los intereses de las
cuentas que tenía abiertas en la Caja de Ahorros de Jerez, como representante
de la Junta de Compensación de un polígono industrial, fuese ingresado en una
cuenta del PSOE de manera subrepticia. Es
decir, los intereses generados por el depósito de dinero de la Junta, o sea,
dinero de todos los andaluces, terminó en las arcas privadas del PSOE.
Según la documentación disponible, fue Fermín del Moral, ex viceconsejero de Obras Públicas,
luego candidato a la alcaldía de Cádiz y actualmente consejero delegado de la
Empresa Pública del Suelo de Andalucía
(EPSA) quien recomendó la apertura de estas cuentas en la Caja de Ahorros de
Jerez, en su sucursal de La Línea de la Concepción. El 7 de junio de 1984,
Fermín del Moral propuso a la asamblea general extraordinaria de la Junta de
Compensación del Polígono del Rosario Sector IV, en la que participaba como
representante, «la necesidad de diversificar el trabajo financiero de la Junta de
Compensación con más de una entidad bancaria y a tal efecto propone la apertura
de cuentas en la Caja de Ahorros de Jerez, lo que es aceptado por unanimidad»,
según se recoge en el acta de la reunión.
EPSA,
dependiente de la Consejería de Obras Públicas, permitió entonces que el importe de la liquidación
de intereses de las cuentas que tenía
abiertas en la Caja de Ahorros de Jerez, como representante de la Junta de
Compensación de un polígono industrial de Algeciras, fuese ingresado en una
cuenta del PSOE. EPSA controlaba el
36,3% de la propiedad del polígono. Entonces, Fermín del Moral era
representante de EPSA en Cádiz y delegado provincial de la Consejería de Obras
Públicas”.
Catálogo de Puestos de la AVRA
La
relación de puestos de trabajo con retribuciones de la AVRA, es decir, el
catálogo de puestos de trabajo, indican una plantilla de 612 trabajadores.
Cifra que casi coincide con la ofrecida por la Cámara de Cuentas para 2015 que
nos habla de 616 trabajadores en plantilla. El Demócrata Liberal ofrece a todos
sus lectores, en exclusiva el catálogo de puestos de la AVRA.
La Junta de Andalucía margina al funcionario que tiró de la manta del fraude de formación
- El testigo protegido denunció su situación en el Parlamento pero el escrito no llegó a los grupos políticos
El
funcionario que tiró de la manta del fraude en el caso Formación, Teodoro Montes,
denunció en un escrito registrado en el Parlamento de Andalucía hace dos meses y medio que la Junta le está sometiendo a un
«hostigamiento» insoportable para «sancionar a quien denunció las
irregularidades de los cursos» que investiga una comisión parlamentaria. El
pasado 16 de noviembre, su superior jerárquico en la Delegación Territorial de
Empleo en Sevilla, el jefe de Servicio de Formación para el Empleo, le comunicó
un nuevo reparto de tareas que implicaba «formal y directamente el vaciado de
contenido de funciones de mi puesto de trabajo como jefe del departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional»,
relató.
De
tener a más de 40 técnicos a su cargo en el año 2009, ha pasado a dirigir un
equipo de cuatro
De tener a más de 40 técnicos a su cargo en el
año 2009, ha pasado a dirigir un equipo de cuatro técnicos y dos administrativos
y se le «impide la realización de todo tipo de actuaciones» y la consulta de
expedientes de los cursos, expone en un escrito registrado en el Parlamento el
21 de diciembre, donde aparecen dos destinatarios: el presidente de la Cámara
autonómica, el socialista Juan Pablo Durán, y el de la comisión de
investigación de los cursos, Julio Díaz (Ciudadanos). Ni la Presidencia del Parlamento
ni el máximo responsable de la investigación aseguran tener constancia del
enigmático escrito. Fuentes
de la Presidencia de la Cámara aseguran que el escrito con la denuncia de acoso
laboral se remitió directamente a Julio Díaz. Pero éste alega que no le consta
haberlo recibido. El caso es, uno por otro, el escrito no llegó a los miembros
de la comisión, integrada por diputados de PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU,
hasta el pasado martes. Al conocer que su informe no había sido notificado a
los últimos destinatarios, el testigo protegido lo presentó nuevamente en el
Parlamento esta semana acompañado de otro escrito donde mostraba su «indignación» por no haberse
dado traslado de su denuncia a los grupos.
Las declaraciones de este funcionario nunca han resultado
cómodas para el Gobierno andaluz. Ya fuera como testigo del caso Formación ante
la juez Mercedes Alaya, que
le brindó protección policial, o como compareciente, año y medio después, ante
la comisión que investiga las irregularidades en los cursos, el jefe del
departamento de Gestión de Formación Profesional para el Empleo (FPE) de la
Junta en Sevilla ha levantado ampollas.Ante la comisión, Montes declaró que las
ayudas de los cursos se
convirtieron en el «negocio del siglo en la Junta» con la connivencia de los altos cargos
políticos del Gobierno andaluz, que ha logrado «pingües beneficios» en términos
de paz social e influencia.
La eliminación de sus competencias supone, a
su juicio, «el colofón al acoso laboral»
del que es objeto. La
Junta y sus superiores fueron condenados por «mobbing» en 2012, indicó.
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