lunes, 13 de marzo de 2017

Maxima difusión. Bruselas señala a Andalucía como la autonomía más corrupta de España + La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Enésimo agujero negro + La Junta de Andalucía margina al funcionario que tiró de la manta del fraude de formación = Un secreto a voces ¿corrupción institucionalizada y juntera? ¿Y "no pasa na de na" por que todos están ciegos, mudos y sordos, instituciones, tribunales, ministerio fiscal...... ?

Bruselas señala a Andalucía como la autonomía más corrupta de España 




  • El Índice de Competitividad Regional de la UE sitúa a Andalucía y La Rioja como las CCAA con mayor y menor corrupción del país.

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La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Enésimo agujero negro


 

  • La AVRA representa el 85 % del resultado agregado negativo de todas las entidades públicas empresariales de la Junta de Andalucía
  •  Arrastra casi la misma deuda -511 millones de euros- desde, al menos, 2011 
  • La Junta de Andalucía denunció a directivos de EPSA



Catálogo de Puestos de la AVRA

La relación de puestos de trabajo con retribuciones de la AVRA, es decir, el catálogo de puestos de trabajo, indican una plantilla de 612 trabajadores. Cifra que casi coincide con la ofrecida por la Cámara de Cuentas para 2015 que nos habla de 616 trabajadores en plantilla. El Demócrata Liberal ofrece a todos sus lectores, en exclusiva el catálogo de puestos de la AVRA.




 La Junta de Andalucía margina al funcionario que tiró de la manta del fraude de formación.


El personal descarga las carpetas con los cursos de formación para ser estudiados

  • El testigo protegido denunció su situación en el Parlamento pero el escrito no llegó a los grupos políticos
Conclusión.

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http://www.libremercado.com/2017-03-10/bruselas-senala-a-andalucia-como-la-autonomia-mas-corrupta-de-espana-1276594333/

http://www.eldemocrataliberal.com/2017/03/la-agencia-de-vivienda-y-rehabilitacion.html#comment-form

http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-junta-andalucia-margina-funcionario-tiro-manta-fraude-formacion-201703082339_noticia.html

Bruselas señala a Andalucía como la autonomía más corrupta de España 



  • El Índice de Competitividad Regional de la UE sitúa a Andalucía y La Rioja como las CCAA con mayor y menor corrupción del país.

La Comisión Europea publica cada tres años su Índice de Competitividad Regional, un informe en el que se evalúan tres grandes categorías que determinan el dinamismo económico y la calidad institucional de las divisiones territoriales de los 28 países miembros de la UE.

El Índice incluye diversos subíndices. Quizá el de mayor interés de todos es el dedicado a la corrupción. Al fin y al cabo, las encuestas llevan años confirmando que este asunto es uno de los que más preocupa a los españoles, solo por detrás del problema del paro. El indicador dedicado a la corrupción evalúa su incidencia en el ámbito de los servicios públicos y combina datos de dos proyectos de investigación: Quality of Government, un informe elaborado por la Universidad de Gotemburgo, y Worldwide Governance Indicators, una iniciativa ligada al Banco Mundial.
Según el documento de la Comisión Europea, la comunidad autónoma con menos corrupción es La Rioja, que recibe una nota de 0,13 y, por tanto, se sitúa por encima del promedio comunitario. El top cinco lo completan Cantabria, Extremadura, Murcia y País Vasco, seguidas de cerca por Madrid, Navarra, Castilla y León y Asturias.

En el extremo opuesto nos topamos con las comunidades en las que la incidencia de la corrupción es más grande. La peor nota se la lleva Andalucía, seguida de Galicia, Canarias, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. También destaca para mal la calificación que reciben Cataluña, Baleares y Asturias.


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La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Enésimo agujero negro
  
 
  • La AVRA representa el 85 % del resultado agregado negativo de todas las entidades públicas empresariales de la Junta de Andalucía
  •  Arrastra casi la misma deuda -511 millones de euros- desde, al menos, 2011 
  • La Junta de Andalucía denunció a directivos de EPSA 
Los antecedentes

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, así denominada desde la entrada en vigor de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, se creó, con la denominación de Empresa Pública de Suelo de Andalucía, como Entidad de Derecho Público de carácter empresarial al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1.b) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vigente a la fecha, y mediante el artículo 28 de la Ley 1/1985, de 11 de febrero, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 1985.

Se instituyó por el Decreto 262/1985, de 18 de diciembre, sobre constitución de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), que aprobaba sus primeros Estatutos con el cometido inicial de llevar a cabo las tareas técnicas y económicas requeridas para el desarrollo de la gestión urbanística y patrimonial, en ejecución de los planes urbanísticos y programas por parte de la Junta de Andalucía, mediante las actuaciones de promoción, preparación y desarrollo de suelo para fines residenciales, industriales, de equipamiento y de servicios, revelándose como un instrumento eficaz de la Junta de Andalucía en este ámbito de actuación. Posteriormente, para recoger diversas ampliaciones del objeto social, son derogados y sustituidos por los aprobados mediante Decreto 113/1991, de 21 de mayo.

En virtud de la Ley 5/1990, de 21 de mayo, se configura en la Junta de Andalucía la condición de Promotor Público de construcciones protegibles en materia de vivienda, procediéndose a la ampliación del objeto de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía a la realización, como promotor público, de tales actuaciones.

La Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, amplió el objeto de la Agencia a la administración y gestión del patrimonio que constituye el parque de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la ejecución de programas que, referidos a las actividades relacionadas con su objeto, le fueran encargados por la Administración autonómica o por las Entidades Locales de Andalucía, y al ejercicio de las potestades públicas que le pudieran atribuir o delegar por la Consejería de adscripción relacionadas con su objeto y, en particular, la potestad sancionadora, así como la tramitación y concesión de subvenciones y ayudas públicas.

En la actualidad, su objeto viene especificado en el artículo 5 de la precitada Ley 4/2013, de 1 de octubre, ampliándose al ejercicio de cuantas actuaciones en materia de eficiencia energética de la edificación le puedan atribuir, al ejercicio de las funciones que le sean atribuidas en materia de fomento del alquiler de vivienda y a la gestión, control y registro de las fianzas de los contratos de arrendamiento de vivienda y de uso distinto del de vivienda y de suministro correspondientes a los inmuebles sitos en el ámbito de la Comunidad Autónoma andaluza.

Por Decreto 217/2011, de 28 de junio, de adecuación de diversas entidades de Derecho Público a las previsiones de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, la Empresa pasa a tener condición de agencia pública empresarial.

La Ley 1/2011, de 17 de febrero, de Reordenación del sector público de Andalucía, modificó el régimen jurídico de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía establecido en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en aspectos tan importantes como la creación de estas entidades, su modificación y refundición, el régimen jurídico de la contratación, los tipos de agencias públicas empresariales o el régimen jurídico y el ejercicio de potestades públicas.

Actualmente la Agencia está adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) por Decreto 211/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la citada Consejería.

Finalmente, el Decreto 174/2016, de 15 de noviembre, se aprueban los Estatutos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).


Informe de la Cámara de Cuentas

En noviembre de 2013 se publicó la Fiscalización de las Fuentes de Financiación y de la Gestión de Recursos Humanos de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) del año 2011.  En él la Cámara de Cuentas cifraba en 510 millones de euros la deuda de la empresa y subrayaba irregularidades en la gestión de determinadas subvenciones y en la elección del personal. La Cámara de Cuentas denunciaba los "desfases entre los créditos aprobados en los Presupuestos de la Junta y las inversiones realmente realizadas por la empresa", diferencia que asciende a 256 millones de euros (a 31 de diciembre de 2011). Según el informe, "la adecuación del gasto subvencional al crédito disponible es una condición necesaria para el otorgamiento de subvenciones". Entre estos desfases, en el documento se detalla que entre 2008 y 2011 la empresa pública concedió ayudas para el alquiler o para la rehabilitación de edificios por valor de 322 millones de euros a pesar de que solo tenía reconocidos 178 millones.

Además, en este caso, se imputaron gastos directos y corporativos de la empresa con cargo a estos programas por valor de 74 millones. Inexplicablemente, además, pagó más impuestos de los que debía. Dice el informe de la Cámara que “EPSA debe iniciar las acciones necesarias para solicitar ante la Administración Tributaria la devolución de los pagos indebidos”.

Desolador es lo que recoge la Cámara en el informe, que en el Presupuesto de la Junta de 2013 se aprobó una ayuda de 50 millones para familias e instituciones sin fines lucrativos, pero "estas transferencias se han destinado al pago de intereses de la deuda financiera que mantiene la empresa por actuaciones delegadas y a cumplir otros compromisos y obligaciones de pago por proyectos ya iniciados".


Contrataciones sin publicidad ni concurrencia

La Cámara indicaba en su informe algo que no es desconocido ya en la administración paralela de la Junta de Andalucía, y así dice que “se ha podido comprobar que, tanto en los expedientes de personal de alta dirección como en los de directivos intermedios, no consta que se haya seguido un procedimiento que garantice la publicidad y concurrencia en la designación. Tampoco se ha podido determinar si su designación se ha realizado atendiendo a los principios de mérito, capacidad e idoneidad”.

También añade que “con fecha de 12 de abril de 2013, el Consejo de Administración de la empresa aprobó un acuerdo mediante el cual se adoptan medidas para corregir estas incidencias”. O sea, que 27 años después de su creación los dirigentes de la EPSA se preocuparon de aprobar un acuerdo para el cumplimiento de la igualdad, mérito y capacidad.

Por otro lado, la Cámara indica que “en relación con los expedientes analizados correspondientes al personal con contrato indefinido ordinario que proviene de la aplicación del acuerdo de estabilidad de 22 de mayo de 2009, se ha podido comprobar que, para la conversión de los contratos en indefinidos, no consta la realización de los procesos de selección que garanticen los principios establecidos en la normativa”.

Además, es interesante señalar que con fecha 22 de mayo de 2009, se firma el Acuerdo para la estabilidad del personal de Áreas de Rehabilitación Concertada, Rehabilitación Integral de Barriadas, Oficina para el Comisionado y Oficina de Rehabilitación de Polígono Sur, firmado por la dirección de la empresa y la comisión permanente del comité intercentros. Dicho acuerdo estipuló que se convertirían en indefinidos los contratos temporales de obra o servicio determinado de los trabajadores vinculados a los programas precitados, considerando su antigüedad en la empresa con independencia de la adscripción para el desarrollo de su trabajo (ámbito orgánico o funcional), con la única modificación del aumento de la antigüedad a 5 años”.

Así, la Cámara señala que “el acuerdo llevaba asociado un calendario en el que se programaba la incorporación como indefinidos de los trabajadores adscritos a áreas funcionales a medida que fueran cumpliendo los requisitos de antigüedad en la empresa. De esta forma en el ejercicio 2009 se integraron como indefinidos 54 trabajadores de las Áreas de Rehabilitación Concertada”.


Informe Cámara Cuentas sobre la Cuenta General de 2015

En el informe de fiscalización de la Cuenta General de 2015 la Cámara indica que “La AVRA representa el 85,02 % del resultado agregado negativo de las 25 entidades” (analizadas). Es decir, que la AVRA representa el 85% del resultado agregado negativo de todas las entidades públicas empresariales de la Junta de Andalucía. Sigue indicando que “ello se debe, al incremento en el ejercicio 2015 de “Otros gastos de explotación” por 267,26 millones de euros respecto al ejercicio anterior, y al haber registrado las transferencias de financiación de explotación por importe de 25,91 millones de euros, como aportaciones de socios directamente en Fondos Propios, basándose en la orden EHA/733/2010, de 25 de marzo”.

Pero si en el informe de fiscalización publicado en 2013 la Cámara cifraba en 510 millones de euros la deuda de la empresa pública EPSA, en 2015 la Cámara informa que “la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía ha formalizado cuatro operaciones de refinanciación de préstamos a largo plazo por un total de 188,04 millones de euros, siendo el saldo vivo a la finalización del ejercicio del conjunto de operaciones de la Agencia AVRA de 511,37 millones de euros. Este saldo es inferior al que se registraba en 2014, que se cifraba en 521,16 millones de euros”. Es decir, que arrastra casi la misma deuda de 511 millones de euros desde, al menos, el año 2011.

Por otro lado, la Cámara advierte que el riesgo final de las operaciones avaladas a las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público asciende a 651,79 millones de euros más los intereses ordinarios devengados por los avales otorgados a AVRA, Metro de Granada S.A. y la Agencia IDEA durante toda la vida de dichas operaciones. En cuanto a las empresas privadas, tras las reducciones del riesgo por amortizaciones en 2015, el riesgo al cierre asciende a 523,41 millones de euros, lo que da una suma de ambos riesgos que asciende a 1.175,21 millones de euros”.

La Cámara indica en el informe de fiscalización que en virtud de lo dispuesto en la Ley del Presupuesto de 2015, se otorgaron garantías a favor de AVRA (en virtud de Acuerdos de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 31 de marzo y 21 de julio de 2015), con el objeto de realizar la refinanciación de varias operaciones de préstamo existentes con diversas entidades financieras. Han sido garantizadas mediante cuatro nuevos avales de la Tesorería de la Junta de Andalucía por importe global de 188,04 millones de euros. Como consecuencia de las operaciones de refinanciación han quedado cancelados totalmente tres avales otorgados a AVRA por importes de 50 millones de euros, 25 millones de euros y 35 millones de euros. Además, otro aval que ascendía a 50 millones de euros ha visto reducido su importe a 35,71 millones de euros, por la cancelación parcial del mismo.


“Una empresa familiar”

En septiembre de 2006 el periódico ABC publicaba que la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) se podría definir como “empresa familiar”, porque, según señalaba este periódico, “esta empresa pública de la Junta de Andalucía convirtió durante el pasado mes de junio 87 contratos temporales en indefinidos, que no sólo en la mayoría de los casos suponen un fraude de ley, sino que de ellos se han beneficiado, muchos parientes, directos o indirectos, y amigos de directivos y trabajadores de este organismo público”.

Seguía la información indicando que, “según estas fuentes, un mínimo de 22 de estos 87 contratos ha recaído en personal de la Consejería de Obras Públicas a las que se ha subrogado el contrato; y un mínimo de 13 de ellos, son parientes de trabajadores de EPSA con grados de parentesco que van desde cuñados a primos, pasando por hermanos”.

ABC en su artículo señalaba que “de cinco contratos fijos se han beneficiado cinco familiares de cargos de libre designación de esta empresa pública. Es el caso de Natividad Álvarez Alvarado, hermana de Miriam Álvarez Alvarado, jefa de departamento de recursos humanos; pero también de Patricia Candau García, cuñada de Dolores de Pablo Blanco, subdirectora de gestión de patrimonio; y de Antonio Galán Pedrola, hermano de Consuelo Galán Pedrola, gerente de espacios públicos”.

“También tienen vínculos familiares dentro de EPSA los recientemente contratados Patrocinio García Castro, hermana de Hilario García Castro, coordinador de áreas de rehabilitación; y Carmen Moruno Gómez, hermana de Isabel Moruno Gómez, secretaria de dirección de esta empresa pública de la Junta”.

“Los beneficiarios de esta contratación indefinida eran empleados de esta empresa pública dependiente de la Consejería de Obras Públicas, cuyo director es Francisco Espinosa Gaitán, que tenían contratos temporales”.

Seguía el artículo de ABC explicando que “entre ellos se cuentan los de acumulación de tareas, que se hacen para empleados que realizan tareas específicas durante un periodo de tiempo limitado cuando hay un gran volumen de trabajo; contratos de obras, para desarrollar un trabajo concreto hasta su finalización sin una fecha concreta porque no se puede precisar; y contratos de interinidad.

A estos hay que sumar contratos de obra subrogados de la Consejería de Obras Públicas, que suponen un absoluto «fraude de ley», señalan las fuentes consultadas, ya que ésta es una figura jurídica que se utiliza cuando una empresa desaparece y se quiere garantizar la continuidad de los trabajadores en la nueva compañía. Algo difícilmente aplicable a los empleados temporales de esta Consejería de la Junta de Andalucía, que ni ha desaparecido ni se encuentra en quiebra”.

Finalmente, ABC indicaba en el artículo “que las mencionadas fuentes, afirman además que la mayoría de los contratados por acumulación de tareas y obras y servicios no lo estaban para desarrollar tareas específicas, sino para el trabajo ordinario de EPSA, el mismo que desempeñaba el personal indefinido. Estos contratos -unidos a los de personal en prácticas- se han transformado en indefinidos en lo que constituye en muchos casos «un fraude de ley», afirman.

En la mayoría de estos contratos «no se han respetado los principios constitucionales previstos en el propio convenio colectivo» y tampoco «intervenido los representantes de los trabajadores» en los procesos de selección de este personal. A todo esto hay que sumar que las ofertas de empleo en EPSA raramente aparecen publicadas en medios de comunicación, sino que la publicidad de estos trabajos se hace en los tablones de anuncios de esta empresa pública, lo que provoca que en la mayoría de los casos se beneficien de estos contratos familiares y conocidos de los trabajadores y directivos.

Incluso, comentan estas fuentes, se han adjudicado plazas sin sacarlas a concurso entre el resto de los empleados. En otras ocasiones, se ha recurrido a empresas externas para los procesos de selección de personal, sobre todo para el administrativo y auxiliar, a los que, afirman estas fuentes, se han presentado familiares de miembros de estas empresas”.


La Junta denunció a directivos de EPSA

Diario de Sevilla informaba en octubre de 2012 que “la Junta de Andalucía ha denunciado ante los tribunales a cuatro ex directivos de la Empresa Pública de Suelo (EPSA) por el supuesto cobro de salarios y retribuciones indebidas mientras ejercían sus funciones. Estos miembros de la alta dirección de la empresa pública de vivienda denunciaron previamente a la Junta tras ser despedidos en julio en el proceso de reestructuración de los órganos directivos que llevan a cabo los nuevos gestores de EPSA, ahora en la Consejería de Fomento y Vivienda gestionada por Izquierda Unida. Los denunciantes entienden que tras el cese tienen derecho a una indemnización, negada por la Junta.

La Administración andaluza esgrime recientes decretos autonómicos por los que los altos cargos de las empresas públicas no tienen derecho a recibir indemnizaciones y se remite al momento procesal oportuno para explicar las razones por las que se opone a estas pretensiones. Pero lo novedoso en este tipo de conflictos es que la Junta de Andalucía se ha acogido a un instrumento jurídico poco frecuentado, la reconvención, una suerte de contraataque”.

Añadía este medio que “el caso más llamativo de los que han pasado por el órgano de mediación es el de José Manuel Vergel, que fuera director de Recursos Humanos de EPSA. Según consta en los documentos a los que ha tenido acceso en exclusiva esta redacción, Vergel ingresa en EPSA mediante libre designación sin someterse a proceso selectivo alguno. La propia Junta asevera en el texto de reconvención que "ha sido práctica habitual en la empresa pública durante mucho tiempo que la selección de puestos de alta responsabilidad careciera de criterios objetivos y estuviera reservada a personas designadas esencialmente por su afinidad política”.

Es indispensable señalar, en este punto, que Juan Manuel Vergelentonces funcionario del SAE de Almería - fue Secretario de Organización de la UGT-Andalucía con Juan Mendoza Castro de Secretario General, cargo que ocupó hasta el siguiente congreso de 1998 en que Juan Mendoza perdió frente a Manuel Pastrana cuando este le presentó una candidatura alternativa en dicho congreso.

Por otro lado, Diario de Sevilla seguía indicando en la noticia que en el caso de Vergel su selección viene motivada por su "estrecha vinculación personal y política" con el entonces director de EPSA, Jorge Cara, que ocupó el cargo de 2007 a 2010 y fue subdirector desde 2004. Cara es desde junio secretario general de Formación Profesional en la Consejería de Educación que dirige Mar Moreno. Vergel y Cara participaban en la dirección del PSOE de Roquetas de Mar. Vergel compatibilizó el cargo en EPSA con la responsabilidad de la Secretaría de Empleo del PSOE de Almería”.

Seguía el medio diciendo que “la Junta expone que en septiembre de 2007 Vergel "da instrucciones" para que se le prepare un contrato indefinido desde diciembre de 2006, constando una antigüedad cuantificada en 1.285 euros, y estableciendo que, "habida cuenta que el desempeño de cargo de directivo supone su desplazamiento a Sevilla desde el domicilio familiar de Almería, se pacte expresamente el abono de 7.000 euros brutos anuales, distribuidos en doce pagas, en concepto de indemnización por traslado”.

“Un año después ordena que se le beneficie con una indemnización por vivienda. De 2007 a julio de 2012 recibe 53.073 euros en vivienda, una cantidad que la Junta, además, considera que responde a un criterio "absolutamente fraudulento" al tener domicilio familiar en Sevilla. El nuevo equipo de EPSA considera que estableció el abono de dichas cantidades para incrementar sus retribuciones y, además, pactó percibirlo en especie "para eludir las limitaciones establecidas legalmente" a partir de 2010, cuando los emolumentos no podían superar el sueldo del presidente de la Junta (68.981).

Vergel pacta incluso mantener estas retribuciones si abandona la alta dirección, "siguiendo una práctica habitual en la empresa de reconocer privilegios de dudosa legalidad y moralidad", según el escrito de la Junta. Este alto cargo pasó de cobrar 55.977 euros como directivo intermedio a 78.179 euros”.

Finalmente, la noticia indicaba que la Junta también ha emprendido acciones legales contra otros tres ex altos cargos que han reclamado una indemnización tras su cese. Se trata de José María Salas, ex alcalde socialista del municipio jiennense de La Guardia, Federico Salmerón, ex director de Rehabilitación y Renovación Urbana de EPSA, y Antonio López Jiménez, amigo personal de Jorge Cara”.


Investigación Parlamentaria

Hace ahora casi 22 años, en mayo de 1995 el Parlamento de Andalucía discutía – entre IU y el PP - la creación de una comisión de investigación para investigar los créditos que por 19 millones de pesetas condonó, entre 1986 y 1987, la Caja de Ahorros de Jerez a 32 dirigentes del PSOE gaditano. Además, el PP quería ampliar esta condonación a las relaciones de la EPSA con el PSOE a través de la Caja de ahorros de Jerez u otras cajas de ahorro. Al parecer, la Caja de ahorros de Jerez desvió presuntamente al PSOE los intereses de una cuenta de EPSA, empresa dependiente de la Consejería de Obras Públicas.

Libertad Digital recordaba el episodio de EPSA de esta forma, “en julio de 1986 la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, permitió que el importe de la liquidación de los intereses de las cuentas que tenía abiertas en la Caja de Ahorros de Jerez, como representante de la Junta de Compensación de un polígono industrial, fuese ingresado en una cuenta del PSOE de manera subrepticia. Es decir, los intereses generados por el depósito de dinero de la Junta, o sea, dinero de todos los andaluces, terminó en las arcas privadas del PSOE.

Según la documentación disponible, fue Fermín del Moral, ex viceconsejero de Obras Públicas, luego candidato a la alcaldía de Cádiz y actualmente consejero delegado de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) quien recomendó la apertura de estas cuentas en la Caja de Ahorros de Jerez, en su sucursal de La Línea de la Concepción. El 7 de junio de 1984, Fermín del Moral propuso a la asamblea general extraordinaria de la Junta de Compensación del Polígono del Rosario Sector IV, en la que participaba como representante, «la necesidad de diversificar el trabajo financiero de la Junta de Compensación con más de una entidad bancaria y a tal efecto propone la apertura de cuentas en la Caja de Ahorros de Jerez, lo que es aceptado por unanimidad», según se recoge en el acta de la reunión.

EPSA, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, permitió entonces que el importe de la liquidación de intereses de las cuentas que tenía abiertas en la Caja de Ahorros de Jerez, como representante de la Junta de Compensación de un polígono industrial de Algeciras, fuese ingresado en una cuenta del PSOE. EPSA controlaba el 36,3% de la propiedad del polígono. Entonces, Fermín del Moral era representante de EPSA en Cádiz y delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas”.


Catálogo de Puestos de la AVRA

La relación de puestos de trabajo con retribuciones de la AVRA, es decir, el catálogo de puestos de trabajo, indican una plantilla de 612 trabajadores. Cifra que casi coincide con la ofrecida por la Cámara de Cuentas para 2015 que nos habla de 616 trabajadores en plantilla. El Demócrata Liberal ofrece a todos sus lectores, en exclusiva el catálogo de puestos de la AVRA.




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La Junta de Andalucía margina al funcionario que tiró de la manta del fraude de formación 


El personal descarga las carpetas con los cursos de formación para ser estudiados

  • El testigo protegido denunció su situación en el Parlamento pero el escrito no llegó a los grupos políticos

El funcionario que tiró de la manta del fraude en el caso FormaciónTeodoro Montes, denunció en un escrito registrado en el Parlamento de Andalucía hace dos meses y medio que la Junta le está sometiendo a un «hostigamiento» insoportable para «sancionar a quien denunció las irregularidades de los cursos» que investiga una comisión parlamentaria. El pasado 16 de noviembre, su superior jerárquico en la Delegación Territorial de Empleo en Sevilla, el jefe de Servicio de Formación para el Empleo, le comunicó un nuevo reparto de tareas que implicaba «formal y directamente el vaciado de contenido de funciones de mi puesto de trabajo como jefe del departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional», relató.

De tener a más de 40 técnicos a su cargo en el año 2009, ha pasado a dirigir un equipo de cuatro
De tener a más de 40 técnicos a su cargo en el año 2009, ha pasado a dirigir un equipo de cuatro técnicos y dos administrativos y se le «impide la realización de todo tipo de actuaciones» y la consulta de expedientes de los cursos, expone en un escrito registrado en el Parlamento el 21 de diciembre, donde aparecen dos destinatarios: el presidente de la Cámara autonómica, el socialista Juan Pablo Durán, y el de la comisión de investigación de los cursos, Julio Díaz (Ciudadanos). Ni la Presidencia del Parlamento ni el máximo responsable de la investigación aseguran tener constancia del enigmático escrito. Fuentes de la Presidencia de la Cámara aseguran que el escrito con la denuncia de acoso laboral se remitió directamente a Julio Díaz. Pero éste alega que no le consta haberlo recibido. El caso es, uno por otro, el escrito no llegó a los miembros de la comisión, integrada por diputados de PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU, hasta el pasado martes. Al conocer que su informe no había sido notificado a los últimos destinatarios, el testigo protegido lo presentó nuevamente en el Parlamento esta semana acompañado de otro escrito donde mostraba su «indignación» por no haberse dado traslado de su denuncia a los grupos.

Las declaraciones de este funcionario nunca han resultado cómodas para el Gobierno andaluz. Ya fuera como testigo del caso Formación ante la juez Mercedes Alaya, que le brindó protección policial, o como compareciente, año y medio después, ante la comisión que investiga las irregularidades en los cursos, el jefe del departamento de Gestión de Formación Profesional para el Empleo (FPE) de la Junta en Sevilla ha levantado ampollas.Ante la comisión, Montes declaró que las ayudas de los cursos se convirtieron en el «negocio del siglo en la Junta» con la connivencia de los altos cargos políticos del Gobierno andaluz, que ha logrado «pingües beneficios» en términos de paz social e influencia.

La eliminación de sus competencias supone, a su juicio, «el colofón al acoso laboral» del que es objeto. La Junta y sus superiores fueron condenados por «mobbing» en 2012, indicó.


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