La Cámara de Cuentas fiscaliza
las Encomiendas de Gestión de la Junta
- el TSJA dictó una sentencia contra la encomienda de gestión a IDEA que ponía patas arriba a toda la administración paralela de la Junta de Andalucía.
- En el periodo 2011-2013 se han formalizado un total de 1.008 encomiendas de gestión de tipo contractual por un importe global de 824.034,61 m€.
- En el 78% de los casos (57expedientes) no queda debidamente justificada o motivada la necesidad o la conveniencia de la realización de la prestación a través de la figura de la encomienda de gestión.
.....El fallo avisa de que repartir subvenciones, abrir expedientes de reintegro para exigir la devolución de ayudas o hacer inspecciones son tareas reservadas por ley a los funcionarios, y aunque se desarrollen en agencias públicas empresariales como IDEA deben ser ejercidas por el personal que tiene las competencias. Fuentes de la Asociación Defiendo mi Derecho han señalado a EL MUNDO que esta sentencia pone en cuestión a las 19 agencias públicas empresariales de la Junta, porque en ellas no hay funcionarios suficientes para ejercer estas potestades públicas. Y si el proceso no es correcto, todo ello sería anulable por los tribunales, han avisado. "No basta con que los actos finales sean dictados y firmados por el presidente de la Agencia, pues esa toma de decisión debe ir precedida de la instrucción de un procedimiento que incumbe exclusivamente a los funcionarios", destaca la sentencia.
En el fundamento sexto de la sentencia indica que “de ahí, la seria preocupación de la Asociación sobre la que sea este personal laboral, el que lleve a cabo ejercicio de potestades administrativas reservadas constitucional y legalmente a los funcionarios públicos. Preocupación que comparte este Tribunal. Y en el fundamento séptimo recoge que resulta obvio que por razones de oportunidad se ha optado en nuestra Comunidad Autónoma por una Administración Instrumental en detrimento de la Administración Central y de los funcionarios públicos que la integran, que están viendo mermadas en sus funciones y carrera profesional”.
El TSJA recuerda que así lo "hemos afirmado en numerosas sentencias respecto a encomiendas de gestión, anuladas por esta Sala y confirmadas por el Tribunal Supremo", ya que el "personal laboral" no puede llevar a cabo "actuaciones o funciones de dación de fe pública y gestión de registros administrativos, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria, de evaluación, control, vigilancia e inspección", todas ellas "de naturaleza indudablemente administrativa". El fallo insiste en que el ejercicio de estas potestades administrativas, entre las que también están el reparto de subvenciones, están "reservadas constitucional y legalmente a los funcionarios públicos”.
La fiscalización de las encomiendas de gestión por la Cámara de Cuentas.
.....Finalmente indica que “el 17,8% (13) de los expedientes analizados comprenden funciones que pudieran suponer directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades administrativas al exceder del concepto de “mera actividad material, técnico o de servicio” propio de las encomiendas”.
Llueve sobre mojado...
Manifestación de la sociedad civil del 13 de noviembre del 2010.
![[foto de la noticia]](http://estaticos04.elmundo.es/elmundo/imagenes/2010/11/13/andalucia/1289655526_extras_ladillos_1_0.jpg)
"No dudes nunca de que un pequeño grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así" Margaret Mead.
El artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público es muy explícito y ningún Tribunal puede obviarlo:
Artículo 9. Funcionarios de carrera.
1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.
Auto número 107/2012, de 4 de abril, por el que el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla, decide requerir a la Administración para que ninguna potestad o función que según la ley deba ejercerse por funcionario público pueda ser realizada por el personal no funcionario
El art.402 del código Penal dice así: El que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.\".Para denunciar no hace falta ni abogado ni procurado, no hay que demostrar nada, simplemente se trata de comunicar lo que entendemos que es un Delito. Es un deber de buen ciudadano.
ADMINISTRACIÓN PARALELA. El Consejo Social cuestiona
que la Junta de Andalucía mantenga dos agencias realizando las mismas funciones
- Avisa de que los gastos de personal de Andalucía Emprende «absorben la totalidad de los recursos económicos» para ejecutar la ley de emprendimiento
El Consejo Económico y Social de la Junta de Andalucía
ha detectado ciertas anomalías en el
anteproyecto de Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento, el último proyecto
en materia de Empleo que pretende poner en marcha el Gobierno autonómico.
Según el dictamen de este órgano consultivo, al que
ha tenido acceso ABC, el desarrollo de esta iniciativa por
parte de la futura agencia Andalucía Emprende —que actualmente funciona como una
fundación autonómica— incurre en una «duplicidad de funciones», ya que su
objeto es similar al que ya viene realizando la la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (IDEA), la agencia encargada de impulsar la actividad económica
en la Comunidad.
Noticia relacionada: 6-4-2016
LEY DE EMPRENDIMIENTO. El plan para la
fundación Andalucía Emprende, una«aberración» para los funcionarios Los
sindicatos SAF y CSIF advierten de que las potestades
públicas están reservadas exclusivamente a los trabajadores de la Función
Pública
Granada. El fin de la fusión
hospitalaria en Granada ya es oficial en el BOJA
- En cuanto a los profesionales, la orden establece que quedarán adscritos a uno de los dos hospitales de referencia
¿¿Donde antes digo, digo, ahora digo Diego???
- BOJA núm 39- 27 -2- 2017.Orden de 23 de febrero de 2017, por la que se actualiza la estructura de gestión y funcionamiento para la prestación de los servicios de atención especializada en el Área de Salud de Granada
Antecedentes = ¿Y todo ha
estado bien, durante 3 años y medio.
- 20-7-2016 Parlamento y Justicia avalan la unificación hospitalaria de Granada .La Consejería celebra la decisión de la Comisión de Salud, alineada con lo que dijo el Tribunal Superior de Justicia
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA), en sentencia firme, ha avalado “que el único objetivo que
persigue es mejorar la accesibilidad y la calidad en la atención de todos los
ciudadanos y facilitar el desarrollo y crecimiento profesional a través de la
especialización”. La Orden de unificación de los hospitales Virgen de las Nieves y San
Cecilio en el denominado Complejo Hospitalario de Granada (publicada en BOJA el
21 de noviembre de 2014) cuenta así “con todas las garantías jurídicas”.
- 1-12-2014 BOJA número 234 de 01/12/2014. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Orden de 21 de noviembre de 2014, por la que se actualiza la estructura de gestión y funcionamiento para la prestación de los servicios de atención especializada en el Área de Salud de Granada.
Conclusión.
Todos sabemos; ¿que hay detrás de todas la Reordenaciones, la de la Sanidad, la de la Reordenación del Sector Público, despilfarro, corrupción, enchufismo....? Todos lo saben y todos callan, los tribunales miran hacia otro lado salvo la Ilma. Sra. Magistrada Alaya; ¿Cuantas manifestaciones hubo contra la Reordenación del Sector Público; cuantos procedimientos judiciales interpuestos,cuyo resultado es el saqueo institucional de fondos públicos....? ¿Y nadie lo para....?
¡¡¡¡Un Hurra por la sociedad civil!!!.
lunes, 27 de febrero de 2017.
La Cámara de Cuentas fiscaliza las
Encomiendas de Gestión de la Junta
- el TSJA dictó una sentencia contra la encomienda de gestión a IDEA que ponía patas arriba a toda la administración paralela de la Junta de Andalucía.
- En el periodo 2011-2013 se han formalizado un total de 1.008 encomiendas de gestión de tipo contractual por un importe global de 824.034,61 m€.
- En el 78% de los casos (57expedientes) no queda debidamente justificada o motivada la necesidad o la conveniencia de la realización de la prestación a través de la figura de la encomienda de gestión.
El pasado día 21 de febrero se publicó en Boja la
fiscalización de las encomiendas de gestión de determinadas Consejerías de la
administración autonómica andaluza. Una fiscalización que ha pasado de
puntillas tanto para la prensa regional como por los grupos parlamentarios de
Andalucía. No estará interesada la oposición política andaluza en la
cesión de competencias públicas hacia la administración paralela de la Junta de
Andalucía, que esta última la creó “ex profeso” para ello, por personal laboral
de agencia sin funcionarios. Parece que a estas alturas a muy pocos les viene interesando esta
no asunción de potestades públicas de la Junta de Andalucía en beneficio de una
administración paralela, que forma una interminable tela de araña
en Andalucía, y que tiene sus entrañas mismas en los juzgados con los mayores
escándalos del régimen como el caso ERE.
Muchos creen que esto ya no vende
políticamente, que hay que dejar solos en la lucha a los funcionarios y
laborales de la Administración General de la Junta de Andalucía, porque estar
ahí resta votos. Parece que aún no se han parado a ver que al final, por el “silencio de los
corderos”, los grandes
damnificados de estas encomiendas son los ciudadanos que sufren una merma
durísima en la calidad de los servicios públicos prestados, que a la larga salen peores y más caros por la
duplicidad creada por la propia administración.
Además, aquellos que dicen defender los servicios
públicos y la calidad de los mismos llevan callados ya demasiado tiempo, y ya
no los defienden ni en la calle, ni en el Parlamento. Y los ciudadanos lo
apuntan todo a la hora de las elecciones. Los perfiles bajos
en política podrán servir para más allá de Despeñaperros. Los ciudadanos tienen en
Andalucía un gobierno regional y un Parlamento que parecen vivir de espaldas a
sus intereses como ciudadanos. Aquí la dejación política se paga en las urnas.
Y se paga carísimo. Parece que aún no han tomado nota de que aquí han sido los propios
ciudadanos en Andalucía, cansados ya de tantas mentiras, los que se lanzaron a
la calle a defender sus servicios públicos sanitarios, primero en Granada, y
luego en el resto de capitales. Incluso han dado
un paso más y están creando asociaciones para defender los servicios públicos
hasta en los juzgados.
La encomienda de gestión.
Viene expresada en el art. 11 de la Ley 40/2015 de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. El citado artículo indica en su punto
1 que “la realización de actividades de carácter material o técnico de la
competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho
Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de
la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén
esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios
técnicos idóneos para su desempeño.
Las encomiendas de gestión no podrán
tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la
legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y
régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta.”
Por otro lado, el art. 105 de la Ley 9/2007, de 22
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía recoge las
encomiendas de gestión por la Administración de la Junta de Andalucía a favor de
órganos o entidades de la misma o distinta Administración. El punto 1. del citado
artículo inda que “la realización de actividades de carácter material,
técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de
las entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o
entidades de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o
cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.”
El punto 2. recoge que “la encomienda de gestión
no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos
sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o entidad
encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den
soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de
encomienda.”
En este enlace al portal de
transparencia de la Junta de Andalucía pueden acceder a un largo listado de
encomiendas de gestión realizadas por la Junta de Andalucía.
La Sentencia del TSJA contra la
encomienda de gestión a IDEA.
En marzo de 2016, el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía dictó una sentencia que ponía patas arriba a toda la
administración paralela de la Junta de Andalucía. La sentencia era consecuencia
de la denuncia promovida por la Asociación Defiendo mi Derecho y la
Gestión Pública contra el Decreto 122/2014 del Consejo de Gobierno, promovido por la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio, que dirige el consejero José Sánchez Maldonado, que
modifica los estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
(IDEA), una agencia pública empresarial. Y que ya fue objeto de análisis en El
Demócrata Liberal a través del artículo de Luis Escribano que pueden ver en
este enlace:
Entre sus probables consecuencias, está la
declaración de nulidad de las comprobaciones, inspecciones y autorizaciones de
vehículos en las ITV que podrían estar ejerciéndose de forma ilegal y la
aprobación muchos actos administrativos por empresas, fundaciones
y agencias públicas de la Junta de Andalucía, que gestionan
cientos de millones de euros. Por último, según el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, los funcionarios no pueden ser obligados a trabajar en las Agencias
Públicas Empresariales, dado que es voluntario.
Esta sentencia también puede tener una gran
influencia en todos los procesos penales que se encuentran en fase de
instrucción en los diversos Juzgados de Instrucción, como los casos ERE, EDU o
formación para el empleo, fondos JEREMIE, FAFFE, Invercaria, EGMASA, Soprea,
etc., en los que están siendo investigados sociedades, fundaciones y agencias
públicas.
El fallo avisa de que repartir
subvenciones, abrir expedientes de reintegro para exigir la devolución de
ayudas o hacer inspecciones son tareas reservadas por ley a los funcionarios, y aunque
se desarrollen en agencias públicas empresariales como IDEA deben ser ejercidas
por el personal que tiene las competencias. Fuentes de la Asociación Defiendo mi
Derecho han señalado a EL MUNDO que esta sentencia pone
en cuestión a las 19 agencias públicas empresariales de la Junta, porque en ellas no hay funcionarios suficientes
para ejercer estas potestades públicas. Y si el proceso no
es correcto, todo ello sería anulable por los tribunales, han avisado. "No
basta con que los actos finales sean dictados y firmados por el presidente de
la Agencia, pues esa toma de decisión debe ir precedida de la instrucción de un
procedimiento que incumbe exclusivamente a los funcionarios", destaca la
sentencia.
En el fundamento sexto de la sentencia indica que “de ahí, la
seria preocupación de la Asociación sobre la que sea este personal laboral, el
que lleve a cabo ejercicio de potestades administrativas reservadas
constitucional y legalmente a los funcionarios públicos. Preocupación que
comparte este Tribunal. Y en el fundamento séptimo recoge que resulta
obvio que por razones de oportunidad se ha optado en nuestra Comunidad Autónoma
por una Administración Instrumental en detrimento de
la Administración Central y de los funcionarios públicos que la integran, que
están viendo mermadas en sus funciones y carrera profesional”.
El TSJA recuerda que así lo "hemos afirmado en
numerosas sentencias respecto a encomiendas de gestión, anuladas por esta Sala
y confirmadas por el Tribunal Supremo", ya que el "personal
laboral" no puede llevar a cabo "actuaciones o
funciones de dación de fe pública y gestión de registros administrativos,
asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión
económica, financiera y presupuestaria, de evaluación, control, vigilancia e
inspección", todas ellas "de naturaleza indudablemente
administrativa". El fallo insiste en que el ejercicio de estas potestades
administrativas, entre las que también están el reparto de
subvenciones, están "reservadas constitucional y legalmente a los
funcionarios públicos”.
La fiscalización de las encomiendas de
gestión por la Cámara de Cuentas.
En informe de la Cámara de Cuentas indica que, “sobre
la base de las relaciones certificadas, en el periodo
2011-2013 se han formalizado un total de 1.008 encomiendas de gestión de tipo
contractual por un importe global de 824.034,61 m€. La Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio ha realizado el 37,2% de los encargos representativos
del 36,0% de la cuantía global comprometida en dicho periodo, primacía que es
compartida con la Consejería de Fomento y Vivienda (27,4% en número y 26,3% del
importe)”.
Señala que “la evolución interanual muestra una tendencia
continuada de descenso del número de encomiendas y del importe de las mismas. Así, en el ejercicio 2013 los
encargos formalizados por el sector público de la Junta de Andalucía (297 encomiendas que
importaban 234.458,61 m€) han tenido una disminución de un 23,5% con respecto al
número de los realizados en 2011 y de un 34,8% atendiendo a su cuantía”.
Además, la Cámara expresa en su informe que, “a la fecha de elaboración de
los trabajos se observa una falta de regulación normativa, tanto estatal como
autonómica, sobre determinados aspectos que se consideran esenciales en la
tramitación de esta figura jurídica, y que definan un procedimiento que sea
legalmente aplicable. Ello hace que los encomendantes no hayan
aplicado criterios homogéneos ni modelos normalizados en la formación de sus
expedientes, lo que supone una mayor dificultad para el establecimiento de
controles administrativos sobre las mismas”.
El cumplimiento de los requisitos de las
encomiendas.
Sobre el cumplimiento de los requisitos para la
utilización de las encomiendas de gestión, la Cámara de Cuentas indica que “las
entidades encomendantes no cuentan con una planificación específica, según
criterios estratégicos cualitativos o cuantitativos predefinidos, que permita
determinar qué prestaciones van a externalizarse mediante utilización de la
figura del contrato público, y cuáles van a llevarse a cabo mediante
la encomienda de gestión. Dichas decisiones han sido adoptadas por las
distintas unidades administrativas supeditadas a la estructura organizativa, al
equipo directivo y a criterios de oportunidad y disponibilidad de medios y
recursos”.
Un aldabonazo de aviso lo da la Cámara cuando indica
que “por
lo general en los expedientes fiscalizados se justifica la necesidad de
realizar los trabajos que constituyen el objeto de las encomiendas. Sin
embargo, en el 78% de los casos (57 expedientes) no queda
debidamente justificada o motivada la necesidad o la conveniencia de la
realización de la prestación a través de la figura de la encomienda de gestión, trámite formal y preceptivo
exigido, entre otros, por el artículo 106.2 a) de la LAJA”.
La Cámara señala la recurrencia de algunas
encomiendas, de hecho, indica que “el 65,7% de las
encomiendas analizadas (48 expedientes) han tenido un carácter recurrente y
continuado en el tiempo, teniendo como finalidad la satisfacción de necesidades
de carácter estructural derivadas de la existencia de déficits de plantilla o
deficiencias organizativas, evidenciando que no se ha perseguido un apoyo
coyuntural concreto y específico al órgano encomendante en el ejercicio de sus
funciones. Ello ha supuesto, en muchos casos, una
dependencia de los entes instrumentales por parte de las entidades
encomendantes, lo que podría comprometer la operatividad de las entidades instrumentales
si se prescindiera de este recurso”.
Además, la Cámara dice que “en el
23,3% de los expedientes analizados (17 expedientes) el objeto de la prestación
encomendada carece de la precisión y concreción suficiente acorde con la
naturaleza de esta figura jurídica, ya que su contenido se formula de una
manera amplia, genérica y difusa, o con un insuficiente nivel de desglose, lo
que impide, o, cuando menos, dificulta, realizar el seguimiento de su
cumplimiento y ejecución”.
Por otro lado, la Cámara de Cuentas dice en su
informe que “la valoración económica (presupuesto) que se recoge en el 32,8% de
los proyectos o presupuestos técnicos analizados (24 expedientes) no
justificaba adecuadamente la cuantificación de los importes presupuestados, ya
que estos no contenían elementos que permitiesen evaluar la razonabilidad de
los importes y unidades de tiempo presupuestadas, y, por consiguiente, la
valoración del cumplimiento del principio de eficacia en la gestión de los
fondos públicos”.
Finalmente indica que “el 17,8%
(13) de los expedientes analizados comprenden funciones que pudieran suponer
directa o indirectamente el ejercicio de competencias o potestades
administrativas al exceder del concepto de “mera actividad material, técnico o de
servicio” propio de las encomiendas”.
Sobre la imputación presupuestaria de
las encomiendas.
El informe de fiscalización de la Cámara de cuentas
recoge que “la totalidad del gasto correspondiente a las encomiendas
analizadas ha sido financiado con cargo a partidas presupuestarias de los
Capítulos 2 “gastos corrientes en bienes y servicios” y 6 “inversiones reales”
del presupuesto de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, en el 30,1% de
los expedientes fiscalizados (22 supuestos) la imputación presupuestaria
llevada a cabo no se ha ajustado en su totalidad a los códigos y a las
definiciones de la clasificación económica del estado de gastos establecidos en
la Orden de 3 de julio de 2012, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública. Así, se han detectado encomiendas que tenían un carácter
estructural (tenían por objeto cubrir insuficiencias de
plantilla) y, sin embargo, fueron financiadas con cargo a
partidas del Capítulo 6 y no al Capítulo 2, siendo éste más
adecuado atendiendo al objeto perseguido”.
Sobre la ejecución de las encomiendas.
El informe indica que “en el
42,6% de los supuestos analizados, el importe de las prestaciones que el medio
propio (entidad encomendataria) ha contratado con terceros supera el 50% de la
cuantía del encargo. Este porcentaje de subcontratación
llega a alcanzar el 100% de la prestación en el 10,2% de los expedientes
analizados, pertenecientes a la Consejería de Fomento y Vivienda (AOPJA); Consejería de
Turismo y Comercio (TUDASA) y en el SAS (Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Costa del Sol). Incluso en estos supuestos, en los que el ente
instrumental ha actuado como mero intermediador entre la Administración y los
contratistas, ha facturado los gastos de gestión (salvo la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Costa del Sol)”.
También señala que
“en el 76,8% (43 expedientes) de los supuestos en los que
se ha producido subcontratación, los órganos encomendantes no habían
establecido en la Resolución de la encomienda previsiones específicas referidas
a la materia de subcontratación, ni se constata la realización de controles, en su calidad de órgano
director, coordinador y supervisor de las actuaciones, para conocer el grado y alcance
de la subcontratación realizada por la encomendataria, para verificar si el
ente instrumental se ha sometido o no a las disposiciones del TRLCSP, o para
saber si dicha subcontratación ha tenido lugar o no”.
Por otro lado, el informe de la Cámara recoge que “no en
todos los supuestos analizados queda debidamente acreditado en el expediente el
cumplimiento de las previsiones establecidas en las resoluciones para
garantizar el adecuado seguimiento y ejecución de las encomiendas (actuaciones del Director
facultativo en orden a dirigir la ejecución de la encomienda; documentación
acreditativa de la constitución y funcionamiento de los órganos colegiados en
la periodicidad establecida en la Resoluciones; memorias o informes de
seguimiento de las actividades, etc.). Igualmente, en muchos
casos no se justifica la realización de actuaciones de control que permitan
verificar que los recursos facturados corresponden de forma cierta a la
encomienda objeto de análisis o de que las horas del personal del medio
propio dedicadas a la ejecución de la encomienda respalde la facturación a la
Administración de los trabajos encomendados”.
Además, la Cámara de Cuentas añade que “el 43,8% de
los expedientes fiscalizados (32 expedientes) han sido objeto de prórrogas que
ampliaron el plazo de ejecución inicialmente previsto para desarrollar la
prestación. El incremento medio del plazo autorizado considerando la totalidad de
los expedientes ha sido de un 62,7% sobre el originalmente consignado. A la
fecha de cierre de los trabajos de campo, 59 expedientes estaban concluidos
agotando las fechas concedidas para las prórrogas de los mismos, si bien, seis
de ellos finalizaron fuera de los plazos otorgados en las resoluciones de
encomienda o en las prórrogas de las mismas. Los catorce expedientes restantes
se encontraban en curso, debido a demoras producidas en su ejecución o que aún
estaba vigente su plazo de realización. El presupuesto final de ejecución de
los expedientes tras las variaciones netas que se han ocasionado con motivos de
las modificaciones producidas fue de 127.570,57 m€, significativo de un
incremento del presupuesto originario de 10.512,58 m€ (9%)”.
La Cámara es clara cuando indica que “se han
observado supuestos en los que la ampliación del plazo de ejecución tuvo lugar
una vez finalizado el periodo de vigencia de la encomienda o del contrato que derivaba de
la misma, e incluso supuestos en los que se ha ido extendiendo
la realización de actividades a años posteriores no previstos inicialmente, sin
que se haya formalizado el correspondiente expediente de prórroga, ni se haya
modificado la resolución de encomienda”.
Finalmente, la Cámara hace una recomendación a la
Junta de Andalucía cuando indica que “se recomienda a la
Administración de la Junta de Andalucía reflexionar sobre la configuración
actual del uso de las encomiendas de gestión, analizando la actividad que
realizan, en relación con las mismas, los entes instrumentales y los medios
propios, y en definitiva se recomienda analizar si responden a la forma más
eficiente, eficaz y económica de prestación de servicios.
ADMINISTRACIÓN PARALELA.
El Consejo Social cuestiona que la
Junta de Andalucía mantenga dos agencias realizando las mismas funciones.
- Avisa de que los gastos de personal de Andalucía Emprende «absorben la totalidad de los recursos económicos» para ejecutar la ley de emprendimiento
El Consejo Económico y Social de la Junta de
Andalucía ha detectado ciertas anomalías en el anteproyecto de Ley
Andaluza de Fomento del Emprendimiento, el último proyecto en materia de Empleo
que pretende poner en marcha el Gobierno autonómico.
Según el dictamen de este órgano consultivo, al que
ha tenido acceso ABC, el desarrollo de esta iniciativa por parte de la futura
agencia Andalucía Emprende —que actualmente funciona como una fundación
autonómica— incurre en una «duplicidad de funciones», ya que su objeto es similar al
que ya viene realizando la la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
(IDEA), la agencia encargada de impulsar la actividad económica en la
Comunidad.
Además, este documento advierte de que la futura
Agencia Andalucía Emprende «absorbe la práctica totalidad de los
recursos asignados» para poner en marcha esta nueva norma de apoyo a emprendedores.
El anteproyecto, a tenor de lo que el Consejo Social
pone sobre la mesa, viene a decir, en resumidas cuentas, que la Junta pretende
realizar una fuerte inversión en algo que ejecuta otra agencia
pública. Siguiendo
al pie de la letra lo que recoge el dictamen del Consejo Social, «se observa
una posible duplicidad de competencias en materia de empresas que pone de
manifiesto un problema de coordinación con la Agencia IDEA».
El mismo órgano va incluso más lejos y manifiesta
que «no se aprecia que se hayan corregido las observaciones de posibles
disfuncionalidades, que señalaba el escrito de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en su informe dentro del trámite de
audiencia, de fecha 16 de mayo de 2016, entre el entonces artículo 10 (ahora
11) sobre los fines de Andalucía Emprende».
Es decir, que ya se sabía que
había posibles duplicidades antes de llegar al Consejo Social. De hecho «el Servicio Andaluz
de Empleo (SAE) también hace una advertencia similar».
El órgano consultivo avisa de que las mismas funciones ya las viene realizando la Agencia IDEA
Pero hay más. El análisis del Consejo Social aborda
asimismo las consecuencias económicas que puede deparar la puesta en marcha de
esta nueva agencia. En concreto, apunta que «el anteproyecto se orienta
principalmente a garantizar un derecho individual en igualdad de oportunidades y a
articular una herramienta para ofrecer dicho derecho: la Agencia Andalucía
Emprende».
Añade que «la memoria económica del anteproyecto de
ley de la Secretaría General de Economía de la Junta de Andalucía refleja el
protagonismo de la agencia que absorbe la práctica totalidad de los
recursos económicos asignados».
Falta de participación
El dictamen apunta además a otros aspectos que podrían
resultar controvertidos, como la exclusión de la Universidad y la Educación en
general en el anteproyecto de ley. «Es conveniente que el sistema educativo y
las universidades participen activamente en la formación para emprender y que
se potencien los instrumentos de transferencias de conocimientos entre
universidades y empresas», expone.
Con relación al Plan General de Emprendimiento, el
Consejo Social precisa que se debe incluir la participación de las
universidades y su conexión con el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e
Innovación (PAIDI) 2020. Propone además que su estructura sea
más flexible.
Recomienda que en el mismo participen no sólo las
administraciones públicas implicadas sino el resto de agentes del sistema
andaluz junto con expertos de reconocido prestigio profesional y académico en
el campo del emprendimiento.
Dada la importancia que tiene el plan para la
operativa de toda la ley, debe recogerse un plazo cierto para su entrada en
vigor y seguimiento. Demanda más control y participación en definitiva, aspectos que no
refleja bajo ningún concepto la iniciativa de la Junta.
Del dictamen del Consejo Social se deduce que el
anteproyecto de ley de la Junta tendría como objetivo prioritario
convertir la Ley del emprendimiento en la Ley de Andalucía Emprende. Hay que recordar que desde el
pasado verano la Junta ha intentado impulsar la Ley de Emprendimiento, si bien
agentes sociales consultados por este periódico manifiestan que la iniciativa
apenas plantea nada para los emprendedores de Andalucía.
Otro de los objetivos que podría perseguir el
proyecto de la Junta es generar un nuevo nicho de empleo, si bien sus funciones no
tendrían sentido al existir una agencia que ya realiza las mismas funciones.
Granada.
El fin de la fusión hospitalaria en
Granada ya es oficial en el BOJA.
- En cuanto a los profesionales, la orden establece que quedarán adscritos a uno de los dos hospitales de referencia
El Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA) publica este lunes la derogación de la orden de 21 de noviembre de 2014 que
unificó los hospitales San Cecilio y Virgen de las Nieves en el Complejo Hospitalario
Universitario de Granada, de acuerdo con el compromiso adquirido por el Gobierno
andaluz en
el acuerdo suscrito el pasado 7 de febrero entre la Consejería de Salud y las
plataformas sanitarias de Granada.
Según destaca la Consejería de Salud en un comunicado, el texto
publicado en el BOJA establece dos áreas hospitalarias diferenciadas, cada una
de ellas dotadas con un hospital de referencia (Hospital Virgen de
las Nieves y Hospital Campus de la Salud), y recoge que cada hospital de
referencia dispondrá de estructuras de dirección, gestión y funcionales
propias.
En cuanto a los profesionales, la orden establece que quedarán adscritos a uno de
los dos hospitales de referencia y recoge que, «en ningún caso, estas
adscripciones conllevarán menoscabo alguno en las condiciones
esenciales de trabajo y económicas de los profesionales».
En función de lo previsto en el Decreto
136/2001
que regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión
de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(SAS), se atenderá en primer lugar a la voluntariedad del personal y, en caso de
exceso o defecto de solicitudes voluntarias para cubrir las necesidades de las respectivas
plantillas, se actuará según el procedimiento que se negocie en el
ámbito de la Mesa Sectorial.
Según subraya la Consejería de
Salud, ello
supone que el proceso de redistribución de efectivos se realizará mediante
negociación en Mesa Sectorial, una vez definida la adaptación de las
estructuras funcionales existentes en la actualidad. La Dirección General del
SAS competente en materia de profesionales comunicará individualmente la nueva
adscripción a cada uno de los afectados.
Periodo transitorio
La orden establece un periodo
transitorio de seis meses desde su entrada en vigor este martes para proceder tanto a
la adscripción de los profesionales como a la adaptación de las estructuras
de dirección y funcionales existentes en la actualidad, en función de la nueva
demarcación territorial de las dos áreas hospitalarias establecidas.
Por último, Salud subraya que en el procedimiento de
elaboración de esta Orden se ha tenido en cuenta el «intenso diálogo»
realizado
con diversas plataformas, asociaciones ciudadanas y sindicatos, además de
contar con el apoyo de las organizaciones sindicales en el proceso de
negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad.
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