CASO AZNALCÓLLAR
- La juez que investiga el concurso minero ordena a la Guardia Civil que rastree los 'mails' de la viceconsejera de Empleo, de su antecesor en el cargo y del intervetor general de la Junta
- La orden judicial incluye los mensajes de 17 cuentas de correo entre 2013 y 2016 e incluye a los miembros de la mesa técnica y de adjudicación de la mina
- El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, fue incluido en un principio en la investigación pero quedó descartado por su aforamiento
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/02/14/58a2f354468aeb8c578b45b5.html
CASO AZNALCÓLLAR
La
UCO investiga los correos de tres altos cargos de Susana Díaz por el presunto
amaño de Aznalcóllar
- La juez que investiga el concurso minero ordena a la Guardia Civil que rastree los 'mails' de la viceconsejera de Empleo, de su antecesor en el cargo y del intervetor general de la Junta
- La orden judicial incluye los mensajes de 17 cuentas de correo entre 2013 y 2016 e incluye a los miembros de la mesa técnica y de adjudicación de la mina
- El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, fue incluido en un principio en la investigación pero quedó descartado por su aforamiento
Diecisiete cuentas de correo
electrónico de la
Junta de Andalucía, la mayoría de ellas de la Consejería de Empleo, han sido
intervenidas por orden del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, que investiga las
supuestas irregularidades en el concurso por medio del cual el Gobierno andaluz
adjudicó la mina de Aznalcóllar. Entre las cuentas de correo que ya investiga
la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están las de tres altos cargos del ejecutivo de Susana Díaz: la viceconsejera de Empleo y ex directora general de Minas, María José
Asensio; su antecesor en la viceconsejería, Luis Nieto; y el interventor
general de la Junta de Andalucía y ex secretario general de Industria, Energía
y Minas, Vicente Fernández.
El resto de las cuentas intervenidas pertenece a funcionarios y cargos
intermedios fundamentalmente
de Empleo y que participaron directamente en la tramitación del concurso de
adjudicación de Aznalcóllar, bajo sospecha tras la denuncia de una de las
empresas aspirantes, Emerita Resources, y en el que, según la Audiencia de
Sevilla, se produjeron ilegalidades "severas".
La intervención de estos correos la ordenó la juez de Instrucción 3,
Patricia Fernández, el pasado mes de enero en un auto por el que, además,
decretó la apertura de una pieza separada y secreta dentro del grueso del procedimiento
por el que se investiga el concurso minero.
En su auto original, la magistrada incluyó al consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado,
dentro del listado de cuentas de correo electrónico a intervenir, pero su
aforamiento como parlamentario autonómico le ha librado de la investigación.
De todo ello da cuenta la juez en otro auto fechado el pasado día 9 en el
que decreta el levantamiento del secreto sobre estas actuaciones, dentro de las
cuales agentes de la UCO llegaron a personarse en las dependencias de la Consejería de Empleo para requisar material informático.
En sus autos, la juez Fernández da instrucciones a los investigadores acerca del plazo de
tiempo que deben investigar, entre los años 2013 y 2016, y en lo referente al
contenido de los mensajes que deben analizar, que deben ser referidos al
procedimiento de adjudicación de Aznalcóllar.
Alaya ordenó
la reapertura del caso.
Estas
intervenciones se producen a raíz de la decisión de la Audiencia de Sevilla de reabrir la investigación, archivada inicialmente por el Juzgado de Instrucción 3 al no
encontrar indicios de delito.
En un durísimo auto del que fue ponente la magistrada Mercedes Alaya, la
sala afirmó que en el procedimiento se habían cometido «ilegalidades severas y arbitrarias» por parte de los
responsables de la Junta que lo promovieron y llevaron a cabo.
No sólo no se respetó la legalidad, dijo el tribunal, sino que ni siquiera
cumplió la Junta de Andalucía las bases del concurso que ella misma estableció
de forma discrecional y haciendo uso de sus competencias. Hubo, señalaba el
auto, un «elevado número de omisiones e incumplimientos», hasta el punto de que
no se puede en absoluto, añade, descartar un delito de prevaricación.
Las irregularidades se extienden, en opinión de los magistrados de la
Audiencia sevillana, a todas las fases del concurso, desde la admisión de las
ofertas hasta la adjudicación final.
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