sábado, 7 de enero de 2017

La Junta oferta casi 8.000 plazas de funcionario en 2017 + Realidad y ficción sobre la recuperación de las 35 horas = Un 30% de Los universitarios andaluces quieren ser funcionarios...pues les será imposible, la Administración de selección y acceso constitucional OEP, se ha sustituido en Andalucía, por la Administración Instrumental y Paralela, de selección “digital y juntera”, cuenta con más de 35.000 “efectivos” y cuesta más de 4.500 millones de euros. Además de la Ley del Enchufismo, los junteros, siguen incumpliendo la Constitución y las leyes, sin que hasta la fecha nadie les pare, ahora a ver en que queda el tema de las 35 horas, versus un “choque de trenes” entre la CCAA y el Estado con los funcionarios públicos de “rehenes” ¿¿???

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Realidad y ficción sobre la recuperación de las 35 horas

  • El Gobierno está dispuesto a negociar con la Junta, pero no descarta el recurso contra una decisión que incumple normas de rango estatal

FUNCIÓN PÚBLICA.La Junta oferta casi 8.000 plazas de funcionario en 2017

Examen de las oposiciones del SAS del pasado año

  • En Administración General se pueden presentar solicitudes hasta el 16 de enero, el SAS la tiene cerradas y Educación no tiene decidida la fecha.
Un sueldo fijo en un empleo garantizado para toda la vida laboral. Es la aspiración del 30 por ciento de los universitarios andaluces que sueñan con ser funcionarios, según las últimas encuestas........

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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Realidad y ficción sobre la recuperación de las 35 horas

  • El Gobierno está dispuesto a negociar con la Junta, pero no descarta el recurso contra una decisión que incumple normas de rango estatal






El próximo 16 de enero, 273.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía recuperarán la jornada de 35 horas semanales. Ése el eslogan oficial, pero se trata sólo de una verdad a medias. Porque, de hecho, ese día sólo notará un cambio sustancial en su horario de trabajo el personal adscrito a la administración general de la Junta, compuesto por algo más de 45.000 trabajadores, entre funcionarios, interinos y laborales.

La reducción no será inmediata ni automática ni para el personal sanitario -que verá la reducción a lo largo del año en la medida en que se negocien los nuevos turnos centro por centro-, ni para el del sistema educativo, que sólo disfrutará de la rebaja a partir de septiembre y de forma paulatina. Para éstos últimos las actuales 20 horas lectivas semanales se quedarán en 19 en el curso 2017-2018; y en 18 en el curso 2018-2019.

Además, los trabajadores de la administración de Justicia se quedan completamente fuera del acuerdo, porque se trata de un cuerpo funcionarial que sigue dependiendo de la administración del Estado pese a que la Junta dispone de las competencias en materia de Justicia.

Y es una verdad a medias también porque la implantación de la reducción horaria no depende de la voluntad exclusiva de la Junta de Andalucía sino que, en la medida en que incumple una norma estatal de rango superior, está condicionada a la decisión última del Gobierno de la Nación, obligado a recurrirla ante el Tribunal Constitucional como hizo ya (con éxito) frente a una iniciativa similar del Gobierno de Castilla- La Mancha o el País Vasco.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha hecho varios llamamientos a la Junta de Andalucía para sentarse a negociar cuanto antes y evitar así un 'choque de trenes' con los funcionarios públicos de 'rehenes'. Pero, a menos de dos semanas de la entrada en vigor de la medida, ni siquiera existe aún una fecha para iniciar esa negociación, por lo que, previsiblemente, la administración general de la Junta adoptará los nuevos horarios el 16 de enero, aunque lo hará en precario y sin garantías de que vaya a sostenerse de manera definitiva.

El Partido Popular recibió en su momento el anuncio del Gobierno andaluz como un pulso político de Susana Díaz, que contaba de antemano con la posibilidad de que un recurso de inconstitucionalidad dejara en papel mojado el acuerdo alcanzado en junio de 2016 con los sindicatos.

En el caso de que el Constitucional paralizara e incluso considerara nula la reducción horaria, el desgaste político por la frustración generada entre el numeroso colectivo de los empleados públicos sería para el Gobierno de la Nación y no para la Junta de Andalucía, que habría demostrado, a coste cero, su voluntad política de aliviar el recorte de derechos laborales que, en los años de la crisis, se impuso a los trabajadores de la administración andaluza.

Desde ese momento, el Partido Popular intenta buscar la manera de 'desarticular' esa maniobra política de Susana Díaz. De hecho, aunque el PP alertó enseguida de que el Gobierno andaluz carecía de competencias para tomar esa decisión, cuando el decreto de las 35 horas se sometió a votación en el pleno de la Cámara, los diputados populares no votaron en contra sino que se abstuvieron, como también lo hizo Ciudadanos, frente al apoyo que el PSOE sí obtuvo de los parlamentarios de Podemos e IU.

Todos son beneficios para el Gobierno de Susana Díaz.

Tanto el Consejo Consultivo como los servicios jurídicos de la Junta habrían advertido al Gobierno andaluz igualmente de su falta de competencias en este asunto, según se supo también a raíz de la aprobación del anteproyecto de presupuesto. Y, sin embargo, la Junta ha mantenido su desafío en la confianza de que sólo puede traerle beneficios: o bien consigue doblegar la determinación del Gobierno de hacer cumplir la Ley estatal, o bien abre un nuevo frente político con el PP que demuestre que la auténtica oposición a las políticas de derechas del Gobierno de Rajoy se encuentra en Andalucía.

De ahí los intentos del Gobierno de la Nación por abrir una vía de negociación in extremis que permita llegar a un acuerdo, sin que ninguna otra administración pueda sentirse agraviada por un posible 'trato de favor' a la Junta de Andalucía en medio de una suerte de 'tregua' política del PSOE con el Gobierno de Rajoy a nivel nacional.










Pese a todo, no se contempla la opción de 'mirar para otro lado' mientras el Gobierno andaluz desoiga la Ley estatal de 2012 que impuso la jornada semanal de 37,5 horas de mínimo en la administración general -como medida de ahorro presupuestario y de control del déficit-. «El Gobierno tiene que hacer cumplir la ley; ésa es su responsabilidad y no le queda otra opción», explica a EL MUNDO Antonio Sanz que, sin embargo, sigue viendo aún opciones para el diálogo y el acuerdo.

La única opción del Gobierno de arrebatarle a Susana Díaz la iniciativa sería impulsar una derogación parcial de las medidas de ahorro que afectan a los funcionarios públicos. Aunque el coste en términos de presupuestos y déficit de esa alternativa parece de momento inasumible.











¿Creación de Empleo?

Los sindicatos firmantes del acuerdo de junio de 2016 (UGT, CCOO y CSIF) se han lanzado a hacer cálculos sobre el empleo que la reducción de la jornada puede crear. Según UGT, en torno a 15.000 puestos de trabajo. Pero la experiencia no invita a ser tan optimistas.

La crisis ha provocado la supresión de varios miles de empleos públicos tanto en la Sanidad (unos 6.000) como en la Educación (unos 4.500). Y, sin embargo, la oferta de empleo hecha pública por la Junta de Andalucía en ambos sectores dista mucho de ser un paliativo significativo. Baste un ejemplo: la implantación del Francés como segundo idioma extranjero en los centros educativos se ha realizado sin incrementar las plantillas docentes, lo cual, unido a un descenso de la presión demográfica en Primaria, ha provocado la eliminación de hasta un millar de plazas de maestros generalistas. Este año, en contra de lo prometido, no habrá oposiciones generales para Infantil o Primaria.

Cabe recordar además que, en sus políticas educativas, la Junta no se ha limitado a cumplir con las restricciones de personal impuestas por el Gobierno sino que ha ido más allá de lo que han hecho otras comunidades en el ajuste de los horarios o la reducción de las sustituciones.

En cuanto a la Sanidad, las fusiones hospitalarias y el cierre de camas ha provocado una reacción de profesionales y usuarios en la calle como nunca antes se había visto en ciudades como Granada, Huelva o Málaga.

Y, con todoel Gobierno andaluz se ha comprometido a aplicar la reducción de la jornada de sus empleados públicos sin disminuir la calidad de los servicios. La pregunta es: ¿está en condiciones la Junta de crear los 15.000 empleos que supuestamente se necesitan para compensar los nuevos horarios?




FUNCIÓN PÚBLICA
La Junta oferta casi 8.000 plazas de funcionario en 2017

Examen de las oposiciones del SAS del pasado año

  • En Administración General se pueden presentar solicitudes hasta el 16 de enero, el SAS la tiene cerradas y Educación no tiene decidida la fecha


Un sueldo fijo en un empleo garantizado para toda la vida laboral. Es la aspiración del 30 por ciento de los universitarios andaluces que sueñan con ser funcionarios, según las últimas encuestas. Y para conseguir ambas aspiraciones nada mejor que opositar a una de las miles de plazas que ofertan las diferentes administraciones este año. En lo que afecta a la Junta de Andalucía, son casi 8.000 las posibilidades que se presentan en 2017, repartidas entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la Consejería de Educación y la Administración General.

Después de varios años de sequía en este campo, la paulatina recuperación de la economía ha propiciado generosas Ofertas de Empleo Público (OEP), en términos comparativos con ejercicios anteriores, que para los sindicatos son siempre insuficientes, al entender que con ellas no se cubren las cuantiosísimas bajas producidas entre los empleados públicos desde que estalló plenamente la crisis, en 2008.

Sea como fuere, los tres departamentos de la Junta que concentran las OEP, SAS, Educación y Administración General, tendrán que hacer frente el presente año a una avalancha de aspirantes a ocupar una de las 7.758 codiciadas plazas, que convertirán a sus inquilinos en funcionarios.

El departamento que más avanzado tiene el proceso es el del sector de la Sanidad. El Servicio Andaluz de Salud oferta 3.391 plazas, de las que 2.502 son para el sistema de turno libre y 889 para promoción interna, la mayor del sector sanitario a nivel nacional. Con esta oferta de plazas, se alcanza por primera vez en tres años el 100% de la tasa de reposición, que ha estado sometida en estos últimos tiempos a restricciones marcadas por el Gobierno de la Nación.

El plazo de presentación de solicitudes se cerró el pasado 26 de octubre, y las plazas se reparten prácticamente entre la totalidad de las categorías, desde médico de familia a celador conductor, y de técnico de medicina nuclear a especialista en mantenimiento, pasando por enfermera, matronas, auxiliar administrativo y un largo etcétera.

Del total de plazas, 226 se reservan para el acceso a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial (176 de acceso libre y 63 por promoción interna) y 13 a personas con discapacidad intelectual (9 de acceso libre y 4 por promoción interna, en las categorías de auxiliar administrativo, celador-conductor, personal de Lavado y Planchado y limpiador). En total, el 79% de las plazas ofertadas es de carácter sanitario, entre las que tiene el mayor peso las que corresponden a atención primaria.

Las pruebas selectivas del SAS se realizarán en dos periodos, a finales de enero o principios de febrero, y en el mes de julio.

Educación

Educación tiene una situación excepcional. La Consejería que dirige Adelaida de la Calle ha determinado que para este 2017 se ofertarán 2.300 plazas para las especialidades de Lengua Extranjera-Inglés, Lengua Extranjera-Francés, Música, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje,

Sin embargo, en Infantil, Primaria y Educación Física no habrá oposiciones el año en curso, y tampoco está garantizado que las haya en 2018. La normativa que blande la Junta le permite diferir las convocatorias hasta tres años.

Según se anunció por parte de la Consejería en la última reunión de la Mesa Sectorial de Educación, la Oferta de Empleo Público para 2017 se anunciará, desglosada por especialidades, en una reunión prevista para el 12 de enero.

Administración General

La Consejería de Hacienda y Administración Pública prevé una Oferta de Empleo Público en 2017 con 1.750 plazas para la Administración General, de las que 750 serán de acceso libre y 1.000 de promoción interna.
Además, en el presente año continúan desarrollándose procesos selectivos correspondientes a las ofertas de empleo público de 2015 y 2016 cuyas plazas se han acumulado y suman un total de 2.282 plazas: 1.758 de acceso libre y 524 de promoción interna.

También se continúa con la convocatoria de las plazas de laborales pendientes de la oferta de 2009. En su conjunto, suman 2.730 plazas.

El calendario es el siguiente:
En el apartado de acceso libre el BOJA del 14 de diciembre publicó la convocatoria de oposiciones libres para cubrir 460 plazas en la Administración General de la Junta de Andalucía. Las plazas se distribuyen en: Cuerpo Superior Administradores Generales 90 plazas; Cuerpo Superior Administradores de Gestión Financiera: 86 plazas; Cuerpo de Gestión Administrativa: 70 plazas; Cuerpo de Gestión Financiera: 30 plazas; Cuerpo general de Administrativos: 95 plazas; Cuerpo de Auxiliares Administrativos: 89 plazas. Se reservan 29 plazas para personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 16 de enero, y las pruebas comenzarán a partir de la segunda quincena de junio


En septiembre se convocaron oposiciones para cubrir plazas de Letrados: de la Junta, 10, y de la Administración Sanitaria, 5. El primer ejercicio comienza este mes. También se negociará en la Mesa Sectorial las pruebas selectivas para cubrir el resto de plazas de acceso libre a Cuerpos Facultativos (Arquitectos, Ingenieros, etc) y Técnicos de Grado Medio, que suman 299 plazas.

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