jueves, 12 de enero de 2017

La Junta aplicará las 35 horas de los funcionarios dos días antes de reunirse con el Gobierno + Anulada la jornada de 35 horas semanales de los funcionarios vascos + El TSJ de Valencia obliga a cinco firmas públicas a difundir sus plantillas y los salarios, a instancias de una demanda de conflicto colectivo interpuesta por UGT= ¡¡¡Viva la coherencia!!!! Estos junteros y Ugetistas, en Andalucía y respecto a su Administración paralela, amigos y cómplices.

FUNCIÓN PÚBLICALa Junta aplicará las 35 horas de los funcionarios dos días antes de reunirse con el Gobierno.

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez

  • La medida entrará en vigor el 16 de este mes, y el encuentro de la comisión bilateral será el 18. 

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Anulada la jornada de 35 horas semanales de los funcionarios vascos


Un funcionario trabaja junto a varias pilas de expedientes

  • El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco alega que mientras esté vigente el decreto estatal que obligó a todas las administraciones a fijar 37,5 horas semanales no es posible rebajar el tiempo de trabajo

POLÍTICA.El TSJ de Valencia obliga a cinco firmas públicas a difundir sus plantillas y los salarios


  • Les da dos meses de plazo para que cumplan con la ley y publiquen sus relaciones de puestos de trabajo
  • UGT cuestiona que existan departamentos en las firmas donde se cobra más de lo que correspondería

Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV, su secretario general, Luis Lozanose congratuló de una resolución judicial que insta a una mayor transparencia«Conocer cuántos trabajadores están en nómina, qué es lo hacen y qué méritos acreditaron para ser contratados resulta imprescindible para ordenar el sector público», subrayó el dirigente sindical, que no oculta sus sospechas en torno a la composición de las actuales plantillas y a posibles irregularidades en las retribuciones«Creemos que hay departamentos donde no se está cobrando lo que se corresponde con el trabajo realizado», señaló en referencia a posibles enchufados en la Administración.


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FUNCIÓN PÚBLICA

La Junta aplicará las 35 horas de los funcionarios dos días antes de reunirse con el Gobierno





El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez
  •  La medida entrará en vigor el 16 de este mes, y el encuentro de la comisión bilateral será el 18

La Junta de Andalucía, a través de su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, ha confirmado este martes tras la reunión del Consejo de Gobierno que el decreto sobre el cambio de la jornada laboral de los funcionarios, de 37,5 horas semanales a 35, entrará en vigor este próximo día 16, y que dos jornadas después, la del 18, la comisión bilateral integrada por miembros del Ejecutivo autonómico y del Gobierno central se reunirá para abordar este asunto.
La jornada de 37,5 horas semanales fue una medida impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy dentro de la estrategia encaminada a combatir la crisis económica, que ha sido de obligado cumplimiento para todas las Comunidades Autónomas. De hecho, aquellas que han tratado de volver a las 35 horas se han chocado con los respectivos recursos de la Administración del Estado ante el Tribunal Constituciuonal.
La Junta de Andalucía, tras un acuerdo con sindicatos, determinó modificar unilateralmente la jornada laboral de sus empleados públicos, y espera la respuesta del Gobierno central.
Al respecto, el portavoz de la Junta ha señalado que el Ministerio ha convocado la runión de la comisión bilateral el miércoles 18, mientras que el Ejecutivo andaluz está preparado para que entre en vigor el decreto de las 35 horas dos días antes. «Es una resolución aprobada por el Consejo de Gobierno, pactada con sindicatos de la función pública que llevaremos a cabo el 16 de enero».
Según Vázquez, se trata de una decisión «de justicia, que beneficia a los empleados públicos y que además mejora la calidad de los servicios públicos. Estamos preparados para lo ello y disponemos de toda la logística para ponerla en marcha», ha subrayado. En la runión de la comisión bilateral la Junta estará representada por la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.


Anulada la jornada de 35 horas semanales de los funcionarios vascos


Un funcionario trabaja junto a varias pilas de expedientes

  • ·   El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco alega que mientras esté vigente el decreto estatal que obligó a todas las administraciones a fijar 37,5 horas semanales no es posible rebajar el tiempo de trabajo

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto del Gobierno vasco que recuperó en febrero de este año las 35 horas semanales para los funcionarios de dicha institución al estimar el recurso presentado por el Ejecutivo central contra esta medida.

En la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, difundida hoy, se establece que mientras esté vigente el decreto estatal que obligó a todas las administraciones a fijar una jornada de 37,5 horas semanales no es posible rebajar el tiempo de trabajo de los funcionarios vascos.

Sólo "una norma de igual rango" puede modificar esta situación, según el fallo.

La resolución también apunta que la jornada de 35 horas incrementa el gasto público debido a que hace necesaria la contratación de personal para cubrir turnos y el pago de horas extras, lo que afecta, a su vez, a la estabilidad presupuestaria al implicar un gasto superior al permitido para 2016 a las administraciones públicas.

El Gobierno vasco empezó a aplicar la semana laboral de 35 horas en el año 2000 tras un acuerdo con los sindicatos.

Con la crisis económica y los ajustes aprobados por el Gobierno central, en 2013 elevó de nuevo la jornada a 37,5 horas, hasta el pasado mes de febrero cuando el Ejecutivo liderado por Íñigo Urkullu recuperó el horario anterior.

Esta decisión fue recurrida por el Gobierno español, y ahora ha sido respaldada por el TSJPV. El Ejecutivo vasco puede recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo (TS).




POLÍTICA


El TSJ obliga a cinco firmas públicas a difundir sus plantillas y los salarios


  • Les da dos meses de plazo para que cumplan con la ley y publiquen sus relaciones de puestos de trabajo
  • UGT cuestiona que existan departamentos en las firmas donde se cobra más de lo que correspondería


El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha obligado a cinco empresas del sector público de la Generalitat Valenciana a difundir, en el plazo máximo de dos meses, el número de trabajadores en plantilla, los requisitos para acceder a cada puesto de trabajo y la retribución económica de todos sus empleados.

En un fallo que se notificó ayer a las partes, los magistrados de la Sala de lo Social apremian al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), a Culturarts, al Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) y a Vaersa a publicar sus respectivas relaciones de puestos de trabajo. Es decir, los documentos técnicos que recogen la ordenación del personal en nómina.

El Tribunal ha estimado así la principal reclamación de la Federación de Servicios Públicos de UGT en la Comunidad (UGT-PV), que el pasado otoño interpuso una demanda de conflicto colectivo para forzar a la Administración valenciana a poner orden en sus empresas públicas y arrojar luz sobre los sistemas de contratación de personal.

Contra este fallo, la Abogacía de la Generalitat dispone de cinco días para presentar un recurso de casación. De lo contrario, la resolución será firme y el reloj comenzará a contar para el Ejecutivo presidido por el socialista Ximo Puig. UGT amenaza con exigir la ejecución de sentencia si no se publican las relaciones en dos meses.

Ivace, IVAM, Vaersa, Culturarts y EIGE son las empresas públicas que deberá proporcionar la información solicitada

Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV, su secretario general, Luis Lozano, se congratuló de una resolución judicial que insta a una mayor transparencia. «Conocer cuántos trabajadores están en nómina, qué es lo hacen y qué méritos acreditaron para ser contratados resulta imprescindible para ordenar el sector público», subrayó el dirigente sindical, que no oculta sus sospechas en torno a la composición de las actuales plantillas y a posibles irregularidades en las retribuciones. «Creemos que hay departamentos donde no se está cobrando lo que se corresponde con el trabajo realizado», señaló en referencia a posibles enchufados en la Administración.

La central sindical cuestiona que el Gobierno bipartito -PSOE y Compromís- no haya sabido acabar con los agujeros negros que rodean al sector público valenciano desde la etapa anterior del PP. De hecho, altos cargos contratados por los populares continúan trabajando en las mismas empresas públicas que dirigían hace sólo unos meses, aunque con funciones diferentes. Según advierten fuentes sindicales, el anterior Ejecutivo blindó a algunos de sus responsables contratándoles como personal laboral. Si se les hubiera aplicado la normativa para altos directivos, su salida de dichas sociedades públicas se habría producido de forma automática tras el cambio electoral que constataron los comicios de 2015 en la Comunidad Valenciana.

No es la única anomalía en la agenda de UGT, que también quiere poner fin a la introducción de complementos desproporcionados en las empresas que se sitúan en la órbita de la Generalitat. Con la publicación de la relación de puestos de trabajo se pretende homogeneizar precisamente las condiciones de los empleados que integran los entes públicos.

El fallo, que se dictó el pasado 16 de noviembre, acredita que el Gobierno valenciano ha incumplido la obligación de dar a conocer esta información antes del pasado 30 de junio, el plazo máximo fijado en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos autonómicos de 2015. En el acto de conciliación, los representantes jurídicos de la Generalitat atribuyeron las demoras a la complejidad de reunir esta información. Pero los magistrados rechazan este argumento en el desarrollo de la sentencia: «Entendemos que todas las entidades demandadas tenían la obligación de publicar las relaciones de puestos de trabajo, tal y como las mismas reconocieron en el acto del juicio y en los plazos indicados en esa normativa, sin que la complejidad de su realización por el personal afectado y su distinto régimen jurídico pueda justificar esa falta de publicación (...)».

Hasta ahora, el Ejecutivo valenciano ha aprobado la ordenación de las plantillas de 11 sociedades vinculadas a la Administración regional, si bien ascienden a 27 las obligadas a presentar sus relaciones. Entre las 16 pendientes figuran las empresas públicas demandadas, si bien la dirección de Sector Público ha avanzado en la tramitación de estos documentos en el caso del EIGE y del IVAM, según fuentes de la Conselleria de Hacienda. Desde el Gobierno autonómico se insiste en que los problemas se concentran en las empresas resultantes de los procesos de fusión que se acometieron en tiempos del PP. Aquí conviven distintos convenios colectivos.


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