FUNCIÓN PÚBLICALa
Junta aplicará las 35 horas de los funcionarios dos días antes de reunirse con
el Gobierno.
- La medida entrará en vigor el 16 de este mes, y el encuentro de la comisión bilateral será el 18.
Anulada
la jornada de 35 horas semanales de los funcionarios vascos
- El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco alega que mientras esté vigente el decreto estatal que obligó a todas las administraciones a fijar 37,5 horas semanales no es posible rebajar el tiempo de trabajo
POLÍTICA.El TSJ de Valencia obliga a
cinco firmas públicas a difundir sus plantillas y los salarios
- Les da dos meses de plazo para que cumplan con la ley y publiquen sus relaciones de puestos de trabajo
- UGT cuestiona que existan departamentos en las firmas donde se cobra más de lo que correspondería
Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV, su secretario general, Luis Lozano, se congratuló de una resolución judicial que insta a una mayor transparencia. «Conocer cuántos trabajadores están en nómina, qué es lo hacen y qué méritos acreditaron para ser contratados resulta imprescindible para ordenar el sector público», subrayó el dirigente sindical, que no oculta sus sospechas en torno a la composición de las actuales plantillas y a posibles irregularidades en las retribuciones. «Creemos que hay departamentos donde no se está cobrando lo que se corresponde con el trabajo realizado», señaló en referencia a posibles enchufados en la Administración.
FUNCIÓN PÚBLICA
La Junta aplicará las 35 horas de los funcionarios dos días antes de reunirse con el Gobierno
- La medida entrará en vigor el 16 de este mes, y el encuentro de la comisión bilateral será el 18
La Junta de Andalucía, a través de su portavoz, Miguel
Ángel Vázquez, ha confirmado
este martes tras la reunión del Consejo de Gobierno que el decreto sobre el
cambio de la jornada laboral de los funcionarios, de 37,5 horas semanales a 35,
entrará en vigor este próximo día 16, y que dos
jornadas después, la del 18, la comisión bilateral integrada por miembros del
Ejecutivo autonómico y del Gobierno central se reunirá para abordar este
asunto.
La jornada de
37,5 horas semanales fue una medida impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy
dentro de la estrategia encaminada a combatir la crisis económica, que ha sido
de obligado cumplimiento para todas las Comunidades Autónomas. De hecho,
aquellas que han tratado de volver a las 35 horas se han chocado con los respectivos
recursos de la Administración del Estado ante el Tribunal Constituciuonal.
La Junta de Andalucía, tras un acuerdo con sindicatos, determinó modificar unilateralmente la jornada laboral de sus empleados
públicos, y espera la respuesta del Gobierno central.
Al respecto,
el portavoz de la Junta ha señalado que el Ministerio ha convocado la runión de
la comisión bilateral el miércoles 18, mientras que el Ejecutivo andaluz está
preparado para que entre en vigor el decreto de las 35 horas dos días antes. «Es una resolución
aprobada por el Consejo de Gobierno, pactada con sindicatos de la función
pública que llevaremos a cabo el 16 de enero».
Según Vázquez,
se trata de una decisión «de justicia, que beneficia a los empleados públicos y
que además mejora la calidad de los servicios públicos. Estamos preparados para
lo ello y disponemos de toda la logística para ponerla en marcha», ha
subrayado. En la runión de la comisión bilateral la Junta estará representada
por la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.
Anulada la jornada de 35 horas semanales de los funcionarios vascos
- · El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco alega que mientras esté
vigente el decreto estatal que obligó a todas las administraciones a fijar 37,5
horas semanales no es posible rebajar el tiempo de trabajo
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el
decreto del Gobierno vasco que recuperó en febrero de este año las 35 horas
semanales para los funcionarios de dicha institución al estimar el recurso
presentado por el Ejecutivo central contra esta medida.
En la sentencia de la Sala de lo
Contencioso Administrativo, difundida hoy, se establece que mientras esté
vigente el decreto estatal que obligó a todas las administraciones a fijar una
jornada de 37,5 horas semanales no es posible rebajar el tiempo de trabajo de
los funcionarios vascos.
Sólo
"una norma de igual rango" puede modificar esta situación, según el
fallo.
La resolución también apunta que la jornada de 35 horas incrementa el
gasto público debido a que hace necesaria la
contratación de personal para cubrir turnos y el pago de horas extras, lo que
afecta, a su vez,
a la estabilidad presupuestaria al implicar un gasto superior al permitido para
2016 a las administraciones públicas.
El Gobierno vasco empezó a aplicar
la semana laboral de 35 horas en el año 2000 tras un acuerdo con los
sindicatos.
Con la crisis económica y los
ajustes aprobados por el Gobierno central, en 2013 elevó de nuevo la jornada a
37,5 horas, hasta el pasado mes de febrero cuando el Ejecutivo liderado por
Íñigo Urkullu recuperó el horario anterior.
Esta decisión fue recurrida por el
Gobierno español, y ahora ha sido respaldada por el TSJPV. El Ejecutivo vasco
puede recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo (TS).
POLÍTICA
El TSJ obliga a cinco firmas públicas a difundir sus plantillas y los salarios
- Les da dos meses de plazo para que cumplan con la ley y publiquen sus relaciones de puestos de trabajo
- UGT cuestiona que existan departamentos en las firmas donde se cobra más de lo que correspondería
El Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (TSJCV) ha obligado a cinco
empresas del sector público de la Generalitat Valenciana a difundir, en el plazo máximo de dos meses, el número de
trabajadores en plantilla, los requisitos para acceder a cada puesto de trabajo
y la retribución económica de todos sus empleados.
En un fallo que se notificó
ayer a las partes, los magistrados de la Sala de lo Social apremian al Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), a Culturarts, al Instituto
Valenciano de Arte Moderno (IVAM), a la Entidad de Infraestructuras de la
Generalitat (EIGE) y a Vaersa a publicar sus
respectivas relaciones de puestos de trabajo. Es decir, los documentos técnicos
que recogen la ordenación del personal en nómina.
El Tribunal ha estimado así
la principal reclamación de la Federación de Servicios Públicos de UGT en la Comunidad (UGT-PV), que el pasado otoño interpuso una
demanda de conflicto colectivo para forzar a la Administración valenciana a
poner orden en sus empresas públicas y arrojar
luz sobre los sistemas de contratación de personal.
Contra este fallo, la
Abogacía de la Generalitat dispone de cinco días para presentar un recurso de
casación. De lo contrario, la resolución será firme y el reloj comenzará a
contar para el Ejecutivo presidido por el socialista Ximo Puig. UGT amenaza con exigir la
ejecución de sentencia si no se publican las relaciones en dos meses.
Ivace, IVAM, Vaersa,
Culturarts y EIGE son las empresas públicas que deberá proporcionar la
información solicitada
Desde la Federación de Servicios
Públicos de UGT-PV, su secretario general, Luis Lozano, se congratuló de una
resolución judicial que insta a una mayor transparencia. «Conocer cuántos trabajadores están en nómina, qué es lo
hacen y qué méritos acreditaron para ser contratados resulta imprescindible
para ordenar el sector público», subrayó el dirigente
sindical, que no oculta sus sospechas en torno a la composición de las actuales
plantillas y a posibles irregularidades en las retribuciones. «Creemos
que hay departamentos donde no se está cobrando lo que se corresponde con el
trabajo realizado», señaló en
referencia a posibles enchufados en la Administración.
La central sindical
cuestiona que el Gobierno bipartito -PSOE y Compromís- no haya sabido acabar
con los agujeros negros que rodean al sector público valenciano desde la etapa
anterior del PP. De hecho, altos cargos contratados por los populares continúan
trabajando en las mismas empresas públicas que dirigían hace sólo unos meses,
aunque con funciones diferentes. Según advierten fuentes sindicales, el
anterior Ejecutivo blindó a algunos de sus responsables contratándoles como
personal laboral. Si se les hubiera aplicado la
normativa para altos directivos, su salida de dichas sociedades públicas se
habría producido de forma automática tras el cambio electoral que constataron
los comicios de 2015 en la Comunidad Valenciana.
No es la única anomalía en
la agenda de UGT, que también quiere poner fin a la introducción de
complementos desproporcionados en las empresas que se sitúan en la órbita de la
Generalitat. Con la publicación de la relación de puestos de trabajo se
pretende homogeneizar
precisamente las condiciones de los empleados que integran los entes públicos.
El fallo, que se dictó el
pasado 16 de noviembre, acredita que el Gobierno valenciano ha incumplido la
obligación de dar a conocer esta información antes del pasado 30 de junio, el
plazo máximo fijado en la Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos autonómicos de 2015. En el acto de conciliación, los representantes jurídicos
de la Generalitat atribuyeron las demoras a la complejidad de reunir esta
información. Pero los magistrados rechazan este
argumento en el desarrollo de la sentencia: «Entendemos
que todas las entidades demandadas tenían la obligación de publicar las
relaciones de puestos de trabajo, tal y como las mismas reconocieron en el acto
del juicio y en los plazos indicados en esa normativa, sin que la complejidad
de su realización por el personal afectado y su distinto régimen jurídico pueda
justificar esa falta de publicación (...)».
Hasta ahora, el Ejecutivo
valenciano ha aprobado la ordenación de las plantillas de 11 sociedades
vinculadas a la Administración regional, si bien ascienden a 27 las obligadas a
presentar sus relaciones. Entre las 16 pendientes figuran las empresas públicas
demandadas, si bien la dirección de Sector Público ha avanzado en la
tramitación de estos documentos en el caso del EIGE y del IVAM, según fuentes
de la Conselleria de Hacienda. Desde el Gobierno autonómico se insiste en que
los problemas se concentran en las empresas resultantes de los procesos de
fusión que se acometieron en tiempos del PP. Aquí conviven distintos convenios colectivos.
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