martes, 17 de enero de 2017

Dos altos cargos de Susana Díaz, imputados por la trama "mafiosa" de ACM = Los hechos siguen hablando suma y sigue la Andalucía imposible.

TRIBUNALES



  • El juez que investiga el desvío de fondos públicos en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra cita como investigados al director general de Movilidad y a la directora general de Mayores de la Junta
  • La causa apunta además al ex alcalde y actual diputado socialista Antonio Gutiérrez Limones, que habría cargado a la empresa pública gastos particulares


TRIBUNALES
Dos altos cargos de Susana Díaz, imputados por la trama "mafiosa" de ACM
·  El juez que investiga el desvío de fondos públicos en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra cita como investigados al director general de Movilidad y a la directora general de Mayores de la Junta
·   La causa apunta además al ex alcalde y actual diputado socialista Antonio Gutiérrez Limones, que habría cargado a la empresa pública gastos particulares

A Susana Díaz se le acumulan los problemas y los imputados. El juez que investiga el presunto desvío de fondos públicos en la empresa pública Alcalá Comunicación Municipal (ACM), dependiente del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) cree que hay indicios que implican a dos altos cargos del Gobierno andaluz en la trama "mafiosa", en palabras de la Guardia Civil, que también salpica al ex alcalde y actual diputado socialista, Antonio Gutiérrez Limones.

El magistrado Javier Alba, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Alcalá de Guadaíra, ha citado por ese motivo al director general de Movilidad de la Junta, Rafael Chacón, y a la directora general de Mayores y Pensiones No Contributivas, Miriam Burgos, para que den explicaciones por lo sucedido en ACM y en calidad de investigados, la nueva denominación jurídica de los antiguos imputados. Tanto Chacón como Burgos eran concejales en los años en los que se produjeron las irregularidades en ACM y votaron a favor de las cuentas (supuestamente manipuladas) y de las continuas inyecciones económicas que se realizaron desde el Consistorio a la empresa de propiedad pública.

Según la investigación que ha llevado a cabo la Guardia Civil, ACM se usó para desviar dinero público, para pagar gastos particulares de sus directivos y de cargos municipales -incluido supuestamente el ex alcalde- e, incluso, para extorsionar y obligar al pago de mordidas a sus proveedores. Unas tácticas que los investigadores del instituto armado no han dudado en calificar de "mafiosas" en sus informes.

Las responsabilidades por lo sucedido con esta empresa, que fue liquidada con un agujero cercano a los 400.000 euros, alcanzarían no sólo a sus responsables directos sino también y, de acuerdo a la Guardia Civil y a la Fiscalía, al equipo de gobierno de entonces, en el que los hoy altos cargos autonómicos ostentaron diversos puestos políticos.


Miriam Burgos y Rafael Chacón tendrán que declarar a principios del mes de marzo, aunque no estarán solos, ya que el juez Alba ha llamado además a otros concejales y ex concejales, como Gloria Marín, Salvador Escudero, Guillermina Navarro, María José Burgos, María Dolores Gutiérrez y Salvador Jurado.

Hasta ahora sólo estaban imputados los directivos de ACM, con su ex gerente, José Luis Díaz, al frente, el coordinador, Manuel Costillo, y el ex contable, Javier Luque. Éste fue, precisamente, el que destapó el escándalo al ser grabado mientras admitía irregularidades de todo tipo en la empresa, como pago de gastos particulares a políticos o facturas falseadas.

El ex alcalde, preimputado

El magistrado dictó en mayo del pasado año un auto que suponía, en la práctica, la preimputación de Gutiérrez Limones, al que 'invitó' a personarse en el procedimiento "a los efectos de que pueda ejercer su defensa frente a los hechos que se le imputan" y, así, pueda acceder a las diligencias.

En el auto, el juez recordaba que los investigadores de la Guardia Civil han encontrado "indicios de criminalidad" que le implican en la trama montada alrededor de la empresa ACM y que derivan fundamentalmente del último atestado del Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil.

En aquellos momentos, las Cortes se habían disuelto y Gutiérrez Limones perdió su condición de aforado, por lo que el juez se declaró competente para una previsible imputación. No obstante, el ex alcalde volvió a ser elegido en las últimas elecciones, por lo que todo apunta a que el juzgado alcalareño remitirá el caso al Tribunal Supremo para que actúe contra el diputado del PSOE.


Se da la circunstancia de que Gutiérrez Limones anunció coincidiendo con ese auto su dimisión al frente de la Alcaldía de Alcalá de Guadaíra tras 21 años achacándolo a la incompatibilidad que establecen los estatutos del PSOE entre los cargos de diputado y regidor.

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